Elizabeth Pacheco Huitle

Expediente 1712/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1712/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
08/02/2017

Partes del expediente

  • JORGE ALBERTO MOLINA FLORES (DEFENSOR) y Otros.
  • Maria Juana Balbina Huitle de Aquino
  • Elizabeth Pacheco Huitle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para que comparezcan para la devolución de documentos originales. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por último, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable 1. Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla (anexo I) las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente, se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 21 DE diciembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial de la Adscripción, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele manifestando su imposibilidad para emplazar al presente juicio a la parte tercero interesado Catalina Aída Huitle Deaquino, pues refiere que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, el ubicado en número diez mil ocho (1008), de la calle dos (2) Oriente, en el Barrio de Santiago Xicotenco, San Andrés Cholula, Puebla y cerciorarse de ser el domicilio correcto, nadie acudió a su llamado; no obstante el actuario judicial acudió nuevamente al citado domicilio, en hora inhábil, sin obtener respuesta. En tal sentido, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale el domicilio actual, completo y correcto de la parte tercero interesada en comento, o bien, bajo protesta decir verdad manifieste que lo desconoce, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de oficio a la investigación de su domicilio y, en caso de resultar infructuosa su localización, se ordenará dicho emplazamiento mediante edictos, cuya publicación será enteramente a su costa, esto con apoyo en el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, salvo que manifieste insolvencia económica demostrada..."

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de diciembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1712/2016-III-B (foja 33), Nahieli Avendaño Palacios, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones concedidas a la titular de este órgano jurisdiccional, informada a través del oficio CCJ/ST/7992/2016 del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Rafael Torres Campos, Secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Jorge Alberto Molina Flores, en su carácter de defensor particular de las quejosas directas María Juana Balbina Huitle Deaquino o María Juana Balbina Huitle De Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle (fojas 1 a 30), auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 31 a 35), y, da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables 1. Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. A lo anterior, la Secretaria encargada del despacho acuerda: agréguense a los autos los informes de cuenta, con conocimiento de las partes, para que surtan los efectos legales procedentes y, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada, téngase por rendidos los informes previos de las mencionadas autoridades responsables. Ahora bien, no obstante que en esta fecha se pusieron a la vista los informes aludidos, no ha lugar a reservar la celebración de la presente audiencia, ya que el artículo 131 exige que la audiencia se realice dentro del plazo de setenta y dos horas, con informe o sin él. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 119/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, la parte quejosa están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. Así mismo, téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Secretaria encargada del despacho acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita exhibió pedimento alguno. A lo anterior, la Secretaria encargada del despacho acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1712/2016-III-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jorge Alberto Molina Flores, en su carácter de defensor particular de las quejosas directas María Juana Balbina Huitle Deaquino o María Juana Balbina Huitle De Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Jorge Alberto Molina Flores, en su carácter de defensor particular de las quejosas directas María Juana Balbina Huitle Deaquino o María Juana Balbina Huitle De Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - El auto de formal prisión decretado en contra de las aquí quejosas María Juana Balbina Huitle Deaquino o María Juana Balbina Huitle De Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle por el juez responsable, dentro de la causa penal 203/2015 por el delito de lesiones, cometido en agravio de Catalina Aída Huitle Deaquino (aquí tercero interesada). También, se advierte que las quejosas se encuentran en libertad al haberse acogido al beneficio de la libertad provisional bajo caución, concedido en los autos del proceso penal de origen. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, consistente en el auto de formal prisión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis en contra de las aquí quejosas María Juana Balbina Huitle Deaquino o María Juana Balbina Huitle De Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle, dentro de la causa penal 203/2015 del índice administrativo del juez responsable, por su probable participación en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de Catalina Aída Huitle Deaquino (aquí tercero interesada). Por su parte, el 2. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, tal negativa se desvirtúa, en virtud de que el 1. Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla admitió haber dictado auto de formal prisión en contra de las quejosas. En ese sentido, se procede a proveer sobre la medida cautelar respecto de las consecuencias de los citados actos reclamados, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. CUARTO. Procedencia de la medida cautelar. Respecto del auto de formal prisión, en virtud de que las quejosas María Juana Balbina Huitle Deaquino o María Juana Balbina Huitle De Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle se encuentran en libertad al haberse acogido al beneficio de la libertad provisional bajo caución dentro del proceso penal de origen, con fundamento en el artículo 136, párrafo primero de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión definitiva del auto de formal prisión reclamado para el efecto de que queden a disposición de este Juzgado de Distrito únicamente por lo que respecta a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa (1. Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla) por lo que hace a la continuación del procedimiento, esto hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente. Sirven de apoyo a lo anterior, por el criterio que contienen, la tesis I.7o.P.52 P Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y la diversa del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. DEBE CONCEDERSE SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, AUN CUANDO EL QUEJOSO YA GOCE DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CAUCIONAL, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. El criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 55, visible en la página 31, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SUSPENSIÓN CONTRA EL (LIBERTAD CAUCIONAL).-La suspensión que se pida contra el auto de formal prisión es improcedente, si el quejoso se encuentra disfrutando de libertad caucional.", fue superado en virtud de la promulgación de la Ley de Amparo en 1936, además de que resulta inaplicable dicha jurisprudencia en razón de la reforma al artículo 136 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994. Por tanto, si se reclama el auto de formal prisión que afecta la libertad personal, la suspensión debe ser concedida para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en cuanto a ella se refiere y a la del Juez responsable por lo que hace a la continuación del proceso. En consecuencia, debe concederse al quejoso la suspensión definitiva, aun cuando éste ya goce de su libertad provisional bajo caución, toda vez que se trata de un acto que afecta la libertad personal, con independencia del beneficio procesal aludido; lo anterior es así, porque si se llegara a revocar éste, la detención sería consecuencia del auto de formal prisión, con independencia de los efectos legales de haber revocado la libertad caucional. SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA, CUANDO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Tratándose de auto de formal prisión puede suceder que el quejoso se encuentre detenido como consecuencia del mismo; por lo tanto, la suspensión debe concederse para el efecto de que quede a disposición del juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad responsable que deba juzgarlo, pudiendo conceder la libertad caucional dentro del incidente de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, con las disposiciones de las leyes federales o locales aplicables, dictando las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y evitar que se sustraiga a la acción de la justicia, debiendo observar en todo caso lo dispuesto por el artículo 20 fracción I de la Constitución. O bien puede suceder que el quejoso se encuentre en libertad, supuesto en el cual debe concederse la suspensión solicitada para el efecto antes precisado y a fin de que no se ejecute dicho auto, esto es, para que el agraviado no sea privado de su libertad personal, debiendo el juez federal dictar las medidas que estime convenientes para el aseguramiento del quejoso y que permitan devolverlo a la autoridad responsable en caso de que no le sea concedido el amparo solicitado, sin que en este supuesto tenga que sujetar su determinación a lo que establezcan las leyes federales o locales aplicables, ni en los límites fijados por el artículo 20 fracción I constitucional, en razón de que el juez de Distrito no le concede al quejoso la libertad caucional, sino que como mero efecto de la medida suspensional continúa disfrutando de su libertad. No se fija garantía para la concesión de la suspensión definitiva en razón de que las inconformes se encuentran en libertad al habérsele concedido el beneficio de la libertad provisional bajo caución dentro del proceso penal de origen. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Jorge Alberto Molina Flores, en su carácter de defensor particular de las quejosas directas María Juana Balbina Huitle Deaquino o María Juana Balbina Huitle De Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria.

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