Elizabeth Pacheco Huitle

Expediente 655/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
655/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Elizabeth Pacheco Huitle
  • JORGE ALBERTO MOLINA FLORES y Otros.
  • Maria Juana Balbina Huitle de Aquino
  • Jorge Alberto Molina Flores
  • Catalina Aida Huitle de Aquino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental (anexo I), devuélvase a la autoridad responsable Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por Jorge Alberto Molina Flores, en su carácter de defensor particular de las quejosas María Juana Balbina Huitle Deaquino o María Juana Balbina Huitle De Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle; visto su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado el diez de febrero pasado, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional.

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de doce de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de cinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 87 a 109), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por María Juana Balbina Huitle de Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle a través de su defensor particular Jorge Alberto Molina Flores, para que el Juez Municipal, Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. Al tenor de las consideraciones expuestas, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez Municipal en Materias Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el seis de abril de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 203/2015. b) En caso de que no lo haya hecho, informe a las inculpadas de la posibilidad de mediación como método de solución alterna al proceso penal, y en caso de que éstas manifiesten su interés por mediar citar a una audiencia en los términos del artículo 405 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, o derivar el caso a mediadores nombrados por la Procuraduría General de Justicia o profesionales, quienes intervendrán en los términos que establece la sección del procedimiento de mediación, en términos de los artículos 395 al 405 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social; o en su caso, manifieste las razones por las que se encuentra impedido para ello y tome en cuenta el indicio contenido en la documental que obra en las fojas 128 y 129 del tomo de prueba, del que presuntamente se puede advertir la existencia de una averiguación previa relacionada con el proceso de origen. c) Provea lo necesario para que se desahogue el interrogatorio a cargo de José Adrián Lucio Cuautle Moreno, en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se le notifique personal y oportunamente mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita- para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma. d) Respecto al interrogatorio a cargo Catalina Aída Huitle de Aquino y Albino Vicente Huitle de Aquino, cuya falta de desahogo no fue causa imputable a la responsable; se estima que dado el sentido del presente fallo, estará en condiciones de desahogarla, por lo que deberá tomar las providencias necesarias a efecto de que se les notifique personal y oportunamente mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma. e) En caso de que no lo haya hecho, gire los respectivos oficios tanto a la Segunda Mesa de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y a la Contraloría Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, para que envíen los documentos ofrecidos como prueba por las inculpadas. f) Dado el sentido de la presente resolución, y en virtud de que obra en autos el oficio no.SSPT/DJSP/078/2016, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección de Policía Municipal de San Andrés Cholula Puebla, en el que informó el Policía Municipal que estuvo en servicio entre las doce y catorce horas del tres y cuatro de enero de dos mil quince, si así lo decide, podrá desahogar el interrogatorio al citado elemento de la policía ofrecido por la parte quejosa mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma. g) Señale dentro del término constitucional ampliado, nueva fecha para el desahogo de la ampliación de las declaraciones de las inculpadas, así como nueva fecha para el desahogo de la testimonial de descargo ofrecida por la parte quejosa a cargo de Yazmín Pacheco Huitle y Cesario Tome Cuautle y al efecto tome las providencias necesarias a efecto de que se les notifique personal y oportunamente a efecto de que comparezcan para desahogar el interrogatorio ofrecido por la parte quejosa mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-, para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa de la parte inculpada, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que la parte inculpada quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera las quejosas gozarán del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dichas diligencias. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Directora del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla; por reclamarse en vía de consecuencia del auto de bien preso que se impugna y no por vicios propios." (fojas 107 y 108). Inconforme con dicho fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en cuya ejecutoria se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justica de la unión AMPARA Y PROTEGE a las quejosas María Juana Balbina Huitle de Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle, para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión." (foja 335). Así las cosas, por acuerdo dictado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, mediante oficios 3405, 3435, 3436 y 3462 de catorce, quince, dieciséis y veinte todos de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 430, 434 a 436, 438 a 496 y 498 a 522), la autoridad responsable Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la causa penal 203/2015 de su índice, en donde se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, llevó a cabo lo siguiente: I. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de seis de abril de dos mil dieciséis, así como los diversos de fechas nueve y dieciséis de noviembre del mismo año con los cuales pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 430). II. Indicó que el término para resolver la situación jurídica de las inculpadas aquí quejosas empezaría a correr a partir de las diez horas con diecisiete minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis. III. Señaló día y hora para el desahogo de las diversas probanzas ofrecidas por la defensa en ampliación de término constitucional. IV. En diverso auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 434 a 436), antes las diversas deficiencias en las notificaciones realizadas por el diligenciario adscrito a dicho juzgado, procedió a diferir las diversas probanzas ofrecidas en ampliación de término constitucional, de la siguiente forma: - Señaló las ocho horas del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para que en formal diligencia, se informara a las inculpadas aquí quejosas la posibilidad de mediación como método de solución alterna al proceso penal a fin de que manifestaran lo que a su legal interés conviniera (diligencia que se desahogó en dicha fecha; y de la que se advierte que las mismas no llegaron a ningún acuerdo -foja 487-). - Fijó las nueve horas del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para el desahogo del interrogatorio a cargo de la agraviada Catalina Aída Huitle de Aquino y de los testigos de cargo Albino Vicente Huitle de Aquino y José Adrián Lucio Cuautle Moreno, ordenando su notificación personal por conducto del diligenciario de su adscripción (procediendo a notificar a dichas personas -fojas 447, 449 y 452-); sin embargo, no se desahogó por la inasistencia de los mismos -fojas 489 y 489 vuelta; procediendo a diferir dicha diligencia para las ocho horas del veinte de diciembre de dos mil dieciséis; ordenando su presentación por conducto de la fuerza pública, para lo cual giró el oficio 3450 al Director de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla (en el cual consta el acuse de recibo -fojas 494 y 495). - Señaló las nueve horas con treinta minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para el desahogo del interrogatorio a cargo del elemento policiaco Julio César Cardona Ramírez, ordenando su cita por medio de su superior jerárquico, toda vez que de autos se advertía que el indicado elemento policiaco estuvo en servicio entre las doce y catorce horas del tres y cuatro de enero de dos mil quince (desahogándose dicha diligencia en dicha data -fojas 489 vuelta, 491 y 492). - Fijó las ocho horas con treinta minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para el desahogo de la ampliación de declaración de las inculpadas aquí quejosas (diligencias que se desahogaron en dicha fecha -fojas 487 vuelta a 489). - Señaló las doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para el desahogo de la testimonial de descargo, a realizarse por parte de Yazmín Pacheco Huitle y Cesario Tome Cuautle, quedando la presentación de los atestes en comento a cargo de la defensa de las inculpadas aquí quejosas. V. El veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fecha que aclaró en diverso oficio 3466 -foja 525-), dictó auto de formal prisión o preventiva, en contra de las aquí quejosas, como probables responsables del delito de lesiones, en agravio de Catalina Aída Huitle de Aquino. Sin embargo, en proveído de nueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 573 a 577), se requirió al juez responsable diversas copias certificadas para que esta autoridad estuviera en aptitud de determinar si los extremos de la ejecutoria de amparo fueron cumplidos. Asimismo, se hace constar que mediante diverso oficio 75 de diez de enero de dos mil diecisiete, la encargada del despacho del Juzgado Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias que obran en los autos de la causa penal 203/2015 de su índice (anexo I), de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: Respecto del interrogatorio de la agraviada Catalina Aída Huitle de Aquino y de los testigos de cargo Albino Vicente Huitle de Aquino y José Adrián Lucio Cuautle Moreno, toda vez que los mismos no fueron presentados para su desahogo por conducto de la fuerza pública, procedió a certificar la imposibilidad del desahogo de dicha diligencia (fojas 273 y 273 vuelta del anexo I). Remitió copia certificada de la denuncia hecha por la quejosa Elizabeth Pacheco Huitle, que dio origen a la indagatoria 5/2015/DMZS/DGSP del índice de la Segundas Mesa de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos (fojas 6 y 7 del anexo I); de la denuncia hecha por la referida quejosa que dio origen al expediente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (fojas 4 y 5 del anexo I); y, escrito de queja hecho por la quejosa de mérito, que dio origen al expediente de responsabilidad de los índices de Contraloría Municipal de San Andrés Cholula, Puebla; así como su respectivo trámite (fojas 11 y 12 del anexo I). Asimismo, remitió copia certificada del desahogo de las testimoniales de Yazmín Pacheco Huitle y Cesario Tome Cuautle (fojas 264 vuelta, 266, 268 vuelta y 270 del anexo I). Siendo que las probanzas antes relatadas y que se lograron desahogar, el juez de la causa procedió a valorarlas en términos de ley en la resolución de veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 525 a 544). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otro lado, respecto al escrito del quejoso cuyo acuerdo se reservó mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 555 a 562 y 577 vuelta), por el cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por el juez responsable, se provee: Téngasele manifestando que debe declararse incumplida la ejecutoria de amparo, ya que el juez de la causa no tomó en consideración ni valoró en términos de ley, para el dictado del auto de formal prisión, las diversas pruebas (las cuales enumera en su escrito) que obran en la documental pública que ofreció en copia certificada de la averiguación previa 5/2015/DMZS/DGSP que tuviera origen por la denuncia de la aquí quejosa Elizabeth Pacheco Huitle en contra de la presunta agraviada Catalina Aida Huitle de Aquino, así como de su hermana la Regidora del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, Irene Pascuala Huitle de Aquino. Dichas alegaciones resulta infundadas. Lo anterior es así ya que, según se advierte del nuevo auto de formal prisión de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 203/2015 del índice del Juzgado Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, dicho juez sí tomó en consideración y valoró en términos de ley la copia certificada de la averiguación previa 5/2015/DMZS/DGSP (Lo cual fue uno de los efectos de la ejecutoria de amparo), al referir lo siguiente: "Documentales públicas que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, más sin embargo las documentales de referencia no se advierte que se haya acreditada responsabilidad de la agraviada de la presente causa, razón por la cual a dichas documentales no desvirtuaron la comisión del ilícito en estudio, en atención que se trata de aseveraciones no desvirtúan (sic) el cúmulo de pruebas que recabas (sic) por la autoridad Ministerial en ejercicio de sus funciones." Así, la forma de valoración de dicha documental no forma parte de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, máxime que el amparo concedido en el presente sumario constitucional fue por violaciones de forma, mas no por violaciones de fondo del auto de formal prisión reclamado; motivo por el cual la forma de valoración de dicha documental no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Asimismo, refiere el amparista que el juez de la causa dejó de proveer lo necesario para lograr el desahogo de los interrogatorios de la presunta agraviada Catalina Aída Huitle de Aquino y de los testigos de cargo Albino Vicente Huitle de Aquino y José Adrián Lucio Cuautle Moreno, pues al no haber comparecido en la fecha que los había citado para tal efecto, giró oficio a la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, para lograr su presentación, cuando lo correcto era haber girado oficio a la Policía Ministerial del Estado de Puebla, con lo cual dice ocasionó la imposibilidad de poder desahogar dicho interrogatorio. Alegaciones que resultan infundadas, pues primeramente, el quejoso no refiere el por qué para la presentación de los referidas personas se debió girar oficio a la Policía Ministerial del Estado de Puebla, y no a la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, como lo hizo el juez de la causa; y, en segundo lugar, dicha alegación no forma parte de los efectos de la ejecutoria de amparo, la cual, se reitera fue por violaciones de forma y no por violaciones de fondo, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. En cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, del juicio de amparo 27/2017, del índice de este Juzgado, las constancias que remitió la responsable como apoyo al informe rendido en este juicio, se le devolverán una vez que cause ejecutoria la sentencia que en su momento se dicte en aquél controvertido

  4. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de doce de enero de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de cinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 87 a 109), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por María Juana Balbina Huitle de Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle a través de su defensor particular Jorge Alberto Molina Flores, para que el Juez Municipal, Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "(.) NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. Al tenor de las consideraciones expuestas, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez Municipal en Materias Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el seis de abril de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 203/2015. b) En caso de que no lo haya hecho, informe a las inculpadas de la posibilidad de mediación como método de solución alterna al proceso penal, y en caso de que éstas manifiesten su interés por mediar citar a una audiencia en los términos del artículo 405 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, o derivar el caso a mediadores nombrados por la Procuraduría General de Justicia o profesionales, quienes intervendrán en los términos que establece la sección del procedimiento de mediación, en términos de los artículos 395 al 405 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social; o en su caso, manifieste las razones por las que se encuentra impedido para ello y tome en cuenta el indicio contenido en la documental que obra en las fojas 128 y 129 del tomo de prueba, del que presuntamente se puede advertir la existencia de una averiguación previa relacionada con el proceso de origen. c) Provea lo necesario para que se desahogue el interrogatorio a cargo de José Adrián Lucio Cuautle Moreno, en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se le notifique personal y oportunamente mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita- para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma. d) Respecto al interrogatorio a cargo Catalina Aída Huitle de Aquino y Albino Vicente Huitle de Aquino, cuya falta de desahogo no fue causa imputable a la responsable; se estima que dado el sentido del presente fallo, estará en condiciones de desahogarla, por lo que deberá tomar las providencias necesarias a efecto de que se les notifique personal y oportunamente mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma. e) En caso de que no lo haya hecho, gire los respectivos oficios tanto a la Segunda Mesa de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y a la Contraloría Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, para que envíen los documentos ofrecidos como prueba por las inculpadas. f) Dado el sentido de la presente resolución, y en virtud de que obra en autos el oficio no.SSPT/DJSP/078/2016, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección de Policía Municipal de San Andrés Cholula Puebla, en el que informó el Policía Municipal que estuvo en servicio entre las doce y catorce horas del tres y cuatro de enero de dos mil quince, si así lo decide, podrá desahogar el interrogatorio al citado elemento de la policía ofrecido por la parte quejosa mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma. g) Señale dentro del término constitucional ampliado, nueva fecha para el desahogo de la ampliación de las declaraciones de las inculpadas, así como nueva fecha para el desahogo de la testimonial de descargo ofrecida por la parte quejosa a cargo de Yazmín Pacheco Huitle y Cesario Tome Cuautle y al efecto tome las providencias necesarias a efecto de que se les notifique personal y oportunamente a efecto de que comparezcan para desahogar el interrogatorio ofrecido por la parte quejosa mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-, para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa de la parte inculpada, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que la parte inculpada quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera las quejosas gozarán del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dichas diligencias. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Directora del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla; por reclamarse en vía de consecuencia del auto de bien preso que se impugna y no por vicios propios." (fojas 107 y 108). Inconforme con dicho fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en cuya ejecutoria se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justica de la unión AMPARA Y PROTEGE a las quejosas María Juana Balbina Huitle de Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle, para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión." (foja 335). Así las cosas, por acuerdo dictado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, mediante oficios 3405, 3435, 3436 y 3462 de catorce, quince, dieciséis y veinte todos de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 430, 434 a 436, 438 a 496 y 498 a 522), la autoridad responsable Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la causa penal 203/2015 de su índice, en donde se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, llevó a cabo lo siguiente: I. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de seis de abril de dos mil dieciséis, así como los diversos de fechas nueve y dieciséis de noviembre del mismo año con los cuales pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 430). II. Indicó que el término para resolver la situación jurídica de las inculpadas aquí quejosas empezaría a correr a partir de las diez horas con diecisiete minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis. III. Señaló día y hora para el desahogo de las diversas probanzas ofrecidas por la defensa en ampliación de término constitucional. IV. En diverso auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 434 a 436), antes las diversas deficiencias en las notificaciones realizadas por el diligenciario adscrito a dicho juzgado, procedió a diferir las diversas probanzas ofrecidas en ampliación de término constitucional, de la siguiente forma: - Señaló las ocho horas del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para que en formal diligencia, se informara a las inculpadas aquí quejosas la posibilidad de mediación como método de solución alterna al proceso penal a fin de que manifestaran lo que a su legal interés conviniera (diligencia que se desahogó en dicha fecha; y de la que se advierte que las mismas no llegaron a ningún acuerdo -foja 487-). - Fijó las nueve horas del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para el desahogo del interrogatorio a cargo de la agraviada Catalina Aída Huitle de Aquino y de los testigos de cargo Albino Vicente Huitle de Aquino y José Adrián Lucio Cuautle Moreno, ordenando su notificación personal por conducto del diligenciario de su adscripción (procediendo a notificar a dichas personas -fojas 447, 449 y 452-); sin embargo, no se desahogó por la inasistencia de los mismos -fojas 489 y 489 vuelta; procediendo a diferir dicha diligencia para las ocho horas del veinte de diciembre de dos mil dieciséis; ordenando su presentación por conducto de la fuerza pública, para lo cual giró el oficio 3450 al Director de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla (en el cual consta el acuse de recibo -fojas 494 y 495). - Señaló las nueve horas con treinta minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para el desahogo del interrogatorio a cargo del elemento policiaco Julio César Cardona Ramírez, ordenando su cita por medio de su superior jerárquico, toda vez que de autos se advertía que el indicado elemento policiaco estuvo en servicio entre las doce y catorce horas del tres y cuatro de enero de dos mil quince (desahogándose dicha diligencia en dicha data -fojas 489 vuelta, 491 y 492). - Fijó las ocho horas con treinta minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para el desahogo de la ampliación de declaración de las inculpadas aquí quejosas (diligencias que se desahogaron en dicha fecha -fojas 487 vuelta a 489). - Señaló las doce horas del dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, para el desahogo de la testimonial de descargo, a realizarse por parte de Yazmín Pacheco Huitle y Cesario Tome Cuautle, quedando la presentación de los atestes en comento a cargo de la defensa de las inculpadas aquí quejosas. V. El veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fecha que aclaró en diverso oficio 3466 -foja 525-), dictó auto de formal prisión o preventiva, en contra de las aquí quejosas, como probables responsables del delito de lesiones, en agravio de Catalina Aída Huitle de Aquino. Sin embargo, en proveído de nueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 573 a 577), se requirió al juez responsable diversas copias certificadas para que esta autoridad estuviera en aptitud de determinar si los extremos de la ejecutoria de amparo fueron cumplidos. Asimismo, se hace constar que mediante diverso oficio 75 de diez de enero de dos mil diecisiete, la encargada del despacho del Juzgado Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias que obran en los autos de la causa penal 203/2015 de su índice (anexo I), de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: Respecto del interrogatorio de la agraviada Catalina Aída Huitle de Aquino y de los testigos de cargo Albino Vicente Huitle de Aquino y José Adrián Lucio Cuautle Moreno, toda vez que los mismos no fueron presentados para su desahogo por conducto de la fuerza pública, procedió a certificar la imposibilidad del desahogo de dicha diligencia (fojas 273 y 273 vuelta del anexo I). Remitió copia certificada de la denuncia hecha por la quejosa Elizabeth Pacheco Huitle, que dio origen a la indagatoria 5/2015/DMZS/DGSP del índice de la Segundas Mesa de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos (fojas 6 y 7 del anexo I); de la denuncia hecha por la referida quejosa que dio origen al expediente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (fojas 4 y 5 del anexo I); y, escrito de queja hecho por la quejosa de mérito, que dio origen al expediente de responsabilidad de los índices de Contraloría Municipal de San Andrés Cholula, Puebla; así como su respectivo trámite (fojas 11 y 12 del anexo I). Asimismo, remitió copia certificada del desahogo de las testimoniales de Yazmín Pacheco Huitle y Cesario Tome Cuautle (fojas 264 vuelta, 266, 268 vuelta y 270 del anexo I). Siendo que las probanzas antes relatadas y que se lograron desahogar, el juez de la causa procedió a valorarlas en términos de ley en la resolución de veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 525 a 544). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otro lado, respecto al escrito del quejoso cuyo acuerdo se reservó mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 555 a 562 y 577 vuelta), por el cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por el juez responsable, se provee: Téngasele manifestando que debe declararse incumplida la ejecutoria de amparo, ya que el juez de la causa no tomó en consideración ni valoró en términos de ley, para el dictado del auto de formal prisión, las diversas pruebas (las cuales enumera en su escrito) que obran en la documental pública que ofreció en copia certificada de la averiguación previa 5/2015/DMZS/DGSP que tuviera origen por la denuncia de la aquí quejosa Elizabeth Pacheco Huitle en contra de la presunta agraviada Catalina Aida Huitle de Aquino, así como de su hermana la Regidora del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, Irene Pascuala Huitle de Aquino. Dichas alegaciones resulta infundadas. Lo anterior es así ya que, según se advierte del nuevo auto de formal prisión de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 203/2015 del índice del Juzgado Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, dicho juez sí tomó en consideración y valoró en términos de ley la copia certificada de la averiguación previa 5/2015/DMZS/DGSP (Lo cual fue uno de los efectos de la ejecutoria de amparo), al referir lo siguiente: "Documentales públicas que adquieren pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, más sin embargo las documentales de referencia no se advierte que se haya acreditada responsabilidad de la agraviada de la presente causa, razón por la cual a dichas documentales no desvirtuaron la comisión del ilícito en estudio, en atención que se trata de aseveraciones no desvirtúan (sic) el cúmulo de pruebas que recabas (sic) por la autoridad Ministerial en ejercicio de sus funciones." Así, la forma de valoración de dicha documental no forma parte de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, máxime que el amparo concedido en el presente sumario constitucional fue por violaciones de forma, mas no por violaciones de fondo del auto de formal prisión reclamado; motivo por el cual la forma de valoración de dicha documental no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Asimismo, refiere el amparista que el juez de la causa dejó de proveer lo necesario para lograr el desahogo de los interrogatorios de la presunta agraviada Catalina Aída Huitle de Aquino y de los testigos de cargo Albino Vicente Huitle de Aquino y José Adrián Lucio Cuautle Moreno, pues al no haber comparecido en la fecha que los había citado para tal efecto, giró oficio a la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, para lograr su presentación, cuando lo correcto era haber girado oficio a la Policía Ministerial del Estado de Puebla, con lo cual dice ocasionó la imposibilidad de poder desahogar dicho interrogatorio. Alegaciones que resultan infundadas, pues primeramente, el quejoso no refiere el por qué para la presentación de los referidas personas se debió girar oficio a la Policía Ministerial del Estado de Puebla, y no a la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, como lo hizo el juez de la causa; y, en segundo lugar, dicha alegación no forma parte de los efectos de la ejecutoria de amparo, la cual, se reitera fue por violaciones de forma y no por violaciones de fondo, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. En cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, del juicio de amparo 27/2017, del índice de este Juzgado, las constancias que remitió la responsable como apoyo al informe rendido en este juicio, se le devolverán una vez que cause ejecutoria la sentencia que en su momento se dicte en aquél controvertido.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano