Elizabeth Morales Garcia

Expediente 717/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
717/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2017

Partes del expediente

  • Elizabeth Morales Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara que ha causado estado el auto de mérito. ... archívese el presente asunto como concluido. Ahora, toda vez que en este asunto, se desechó la demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es destruible.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de junio de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo presentada por Elizabeth Morales García, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por transgresión a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 717/2017/II-B. Previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , que impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; por lo cual, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la tesis de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio laboral 842/IV/2015 de su índice, por el cual se desecha parcialmente el pliego de posiciones a cargo de las testigos de su parte. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo. Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. En ese orden de ideas, es evidente que el acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, emitido por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio laboral 842/IV/2015 de su índice, en el cual se desechó parcialmente el pliego de posiciones a cargo de los testigos que presentó la aquí impetrante, no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, sino que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. Ello es así, dado que la violación que llegare a cometerse al haberse desechado parcialmente el pliego de posiciones ofrecido por su parte, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente resultara favorable a sus intereses. Lo anterior es así, en virtud de que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna, ya que es parte dentro del expediente del que deriva el acto combatido; por lo que, a juicio de este Juzgado, tal proceder no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizado en amplios términos de la Ley de Amparo a Marco Arturo Rodríguez Nolasco, toda vez que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como con las restricciones que dicho artículo prevé a Julio Cesar García Landero y a Miguel Ángel Barrera Freyre, por así solicitarlo expresamente. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe. ...

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