Elizabeth Morales Garcia

Expediente 625/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
625/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • Elizabeth Morales Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese este juicio como concluido.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido....

  2. Principal

    ... Notifíquese personalmente a la parte promovente....

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo presentada por Elizabeth Morales García, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 625/2017/I-B. Previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, por lo cual, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado el acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio laboral 842/IV/2015 de su índice, en el cual se desecharon las posiciones marcadas con los números del dos al ocho del pliego inicial exhibido por el apoderado legal de la promovente, así como las posiciones adicionales contenidas en la ampliación del mencionado pliego. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Dicho lo anterior, conviene asentar que de acuerdo con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61 , fracción XXIII, 62 , 107 , fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. En cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Se invoca por similitud jurídica, la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". En ese orden de ideas, es evidente que el acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio laboral 842/IV/2015 de su índice, en el cual desechó las posiciones marcadas con los números del dos al ocho del pliego inicial exhibido por el apoderado legal de la promovente, así como las posiciones adicionales contenidas en la ampliación del mencionado pliego, no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal a favor de la impetrante del amparo, sino que se trata de una violación a las leyes del procedimiento que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse al haberse desechado las posiciones exhibidas en el pliego en comento, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el juicio laboral 842/IV/2015, resultara favorable a sus intereses. Lo anterior es así, en virtud de que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna, ya que es parte dentro del expediente del que deriva el acto combatido; por lo que, a juicio de este Juzgado, tal proceder no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a los intereses del solicitante del amparo. Se cita por su relación al caso, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, VI. 2o. J/49, visible en la página cuatrocientos veintiséis, Tomo VI, Segunda Parte-1, Apéndice de Mil Novecientos Noventa y Cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA. (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO). Si en el curso del procedimiento se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva (o laudo o resolución según sea el caso) y se impugne a través del juicio constitucional en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. El propio legislador pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas". En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizado en amplios términos de la Ley de Amparo a Marco Arturo Rodríguez Nolasco, toda vez que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como con las restricciones que dicho artículo prevé a Alma Iveth Rosas del Ángel, Rubén Omar Morales Barrera, Julio Cesar García Landero y Miguel Ángel Barrera Freyre, por así solicitarlo expresamente. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para actuar como encargado de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia otorgada a la licenciada Karina Juárez Benavides, titular de este Juzgado, por el periodo que comprende del veintinueve de mayo al dos de junio de dos mil diecisiete, comunicada mediante oficio número PCJF/UCNSJP/478/2017 de quince de mayo de dos mil diecisiete, signado por el Titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada María del Pilar Ortiz Soto, secretaria quien autoriza y da fe.

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