Elizabeth Montalvo Navarrete

Expediente 760/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 42 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
760/2022
Año
2022
Actuaciones
42
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Montalvo Navarrete
  • Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil en San Andrés Tuxtla, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, se tiene a la Superioridad acusando recibo del oficio por el cual se remitieron los autos originales del juicio 760/2022 de este índice e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y tercero interesada en el presente asunto, en contra de la sentencia dictada en autos, radicándolo con el número de toca 292/2023; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el escrito signado por Clara Luz Navarrete García, tercera interesada en el presente asunto; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con tal extremo, remítanse los autos, el original y copia del escrito de agravios que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común. Sin que haya lugar ordenar se forme cuaderno de antecedentes de dicho envío, toda vez que por auto de veintisiete de abril pasado se formó el cuaderno respectivo con copia certificada de las principales constancias de este expediente con motivo de diverso recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado electrónicamente por el autorizado en términos amplios de la quejosa ********************; recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con tal extremo, remítanse los autos, el original y copia del escrito de agravios que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Finalmente, se instruye al oficial encargado del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada, el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón de trece de abril del año en curso, levantada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad de notificar a la parte tercero interesada la sentencia emitida el doce del mes y año en cita, por las razones que expuestas en la misma; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por lo que, se comisiona a las personas que fungen como actuarios adscritos a este juzgado, para que se notifique por lista de acuerdos a ******************** tercero interesada, la sentencia emitida el doce del mes y año en cita; asimismo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe un domicilio correcto en esta plaza para el efecto. Notifíquese en términos de ley. Como lo ordena el proveído que antecede, en esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada la sentencia engrosada el doce de abril de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Elizabeth Montalvo Navarrete promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz y 2. Oficiales Administrativos en funciones de Actuarios adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su denominación correcta (fojas 2 a 9). SEGUNDO. Admisión. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar data y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; formar por separado incidente de suspensión; se reservó proveer respecto la existencia del tercero interesado (fojas 22 a 26). TERCERO. Trámite. Por auto de trece de octubre, diez y veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo con el carácter de tercera interesada, emplazada y apersonándose a juicio a Clara Luz Navarrete García (fojas 233 a 234, 274 y 296). Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo señalar o no como autoridades responsables al 3. Secretario Actuario (licenciado Carlos Carreola Cornejo) adscrito al Juzgado Cuadragésimo Séptimo de los Civil, en la Ciudad de México (fojas 247 a 248). El uno de diciembre de dos mil veintidós (fojas 337 a 339) se tuvo por ampliada la demanda de amparo por cuanto hace a la autoridad citada en el párrafo que antecede (fojas 337 a 339). CUARTO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables, quienes no hicieron valer causal de improcedencia (fojas 38 a 232, 239 a 240, 243 a 244) la audiencia constitucional tuvo verificativo el ocho de marzo de dos mil veintitrés (fojas 377). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales del gobernado como lo son garantía de audiencia, formalidades esenciales del procedimiento y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Así también, por cuestión de territorio, toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió y surte sus efectos dicho acto. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con sus anexos y las constancias de autos principalmente el informe justificado de las autoridades responsables se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: La falta de emplazamiento y notificación, así como todo lo actuado en los autos del Juicio Ordinario Civil 54/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como todas sus consecuencias legales. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Negativa del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable 2. Oficiales Administrativos en funciones de Actuarios adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su denominación correcta, toda vez que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 243 a 244) y como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar su negativa, lo que procede es sobreseer en este juicio, por lo que hace a esa autoridad responsable, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable en este aspecto la jurisprudencia VI.2o.J/20: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 38 a 232 y 239 a 240). Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 54/2022, que remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierten los actos reclamados, exhorto 276/2022 diligenciado por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo de lo Civil, en la Ciudad de México, el ocho y once de julio de dos mil veintidós. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por otra parte, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presume cierto el acto reclamado que se atribuye al 3. Secretario Actuario (licenciado Carlos Carreola Cornejo) adscrito al Juzgado Cuadragésimo Séptimo de los Civil, en la Ciudad de México, salvo prueba en contrario, toda vez que no obstante se le solicitó su informe justificado fue omiso en rendirlo (fojas 365) quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Las causales de improcedencia son cuestiones de orden preferente y, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto recamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los conceptos de violación expresados. Previo estudio que se haga del fondo del asunto, debe decirse que la parte quejosa comparece en su carácter de persona extraña a juicio por equiparación como se verá a continuación. Pues no obstante que, le pueda resultar la calidad de parte formal en el juicio del que reclama la ilegalidad de acto reclamado, ante su irregularidad, alega no haber comparecido al proceso judicial, por tanto, está en la excepción que establece la norma legal citada. En efecto, de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa sostiene bajo protesta de decir verdad que, tuvo conocimiento de los actos reclamados, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós cuando fue informada vía telefónica por el señor Miguel Ramírez Tenorio, encargado de cuidar sus propiedades en ciudad Isla Veracruz que, se presentaron unas personas desconocidas a medir y marcar puntos sobre los linderos de su propiedad, quienes le respondieron eran actuarios judiciales del Juzgado Segundo de Primera Instancia de san Andrés Tuxtla Veracruz, que traían orden de realizar diligencias de medición con peritos en topografía y de inspección ocular del lugar denominado "San Agustín de Guerreo", por una demanda en su contra. En la especie, lo narrado por la quejosa permite considerar que le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación, pues si bien de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable se observa que tiene la calidad de parte demandada en el juicio del que deriva el emplazamiento reclamado, lo cierto es que también se aprecia que aquella promovió el presente juicio de amparo después de que supuestamente fue emplazada en el aludido controvertido. De ahí que, según refiere, la parte quejosa conoció de manera completa la existencia del Juicio Ordinario Civil 54/2022 de que se trata y del que deriva el emplazamiento combatido, hasta el momento que refiere veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) cuyo contenido es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De ahí, que al tener ese carácter no estaba obligada previamente a la promoción del presente juicio de amparo, a agotar el medio de impugnación ordinario existente contra el acto reclamado, relativo al incidente de nulidad de notificación. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." MARCO NORMATIVO I. Formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 14 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone: "Artículo. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Tal disposición constitucional ha sido interpretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el derecho de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, previamente a que se emita el acto privativo, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 47/95, que se lee: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Del contenido del citado precepto constitucional y de la tesis de jurisprudencia que lo interpreta, se puede advertir que las autoridades tienen el deber de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de hacer efectivo el derecho de audiencia previa y para garantizar la defensa adecuada, únicamente cuando se trata de un acto que priva de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. Las formalidades esenciales del procedimiento han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. De esta manera, tales formalidades se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia. En esos términos, la Corte ha precisado que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar, y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Y la circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto que imponga la obligación de respetar el derecho de previa audiencia cuando los actos privan al gobernado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, pues de no hacerlo estaría violando lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional (además de ser inconstitucional la ley). Al respecto, se invoca la jurisprudencia 95, que dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción." Así como la diversa tesis de contenido: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. SU CUMPLIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. En materia administrativa en general, y especialmente en materia agraria, la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional debe interpretarse en el sentido, no de la exigencia de un juicio previo ante los tribunales establecidos, sino que las autoridades administrativas, previamente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos, respetando los procedimientos que lo condicionan, tienen la obligación de dar oportunidad al agraviado para que exponga lo que considere conveniente en defensa de sus intereses, aun cuando la ley que rija el acto no establezca tal garantía; basta que sea consagrada en la Constitución General de la República. El artículo 27, fracción XI, inciso a), de la propia Constitución señala como atribución del Poder Ejecutivo Federal hacerse cargo de la actividad gubernamental en materia agraria, por conducto de la dependencia encargada de aplicar y ejecutar las leyes agrarias; tal atribución se ejerce sin necesidad legal de acudir previamente ante la autoridad judicial, porque la constituyen actos soberanos del Estado sancionados por la Constitución Federal." De lo que se concluye que dicho párrafo constitucional reproducido obliga a que todas las autoridades, sin distinción, deben respetar la prerrogativa que se comenta. II. Emplazamiento conforme al Código de Procedimientos Civiles de Veracruz. Por otra parte, a fin de examinar la legalidad en la actuación de la autoridad judicial responsable, por cuanto al emplazamiento practicado a la parte quejosa al juicio natural (actuación que constituye una formalidad esencial del procedimiento, por ser necesario para una adecuada defensa, previa a la emisión del acto privativo) es menester remitirse a la legislación procesal aplicable en la materia a estudio. Así pues, al derivar el acto reclamado de un juicio ordinario civil, se trae a colación el contenido del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que dispone: "Artículo 76. La primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, por el juez, secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontrándose al que deba ser notificado o si está cerrada la casa, después de cerciorarse el notificador de que ahí vive, se le dejará instructivo, en el que se harán constar el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. En los casos de emplazamiento, se dejarán también las copias simples correspondientes. La notificación se entenderá con la persona que se halle en la casa, y si se negare a intervenir o está cerrada esta última, con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto." "Artículo 77. Cuando se trate de requerimientos, no encontrándose a la primera busca la persona a quien deba hacerse, se le dejará aviso para que espere al siguiente día a hora determinada, y si no espera se practicará la diligencia con las personas que se mencionan en el artículo anterior. La segunda y ulteriores notificaciones se harán personalmente por el secretario o juez a los interesados o procuradores si concurren al tribunal respectivo con ese objeto, ya sea el mismo día en que se dicten las resoluciones que hayan de practicarse o al día siguiente." (Lo resaltado es propio de esta sentencia) De tal dispositivo legal se advierten las reglas a las que debe sujetar el notificador al efectuar la primera notificación (emplazamiento) a saber: 1. Practicarse de forma personal. 2. Cerciorarse que sea el domicilio correcto y que ahí viva la persona a la cual se emplazará. 3. De no encontrar a la persona interesada o estar cerrada la casa, dejará instructivo de notificación (el cual deberá contener los siguientes datos: nombre y apellido del promovente; el Juez o Tribunal que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar; la hora y fecha en que se deja y, el nombre y apellido de la persona a quien se entrega). 4. Correr traslado con las copias simples correspondientes. 5. La diligencia se realizará con la persona que se halle en la casa, pero si ésta se negara a recibir la notificación, o el lugar se encontrará cerrado, se efectuará con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto. Por otra parte, cuando se trate de requerimientos, y no encontrándose a la primera busca la persona a quien deba hacerse: 6. Se le dejará aviso para que espere al siguiente día a hora determinada. 7. Si no espera se practicará la diligencia con la persona que se encuentre en la casa y si se negare a intervenir o está cerrada esta última, con el vecino más inmediato. 8. La segunda y ulteriores notificaciones se harán personalmente por el secretario o juez a los interesados o procuradores si concurren al tribunal respectivo con ese objeto, el mismo día en que se dicten las resoluciones que hayan de practicarse o al día siguiente. Dichas reglas se reiteran para el funcionario notificador correspondiente, en la jurisprudencia 111/2007 que dice: "EMPLAZAMIENTO. PARA SU DILIGENCIACIÓN DEBEN SEGUIRSE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CUANDO EL JUEZ ADVIERTA AL DEMANDADO LAS CONSECUENCIAS POR NO CONTESTAR LA DEMANDA Y NO SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. El artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, señala que la primera notificación se hará personalmente al interesado y que de no encontrarse éste en el domicilio, una vez que el notificador tenga la certeza de que ahí vive, aquélla se entenderá con la persona que se halle en el lugar y si ésta se negare a intervenir o estuviese cerrada la casa, se le dejará instructivo con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto. Por su parte, el artículo 77 de dicho ordenamiento establece que tratándose de requerimientos, no encontrándose a la primera busca la persona a quien deba hacerse, se le dejará aviso para que espere al día siguiente a hora determinada, y si ésta no espera, se practicará la diligencia con las personas mencionadas en el referido artículo 76. En este sentido, la notificación del auto de emplazamiento a través del cual el juez advierte al demandado que de no contestar la demanda se le tendrá por confeso y que de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, las subsecuentes, inclusive las de carácter personal, se realizarán por lista, debe realizarse conforme a la formalidades que establece el citado artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, toda vez que el juzgador sólo se limita a advertir las consecuencias que se derivarán si el demandado no realiza las mencionadas conductas, sin imponer alguna obligación al demandado, en tanto que tales actuaciones son potestativas para las partes en el desarrollo del proceso." ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, conviene hacer referencia a los antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 54/2022/V, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: 1. Escrito presentado el doce de enero de dos mil veintidós, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, quien lo radicó con el Juicio Ordinario Civil 54/2022/V, Clara Luz Navarrete García, demando entre otros a Elizabeth Montalvo Navarrete la revocación de la donación por ingratitud respecto de un bien inmueble donado a su favor (fojas 40 a 55). 2. Auto de admisión de demanda de catorce de enero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a Elizabeth Montalvo Navarrete en su domicilio en ". Calzada de Romería número 128 Colonia Colinas del Sur, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 01430; .", para lo cual se ordenó girar exhorto (fojas 96 a 98). 3. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, se recibió sin diligenciar el exhorto remitido por no haberse dado terminó o plazo para la práctica de la diligencia encomendada, por lo que de nueva cuenta se ordenó girar exhorto (fojas 111, 147 y 157). 4. Constancia actuarial de cinco de mayo de dos mil veintidós, en la que Secretario Actuario adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México asentó: ". hago constar que me constituí con una cédula de notificación en la Calzada de Romería, colonia Colinas del Sur, Alcaldía Álvaro Obregón, en la ciudad de México, en busca del número 128, a efecto de llevar a cabo lo ordenado en proveído de fecha cuatro de mayo del año en curso, dictado por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, a ELIZABETH MONTALVO NAVARRETE y después de recorrerla de la Calzada de las Carretas hasta topar con pared, no me fue posible localizar el referido inmueble, debido a que la nomenclatura es irregular y muchos inmuebles no cuentan con ella en su exterior, además que preguntando con los vecinos, nadie pudo darme razón del número y personas buscadas, por lo que resulta imposible llevar a cabo lo ordenado, con lo que doy cuenta a Su Señoría para los efectos legales Conducentes. Doy fe. ." (fojas 178). 5. Proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se ordenó turnar de nueva cuenta al actuario a efecto de que se constituya en el domicilio correcto que se proporcionó a fin de realizar la diligencia ordenada (fojas 184). 6. Constancia actuarial de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la que el Secretario Actuario (licenciado Carlos Rafael Ramón Gómez López) adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, se constituyó en el domicilio ubicado en ". Calzada de la Romería número 114, Colonia Colinas del Sur, Código Postal 01430, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en busca de ELIZABETH MONTALVO NAVARRETE, cerciorado de ser el domicilio correcto, por la nomenclatura exterior del mismo y por la placa metálica de la calle y no obstante de estar tocando en repetidas ocasiones por espacio de cinco minutos nadie acude a mi llamado, por lo cual me resulta imposible llevar a cabo la notificación ordenada en proveídos de fecha cuatro y nueve, ambos de mayo del año en curso, ." (fojas 188). 7. Auto de tres de junio de dos mil veintidós, se recibió sin diligenciar el exhorto remitido por los motivos que indicó la autoridad exhortada -no fue posible localizar el inmueble- así también se tuvo a la parte actora, señalando nuevo domicilio de la parte demandada Elizabeth Montalvo Navarrete el ubicado en ". Calzada de Romería número 114, Colonia Colinas del Sur, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 1430;.", para lo cual se ordenó girar exhorto (fojas 161, 178, 182 y 192 a 195). 8. Proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido y diligenciado el exhorto por parte del Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil, en la Ciudad de México, además se tuvo acusada la rebeldía en que incurrió Elizabeth Montalvo Navarrete (fojas 196). 9. Cedula de notificación realizada a Elizabeth Montalvo Navarrete en el domicilio ubicado en ". CALZADA DE ROMERÍA NÚMERO 114, COLONIA CALINAS DEL SUR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 1430;.", realizada a las diez horas con cincuenta minutos del once de julio de dos mil veintidós (fojas 180 a 182, 183 a 189). 10. Citatorio que se dejó a las trece horas con quince minutos del ocho de julio de dos mil veintidós, en el inmueble ubicado en ". Calzada de la Romería casa número ciento catorce (114) Colonia calinas del Sur, alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 1430 en esta Ciudad de México, .", al no estar presente la parte demandada buscada, se procedió a dejar en la puerta del inmueble, a efecto de que espere al Secretario Actuario (licenciado Carlos Carreola Cornejo) adscrito al Juzgado Cuadragésimo Séptimo de los Civil, en la Ciudad de México, a las diez horas con cincuenta minutos del once de julio de dos mil veintidós (fojas 227 a 229). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable infringe en su perjuicio sus derechos fundamentales relativos a su garantía de audiencia, formalidades esenciales del procedimiento, legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ante la falta de emplazamiento -llamamiento o citación a juicio- se le negó la posibilidad de intervenir a fin de manifestar y defender sus derechos de contestar la demanda, oponer excepciones, ofrecer pruebas, por lo siguiente. a) Por no ser emplazada en su domicilio correcto y conocido de la parte quejosa, esto es, en Calzada de Romería número 128 Colonia Colinas del Sur, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 01430 y haberse hecho con ilegalidad en Calzada de Romería número 114, Colonia Colinas del Sur, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 1430. b) No haberse realizado una búsqueda exhaustiva bajo las formalidades de ley -a través de oficios a diversas autoridades u órganos gubernamentales, gaceta, periódico, edictos, etc-. Dicho motivo de disenso es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, aun cuando para ello haya que suplir la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se exponen. En principio, se considera la naturaleza del reclamo de la parte quejosa, para lo cual conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento, por ser necesario para una adecuada defensa, por ende, ante su falta o ilegalidad, constituye la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia. Lo anterior, es así en virtud de que el emplazamiento es el acto más relevante de un procedimiento jurisdiccional, ya que, por medio de esa diligencia, la parte demandada conoce la existencia de un juicio seguido en su contra; la autoridad que lo substancia; las partes que intervienen; las prestaciones reclamadas y los hechos en que se sustenta la procedencia de la acción. Bajo esa premisa, la falta del llamamiento al contradictorio o su práctica sin observar las exigencias legales, constituye una infracción superlativa, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues ello produce indefensión en la parte enjuiciada al afectar su posibilidad de oponer excepciones y defensas, ofrecer y desahogar pruebas, así como alegar y tener acceso al dictado de una resolución conclusiva, en la que se decidan los planteamientos que pudiera hacer valer para la tutela de sus intereses. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." No está por demás enfatizar, que el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, establece que en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la queja deficiente cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos signados por el Estado Mexicano. Así que al constituir el emplazamiento una formalidad esencial del procedimiento, la falta de verificación de tal actuación o su práctica deficiente constituye una vulneración manifiesta de la ley que constriñe a suplir la queja deficiente ante el estado de indefensión que produce al afectado. En congruencia con lo anterior, en el presente asunto es procedente el análisis oficioso del emplazamiento reclamado destacadamente, con independencia de lo manifestado por la inconforme en vías de agravio. Una vez destacado que en el presente caso se suplirá la queja deficiente, se observa que en sus conceptos de violación la parte quejosa sostiene que fue ilegalmente emplazada a juicio de origen en un domicilio distinto al suyo, con lo cual se vulneró en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 Constitucional. Lo cual es cierto, debido a que el llamamiento a juicio debatido no reúne las exigencias que hubieran permitido asegurar a la persona buscada el conocimiento del contencioso que se sigue en su contra, como se verá a continuación. Se colige que el emplazamiento de la demandada al juicio natural -como sucede en el presente asunto- constituye un aspecto básico del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, ya que su falta o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, conlleva a una violación procesal que origina la omisión de las demás formalidades esenciales, al imposibilitar a la encausada a contestar la demanda, en la cual exponga excepciones y defensas a su alcance. En ese orden de ideas, debe decirse que, del informe justificado se advierte el instrumento público 29,679 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, pasado ante la fe del Titular de la Notaría Pública No. 6 de la Decimocuarta Demarcación Notarial e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cosamaloapan, Veracruz, bajo el número 181, sección Primera de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 82 a 84) así también la parte quejosa ofreció medios de prueba consistentes en escritura pública número 220,407, libro 5761 de once de abril de dos mil cinco; Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial expedido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por el Gobierno de la Ciudad de México, Secretaria de Administración y Finanzas de la Tesorería de la Ciudad de México; Declaración de Valor Catastral y Pago de Impuesto Predial del Primero al Sexto Bimestre de dos mil veintitrés, expedido por la Secretaria de Finanzas de la Tesorería de la Ciudad de México; Recibo de Luz de límite de pago veintitrés de enero de dos mil veintitrés; Credencial para votar del Instituto Federal Electoral a nombre de Elizabeth Montalvo Navarrete. A las que se les concede valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 93, fracción II, III, 129, 133, 136, 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, con las cuales se advierte que su domicilio corresponde a Calzada de la Romería No.128, Colonia Colinas del Sur, C.P. 01430 Álvaro Obregón Ciudad de México, amén de que no fue desvirtuado en autos por las partes. Además, no se soslaya que, inicialmente la parte actora aquí tercera perjudicada, dentro de los autos del juicio natural señaló inicialmente como domicilio de la parte demandada el ubicado en ". Calzada de Romería número 128 Colonia Colinas del Sur, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 01430; .". En el que, si bien consta razón actuarial de cinco de mayo de dos mil veintidós, en la que se asentó que después de recorrer la Calzada de las Carretas hasta topar con pared, no fue posible localizar el referido inmueble, debido a que la nomenclatura es irregular y muchos inmuebles no cuentan con ella en su exterior, además que, preguntando con los vecinos, nadie pudo dar razón del número y personas buscadas. Y con posterioridad señaló el diverso ubicado en ". Calzada de Romería número 114, Colonia Colinas del Sur, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, Código Postal 1430; .". Domicilio este último en el cual se dejó el citatorio a las trece horas con quince minutos del ocho de julio de dos mil veintidós y la cedula de notificación realizada a las diez horas con cincuenta minutos del once de julio de dos mil veintidós. Sin embargo, de los antecedentes reseñados se advierte claramente, que el funcionario judicial notificador, al momento de llevar a cabo el emplazamiento aludido, no obstante que asentó los datos objetivos que percibió para cerciorarse que efectivamente se encontraba en el inmueble señalado para efectuar dicha diligencia -no se constituyó en el domicilio que previamente se había indicado en el auto de admisión de demanda y el cual resulta ser el verdadero en que habita la parte demandada- a efecto de cumplir con lo previsto en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y tuviera conocimiento de la demanda instaurada en su contra. Lo anterior, en contravención a lo previsto en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que en su parte conducente dispone: "La primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, por el juez, secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontrándose al que deba ser notificado o si está cerrada la casa, después de cerciorarse el notificador de que ahí vive, ." Dicho numeral establece que la primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, para lo cual el fedatario deberá cerciorarse del lugar, cerciorarse que sea el domicilio correcto y que ahí viva la persona a la cual se emplazará, de no encontrar a la persona interesada o estar cerrada la casa, dejará instructivo de notificación (el cual deberá contener los siguientes datos: nombre y apellido del promovente; el Juez o Tribunal que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar; la hora y fecha en que se deja y, el nombre y apellido de la persona a quien se entrega) lo que en la especie no se hizo por parte del servidor público. Lo anterior es así, en virtud de que en autos la parte quejosa bajo protesta de decir verdad sostuvo que su domicilio corresponde a Calzada de la Romería No.128, Colonia Colinas del Sur, C.P. 01430 Álvaro Obregón Ciudad de México, lo que no fue desvirtuado en autos por las partes, de ahí que, la diligencia reclamada se torna ilegal. Consecuentemente, se genera una transgresión a las prerrogativas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente al derecho fundamental de audiencia. CONCLUSIÓN En las relatadas condiciones, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para los efectos que se precisarán en el apartado subsecuente. En consecuencia, por las razones ya expuestas, se concluye que no se respetaron en perjuicio de la parte quejosa, las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de origen de que se trata. EFECTOS En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el juez responsable: 1). Deje insubsistente todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil 54/2022, de su índice, a partir del auto de tres de junio de dos mil veintidós y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo el citatorio realizado a las trece horas con quince minutos del ocho de julio de dos mil veintidós y la cedula de notificación realizada a las diez horas con cincuenta minutos del once de julio de dos mil veintidós, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de la demandada. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que ordene nuevamente el emplazamiento a juicio de la demandada, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia. Aquí es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción IV, 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Montalvo Navarrete, en contra del acto y autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Elizabeth Montalvo Navarrete, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.

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