Elizabeth Martínez Morales

Expediente 952/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
952/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Martínez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado de autos y de la certificación con la que se me da cuenta, se advierte que por auto de dieciocho de octubre pasado, se requirió al 3. Jefe del Piso de Medicina Interna del Hospital Regional de Zona Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz, para que informara y remitiera todas aquellas constancias que tenga en su poder, que acredite el tratamiento de reumatología o, en su caso, aquel o aquellos en que se esté tratando a la quejosa; además, debiendo informar su estado actual de salud o si continua hospitalizada en la citada institución; sin que hasta la fecha lo hubiera hecho. En esas condiciones, ante la conducta contumaz de la citada autoridad responsable, se impone requerirla por segunda y última ocasión para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo de cabal cumplimiento a lo requerido. Significándole que se le apercibe que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, dentro del plazo previamente establecido, se les impondrá multa de cincuenta a mil días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 237, fracción I y 259 de la citada Ley de Amparo. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado y representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de las autoridades señaladas como responsables 1. Director, 2. Jefe del Área de Urgencias y 3. Jefe del Piso de Medicina Interna, todos del Hospital Regional de Zona Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz. Atento a su contenido, téngansele rindiendo informe sobre la suspensión de plano y con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tienen por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexan a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, del informe antes referido, se advierte que el pasado veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la quejosa egresó del área de urgencias y fue ingresada a piso de medicina interna para su seguimiento. En esas condiciones, se impone requerir al 3. Jefe del Piso de Medicina Interna del Hospital Regional de Zona Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz, para que con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe y remita todas aquellas constancias que tenga en su poder, que acredite el tratamiento de reumatología o, en su caso, aquel o aquellos en que se esté tratando a la quejosa; además, debiendo informar su estado actual de salud o si continua hospitalizada en la citada institución. Apercibido que de no rendir el informe y remitir las constancias solicitadas dentro del plazo establecido para ello, SE LE IMPONDRÁ MULTA de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de veintiséis de los actuales, realizada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional en acatamiento a lo ordenado por auto de misma fecha emitido en este juicio de amparo, de la que se desprende que al ser localizada la directo quejosa Karla Rosenda Mejía Martínez por la mencionada fedataria judicial, manifestó que sí ratifica la demanda de amparo promovida a su favor en un inicio por Elizabeth Martínez Morales; por lo tanto, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordena continuar con el trámite en el presente juicio. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el apoderado y representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de las autoridades señaladas como responsables 1. Director, 2. Jefe del Área de Urgencias y 3. Jefe del Piso de Medicina Interna, todos del Hospital Regional de Zona Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a las referidas autoridades responsables rindiendo su informe en relación con la suspensión de plano; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad oficiante, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I y XII de la Constitución Federal, 1º fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no advertirse la existencia de alguna causa de improcedencia que resulte notoria, manifiesta e indudable, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por Elizabeth Martínez Morales, en representación de su hija Karla Rosenda Mejía Martínez, contra actos del 1. Director del Hospital Regional de Zona Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2. Jefe del Área de Urgencias del Hospital Regional de Zona Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social y 3. Jefe del Piso de Medicina Interna del Hospital Regional de Zona Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social; todos con residencia en Veracruz, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 952/2023. SUSPENSIÓN DE PLANO En primer lugar, el suscrito estima necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminará por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el derecho a la vida a la igualdad (no discriminación) a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales) los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional) un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave. En suma, el más alto tribunal del país ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo, a efecto de proveer sobre la suspensión de plano solicitada. Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa reclama: la falta de atención médica especializada, así como la falta de estudios para determinar la enfermedad que padece la directa quejosa Karla Rosenda Mejía Martínez. Asimismo, Elizabeth Martínez Morales, en representación de su hija Karla Rosenda Mejía Martínez, bajo protesta de decir verdad- manifiesta a modo de antecedentes lo siguiente: ". Internamos a mi hija Karla Rosenda Mejía Martínez, por un supuesto dengue con signos graves el diez de septiembre de este año, fue internada en la clínica 71, en el área de dengue del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Fue diagnosticada con dengue, posteriormente, fue dada de alta el catorce siguiente, aun presentando inflamación de su cuerpo, sin poder caminar y sin poder mover brazos, con mucho dolor de pies, piernas y manos. Me dijeron que le diera continuidad con su médico familiar en la clínica 57 de Cuauhtémoc del IMMS, le siguieron haciendo análisis de plaquetas y me dijeron que el dengue ya había salido, que la iban a mandar con un médico internista para valorarla. El día viernes veintidós de septiembre, su médico familiar la mandó a internar a la clínica 71 del IMSS, me dijo que estaba raro lo de las manos y los pies, ya que no tiene movilidad en ambos pies y la mano izquierda, por lo que tenía que valorarlo un médico internista, neurólogo y reumatólogo; ingresó al área de urgencias a las diez y media de la mañana, solo le estaban dando paracetamol y ketorolaco para el dolor. Le hicieron análisis de hemoglobina y plaquetas; sin que se hayan realizado estudios diversos para poder diagnosticar el cuadro que padece. El veintitrés de septiembre, empezó a caérsele el cabello y tenía mucho dolor, a lo que solo le duplicaron la dosis para calmarlo. Sin que hasta el momento, haya sido atendida por algún especialista. El día de hoy, alrededor de las cero horas con treinta minutos, la subieron al área de medicina interna, esto es, en el segundo piso, cama M-241 (doscientos cuarenta y uno) de la citada clínica 71; a partir de las dos de la mañana, empezó con mucho dolor, reporté varias veces para que le dieran algo para el dolor y hasta las siete horas con cuarenta minutos, le dieron tramadol, para controlarlo. A la fecha, no se ha hecho algún otro estudio para determinar la enfermedad que padece, ni tampoco se le ha dado atención médica especializada y únicamente le suministran medicamentos para el dolor, deteriorándose cada día su estado de salud." En ese contexto, toda vez que se actualizan los supuestos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de las omisiones reclamadas, para que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus facultades legales y atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para que se valore el estado de salud de la directa quejosa Karla Rosenda Mejía Martínez, y de ser el caso, le brinden atención médica especializada por parte de un médico internista, neurólogo y reumatólogo, así como los medicamentos, tratamientos, estudios e incluso intervenciones quirúrgicas que resulten pertinentes para lograr recuperar la salud; quedando bajo su más estricta responsabilidad lo concerniente a su valoración, en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo a su estado de salud, es candidato para ser objeto de la misma; lo cual deberán manifestarlo ante este Juzgado Cuarto de Distrito mediante un informe del médico o médicos tratantes donde se informe a este juzgado: 1) El estado de salud de la quejosa que reporta su expediente clínico. 2) Si la quejosa requiere de medicamentos, tratamientos, estudios o cirugía y si son de carácter urgente; en caso de no serlo deberá indicar el plazo dentro del cual estima es prudente que se realicen. 3) Qué efectos genera en su salud y calidad de vida la demora en la prestación de los medicamentos, tratamientos, estudios o cirugía que resulten necesarios. 4) Si existe la posibilidad de realizar su cirugía en el hospital local y subrogar su tratamiento postoperatorio a otro nosocomio sin afectar su salud. Todo lo anterior, tomando en consideración las manifestaciones realizadas por Elizabeth Martínez Morales, en representación de su hija Karla Rosenda Mejía Martínez, en el sentido de que el pasado diez de septiembre de la presente anualidad, la directa quejosa había sido diagnosticada con dengue con signos de alarma, como lo acredita con la nota de egreso por parte del servicio de urgencias, anexa al escrito de demanda y refiere requerir de hemodiálisis tres veces a la semana. Respecto a los efectos de la suspensión, se cita como sustento, la Jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (registro digital: 2022231) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 974, bajo el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión". El cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público, por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de INMEDIATO, cuando la naturaleza del acto así lo permita, como acontece en la especie, y que física y materialmente sea posible. Es menester destacar que de no hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, así como de las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional que se otorga, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para hacerlo, la autoridad responsable supeditada a informar el resultado de la encomienda incurre en responsabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que deberá hacer del conocimiento de este juzgado de manera inmediata las medidas tomadas para el cumplimiento de la suspensión de plano concedida; apercibida que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por dicho artículo 262. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se solicita a las autoridades responsables que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentre notificada, informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que haya dado a la suspensión de plano que en este apartado se concede. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que a fin de dar mayor celeridad en la tramitación del presente sumario, se autoriza el envío de las comunicaciones que al efecto emita, al correo electrónico institucional: 4jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, especificando el número telefónico de la persona quien envía el mismo, así como el cargo que ostenta en el lugar de su adscripción, a fin de validar los datos proporcionados. En el entendido que la confirmación de su recepción es al número telefónico 22-99-23-67-00, extensiones 1201, 1204, 1205 o 1207, en horario de nueve a quince horas, y posteriormente a través del secretario de guardia adscrito a este órgano jurisdiccional, cuyos datos de localización se encuentran disponibles en la página web del Consejo de la Judicatura Federal: https://w3.cjf.gob.mx/Sevie_Guardias/Consulta_Guardia.asp. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de negarse a recibir el oficio que al efecto se gira, constituye también un desacato que sancionan las leyes penales. Además se le impondría una multa de cien días de salario, en términos del dispositivo 245 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL FISCAL ADSCRITO DE LA FEDERACIÓN Con apoyo en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese intervención al Ministerio Público de la Federación, y mediante oficio, córrasele traslado con copia autorizada de la demanda, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A efecto de no vulnerar la pronta y expedita administración de justicia, conforme a lo preceptuado por el artículo 17 Constitucional, en relación con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo; atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Asimismo, en términos de los artículos 115, en relación con el 117, ambos de la Ley de Amparo y con copia de la demanda, requiérase a las responsables para que dentro del PLAZO DE QUINCE DÍAS RINDAN INFORME JUSTIFICADO, en el que deberán manifestar en forma expresa y clara, si son o no cierto los actos que se le atribuyen y que preliminarmente consisten en: la falta de atención médica especializada, así como la falta de estudios para determinar la enfermedad que padece la directa quejosa Karla Rosenda Mejía Martínez Ello sin perjuicio que deben pronunciarse por todos los actos que se desprendan de la demanda realizada por comparecencia, además de exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibidos que de no rendir su informe con justificación, se presumirán ciertos los actos reclamados, o de no remitir las referidas constancias, en la sentencia respectiva, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que la autoridad responsable se encuentra obligada a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no correspondan a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con su informe justificado. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Infórmese a la parte quejosa que si se devuelve el oficio, por inexistencia de la autoridad destinataria, en su caso, se tendrá por inexistente a tal autoridad responsable y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella. SE REQUIERE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, de conformidad con el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, al reclamarse actos materialmente administrativos y que el quejoso aduce la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, se previene a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado complementen en esos aspectos el acto reclamado, apercibidas que de resultar cierto el acto reclamado y no acatar lo requerido, en observancia al artículo 124 último párrafo de la propia ley, ante la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en la sentencia concesoria que eventualmente se dicte, se estimará que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a las responsables su reiteración. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, requiérase a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado cuando se haya actualizado alguna causa de sobreseimiento; por tanto, de ser el caso, deberán remitir de inmediato copias certificadas de las constancias respectivas; advertidos de que en caso de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta hasta trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión, en razón de que no existen diversos actos respecto de los cuales otorgar la medida suspensional, toda vez que en el presente auto, se concedió de plano la suspensión respecto de los actos reclamados. DOMICILIO PROCESAL Ahora, puesto que la parte quejosa señaló como su domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado; por tanto, de conformidad con la primera parte del artículo 27, fracción III de la propia ley, en concordancia con el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, háganse todas las notificaciones por lista. EXHORTO PROMOCIÓN JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". PRUEBAS Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y presentadas la pruebas documentales que acompañan a su escrito de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.

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