Elizabeth Mirabal García

Expediente 439/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
439/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Elizabeth Mirabal García

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Advirtiéndose que ha transcurrido el término, sin que se hubiese recurrido el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual, se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente juicio; se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, que en lo conducente dice: Agréguese a estos autos el oficio signado por el Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, en ausencia del Delegado Estatal, y anexos que acompaña. De la lectura integral de la demanda de amparo presentada por la quejosa, se advierte que reclama del Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, con sede en esta ciudad: La omisión de continuar con el procedimiento administrativo de enajenación del predio indicado; y la omisión de emitir acuerdo de radicación, así como solicitar antecedentes registrales respecto a su solicitud de enajenación recibida el dos de mayo de este año, con relación al predio en mención. Se advierte que lo procedente es sobreseer el juicio de amparo fuera de audiencia, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. Del informe de ley y de los anexos remitidos por el Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, en ausencia del Delegado Estatal, se advierte que la solicitud de mérito fue resuelta a través del acuerdo de seis de junio de la presente anualidad, dentro del expediente, asimismo, de los oficios mediante los cuales, se solicitaron a diversas dependencias información registral sobre el predio que combate la quejosa en el presente juicio de amparo; resulta inconcuso que los efectos de los actos reclamados desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Es de puntualizarse que las documentales anexas al informe de ley, cuentan con valor probatorio pleno, se invoca el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable. Se tiene que cesaron los efectos de los actos reclamados, actualizándose la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional los actos combatidos por la parte solicitante del amparo a la autoridad responsable, pues como ya se señaló, estos se hicieron consistir, precisamente, en que la autoridad responsable había sido omisa en continuar con el procedimiento administrativo de enajenación, así como solicitar antecedentes registrales respecto a su solicitud de enajenación recibida el dos de mayo de este año, con relación al predio denominado "LA BETY", actos que han cesado, al haberse emitido el acuerdo de seis de junio de la presente anualidad, dentro del expediente así como los oficios referentes a la información sobre los antecedentes registrales del predio de referencia. Lo procedente es sobreseer el presente juicio fuera de audiencia al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. El presente asunto se resuelve atendiendo a los actos reclamados y en vista de los principios de congruencia y exhaustividad. Se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS. Sin que obste a lo anterior, que no hayan transcurrido los ocho días a la parte quejosa, con la vista dada con las constancias remitidas por la autoridad responsable en esta fecha, pues si bien es cierto ello acontece, en el caso, como se dijo, existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    IV. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual, rinde su INFORME JUSTIFICADO; se ACUERDA: téngase por rendido el informe de la autoridad responsable señalada, para ser tomado en consideración en su oportunidad como en derecho proceda; con su contenido y anexo dese vista a las partes, para los efectos legales conducentes. De igual manera, se tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que manifiesta en su informe de cuenta y como Delegados a las personas que menciona en el mismo. Del informe rendido por la autoridad antes citada, se advierte que las documentales que anexa al mismo pertenecen al número de control interno DGPR/SOTN-23QR/0300/2019, de seis de junio de dos mil diecinueve, del predio denominado "VILLA MARINA", y no al diverso, con relación al predio "LA BETY"; en consecuencia, a efecto de que el presente asunto esté debidamente integrado con los medios idóneos para su adecuada resolución; requiérase a la autoridad responsable de mérito, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de que reciba el comunicado respectivo, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias vinculadas al número de control interno DGPR/SOTN-23QR/0255/2019, perteneciente al predio denominado "LA BETY", ubicado en Othón Pompeyo Blanco, Quintana Roo; toda vez que es obligación de las responsables remitir copias certificadas legibles de la totalidad de las constancias o actuaciones que se encuentren vinculados, necesarias para apoyar su informe. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento o no informar oportunamente las causas que se lo impidan, se le hará efectiva la multa por la cantidad indicada. se difiere anticipadamente la audiencia programada para las diez horas con cincuenta minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que aún se encuentran realizando los trámites pertinentes a fin de que obre correcta y completamente integrado el juicio y así poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional para determinar su diferimiento, si en el caso es evidente que la misma en el corto plazo que existe entre la presente y aquélla, sería imposible materialmente que se cumpliera la anteriormente ordenada.

  4. Principal

    IV. Con el escrito se tiene a la quejosa, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, con sede en esta ciudad. SE ADMITE la demanda de que se trata; se ordena formar expediente; registrarlo en el Libro de Gobierno y dar la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito, entregándole copia simple de la demanda de amparo. Pídase su respectivo informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendirlo por escrito o por medios magnéticos dentro del término de QUINCE DÍAS. según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, se sirva remitir copias certificadas, legibles y completas de las constancias y actuaciones que se encuentren vinculadas a los mismos; apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad señalada. Requiérase a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa por la cantidad mencionada. Se requiere a la autoridad señalada como responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado, o bien, diverso juicio de amparo en el procedimiento de origen, en el entendido, que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el presente auto. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. No habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet indicada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados, a las personas que señala en la misma, por así solicitarlo de manera expresa la parte promovente. Se tiene por ofrecida la prueba documental que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, así como la instrumental, y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio. Por otra parte, no es el caso proveer respecto de la solicitud de la parte quejosa respecto de la reserva de la ampliación de la demanda, pues aún no se cuenta con el informe justificado en el que se advierta datos que permita tal actuar. Se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Dígase a las partes, que la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información, así como también, el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la misma, y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o Legislaturas de los Estados, manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes de que se dicte el fallo; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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