Elizabeth Mirabal García
Expediente 1145/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Elizabeth Mirabal García
Actuaciones
- Principal
III.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de quince de octubre de dos mil veinte; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Elizabeth Mirabal García, contra los actos que reclamó del Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, que fue el siguiente: "[.] En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación esgrimido por la quejosa, pues se violentó en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna, con fundamento en el precepto 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ELIZABETH MIRABAL GARCÍA, para el efecto de que el Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, provea lo necesario a fin de que de ser procedente remita el expediente número DGPR/SOTN/23QR/0255/2019 a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que autorice los trabajos técnicos de medición y deslinde del predio denominado "LA BETY", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, conforme a los lineamientos expuestos en esta sentencia [.]. Por auto de doce de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable correspondiente para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, en proveído de doce de agosto del presente año, se tuvo al Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda adscrito a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, informando que el expedientillo con número interno 255/2019 de su índice relativo al predio denominado "LA BETY", aún se encontraba en la etapa de investigación de antecedentes registrales, toda vez que si bien en dicho expedientillo obraban las respuestas de las autoridades Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Catastro Municipal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y Registro Agrario Nacional Delegación en Quintana Roo, aún no era posible remitir las constancias pertinentes a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con la finalidad de solicitar autorización de folio para llevar a cabo los trabajos técnicos de medición y deslinde, ya que la Directora del Catastro Municipal en Othón P. Blanco, a través del oficio DCM/1053/2019 le hizo de conocimiento la posible existencia de una sobreposición del citado predio con diversos predios registrados previamente en su base de datos, lo cual requería de una mayor indagatoria con la finalidad de esclarecer dicha situación. De igual forma, la citada autoridad comunicó que mediante diverso oficio 1/143/SJ/1169/2020 de dos de marzo de dos mil veinte, solicitó a la Dirección de Catastro del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para que a la brevedad posible le informara si en su archivo obraban antecedentes de las escrituras públicas con las que se registraron los diversos predios denominados "AMLO 3" y "EL PRIMO", con el fin de poder continuar con las etapas subsecuentes del trámite de enajenación correspondiente. Posteriormente, por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido en copia certificada el oficio I.143.SJ.2265.200 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, con el que se remitió el expediente original del predio denominado "LA BETY", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, con la solicitud de autorización para los trabajos de medición y deslinde; el cual fue remitido por la Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad; y se dio vista a la parte quejosa con dicha circunstancia. Luego, inconforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo la quejosa Elizabeth Mirabal García, mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintidós de septiembre del año en curso, realizó diversas manifestaciones, en el sentido de que si bien la responsable informó que a través del oficio I.143.SJ.2265.200 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, remitió el expediente original del predio denominado "LA BETY", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, con el fin de que se autoricen los trabajos de medición y deslinde del citado predio, la nombrada quejosa consideró que no acreditó la vía o forma por la cual remitió el aludido expediente a la citada Dirección. Asimismo, por auto de tres de octubre del presente año, tomando en consideración las referidas manifestaciones realizadas por la parte quejosa, se estimó que la sentencia protectora no había quedado cumplida, y se requirió a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, para que diera total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, por acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de la guía de envío de la empresa DHL Express México, Sociedad Anónima de Capital Variable, con número de rastreo 1201820141, con el que remitió a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, el expediente original del predio denominado "LA BETY", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, solicitando la autorización para los trabajos de medición y deslinde del citado predio. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. "Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, a través del oficio I.143.SJ.2265.200 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, remitió el expediente original del predio denominado "LA BETY", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, con el fin de que se autoricen los trabajos de medición y deslinde del citado predio, tal y como se advierte de las constancias que obran en el presente juicio constitucional en copia certificada. Por ende, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el catorce de octubre de dos mil veinte.
- Principal
III.- Notificación personal.
- Principal
III.- Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede, se advierte que la parte la quejosa realizó diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo por escrito recibido por proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte; se procede a acordar lo conducente. Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa contra los actos que reclamó del Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, que fueron los siguientes: "[.] En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación esgrimido por la quejosa, pues se violentó en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna, con fundamento en el precepto 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ELIZABETH MIRABAL GARCÍA, para el efecto de que el Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, provea lo necesario a fin de que de ser procedente remita el expediente número DGPR/SOTN/23QR/0255/2019 a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que autorice los trabajos técnicos de medición y deslinde del predio denominado "LA BETY", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, conforme a los lineamientos expuestos en esta sentencia [.]. Por auto de doce de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector, en los términos antes señalados. Así, mediante oficio recibido por auto de doce de agosto de dos mil veinte, el Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda adscrito a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, informó que el expedientillo con número interno 255/2019 de su índice relativo al predio denominado "LA BETY", aún se encontraba en la etapa de investigación de antecedentes registrales, toda vez que si bien en dicho expedientillo obraban las respuestas de las autoridades Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Catastro Municipal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y Registro Agrario Nacional Delegación en Quintana Roo, aún no era dable remitir las constancias pertinentes a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con la finalidad de solicitar la autorización del folio para llevar a cabo los trabajos técnicos de medición y deslinde, toda vez que la Directora del Catastro Municipal en Othón P. Blanco, a través del oficio DCM/1053/2019 le hizo de conocimiento la posible existencia de una sobreposición del citado predio con diversos predios registrados previamente en su base de datos, lo cual requería de una mayor indagatoria con la finalidad de esclarecer dicha situación. De igual forma, la referida autoridad comunicó que derivado a las circunstancias señalas en el párrafo que antecede, era necesario que dicha oficina de representación a su cargo realizara una profunda investigación respecto de la posible sobreposición de predios atendiendo a lo estipulado en los numerales 101 y 102 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; asimismo, que mediante diverso oficio 1/143/SJ/1169/2020 de dos de marzo de dos mil veinte, solicitó a la Dirección de Catastro del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para que a la brevedad posible le informara si en su archivo obraban antecedentes de las escrituras públicas con las que se registraron los predios denominados "AMLO 3" y "EL PRIMO", a fin de estuviera en aptitud de continuar con la etapa de investigación de antecedentes registrales, de no vulnerar las garantías de la parte quejosa y poder continuar con las etapas subsecuentes del trámite de enajenación correspondiente. Luego, por diverso oficio recibido por acuerdo de dieciocho de septiembre del presente año, la Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, informó que a través del oficio I.143.SJ.2265.200 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, remitió el expediente original del predio denominado "LA BETY", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, solicitando la autorización para los trabajos de medición y deslinde a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México; y remitió copia certificada de la misiva de referencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En consecuencia, por auto de esa misma data (dieciocho de septiembre de dos mil veinte), se dio vista a la parte quejosa con la aludida copia certificada remitida por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo que se le notificó personalmente el veinticuatro de septiembre del presente año, por conducto de su autorizado, tal y como se advierte de la constancia de notificación practicada al efecto. Ahora bien, la parte quejosa mediante escrito recibido por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dio contestación a la vista relativa al proveído de dieciocho de septiembre del año que transcurre, en el sentido de que si bien la responsable informó que a través del oficio I.143.SJ.2265.200 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, remitió el expediente original del predio denominado "LA BETY", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, con el fin de que se autoricen los trabajos de medición y deslinde del citado predio, la nombrada quejosa consideró que la autoridad responsable no acreditó la vía o forma por la cual remitió el aludido expediente a la citada Dirección. En ese sentido, tomando en consideración las manifestaciones de la parte quejosa y el contenido del oficio I.143.SJ.2265.200 de diecisiete de agosto de dos mil veinte, con el que la Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, pretendió dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, efectivamente no se advierte la vía por la que dicha autoridad responsable remitió el expediente original del predio denominado "LA BETY", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, y si efectivamente, la citada Dirección ya recibió el referido expediente. En tales consideraciones, se estima que LA SENTENCIA PROTECTORA NO HA QUEDADO CUMPLIDA; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última ocasión a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS legalmente computadas, remita a este Juzgado Primero de Distrito copia certificada de las constancias con las que acredite haber dado total cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio constitucional. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veinte, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique esta juzgadora la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, estese en espera de la documentación correspondiente, para estar en aptitud de acordar respecto al total cumplimiento de la sentencia ejecutoriada emitida en autos.
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