Elizabeth Maldonado Sánchez

Expediente 1230/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1230/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Elizabeth Maldonado Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1230/2022-J. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente. Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de derechos fundamentales, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, en el presente asunto, como quedó expuesto, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo por el que se admitan las pruebas ofrecidas en el juicio laboral *** de origen y se señale fecha y hora para el desahogo de las mimas. Al respecto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, numeral 107 del mismo ordenamiento legal, interpretado contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, preceptúa: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Es decir, la omisión reclamada, por las consecuencias que en el particular genera, constituye una violación que no afecta los derechos de la quejosa, ya que constituye una violación que interfiere con el procedimiento, análoga a la prevista en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; es decir, se trata de la violación de carácter adjetivo, pues no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, pues no se trata de una omisión autónoma, sino que se presenta en la etapa del procedimiento ordinario laboral. Es decir, no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato durante el trámite del procedimiento, ya que no vulnera o menoscaba los derechos sustantivos de la quejosa. Al respecto, conviene precisar que sobre el tema relativo a las omisiones en que incurren las autoridades responsables al tramitar un juicio o un procedimiento, principalmente bajo la vigencia de la anterior ley de la materia, se estimaba que las omisiones o dilaciones en el procedimiento afectaban los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Federal, por lo que el amparo en la vía indirecta, era procedente a fin de salvaguardar esos derechos, en caso de que se demostrara la dilación o contravención a las normas que rigen el procedimiento. No obstante, la entrada en vigor de la nueva legislación de amparo, estableció claramente que el juicio de amparo indirecto, procede únicamente contra violaciones que afecten derechos sustantivos. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental reconocido en la Norma Fundante, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto; por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y sólo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. Dicho criterio es plenamente aplicable al caso concreto, pues la omisión que se reclama, en la especie no se genera de manera independiente al procedimiento de origen, en el cual la quejosa es la parte actora, sino que se presenta dentro de este, lo cual genera como consecuencia que dicha omisión se repute como violación de carácter adjetivo, contra la cual, como se ha dejado sentado, no procede el juicio de amparo indirecto, al no provocar una afectación de manera inmediata y directa en sus derechos. Esto, porque la omisión que se reclama no constituye una abierta dilación en el procedimiento de origen, mucho menos por sí, la paralización total de procedimiento, que amerite declarar procedente el presente juicio constitucional, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Sin que en el caso, se reitera, se actualice alguno de los aludidos supuestos de excepción. Ahora bien, como quedó previamente expuesto, lo que se reclama en el presente juicio de amparo, es la falta de un acuerdo en el que la responsable se pronuncie en relación a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio natural, así como que señale día y hora para su desahogo. En otras palabras, dicha omisión únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales, lo que implica que solo existan consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese sentido, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Lo anterior, en virtud que, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo prevé que, una afectación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente. Por otro lado, cabe señalar que tampoco se está ante una abierta dilación del procedimiento o paralización total del juicio natural que amerite declarar procedente el presente juicio, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Lo anterior es así, pues al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime la existencia de una abierta dilación al procedimiento, susceptible de ser reclamada en vía de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad laboral debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. De esta forma, atendiendo al contenido de dicho criterio jurisprudencial, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que prevé, es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. Lo anterior es así, ya que de lo narrado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se obtienen los siguientes antecedentes: El cuatro de enero de dos mil veintidós, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado radicó la demanda de amparo promovida por la hoy quejosa, la cual, radicó con el expediente *** de su índice. El catorce de septiembre de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de conciliación y mediación, misma que se declaró fracasada. El treinta de septiembre de dos mil veintidós se celebró audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que la autoridad responsable se reservó de emitir el acuerdo respectivo; y cuya omisión constituye el acto reclamado por la quejosa. En ese contexto, el aludido plazo de cuarenta y cinco días comenzó a transcurrir el tres de octubre de la presente anualidad; y concluirá el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, con lo cual se tiene que a la fecha de presentación de la demanda constitucional, no existe dicha dilación, por lo que, tal demora no puede entenderse como una paralización total del procedimiento, y por tanto, la falta de dictado del auto del que se duele la parte quejosa, no afecta derechos sustantivos de las partes, sino que solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del juicio. De esta forma, dicha omisión hasta este momento no se traduce en una violación a los derechos de la promovente, sino que se reitera, en todo caso tiene injerencia en el carácter meramente procesal, en el cual es parte la quejosa. En consecuencia, atendiendo a lo anteriormente expuesto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues no se trata de un acto de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales. Luego entonces, al actualizarse de manifiesta e indudable la causa de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional intentada. Por otra parte, téngase como domicilio el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo. Asimismo, se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere la parte promovente, por así solicitarlo expresamente. De igual forma, en atención a lo preceptuado por el artículo 2°, fracción XIX del Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el teléfono ***, a efecto de que por dicho medio, este juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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