Elizabeth León Vásquez

Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
553/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth León Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de dos de julio de dos mil veintiuno; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *** y/o ***, contra la autoridad y acto siguientes: Autoridad responsable: Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Acto reclamado: La resolución de ***, dictada dentro del toca civil de queja ***, por el cual declaró procedente el incidente de acumulación de autos. Fórmese expediente impreso y electrónico, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Ahora, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: (.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (...) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;(...)." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicable-Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.-Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que deberán ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en caso de que le sea desfavorable al quejoso. En efecto, si bien, en su caso, una mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, en algunos supuestos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones a derechos sustantivos, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición, por ejemplo; cuando con motivo de la reposición se dejen insubsistentes medios de prueba que no pueda volver a desahogarse (testimonial por el fallecimiento del testigo), cuando se ordene el desahogo de una probanza que afecta materialmente derechos sustantivos (desahogo de una pericial en psicología o en ADN). Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva o laudo en caso de que sea desfavorable al quejoso. Así, el acto que se reclama en este juicio de amparo, no puede considerarse como de imposible reparación. En efecto, los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de la lectura integral de la demanda de amparo, son los siguientes: 1. En el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se encuentra radicado el juicio ordinario civil reivindicatorio ***, mismo que fue instaurado por ***, en contra de *** y/o ***. 2. Por acuerdo de ***, se tuvo a la parte actora en el juicio de origen, promoviendo incidente de acumulación respecto de los sumarios ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y ***, del registro del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. 3. En proveído de ***, se decretó la caducidad de la instancia dentro del incidente de acumulación de autos, ordenándose traer los autos a la vista para dictar la sentencia correspondiente. 4. Inconforme con dicha determinación, ***interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el d***, por el que confirmó el auto de***. 5. Luego, la quejosa interpuso recurso de queja en contra de la resolución antes referida, mismo que se radicó ante la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo el número ***; y, se resolvió el ***, ordenándose levantar la caducidad decretada en autos. 6. Por resolución de ***, emitida en el expediente ***, se declaró procedente el incidente de acumulación de autos y se decretó la acumulación del sumario *** al diverso ***, por ser este último el más antiguo. 7. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de queja, el cual se radicó con número***, del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; y, se resolvió el ***, en la que se declaró procedente el incidente de acumulación de autos. Contra esta resolución, la quejosa promueve el presente juicio constitucional. Con los anteriores antecedentes, se evidencia que la resolución de ***, en la cual se decretó la acumulación de los juicios *** y ***, no constituye un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, al encontrarse relacionada con la admisión de pruebas. Lo anterior, puesto que con la resolución reclamada no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte promovente, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, ya que la determinación reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, o una molestia en la promovente en el juicio de origen, por el tiempo que pudiera durar el procedimiento, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación; toda vez que de obtener una sentencia favorable se repararían las posibles violaciones que hubieran acontecido en el acto que aquí reclama. Máxime que la acumulación de juicios es una institución procesal que solo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga proceder el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Jurisprudencia que es obligatoria para este juzgado de Distrito en términos del articulo 217 de la Ley de Amparo, al haber sido emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que al resolver la contradicción de tesis 96/2016, determinó que: - La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. - Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto. - Por esas razones, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. Ahora, no es óbice que la parte quejosa haya citado la tesis de rubro "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA Y QUE SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO, NO ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA", pues se trata de una tesis aislada, la cual no es obligatoria, pues únicamente tiene efectos orientativos; contrario a la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a), antes referida, la cual, como se dijo, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, es de carácter obligatoria para este juzgado de Distrito. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda promovida por *** y/o ***,. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. De igual forma, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a ***,*** y ***, en virtud de que cuentan con Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano