ELIZABETH MALDONADO ENRIQUEZ y Otros.
Expediente 289/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 38 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- ELIZABETH MALDONADO ENRIQUEZ y Otros.
- Maria Elena Zuñiga Cruz
- MARIA ELENA ZUÑIGA CRUZ y Otros.
- Elizabeth Maldonado Enriquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Incidental
Razón: En dos de agosto de dos mil diecinueve, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Secretario encargado del despacho, con el estado que guardan los autos.- Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda los autos de los que se advierte que el uno de agosto del año en curso, se dictó la resolución interlocutoria dentro de los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 289/2019-IV y toda vez que por proveído de veintidós de julio del mismo año, se ordenó la remisión del citado juicio de amparo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con motivo de su acumulación al diverso 269/2019-3, de su índice; en consecuencia, remítanse los cuaderno incidentales al referido juzgado federal, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando acusar el recibo de estilo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado J. Guadalupe García Neri, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3077/2019, de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.-
- Incidental
V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 289/2019-IV, promovido por Elizabeth Maldonado Enríquez, Rocío Guadalupe Sanjuanero y/o Rocío Guadalupe Sanjuanero Malacara, María Elena Zúñiga Cruz y Janeth Esmeralda Salazar Martínez, promoviendo el amparo en su carácter de operadoras de las estancias infantiles "Baby Club, Los Angelitos, El Castillo de Piaget y Mi Abuelita", respectivamente, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado, Elizabeth Maldonado Enríquez, Rocío Guadalupe Sanjuanero y/o Rocío Guadalupe Sanjuanero Malacara, María Elena Zúñiga Cruz y Janeth Esmeralda Salazar Martínez, en su carácter de operadoras de las estancias infantiles "Baby Club, Los Angelitos, El Castillo de Piaget y Mi Abuelita", respectivamente, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto de las autoridades que hicieron consistir en: "IV.- NORMAS O LEYES RECLAMADAS: La entrada en vigor (el 28 veintiocho de febrero de 2019) en mi perjuicio del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, en lo especifico el transitorio primero, segundo, tercero y cuarto, así como las Reglas 2, 3 Y4 -Objetivos, Lineamientos y Mecánica Operativa; en ese orden del Acuerdo multicitado: 1. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños. hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019 en fecha 28 de febrero de 2019, que no existen en el presupuesto de egresos de la federación del 2019, en perjuicio de mi representada pues con tal acuerdo inexistente en el artículo segundo transitorio abrogan y por ende dejan de otorgar el apoyo (subsidio) del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, programa prioritario y etiquetado, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. Las consecuencias directas e indirectas de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se pueden traducir en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 2.- De los Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como el similar de la Secretaria de Bienestar Social, del Gobierno Federal y con domicilio para ser llamados a juicio el primero de ellos en la calle de Independencia numero 1202 Centro Histórico, el primero de ellos y el segundo en Fray Diego de la Magdalena SIN instalaciones Parque Tangamanga2, de esta Ciudad Capital; como EJECUTORAS. La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas v niños. hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019 en fecha 28 de febrero de 2019, que no existen en el presupuesto de egresos de la federación del 2019, en perjuicio de mi representada pues con tal acuerdo inexistente en el artículo segundo transitorio abrogan y por ende dejan de otorgar el apoyo (subsidio) del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, programa prioritario y etiquetado, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. Las consecuencias directas e indirectas de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019 en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras De conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se pueden traducir en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.[.]" SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes previos sus representantes. Asimismo, no es cierta la omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estacionas Infantiles para Apoyar a las Madres Trabajadores, para el ejercicio fiscal 2019, así como sus consecuencias directas e indirectas, reclamadas de la Secretaría de Bienestar, toda vez que el Director General de Normatividad y Asuntos Contenciosos, al rendir el informe previo que se requirió, manifestó expresamente que únicamente es cierto el acto reclamado relativo a la expedición de las "Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras", para el ejercicio fiscal 2019, publicadas el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. Sin que tales negativas se encuentren desvirtuadas en autos con prueba alguna en contrario; por tanto, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la Secretaría de Bienestar, consistente en la expedición de las "Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras", para el ejercicio fiscal 2019, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe de ley por conducto del Director General de Normatividad y Asuntos Contenciosos. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva respecto de la norma administrativa y omisión reclamada, para el efecto de que: (i) Se le entregue de acuerdo con las reglas de operación establecidas para el ejercicio fiscal de 2018, las erogaciones por concepto del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. (ii) Se habiliten los mecanismos, apartados y procedimientos necesarios que permitan continuar cumpliendo con las obligaciones y reglas de operación conforme al modelo anterior. (iii) No se cancele, ni se retire el registro en el padrón del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. (iv) No se vea afectado el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2019, respecto de los programas de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. (v) Se publiquen las reglas del programa del cual se manifiesta su omisión. En tal virtud, procédase a pronunciarse sobre la medida cautelar bajo los lineamientos referidos, así como los diversos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), que dispone: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Ahora bien, en relación con la suspensión solicitada, en primer término, debe destacarse que para la procedencia de la misma, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, define al quejoso como el sujeto que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 138, de la ley en comento, establece que una vez promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, y podrá concederla fijando los requisitos y efectos de la medida. Al respecto, el numeral 147 de la citada ley, dispone que en los casos en que la suspensión sea procedente, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Y el dispositivo 148, párrafo primero, del ordenamiento en cita estatuye que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Bajo ese panorama, de una interpretación armónica de los numerales citados, se desprende que para que el juez de amparo ordene que se restablezca provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, el quejoso que aduce ser titular de un derecho subjetivo, debe demostrar su interés de manera presuntiva, es decir, allegar medios de prueba que permitan al juzgador establecer indiciaria o presuntivamente que es el titular de un derecho o interés que en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico puede afectarse de forma real y actual con la ejecución del acto reclamado y, tratándose de amparo contra normas generales, con la aplicación de la disposición tildada de inconstitucional, lo que eventualmente es constitutivo de la apariencia del buen derecho, para que la medida cautelar pueda tener los efectos previstos en el artículo 148, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando como en el caso se reclama una norma general como autoaplicativa. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 3/95, concluyó que "la petición de parte es un requisito de procedencia de la medida, y su examen implica generalmente el de la apariencia del derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad del quejoso para promover la medida. Efectivamente, en determinados casos se hace necesario un examen preliminar del derecho invocado para los únicos efectos de la suspensión.", y emitió la jurisprudencia P./J. 15/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 16, que dispone: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. Establecido lo anterior, debe enfatizarse que los requisitos citados siempre deben concurrir en su totalidad para que sea procedente la suspensión solicitada, pues de no satisfacerse alguno de ellos, haría jurídicamente imposible la concesión de la referida medida cautelar. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. En el caso específico las quejosas Elizabeth Maldonado Enríquez, Rocío Guadalupe Sanjuanero y/o Rocío Guadalupe Sanjuanero Malacara, María Elena Zúñiga Cruz y Janeth Esmeralda Salazar Martínez, promoviendo el amparo en su carácter de operadoras de las estancias infantiles "Baby Club, Los Angelitos, El Castillo de Piaget y Mi Abuelita", respectivamente, y a efecto de acreditar su interés jurídico exhibieron: 1. Copia certificada de: 1.1 Convenio de concertación celebrado el cinco de enero de dos mil dieciocho, entre el Delegado Federal de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de San Luis Potosí y Elizabeth Maldonado Enríquez, respecto de la estancia infantil Baby Club, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 1.2 Convenio de concertación celebrado el ocho de enero de dos mil dieciocho, entre el Delegado Federal de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de San Luis Potosí y Rocío Guadalupe Sanjuanero y/o Rocío Guadalupe Sanjuanero Malacara, respecto de la estancia infantil Los Angelitos, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 1.3 Convenio de concertación celebrado el diez de enero de dos mil dieciocho, entre el Delegado Federal de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de San Luis Potosí y María Elena Zúñiga Cruz, respecto de la estancia infantil El Castillo de Piaget, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 1.4 Convenio de concertación celebrado el ocho de enero de dos mil dieciocho, entre el Delegado Federal de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de San Luis Potosí y Janeth Esmeralda Salazar Martínez, respecto de la estancia infantil Mi Abuelita, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Documentales a las que se les concede valor demostrativo pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De tales documentales, en esencia se desprende que la Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de su Delegado Estatal, atendiendo al Presupuesto de Egresos de la Federación vigente en el 2018, Anexo 26, rubro 20 Desarrollo Social, el cual comprendía el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y las aquí quejosas, convinieron en conjuntar acciones y recursos con el objeto de ofrecer servicios de cuidado y atención infantil en el marco del programa referido. Con motivo de lo anterior, dicha secretaría se comprometía a emitir la autorización del modelo a la persona responsable de la estancia infantil, enviando al Registro Estatal los datas de dicha estancia, una vez que se haya dado cumplimiento al numeral 5.3.1 de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2018. Asimismo, esta última se comprometía a realizar el cálculo y entregar el recurso mensual a la persona responsable de la estancia infantil de acuerdo a lo previsto en el numeral 5.6 del reglamento administrativo referido en el párrafo que precede. Con la precisión de que las aquí quejosas estaban afiliadas a tal programa desde el: Elizabeth Maldonado Enríquez "31 de octubre de 2014" Rocío Guadalupe Sanjuanero y/o Rocío Guadalupe Sanjuanero Malacara "29 de marzo de 2007" María Elena Zúñiga Cruz "2 de junio de 2008" Janeth Esmeralda Salazar Martínez "31 de octubre de 2016" Dichos derechos y obligaciones tenían vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, lo cual se patentiza con la siguiente transcripción, la cual obra en la declaración Décima Tercera de cada convenio: ".DÉCIMA TERCERA. El presente Convenio de Concertación estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2018. Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de Concertación por duplicado en la Ciudad de San Luis Potosí.". Sobre tales bases, para efectos de la presente medida cautelar se encuentra acreditado que las aquí quejosas tenían el carácter de operadoras de las estancias infantiles denominadas "Baby Club, Los Angelitos, El Castillo de Piaget y Mi Abuelita", desde el día de la firma de dicho convenio hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, como ya se dijo, las quejosas pretenden que la medida cautelar se les otorgue para el efecto de que (i) se les entregue de acuerdo con las reglas de operación establecidas para el ejercicio fiscal de 2018, las erogaciones por concepto del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras; (ii) se habiliten los mecanismos, apartados y procedimientos necesarios que permitan continuar cumpliendo con las obligaciones y reglas de operación conforme al modelo anterior; (iii) no se cancele, ni se retire el registro en el padrón del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras; (iv) no se vea afectado el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2019, respecto de los programas de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras; y (v) se publiquen las reglas del programa del cual se manifiesta su omisión. Sin embargo, no obstante que en autos se encuentra acreditado que las quejosas contaban con el carácter de operadoras de las estancias infantiles referidas desde el dos mil once, dos mil diez, dos mil dieciséis, y dos mil once, respectivamente, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la especie no está demostrado, indiciariamente ni presuntamente, que éstas tengan derechos adquiridos con ese carácter a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, que les genere el derecho de pedir que se suspenda la aplicación del acuerdo administrativo reclamado para los efectos antes precisados, y se le otorguen efectos restitutorios a la omisión reclamada, lo que hace que no se actualice la apariencia del buen derecho que aducen les asiste. En efecto, teniendo en consideración que las quejosas pretenden se les conceda la medida cautelar para el efecto referido, por el sólo hecho de que existieron los convenios de concertación celebrados entre la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) con las mismas, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, sin que demostraran que posteriormente a esta fecha se haya celebrado la concertación de un nuevo convenio, deviene claro que no existe un derecho previamente adquirido a la creación de la norma administrativa reclamada, que haga que surja a su favor la apariencia del buen derecho que refieren les asiste, y con ello se esté en posibilidades de decretar la medida cautelar para los efectos solicitados. No es obstáculo a lo anterior que las promoventes hayan exhibido diversas documentales en copia simple, ya que éstas por sí solas carecen de valor probatorio, de ahí que no tienen el alcance para acreditar lo pretendido por los promovente del amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 71/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Enero de 2003, página 33, que dispone: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste". Así como la diversa jurisprudencia 193 emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 132, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Y por último el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, consultable con el número 194, en la página 133, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa". Solo a mayor abundamiento, de tales copias simples no se desprende que las aquí quejosas hayan celebrado con la aludida secretaría un nuevo convenio con efectos a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, aunado que éstas solo consisten en trámites, gestiones o permisos relativos a protección civil, los cuales no son una autorización para funcionar como estancia infantil en los términos del referido programa, pues éstos consisten en requisitos que debían cumplir a efecto de poder funcionar. De ahí que al no estar acreditado en autos, indiciaria o presuntivamente, que las quejosas tuvieran vigente el carácter de operadoras de las estancias infantiles aludidas, previo a la publicación del acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, en tal virtud no se actualiza la apariencia del buen derecho, puesto que como ya se mencionó, los derechos y obligaciones a las que se encontraban sujetas por el convenio de concertación, fenecieron el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, es decir que ninguna de las quejosas cuenta actualmente, con algún derecho que esté previamente constituido y por lo tanto se deba prolongar en su origen para así protegerse con la medida cautelar, ya que, de concederse ésta implicaría en esencia que los recursos del erario público se entreguen a quien no tiene reconocido ese derecho. Máxime que, en caso de conceder la medida cautelar sin que las quejosas cumplan con lo anterior (demuestren la apariencia del buen derecho que les asiste previo a la publicación de la norma administrativa y omisión reclamadas), se les estaría constituyendo un derecho que, hasta este momento no se advierte, ni aun indiciariamente, que contaran con él con anterioridad a la publicación de la norma administrativa reclamada, y que las habilitara para solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, ya que la suspensión en el amparo no es constitutiva de derechos sino que sólo tienden a preservar los que ya existen, como incluso lo establece el artículo 131, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior el criterio III.2o.A.2 K (10a.) publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 2237, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA SI SE SOLICITA CON APOYO EN UNA EXPECTATIVA DE DERECHO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). En términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, constituye un requisito prioritario para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de amparo, verificar que el solicitante cuente con interés jurídico, lo que implica la demostración, aunque sea indiciaria, de que tiene un derecho adquirido, real, directo, inmediato y actual, cuya preservación pretende, ya que el objeto de la suspensión es conservar derechos y no constituir prerrogativas en favor de los gobernados. Por tanto, es improcedente conceder dicha medida cautelar, si se solicita con apoyo en una expectativa de derecho, por ejemplo, para paralizar obras de ampliación de un gasoducto en un predio, cuando con dicha medida su propietario pretende apoyarse en la expectativa de obtener una licencia municipal de edificación y urbanización de un fraccionamiento, derivado de la expedición de un dictamen favorable de trazos, usos y destinos específicos para suelo habitacional, puesto que tal acto administrativo sólo es declarativo y no otorga derechos definitivos; luego, se trata de una expectativa, una pretensión o esperanza de que se constituya un derecho. Por ende, al momento de solicitar la suspensión definitiva debe demostrarse haber concretado la aducida expectativa en un derecho adquirido. Además, en el presente caso no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que no se contravengan disposiciones de orden público, por los siguientes motivos: El artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprendido en el Título Séptimo denominado "PREVENCIONES GENERALES", establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto. Luego, si se concediera la medida cautelar para los efectos que se pide, se estaría obligando a que la Secretaría de Bienestar, realice un pago a las operadoras de las estancias infantiles denominadas infantiles "Baby Club, Los Angelitos, El Castillo de Piaget y Mi Abuelita", se contravendría dicha disposición constitucional, ya que de conformidad con el artículo 3.4, titulado "Tipos y Montos de Apoyo", la Secretaría de Bienestar, entregará el apoyo directamente a la madre, padre solo o tutor, conforme al presupuesto autorizado para la operación del Programa. Lo anterior incluso corrobora lo ya establecido en esta interlocutoria, relativo a que las aquí quejosas no tienen un derecho previamente constituido, ya que con la emisión de la reglas reclamadas, las cuales se expidieron posterioridad al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (data en que concluyó el derecho que habían adquirido), se estableció que el apoyo económico se entregará directamente a la madre, padre solo o tutor, conforme al presupuesto autorizado para la operación del Programa. De ahí que si se concediera la suspensión definitiva para el efecto que se pide, se contravendría el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo que no se actualice la hipótesis establecida en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tales motivos es que no se comparte el criterio XVII.1o.P.A. J/24 (10a.), emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, intitulado: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, EFECTUADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PROCEDE CONCEDERLA A LOS RESPONSABLES DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS, PARA QUE SE LES OTORGUEN LAS CANTIDADES QUE LES CORRESPONDAN CONFORME A LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018". Además de que dicho criterio no es de aplicación obligatoria para el suscrito de conformidad con el artículo 217, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, al haberse emitido por un Tribunal Colegiado (Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito) que no se ubica en el Noveno Circuito al cual pertenece este órgano jurisdiccional, aunado que éste es objeto de la denuncia por contradicción de tesis 148/2019. Consecuentemente, al no existir la concomitancia de los elementos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: UNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Elizabeth Maldonado Enríquez, Rocío Guadalupe Sanjuanero y/o Rocío Guadalupe Sanjuanero Malacara, María Elena Zúñiga Cruz y Janeth Esmeralda Salazar Martínez, promoviendo el amparo en su carácter de operadoras de las estancias infantiles "Baby Club, Los Angelitos, El Castillo de Piaget y Mi Abuelita", respectivamente, respecto de los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"Razón: En treinta de julio de dos mil diecinueve, el licenciado José Felix Moreno Bravo, Secretario del Juzgado, da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con un oficio registrado con el(los) número(s) de correspondencia interna 9513. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual transcribe el proveído de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, del que se advierte que ordenó devolver los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 289/2019-IV, lo anterior en virtud de que a la fecha no se ha resuelto dicho incidente de suspensión y se encuentra señalada fecha y hora para la celebración de la audiencia respectiva. Acúsese recibo de estilo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente asunto, y se deja sin efectos el proveído de veintinueve de julio del año en curso, en la parte que en lo conducente señala: ". y toda vez que se tramito incidente de suspensión, glósese el cuaderno de antecedentes derivado del incidente de suspensión, en la inteligencia que también es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el referido punto."; dictado en el cuaderno de antecedentes 289/2019-IV, y se ordena desglosar el cuaderno de antecedentes derivado del incidente de suspensión 289/2019-IV. En ese contexto, provéase lo conducente a señalar la fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental en los cuadernos incidentales que derivan del presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado J. Guadalupe García Neri, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3077/2019, de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, quien actúa con el licenciado José Felix Moreno Bravo, Secretario que autoriza y da fe."
- Incidental
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"Razón: En treinta de julio de dos mil diecinueve, el licenciado José Felix Moreno Bravo, Secretario del Juzgado, da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con copia autorizada del proveído dictado el día de la fecha en el cuaderno de antecedentes del juicio de amparo del que deriva este incidente. . Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos la copia autorizada del proveído dictado el día de la fecha en el cuaderno de antecedentes del juicio de amparo del que deriva este incidente; con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente asunto, y se deja sin efectos el proveído de veintinueve de julio del año en curso, en la parte que en lo conducente señala: ".y toda vez que se tramito incidente de suspensión, glósese el cuaderno de antecedentes derivado del incidente de suspensión, en la inteligencia que también es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el referido punto."; dictado en el cuaderno de antecedentes 289/2019-IV, y se ordena desglosar el cuaderno de antecedentes derivado del incidente de suspensión 289/2019-IV. En consecuencia, provéase lo relativo a la celebración de la audiencia incidental, lo anterior, en virtud de que mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, se dejó sin efectos la fecha señalada para las nueve horas con dos minutos del día seis de agosto de dos mil diecinueve; en tal virtud se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado J. Guadalupe García Neri, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3077/2019, de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, quien actúa con el licenciado José Felix Moreno Bravo, Secretario que autoriza y da fe. "
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