Elizabeth Contreras Carrera
Expediente 1000/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Elizabeth Contreras Carrera
Actuaciones
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Devolución de constancias. Devuélvanse las constancias certificadas que remitió como justificación el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Rioverde, San Luis Potosí. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que ha causado estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Administradora de lo Contencioso de Hidrocarburos "3", de la Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos, adscrita a la Administración Central de Hidrocarburos del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación de la Jefa de Administración Tributaria; en atención a su contenido téngasele por desahogando la vista concedida en proveído de dieciocho de mayo del año en curso y por informando que no adiciona preguntas al cuestionario formulado por la parte quejosa. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Perito de autoridad responsable. Téngase a la autoridad oficiante por designando como perito de su parte a Marco Antonio Luna Beltrán, con cedula profesional 5452479 en consecuencia, con fundamento en el artículo 147, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al referido diestro por conducto de la autoridad oficiante, para que en el término de tres días, se presente ante este órgano jurisdiccional, para que manifieste si acepta o no el cargo conferido; asimismo, informe si se encuentra en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 51 de la citada Ley de la materia, en caso de aceptación y protesta en el mismo acto; y, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 148, del referido código adjetivo, se le deberá hacer saber que cuenta con el término de diez días para que emita su dictamen. Comparecencia mediante código qr. En ese contexto, de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se deben adoptar medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general. Por ende, a efecto de que el mencionado perito se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior, habrá de presentarse en este órgano jurisdiccional dentro del término de tres días concedido, a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Para lo cual, deberá generar su código QR, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", submódulo "Agendar cita", cuya dirección electrónica es: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/cit as. A efecto de que se le otorgue la cita correspondiente, haciendo de su conocimiento que la misma la deberá obtener en el horario de atención al público asignado a este órgano jurisdiccional, y que en el caso para la asignación de citas comprende de las diez horas a las catorce horas con treinta minutos, y pueda ingresar al local que ocupa este órgano jurisdiccional, en el entendido de que en la hora y fecha asignada, deberá acudir con identificación oficial y con el código QR respectivo. Asimismo, hágase de su conocimiento que, en caso de que al generar la cita respectiva no aparezca fecha y horario disponibles dentro del término de tres días siguientes, contado a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, en este órgano jurisdiccional para la generación de la aludida cita, así lo deberá manifestar bajo protesta de decir verdad a este Juzgado Federal, a efecto de que dicha circunstancia se verifique en el sistema electrónico respectivo y se emita la determinación que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente al perito Marco Antonio Luna Beltrán por conducto la Administradora de lo Contencioso de Hidrocarburos "3"; y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo acordó y firma la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/3281/2022 de once de julio de dos mil veintidós, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintidós. Recepción de autos. Téngase recibido el oficio 9057/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual remite: 1. El diverso proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo directo civil 357/2022 de su índice, a través del cual dicho Tribunal decretó de plano su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***; y 2. El oficio 1276/2022 del Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, en el que se contiene su informe justificado, y al que acompaña el expedientillo de amparo directo, que contiene entre otros documentos, el escrito de presentación, la demanda de amparo promovida por ***, y constancias de emplazamiento a los terceros interesados; el original duplicado del expedientillo formado con el incidente de suspensión relativo a la demanda de amparo; así como un cuaderno formado con copia certificada del juicio ordinario civil por petición de herencia 850/2018. En consecuencia, con fundamento en el artículo 46, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del juicio de garantías referido, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 1000/2022-IV. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Pruebas. En relación con la copia certificada del juicio ordinario civil por petición de herencia 850/2018, de conformidad con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció el lineamiento de que debe privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, y como consecuencia de ello, únicamente se tiene permitido acudir a las instalaciones del juzgado de lunes a viernes con plantilla reducida para tal fin. Además de tratarse de un anexo voluminoso. En ese tenor ante la imposibilidad de digitalizar en tales circunstancias el anexo que se acompaña al oficio de cuenta, con el mismo fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene-. Desechamiento de demanda. Ahora bien, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32; y Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255; intituladas: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Precisión del acto reclamado. Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, y sus anexos, se advierte que ***comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - El auto pronunciado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, en autos del juicio ordinario civil por petición de herencia 850/2018, mediante el cual se ordenó el cumplimiento a los resolutivos décimo y décimo primero de la sentencia de veinte de octubre del año dos mil veinte, emitida por el Juez de referencia, y que fue confirmada en segunda instancia. Marco normativo. Precisado lo anterior, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Tal aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Caso concreto. En el caso, como se señaló con antelación, la quejosa reclama en la presente instancia constitucional, el auto pronunciado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, en autos del juicio ordinario civil por petición de herencia 850/2018, mediante el cual se ordenó el cumplimiento a los resolutivos décimo y décimo primero de la sentencia de veinte de octubre del año dos mil veinte, emitida por el Juez de referencia, y que fue confirmada en segunda instancia. En relación con dicho acto, cabe destacar que de la copia certificada del juicio ordinario civil por petición de herencia 850/2018, que el juez responsable adjuntó a su informe de ley, a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; así como del diverso controvertido constitucional 717/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por la propia ***, el cual se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, constancias estas que pueden introducirse como elementos de prueba, sin necesidad de que se ofrezcan como tales o lo aleguen las partes, resultando aplicable la Jurisprudencia número XXII. J/12, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, que intitulada: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.", se desprenden como antecedentes del controvertido de origen, los siguientes: a) Que mediante escrito recibido el siete de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, ***, en representación de su menor hijo Leonardo ***, demandó en la vía ordinaria civil juicio de petición de herencia y demás prestaciones accesorias, en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, por conducto de su albacea definitivo ***, así como de Elizabeth ***, Registradora del Instituto Registral y Catastral en esa ciudad, y Notario Público Número Uno, con sede en Cárdenas, San Luis Potosí. b) Seguidos los respectivos trámites legales, con fecha veinte de octubre de dos mil veinte, el aludido Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, dictó la sentencia respectiva en el juicio ordinario civil por petición de herencia 850/2018, a través de la cual se declaró como único y universal heredero de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, a ***, en su carácter de descendiente en primer grado del autor de la sucesión, en virtud del derecho preferente que goza éste último. Condenándose a ***, en su carácter de adjudicatario de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, y a ***, en su calidad de donataria, a hacerle entrega al actor ***, de los bienes que le fueron adjudicados al primero de ellos, y que forman la masa hereditaria de la aludida sucesión, bienes inmuebles que fueron motivo del contrato de donación a favor de la segunda de los demandados; asimismo, se les condenó a la entrega de diversas cantidades de dinero y se ordenó la cancelación de la escritura de adjudicación, del instrumento público y del contrato de donación precisados en dicha sentencia. c) Inconformes con dicha determinación, ***, en su carácter de adjudicatario de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, y ***, interpusieron en su contra recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo radicó con el número de toca 117-2021; y mediante sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, se confirmó la sentencia de primera instancia recurrida. d) En contra de la sentencia señalada en el inciso que antecede, Sabino Contreras López, en su carácter de adjudicatario de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, lo radicó con el número de amparo 308/2021. e) El once de marzo del año en curso, el Juez responsable emitió un proveído a través del cual, atendiendo a que la sentencia definida causó ejecutoria por ministerio de ley, que se comunicó por parte del Superior Jerárquico que la suspensión decretada dejó de surtir efectos, aunado a que "el amparo es un medio de control autónomo", ordenó requerir a los demandados Sabino ***y ***, a efecto de que dieran cumplimiento a las prestaciones a que fueron condenados, apercibidos que de no hacerlo, ese Juzgado "lo hará en su rebeldía". f) Con fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora proporcionando el domicilio particular de los aludidos demandados, motivo de ello, se ordenó llevar a cabo el requerimiento indicado en proveído de once de marzo del año en curso, en el domicilio señalado. g) Posteriormente, mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, el Juez responsable ordenó dar cumplimiento con los resolutivos décimo y décimo primero de la sentencia de veinte de octubre del año dos mil veinte, y por tanto ordenó girar oficio a la Registradora del Instituto Registral y Catastral del Tercer Distrito Judicial. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Asentado lo anterior, se concluye que el auto de veintinueve de abril del año en curso reclamado, no constituye la última resolución en que se haya tenido cumplida la sentencia definitiva, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, si tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución pronunciada en dicha fase, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones, e incluso teniendo en cuenta que aquel consiste en el auto a través del cual se ordenó dar cumplimiento con los resolutivos décimo y décimo primero de la sentencia definitiva, y por tanto se ordenó girar oficio a la Registradora del Instituto Registral y Catastral del Tercer Distrito Judicial, (lo anterior a efecto de llevar a cabo la cancelación de la escritura pública), luego es claro que no se adecua al supuesto de procedencia previsto en la Ley de Amparo en la indicada fase de ejecución. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia analizada. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 75, Tomo XX, Julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No pasa inadvertida para el suscrito la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", toda vez que en el caso concreto el acto reclamado no se sitúa en la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Más aun, no puede perderse de vista que la determinación reclamada tiene como fin ejecutar la sentencia dictada en el juicio ordinario civil por petición de herencia de origen 850/2018, pues precisamente a través de ella se ordenó dar cumplimiento a los resolutivos décimo y décimo primero de la sentencia definitiva. Luego entonces, el auto de mérito y su ejecución no son ajenos a la cosa juzgada en el juicio referido, sino el medio para ejecutarla. Decisión. En consecuencia, como el acto reclamado no es la última resolución en etapa de ejecución, ni afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala y ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a ***, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por medio de lista
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