Elizabeth López Vázquez

Expediente 760/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
760/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Elizabeth López Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 760/2019-V DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Recepción de la resolución relativa al conflicto de competencia 30/2019, así como los autos originales del juicio de amparo 760/2019-V. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato capital, resolvió: "PRIMERO.- Sí existe conflicto de competencia. SEGUNDO.- Se declara legalmente competente a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a efecto de que conozca de la demanda de amparo número 760/2019-V de su índice, promovido por Elizabeth López Vázquez, contra la negativa de concederle la pensión por discapacidad, contenida en la resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Directora Jurídica del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato." Acúsese recibo. Consecuentemente, se ordena glosar únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes correspondiente, pues se estiman innecesarias las diversas que en copia certificada lo integran, dado que sus originales constan en el expediente en que se actúa. II. Análisis de procedencia de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por Elizabeth López Vázquez, contra actos de la Directora Jurídica del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, del que reclama la resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual le negó el otorgamiento de pensión por discapacidad, de lo que se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. El artículo 107, Constitucional, fracción IV, dispone lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.". De esta disposición se advierte, que el juicio de amparo es procedente contra actos emitidos en materia administrativa, cuyo agravio no sea reparable mediante algún recurso o medio de defensa legal; asimismo, no será necesario agotar los mismos cuando la ley aplicable exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado que los solicitados en el juicio de amparo. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de dichos medios de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado; además, de que la ley que lo establezca, solicite menos o los mismos requisitos para suspender el acto impugnado que los exigidos por la Ley de Amparo. Atento a lo anterior y a la naturaleza del acto que se reclama, es de afirmar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia...". Ahora bien, sobre el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse previo a promover el juicio constitucional y consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA". Así las cosas, en la especie, la parte quejosa reclama de la Directora Jurídica del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, la resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, a través de la cual le negó el otorgamiento de pensión por discapacidad; sin embargo, la determinación administrativa reclamada, previo a promover el presente juicio de amparo, debe ser impugnada a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo: Ahora bien, en los artículos 226, 227, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen lo siguiente: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." Ahora bien, el artículo 226 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, regula el recurso de inconformidad, y el numeral 234 de la citada codificación contempla la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. De conformidad con el artículo 234, en correlación con el 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, y ello puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Asimismo, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual forma, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, del mismo modo que en el amparo, se exige que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se garanticen éstos. En lo que respecta a los créditos fiscales el recurrente en la inconformidad deberá de garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente se estima similar dicho requisito. Ahora bien, la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgará, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que solo es procedente en materia de amparo, proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacionen con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. Por otra parte, el numeral 243 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato establece: Artículo 243. Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el Ayuntamiento, podrán ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando afecten intereses de los particulares. Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la administración pública municipal podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando afecten intereses de los particulares. Ejercida la acción ante cualquiera de ellos, no se podrá impugnar ante el otro el mismo acto. Asimismo, el artículo 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando sea solicitada en cualquier momento del proceso, por tanto, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el quejoso que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como sí lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, es evidente que la ley que regula los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Consecuentemente, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número XVI.1°.A.J/19, Décima Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible en la página 1536, tomo II, libro 17, Abril de 2015, con número de registro 2008891, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que tiene a su alcance los medios legales para impugnar en su caso, los actos que manifiesta le causan agravio. Luego, como el acto reclamado en el presente juicio es susceptible de reparación mediante los referidos medios de impugnación, y éstos no fueron agotados, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.6º.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 902 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que de rubro dice: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Por tanto, al no haberse observado el principio de definitividad, por no haberse agotado, previo a promover el juicio constitucional, el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo, es dable concluir que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, establecida en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se ordena desechar de plano la demanda de amparo en estudio. Acude en auxilio de lo anterior, la tesis aislada XXI.1o.45 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, Página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Por otra parte, esta juzgadora no pasa inadvertido que la parte quejosa alega en su escrito de demanda violaciones directas a la Constitución Federal, en específico a los artículos 14 y 16; lo que de suyo implicaría una excepción al principio de definitividad; sin embargo, lo cierto es que de la lectura integral de sus conceptos de violación no se desprende que atribuya al acto reclamado una falta absoluta de fundamentación y motivación, sino cuestiones relacionadas con aspectos de legalidad. Se cita en apoyo el criterio sostenido en la ejecutoria de doce de julio de dos mil doce, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 46/2012, relativo al juicio de amparo 1228/2011-II, del índice de este órgano jurisdiccional, que en lo conducente dice: ". En efecto, en el particular, se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Ese precepto contempla la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que contra el acto administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo y fracción indicados, hacen referencia a la no exigencia de mayores requisitos para conceder la suspensión, lo cual significa que si la ley que consigna el recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para tal efecto, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, el interesado deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El aludido principio rector del juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción a esa regla, que se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la Constitución Federal. En cuanto a este último tema, esto es, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución, el gobernado no está obligado a cumplir con el principio de definitividad; es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, pues significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Norma Fundamental. Lo anterior no significa que el juicio de garantías proceda en todos los casos en que el interesado exponga que se han violado las garantías individuales previstas en la Carta Magna, sino que será necesario atender cada caso en específico para examinar el planteamiento que se haga valer por el gobernado. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que se justifica porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede cuando se atribuye infracción a la garantía de audiencia. Fuera de las dos hipótesis antes señaladas, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es decir, deben atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, por una parte, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación, como tampoco exclusivamente violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad con base en determinados preceptos legales; por otra, tal medio de impugnación permite al interesado expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 104 del Tomo III, Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". En el caso concreto, la parte quejosa alega violación al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la autoridad responsable le negó la posibilidad de defensa en el procedimiento administrativo de cancelación, la cual, para ser efectiva, tenía que ejercer previamente al acto privativo del derecho de prelación, que la autoridad "mermó" cuando declaró la caducidad de la inscripción registral el veintitrés de marzo de dos mil diez. Asimismo, aduce que se conculca la garantía consignada en el artículo 16 constitucional, que contiene el principio de legalidad que rige a la autoridad en su actuar, debido a que: La responsable no observó las formalidades esenciales del procedimiento, tales como notificar el inicio de procedimiento, otorgar la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, alegar y dar a conocer el contenido de la sentencia. El registrador Público de la Propiedad y del Comercio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, carece de facultades para cancelar la inscripción de la hipoteca registrada el siete de septiembre de dos mil cinco con el número 71576. No ha transcurrido el término señalado por la ley para la prescripción de la acción pues la cláusula séptima del contrato de reconocimiento de adeudo, estipula que la hipoteca subsistirá hasta en tanto no se liquide el adeudo que garantiza, por lo que se desprende que la obligación continúa vigente y, si el obligado Luis Miranda Miranda pagó intereses hasta el mes de enero de dos mil ocho, dicha vigencia quedó confirmada. No procede la cancelación por caducidad, en virtud de que el día que ésta se solicitó (veintidós de marzo de dos mil diez), el inmueble gravado ya había sido embargado (tres de marzo de dos mil diez) en el juicio ejecutivo civil 41/2010 C, en el que intervino oportunamente el demandado; por lo que la presentación de la demanda interrumpe el plazo de la caducidad y al solicitarla con fecha posterior, consideró el quejoso, se actuó de mala fe. Sin embargo, de tales planteamientos hechos valer por la parte quejosa, no puede considerarse que se trate de aspectos relacionados con la falta absoluta de fundamentación y motivación. Las inconformidades que plantea el promovente están sustentadas en que el acto reclamado se emitió sin respetar la garantía de audiencia, sin atender a las formalidades del procedimiento y sin estudiar el registrador si conforme a la ley tenía facultades para declarar la cancelación y, en su caso, las hipótesis para que ésta se determinara, previo a la promoción del juicio constitucional. Por ende, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa que la ley establece para tal efecto, como es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debido a que son competentes las Salas para conocer de los procedimientos administrativos que se promuevan en contra de actos y resoluciones jurídico administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, conforme a los numerales 255, fracción I y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues a través de tal medio ordinario de impugnación, estuvo en condiciones de aportar elementos de convicción para demostrar la ilegalidad de los actos impugnados y obtener su nulificación. Esto es así, porque el acto cuya invalidez demandó la parte quejosa, consistente en la cancelación de la inscripción registral constituida a su favor, no carece de fundamentación y motivación, dado que en tal resolución se invocaron los artículos 2531, fracción III, 2535, 2536-A y 2536-B del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como el artículo segundo transitorio del decreto 188, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el diez de junio de dos mil cinco (foja 32), por lo que no se actualiza la excepción prevista en la parte final de la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo. En el caso concreto no se trata de un reclamo con motivo de una absoluta falta de fundamentación y motivación y tampoco se adujo de manera exclusiva violación a alguna garantía constitucional, sino que la impetrante hizo depender la inconstitucionalidad de los actos, por considerar que se ordenó la cancelación del referido gravamen sin atender aspectos de legalidad, resulta patente que en esa hipótesis no se actualiza el caso de excepción para no interponer medios de defensa ordinarios, previo a la promoción del juicio de amparo. Finalmente, se destaca que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio de cuenta que remite el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, mediante el cual informa que el Tribunal de su adscripción admitió a trámite el conflicto de competencia, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en Ciudad de México, y este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado bajo el número 30/2019 de su índice; de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en ciudad de México, mediante el cual comunica que no se acepta la competencia declinada por este Juzgado Federal, por las razones que ahí se exponen, devuelve el expediente original, así como las copias de la demandada de amparo. Acúsese recibo. con base en los argumentos planteados en proveído de tres de octubre del año en curso, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, y los formulados por la autoridad oficiante, este órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia al citado Juzgado de Distrito, por lo que con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues la suscrita considera que la negativa reclamada tiene efectos positivos porque la quejosa no podrá acceder a la pensión pretendida, en consecuencia se ordena remitir el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, para la substanciación del conflicto competencial que se presenta; de igual forma, se ordena hacerlo del conocimiento al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en ciudad de México, para los efectos a que se refiere el numeral precisado en primer término.

  4. Principal

    Se recibe exhorto 433/2019-V diligenciado. Parte quejosa desahoga requerimiento formulado. Se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Este juzgado carece de competencia legal para conocer de demanda de amparo. Se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno, con residencia en Ciudad de México. se solicita acuse de recibo.

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