Elizabeth Flores González

Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
845/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Flores González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Con esta fecha hágase la anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    I. Parte quejosa cumple con prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual ************ cumple el requerimiento efectuado en proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés. II. Fijación de los actos reclamados. Del escrito inicial de demanda, así como de los escritos aclaratorios, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional son los siguientes: El auto de doce de julio de dos mil veintitrés, por el que se despachó con efectos de mandamiento de ejecución (auto de exequendo), emitido en el juicio ejecutivo mercantil *********/2023 del índice estadístico del Juzgado Segundo Menor Civil de esta ciudad, dirigido en contra de la quejosa. En dicho proveído se tuvo a la parte actora reservándose su derecho de embargar bienes de la demandada (aquí quejosa), por lo que se autorizó únicamente el emplazamiento de la misma. La diligencia de emplazamiento y notificación del auto de exequendo en mención. III. Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del citado artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Aunado a que es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, se estima que con relación a los referidos actos reclamados, se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud que la quejosa no observó el principio de definitividad que rige en este medio de tutela constitucional. A efecto de evidenciar la anterior consideración, en principio, es preciso citar la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se encuentra contenido el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, consistente en que sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Ahora, para que se actualice dicha causal de improcedencia se requiere: 1. Que se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Como excepciones, la ley marca: I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; III. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Entonces, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Auto de exequendo. Al respecto, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, que estatuyen: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. (.)". "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $816,439.97 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De los numerales transcritos se advierte que: Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. Bajo ese contexto, si la apelación es improcedente en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 moneda nacional; entonces, debe considerarse la revocación como medio de impugnación. De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto de la suerte principal es inferior a la suma prevista en el numeral 1340 del Código Mercantil, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Las consideraciones anteriores se localizan en la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, visible en la página 157, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Lo subrayado no es de origen. Cabe señalar, que este último criterio es aplicable al caso, con independencia de que fue emitido con anterioridad a las reformas del Código de Comercio publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil doce, y la actualización de la cantidad referida en el arábigo 1340, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, porque con tales reformas no se derogó el artículo que regula la procedencia del recurso de revocación, sino sólo se hicieron modificaciones al trámite del recurso de apelación, en el sentido de aumentar la cuantía para la procedencia de este último medio de impugnación. Bajo ese contexto, por cuanto al acto reclamado consistente en el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, por el que se despachó con efectos de mandamiento de ejecución auto de exequendo, emitido en el juicio ejecutivo mercantil M1524/2023 del índice estadístico del Juzgado Segundo Menor Civil de esta ciudad, el numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso en contra del mencionado acuerdo que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que reclama <revocación>; entonces, deviene incuestionable que la amparista, al tener conocimiento del mismo (debido a que la notificación de dicho auto se entendió directamente con ella) previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, de las constancias que la propia impetrante adjuntó a su demanda de amparo, se advierte que la solicitante del amparo es la parte demandada en el citado juicio mercantil y no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo -revocación-, es claro que el presente amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 70/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, Tomo I, Materia Civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012).De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Tampoco es obstáculo que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J.6/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO", la resolución reclamada constituya un acto dentro de juicio de imposible reparación. Ello, debido a que el Pleno del Alto Tribunal estableció que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de Distrito procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Lo anterior se sustenta en la tesis P./J. 11/2018 (10a.), dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Lo resaltado es propio de esta Juzgadora. Lo anterior, guarda sintonía con lo expresado en la jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011695, la que por identidad jurídica sustancial es aplicable, de contenido siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." También es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 44/2012 (10a.) visible en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Bajo esa línea de pensamiento, al figurar la quejosa como parte demandada en el procedimiento de origen, estaba obligada a agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación o revocación del acto reclamado, previamente al juicio constitucional; máxime que la impetrante del amparo (previo a la presentación de su demanda de amparo) tenía pleno conocimiento del juicio natural instaurado en su contra, toda vez que el catorce de julio pasado fue debidamente emplazada al mismo, diligencia que fue entendida por la impetrante de forma directa; de ahí que resulte inconcuso que, previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió agotar el recurso de revocación multicitado. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En consecuencia, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado consistente en el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, por el que se despachó con efectos de mandamiento de ejecución auto de exequendo, emitido en el juicio ejecutivo mercantil M1524/2023 del índice estadístico del Juzgado Segundo Menor Civil de esta ciudad, no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio constitucional, pues, se insiste, en su contra procedía el recurso de revocación previsto en el Código de Comercio, con el que es susceptible de obtenerse su modificación, revocación o anulación, por lo que al no haberlo hecho así, incumplió el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Se considera ilustrativa sobre el tema, la jurisprudencia 1ª./J 10/2014 (10ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la página 487, Tomo I, Libro 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Febrero 2014, Décima Época, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Notificación del auto de doce de julio de dos mil veintitrés (diligencia de emplazamiento). Ahora, respecto de la notificación reclamada del referido auto de doce de julio de dos mil veintitrés, se tiene en cuenta que los artículos 1349, 1350, 1351, 1353 y 1414 del Código de Comercio disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. ARTÍCULO 1,350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. ARTÍCULO 1,351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. ARTÍCULO 1,352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. ARTÍCULO 1,353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. ARTÍCULO 1,414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas." Por su parte, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." De los preceptos se obtiene que la notificación del acuerdo reclamado es impugnable a través del incidente de nulidad de notificaciones. Entonces, la peticionaria debió agotar dicho medio de defensa en contra de la notificación controvertida antes de acudir al juicio de amparo. Sirven de sustento la tesis de los rubros siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." "NULIDAD DE ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACIÓN SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y CODIFICACIONES SIMILARES)". Sin que por cuanto hace a ese acto reclamado, la quejosa tampoco se encuentre relevada de respetar el principio de definitividad dado que no se actualiza diverso supuesto de excepción previsto en los incisos a, b y c del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Así las cosas, la procedencia del recurso de revocación y del incidente de nulidad de notificaciones no se encuentra sujeta a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarla dado que los artículos citados son enfáticos en prever que esos medios de defensa proceden contra las determinaciones que no son apelables, como el acuerdo reclamado, así como en contra de la notificación controvertida. No se soslaya que la parte quejosa funda su petición en la tesis aislada 2a. LVI/2000, con número de registro 191539 y rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINICIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"; sin embargo, no obstante que dicho criterio es aislado y, por ello, no es vinculante en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, como se dijo, la promovente del amparo no es ajena al procedimiento de origen pues tiene el carácter de demandada, tan es así que fue con ella con quien se entendió la diligencia de emplazamiento al juicio de origen, aunado a que (como se explicó en supralíneas) aun y cuando el auto de exequendo se considere como de imposible reparación, debe agotarse el medio de impugnación ordinario que proceda en su contra (en este caso el de revocación), conforme a las jurisprudencias que resultan de observancia obligatoria emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y citadas a lo largo de esta resolución. Amén de que la tesis aislada que cita la quejosa, fue objeto de análisis en la contradicción de criterios 25/2015, resuelta por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) de título: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", que fue transcrita en líneas precedentes. En ese orden, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia, se impone desechar la demanda de amparo de que se trata. IV. Se ordena generación de versión pública de sentencia o determinación. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Parte quejosa pretende cumplir prevención. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito presentado por la solicitante de amparo ********************, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento que se le formuló en proveído de dos de agosto del año en curso; empero únicamente satisface a cabalidad con lo requerido en los incisos a, b, d, e, y f, pues no cumple en su totalidad con el motivo de prevención precisado en el citado auto con el inciso c), toda vez que no precisa si en contra del acto que ordena la diligencia de exequendo (auto de julio de dos mil veintitrés) interpuso el medio de impugnación ordinario previsto en la Ley aplicable . II. Se requiere nuevamente. En consecuencia, atendiendo a que la suscrita debe procurar el acceso efectivo a la justicia de los gobernados, lo que implica el cuidado de los recursos humanos y materiales del Estado en beneficio de la mayoría, además de que resulta indispensable que los jueces asuman con mayor responsabilidad la tutela del principio de buena fe y probidad en la promoción de los juicios de amparo que ante su potestad se tramitan, y a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el numeral 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, resulta necesario requerir nuevamente al ocursante para que, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: a. Indique "bajo protesta de decir verdad", si interpuso el medio de impugnación ordinario previsto en la Ley aplicable contra el auto que ordena la diligencia de exequendo que reclama, máxime que la aquí quejosa se incorporó a la relación procesal del juicio ejecutivo mercantil ********************, dado que manifestó haber contestado la instaurada en su contra. Lo anterior, toda vez que omitió precisar dicha circunstancia en su demanda de amparo, la cual resulta necesaria a fin de proveer fundadamente lo que en derecho corresponda. En el entendido que la protesta peticionada la realizará la propia promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Novena sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV; julio de 2006; página: 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Página 32, de epígrafe: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Así, dadas la omisión precisada, se hace necesario nuevamente el requerimiento que se formula, en virtud de que es el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, aunado a que es un requisito formal establecido en la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos (en su caso) para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, se hizo saber que contaba con el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, la cual se realizó el nueve del año en curso; luego, si el escrito de cuenta fue presentado el catorce de agosto, indíquese al impetrante que sigue contando con tres días para cumplir con la prevención de mérito, cómputo que se reanudará el día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Como se señaló, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, de Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DE TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Hágasele saber al peticionario del amparo que subsiste el apercibimiento decretado el dos de agosto del año en curso, en caso de incumplimiento.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Parte quejosa pretende cumplir prevención. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito presentado por la solicitante de amparo ********************, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento que se le formuló en proveído de dos de agosto del año en curso; empero únicamente satisface a cabalidad con lo requerido en los incisos a, b, d, e, y f, pues no cumple en su totalidad con el motivo de prevención precisado en el citado auto con el inciso c), toda vez que no precisa si en contra del acto que ordena la diligencia de exequendo (auto de julio de dos mil veintitrés) interpuso el medio de impugnación ordinario previsto en la Ley aplicable . II. Se requiere nuevamente. En consecuencia, atendiendo a que la suscrita debe procurar el acceso efectivo a la justicia de los gobernados, lo que implica el cuidado de los recursos humanos y materiales del Estado en beneficio de la mayoría, además de que resulta indispensable que los jueces asuman con mayor responsabilidad la tutela del principio de buena fe y probidad en la promoción de los juicios de amparo que ante su potestad se tramitan, y a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el numeral 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, resulta necesario requerir nuevamente al ocursante para que, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: a. Indique "bajo protesta de decir verdad", si interpuso el medio de impugnación ordinario previsto en la Ley aplicable contra el auto que ordena la diligencia de exequendo que reclama, máxime que la aquí quejosa se incorporó a la relación procesal del juicio ejecutivo mercantil ********************, dado que manifestó haber contestado la instaurada en su contra. Lo anterior, toda vez que omitió precisar dicha circunstancia en su demanda de amparo, la cual resulta necesaria a fin de proveer fundadamente lo que en derecho corresponda. En el entendido que la protesta peticionada la realizará la propia promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Novena sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV; julio de 2006; página: 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Página 32, de epígrafe: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Así, dadas la omisión precisada, se hace necesario nuevamente el requerimiento que se formula, en virtud de que es el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, aunado a que es un requisito formal establecido en la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos (en su caso) para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, se hizo saber que contaba con el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, la cual se realizó el nueve del año en curso; luego, si el escrito de cuenta fue presentado el catorce de agosto, indíquese al impetrante que sigue contando con tres días para cumplir con la prevención de mérito, cómputo que se reanudará el día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Como se señaló, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, de Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DE TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Hágasele saber al peticionario del amparo que subsiste el apercibimiento decretado el dos de agosto del año en curso, en caso de incumplimiento.

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