Elizabeth Liberato García
Expediente 299/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elizabeth Liberato García
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintitrés de abril del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Elizabeth Liberato García; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 299/2019-I, promovido por Elizabeth Liberato García, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, del cual, por razón de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Elizabeth Liberato García promovió demanda de amparo indirecto contra la autoridad referida con antelación de quien reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: ".la falta de prosecución y ejecución del laudo dictado dentro del juicio relativo al expediente número 126/2009, promovido por la suscrita quejosa en contra de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y otro, así como la falta de acuerdo del escrito de fecha 23 veintitrés de enero del año 2019 dos mil diecinueve." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. Actos que en el decir de la parte quejosa son violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17, 103, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinte de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, ordenándose registrar el asunto como el expediente 299/2019-I; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado respectivo; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue levantada como se advierte del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida en contra de un acto omisivo de una autoridad que reside dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que el acto reclamado a la autoridad responsable, conforme a la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, es el siguiente: La falta de prosecución y ejecución del laudo, y la omisión de acordar el escrito presentado el veintitrés de enero del año en curso, dentro del juicio laboral 126/2009, del índice de la responsable. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto que le fue atribuido. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, atendiendo a que de las constancias que remite, relativas al expediente laboral número 126/2009, se desprende que mediante proveído de once de abril de dos mil diecinueve, acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veintitrés de enero del año en curso ante la responsable, y además despachó auto de ejecución del laudo (foja 70); es decir al momento de la presentación de la demanda de garantías generadora del presente amparo (diecinueve de marzo de dos mil diecinueve), los actos reclamados existían. Documentales a las que en este acto, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. CUARTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juzgador advierte que se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia que establece: "Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir, en la falta de prosecución y ejecución del laudo, y la omisión de acordar el escrito presentado el veintitrés de enero del año en curso, dentro del juicio laboral 126/2009, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de las documentales que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, se advierte claramente que en proveído de once de abril de dos mil diecinueve (foja 70), se acordó el escrito presentado por la aquí quejosa el veintitrés de enero del año en curso, y además se despachó auto de ejecución del laudo emitido en el expediente laboral 126/2009. Así pues, al ser los actos reclamados en el presente juicio de garantías la falta de prosecución y ejecución del laudo, y la omisión de acordar el escrito presentado el veintitrés de enero del año en curso; y, al haberse dictado el acuerdo de mérito, han cesado los efectos de los mismo; actualizándose así la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, de manera que la omisión reclamada ha dejado de existir sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, fracción IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Liberato García, por propio derecho, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan.
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