Elizabeth Guadalupe Vega Chávez

Expediente 379/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
379/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Guadalupe Vega Chávez
  • Honorable Congreso de la Unión, en CDMX

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el diez de noviembre del año en curso, dentro del incidente de revisión administrativo número ********************; asimismo, devuelve el incidente de suspensión en que se actúa, relativo al juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante la indicada determinación, resolvió: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto en contra la interlocutoria recurrida de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del incidente de suspensión relativo al amparo indirecto 379/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 8823/2023 a la autoridad oficiante, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a once de septiembre de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ********************, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Siguiendo con la vista del estado que guardan los presentes autos, específicamente la primera parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días naturales siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es conservable, ya que se concedió las medidas provisional y definitiva solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase el original de los cuadernos de suspensión al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  3. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 379/2023-VI, promovido por Elizabeth Guadalupe Vega Chávez, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito ingresado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrado en esa misma data ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Elizabeth Guadalupe Vega Chávez compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; en los términos siguientes: "IV. Ley o acto reclamado; Reclamo los siguientes actos: a) La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En este sentido, los actos que se atribuyen a las autoridades responsables citadas, constituyen conductas violatorias de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º,5°, 14, 16, 25, 34, 41 y 73 fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, , así como a los Tratados Internacionales de los cuales México es parte como lo son: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la EOA y la OIT.". En ese ocurso, la promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 5º, 4°, 6°, 14, 16, 25, 26, 35, 41, base V, apartado A; 49, 52, 53, 72, apartado A; 75, 123, apartado B, fracciones IV, V y VI; 127, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 8°, 9°, 23, 24, 25, 26, 28 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6° y 7° del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 6° y 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 19 de la Carta Democrática Interamericana. SEGUNDO. Radicación y prevención. Por auto treinta y uno de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional de amparo radicó el asunto bajo el progresivo 379/2023-VI, y determinó prevenir a la promovente sobre algunas inconsistencias de su libelo. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en los términos de su escrito de cuatro de abril del actual. TERCERO. Admisión y trámite. Así, en proveído de diez siguiente, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, requirió a las autoridades responsables su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, este órgano federal tuvo interpuesto el recurso de queja de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del auto admisorio, razón por la cual suspendió el procedimiento, ordenó notificar a las partes y, en su momento, remitirse a la superioridad. Dicho medio de impugnación correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Décimo Primer Circuito, en el expediente R.Q.A. 149/2023, resuelto en sesión ordinaria de veintidós de junio de dos mil veintitrés, en el sentido de ser infundado. En auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo recibida aquella decisión y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por razón de territorio, materia y grado, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa del primer párrafo de su artículo Primero Transitorio; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama una norma general-federal de naturaleza administrativa, cuyos efectos se concretaron inicialmente dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal previno en su conocimiento y tiene jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (1), Cámara de Diputados (2) y Cámara de Senadores (3), en el ámbito de sus competencias, la inconstitucionalidad material de: A) La aprobación, promulgación y orden de publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, en concreto, sus artículos 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER y 125 SEPTIES; así como los transitorios del Primero al Trigésimo del citado Decreto. Del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (4): B) La ejecución de las anteriores disposiciones, a través del Acuerdo INE/CG 135/2023 titulado "Acuerdo que da inicio formal a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023". Todo lo anterior, ya que, en opinión de la quejosa, al desempeñarse como empleada del Instituto Nacional Electoral, a partir de la entrada en vigor de la normativa precisada, se violentan sus derechos humanos que solicita sean resarcidos en esta instancia constitucional. No pasa inadvertido a este Juzgado de Distrito que en el capítulo denominado "IV. Ley o acto reclamado", refiere a la publicación por parte del Director del Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, del estudio integral de la demanda de amparo, en concreto, en los conceptos de violación (donde no se combate por vicios propios la publicación) y en la subsecuente precisión de actos (fojas 66-67) se colige que no reclama a dicha autoridad acto alguno. De ahí que se no se tuvo como responsable. Por identidad jurídica se cita la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado.". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados pues en sus informes las autoridades vertieron manifestaciones de las que se infiere su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Cabe reiterar que, en el caso, se reclama un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como un Acuerdo publicado en la página web oficial del Instituto Nacional Electoral; entonces, dada su naturaleza no es necesario que se acredite su existencia con algún tipo de prueba, conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba". Por ello acorde a lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, su existencia constituye un hecho notorio para este juzgado constitucional. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Improcedencia del juicio. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Esta Potestad Federal, de oficio, estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Para demostrar tal aserto, se tiene presente que sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas ante dicha instancia, sobre la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés", registradas con los expedientes 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, y resolvió declarar la invalidez total del decreto impugnado. Así se advierte del resumen de votación de la sesión pública del Pleno del Alto Tribunal, lo que constituye un hecho notorio, en términos de lo que dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. De acuerdo con el proyecto que en su momento se publicó, el Máximo Tribunal consideró fundados los conceptos de invalidez relacionados con el procedimiento legislativo de la normativa en comento, parcialmente fundado el relacionado con la falta de consulta tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad. Por ende, dijo, toda vez que algunos de estos motivos de inconstitucionalidad afectan a todas las disposiciones del decreto impugnado, se declara la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, en su totalidad. El cual se encuentra publicado en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en el siguiente sitio: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2023-06/A.I.%2071.pdf Incluso, en el mismo sitio oficial: 1189e783-7814-ee11-802d-0050569e6624.pdf (scjn.gob.mx) se aprecia el resultado de la votación realizada por los integrantes del Alto Tribunal, en los términos referidos; y, cuya imagen digitalizada, en su parte conducente, es la siguiente: Cobra aplicación a lo anterior la tesis I.3o.C.35 K con número de registro 2004949, que a la letra dice: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.". Asimismo, el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 43. Las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. La Suprema Corte no estará obligada a seguir sus propios precedentes. Sin embargo, para que pueda apartarse de ellos deberá proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. La Suprema Corte estará vinculada por sus precedentes en los términos antes descritos, incluso cuando éstos se hayan emitido con una integración de Ministras y Ministros distinta.". De lo anterior se advierte que el legislador estableció que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Entonces, es claro que sobre la cuestión de que se trata pueden ser invocadas las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o, como en el caso, la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, como puede observarse, el Máximo Tribunal a través de resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, determinó remover del marco jurídico nacional las normas aquí impugnadas. Por tanto, si la normativa reclamada ya fue removida de la esfera jurídica de la quejosa, se estima que se actualiza de manera la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior, ya que para su actualización únicamente se requieren los siguientes elementos: 1. Que se impugnen normas generales. 2. Que sobre esas normas generales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución. Elementos que se encuentran plenamente satisfechos, en tanto que en este juicio de amparo se reclama la citada norma declarada inválida en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máxime que los efectos de la aplicación de la norma no tuvieron repercusión en la esfera jurídica de la quejosa, en tanto que al rendir su informe justificado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral indicó que se suspendió la aplicación del Acuerdo para implementar el Decreto reclamado, bajo los efectos de la suspensión otorgada en la controversia constitucional 261/2023; a más de que la parte quejosa se encontraba en activo y gozando de todos sus derechos laborales y económicos relativos a su cargo. Lo que justificó con el oficio del Subdirector de Operación de Nómina exhibido. Sin que obste que aún no se tenga noticia respecto de la publicación del engrose de la resolución emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023; toda vez que ello no es un requisito que establezca la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida en que lo relevante es que con motivo de la referida declaratoria existe imposibilidad jurídica de que este órgano jurisdiccional aborde problemas de constitucionalidad sobre los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sostienen, la jurisprudencia de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA. La circunstancia de que no se haya publicado tesis de jurisprudencia relativa a una acción de inconstitucionalidad en cuya resolución se declaró la invalidez de alguna norma general, no es óbice para que los Tribunales Colegiados de Circuito apliquen el criterio sostenido en ella, pues de conformidad con el artículo 43, en relación con el 73, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por lo menos por ocho votos, son de observancia obligatoria y conforme al artículo 44 de la ley citada, la resolución se inserta de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación así como en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. Además, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas en esos términos, se entienden comprendidas en el supuesto a que se refiere el punto quinto, fracción I, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2001, que establece: "QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: ... D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio respecto de la normativa tildada de inconstitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del "Acuerdo que da inicio formal a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023", toda vez que éste no se reclama por vicios propios. Al respecto, por su principio jurídico, se cita la jurisprudencia siguiente: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.". Sin que sea óbice el hecho que la jurisprudencia 116/2006 refiere que este órgano jurisdiccional de amparo se encuentra obligado a aplicar el criterio sostenido con motivo de la declaratoria de invalidez. Sin embargo, dada la naturaleza de las normas reclamadas, resulta evidente que al no existir acto alguno de aplicación en perjuicio de la quejosa y bajo los efectos erga omnes de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la única consecuencia de dicha aplicación será la de tener removidas del sistema jurídico las normas reclamadas, sin que para ello resulte necesario proveer sobre la aplicación del criterio sostenido, con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad. Además, cabe precisar que las normas impugnadas se reclamaron con el carácter de autoaplicativas, por lo que, con independencia de la conclusión anterior, no pasa inadvertido para el que suscribe que la parte quejosa no demostró una afectación a su esfera jurídica, por vicios propios. De ahí que no se advierte una transgresión a la esfera jurídica de la promovente, ya que, por una parte, ya fueron removidas las normas impugnadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, por otra, no se demostró la existencia de algún acto de aplicación que haya afectado la esfera jurídica de la parte quejosa. Cuestión que también se corrobora con el comunicado de prensa 222/2023, de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encentra visible en la página web oficial y es del tenor literal siguiente: "Comunicados de Prensa No. 222/2023 Ciudad de México, a 22 de junio de 2023 INVALIDA LA CORTE LA SEGUNDA PARTE DEL PAQUETE DE REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES 2022-2023 POR VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO El pleno determinó que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, relacionados con el principio de deliberación democrática La jurisprudencia de la Corte ha establecido que, necesariamente, en el proceso legislativo se debe de garantizar la participación plural e igualitaria de todos los grupos representados en el Congreso El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 9 votos, invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 2 de marzo de 2023. La Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento: 1) Las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Asimismo, tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al 2 de marzo de 2023. La Suprema Corte ha sostenido, desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa. Acciones de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, diputados y senadores del Congreso de la Unión, el partido político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de marzo de 2023. Ponente: Ministro Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Narváez Medécigo.". Toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación relacionados por aquellos actos reclamados. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.". Tampoco es menester abordar el resto de las causales de improcedencia propuestas por las responsables, al rendir su informe justificado, pues basta la actualización de una para que el juicio de amparo sea sobreseído. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Guadalupe Vega Chávez, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy diez de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 379/2023 promovido por ********************, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, en la Ciudad de México; Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México; y, Subdirector de Amparos y representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad responsable indicada en el inciso c) ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Asimismo, la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda, diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. Anteriores medios de convicción que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY. LUIS FELIPE SÁNCHEZ LUNA. SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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