Elizabeth Garcia Mendiola

Expediente 164/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
164/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Garcia Mendiola

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa Ejecutoria En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.****************************************De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tiene como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial.****************************************Asimismo, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza.****************************************Ahora bien, de las constancias que adjuntó el Tribunal responsable a su informe justificado se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictó el acuerdo correspondiente a la promoción presentada el doce de abril de dos mil veintidós, con número de folio 07545, y ordenó su notificación a las partes por medio de boletín laboral de veinticuatro de junio de dos mil veintidós en el juicio burocrático 01/178/13.**************************************** Con base en lo anterior se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.****************************************Lo anterior, en virtud que de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende lo siguiente:****************************************El veintitrés de junio de dos mil veintidós, se pronunció respecto del escrito presentado por la parte aquí quejosa con fecha doce de abril de dos mil veintidós, en el juicio burocrático ********************y notificó dicho acuerdo el veinticuatro de junio del mismo año por medio de boletín laboral.****************************************De ello se advierte que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no incurrió en la omisión que se le imputa, toda vez que el veintitrés de junio de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, en el juicio burocrático 01/178/13.****************************************Bajo esas circunstancias, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de enero de dos mil veintitrés), la autoridad ya había acordado la promoción de doce de abril de dos mil veintidós, en el expediente de origen.****************************************Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente:********************"ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja".****************************************En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo.****************************************En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:********************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."****************************************No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la inexistencia absoluta de la omisión que se reclama por esta vía; y por ende, que se actualiza la causal de sobreseimiento de referencia.**************************************** En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos.****************************************Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la quejosa, mediante el cual proporciona una cuenta bancaria, con el fin de que la autoridad responsable municipal le pueda realizar el depósito relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; además, solicita se vincule al cumplimiento del fallo protector al superior jerárquico de la autoridad ejecutora; y se aperture el incidente de inejecución de sentencia. En ese sentido, por cuanto a la cuenta bancaria que proporciona y a la solicitud de que se requiera al superior jerárquico de la autoridad responsable, no ha lugar a emitir mayor proveído, debido a que la autoridad municipal dio cumplimiento al fallo protector el veintidós de abril de dos mil veintidós. Finalmente, por cuanto al incidente de inejecución de sentencia respecto de la responsable Grúas Hidalgo, se desecha por improcedente, ello, debido a que de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se advierte que no se ha cumplido en la totalidad con el procedimiento de ejecución de sentencia. Lo anterior, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional realizó gestiones tendientes a localizar al apoderado legal o dueño de Grúas Hidalgo, con el fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo. Aunado a que, en proveído de uno de los actuales, se realizó el requerimiento correspondiente y aún no se encuentra transcurriendo el término otorgado a la empresa denominada Grúas Hidalgo, a efecto de que cumpla con lo ahí solicitado; lo anterior, ya que no obra en autos el acuse de recibo correspondiente. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre 2014, Tomo I, página 19, número de registro digital 2007918, Materia común, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Por lo antes expuesto, resulta inconcuso que el incidente promovido por la parte quejosa es notoriamente improcedente, ello de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que prevé que los tribunales no admitirán a trámite incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes. notif.

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