Elizabeth Espiritu Gomez
Expediente 595/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Espiritu Gomez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el aludido Tribunal Colegiado en el recurso de revisión 559/2016, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO: Se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO: La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, respecto del acto y la autoridad precisados en el resultando primero y por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria." Por tanto, glósense los cuadernos incidentales, el cuaderno de antecedentes, acúsese recibo, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se negó la protección de la justicia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su primer punto resolutivo se negó dicha medida cautelar, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Asimismo, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su segundo punto resolutivo se concedió la medida cautelar definitiva; por tanto, consérvense todas las resoluciones relativas al otorgamiento de dicha interlocutoria así como la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción III, del artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Finalmente, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad responsable Jueza Cuarto Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, las documentales que acompañó a su informe justificado para los efectos legales procedentes; sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Elizabeth Espíritu Gómez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, de quien reclama la resolución de veintidós de marzo del año actual, dictada en el expediente laboral *****, y otro. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 595/2017-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Incompetencia. Ahora bien, previamente es necesario que este Juzgado de Distrito se pronuncie en torno a su competencia para conocer el asunto o, en su caso, remitir la demanda al órgano que estime competente, de lo contrario, las actuaciones que se realicen serian nulas. En efecto, al ser la competencia un presupuesto procesal que debe estar presente al momento de formular la demanda, a fin de que el Juez pueda admitirla, ya que de admitirse una demanda en el que resulta incompetente el juez de distrito para conocerla, se haría un trámite ocioso en el que se perjudica a la parte quejosa, puesto que su falta conlleva que todo lo actuado en un juicio carezca de validez. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 237/2017, sostuvo que el procedimiento de declaración de beneficiarios tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje. Además sostuvo que si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo. De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo ." En el caso, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral *****, en la que se dirimió el procedimiento de declaración de beneficiarios. Por tanto, toda vez que la resolución que se reclama tiene naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo. En ese sentido, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece que contra laudos, es procedente el juicio de amparo directo, de ahí que de tal manera este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer del acto que la parte quejosa reclama. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo notorio de la incompetencia del juicio de amparo biinstancial, la cual resulta indudable; habida cuenta de que no sería posible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese orden de ideas, al advertir que el acto reclamado es materia de amparo directo, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia y ordena de inmediato remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito. Cobra aplicación al caso la tesis 6/2015, relativa a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, tomo I, abril de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido a la letra, dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias pertinentes y de no tener inconveniente alguno se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a las personas que indica, en razón de que no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese.
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