Elizabeth Dominguez Sanchez
Expediente 493/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elizabeth Dominguez Sanchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal y la certificación de autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, primer párrafo de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de ocho de junio del presente año; en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Dado lo anterior, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en la estadística. Anotaciones Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. Publicación de datos personales Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.
- Principal
Juicio 493/2021. AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las doce horas con un minuto del ocho de junio de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Pedro José Zorrilla Ricárdez Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido del secretario que autoriza y da fe, David Jonathan Rodríguez Cruz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 493/2021-bb, promovido por ***, sin la comparecencia de las partes ni representante legítimo de ellas. R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ***, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el tercer considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
JUICIO 4/2019-BB veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee, en atención al estado que guardan los autos se advierte que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***, para los efectos siguientes: ".a) Deje insubsistente el auto de inicio de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa número SSP/UAJ/DR/16/2017 y las subsecuentes actuaciones. b) Inicie el procedimiento administrativo conforme a los lineamientos que establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, por ser la norma vigente. Protección que se hace extensiva a los actos posteriores, toda vez que son consecuencia de los que resultaron violatorios de derechos fundamentales, pues derivan de actos viciados de origen, ya que al dejarse sin efectos el auto de inicio del procedimiento administrativo, por ende, los subsecuentes se deben dejar sin efectos." FIRMEZA DE LA SENTENCIA. Resolución constitucional que fue impugnada por la parte quejosa a través del recurso de revisión correspondiente, el cual fue radicado como el amparo en revisión 57/2019 de la estadística del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en donde resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ***, en contra de los actos consistentes en el acuerdo del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa y falta de notificación o emplazamiento, derivados del expediente número SSP/UAJ/DR/16/2017, reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco; en los términos y para los efectos expuestos por el juez de Distrito..." Ejecutoria que fue recibida en este órgano jurisdiccional el trece de marzo de dos mil veinte, por lo que se hizo del conocimiento de las partes su recepción y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. EFECTOS DERIVADOS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Mediante auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; determinación que fue recurrida por la parte quejosa mediante el recurso de inconformidad correspondiente, el cual fue radicado como el expediente 12/2020 de la estadística del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que fue resuelto por ejecutoria de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en donde se resolvió: ".ÚNICO. Resulta FUNDADO el incidente de inconformidad presentado por ***, en contra de la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, emitida en el juicio de amparo indirecto 4/2019- IV del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad." Estableciéndose que para tener por cumplida la sentencia amparadora las autoridades responsables debían realizar lo siguiente: ? Dejar insubsistente la baja según hoja de movimiento de personal (formato D.R.H) de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho; y, ? Proveer que el sueldo para la subsistencia del quejoso -como derecho al mínimo existencial o mínimo vital- se retrotraiga a la emisión del acto reclamado en el juicio de amparo, consistente en la emisión de la resolución de cinco de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa SSP/UAJ/DR/16/2017, de su índice, que destituyó al quejoso del servicio, empleo, cargo o comisión; restituyendo al quejoso en el pleno goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, en el entendido de que, la cantidad periódica -quincenal o mensual- como derecho al mínimo existencial o mínimo vital se hubiera retenido o no se hubiere otorgado al quejoso, desde la emisión del acto reclamado y hasta que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO. La Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de diversas constancias; las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. VISTA CON EL CUMPLIMIENTO. Por acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. Mediante escritos de ocho de abril y diez de mayo de dos mil veintiuno, realizó diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente sumario, mismas que serán atendidas en líneas subsecuentes. ANÁLISIS EVALUATIVO. De un estudio de las constancias que remitió la autoridad responsable Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, se advierte que por auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte, ordenó dejar insubsistente el auto de inicio de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, emitido en el procedimiento de responsabilidad administrativa SSP/UAJ/DR/16/2017 de su estadística, así como las subsecuentes actuaciones; además, ordenó turnar el original de dicho procedimiento al Titular de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, para que emitiera el pronunciamiento correspondiente. En atención a lo anterior, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Titular del Órgano de Asuntos Internos dependiente del Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, se pronunció al respecto, ordenando que se diera inicio con la investigación en contra del aquí quejoso, la cual quedó radicada como SSyPC/OAI/AI/047/2020 (sin que sea materia de análisis la forma en que se resolvió). En lo que respecta a la insubsistencia de la baja (formato D.R.H.) de cinco de julio de dos mil dieciocho, es menester destacar que la autoridad responsable fue omisa en remitir alguna documental que constatara dicha circunstancia; sin embargo, la omisión en comento queda subsanada con la copia certificada del nombramiento (D.R.H. alta) de diez de marzo de dos mil veintiuno, de la cual se advierte que el aquí quejoso fue reincorporado en el puesto que desempeñaba en la Academia de Policía del Estado de Tabasco. Por otro lado, en lo que respecta al sueldo para la subsistencia del aquí quejoso, la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, por oficio SSyPC/UAJ/0252/2021 de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, estableció que el periodo a cuantificar comprendía del cinco de junio de dos mil dieciocho, hasta el diez de marzo de dos mil veintiuno, con un porcentaje del treinta por ciento de las prestaciones que percibía el promovente en el cargo que desempeñaba, dando como resultado la cantidad de $86,594.76 (ochenta y seis mil quinientos noventa y cuatro 76/100 moneda nacional), la cual fue puesta a disposición a través del cheque 0000031 mismo que le fue entregado a César Emilio Sansores Ortiz, el cuatro de los actuales. Ahora, en relación a éste actuar de la autoridad responsable, el aquí quejoso mediante escritos de ocho de abril y diez de mayo de dos mil veintiuno, refiere que no se da cumplimiento total y cabal a la sentencia dictada en autos, ya que no se le han restituido las cosas al estado en el que se encontraban hasta antes de la violación a sus derechos humanos, puesto que la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, decretó como mínimo vital el treinta por ciento de sus prestaciones como si se tratara del cumplimiento de una suspensión del acto reclamado; cuando en el caso, no se estableció el porcentaje que debe comprender esa subsistencia; por lo que, estima que debe realizarse el pago total de su salario, así como de las prestaciones ordinarias y extraordinarias a las que tiene derecho, tales como vales de despensa, dotaciones de uniformes y pavos navideños. Esto es infundado. Se afirma lo anterior, ya que el hecho de que en la ejecutoria emitida en el recurso de inconformidad 12/2020 de la estadística del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, no se haya establecido el porcentaje que le corresponde al aquí quejoso por concepto de mínimo vital no da ha lugar a que se le restituya el cien por ciento de su salario, así como la totalidad de las prestaciones ordinarias o extraordinarias, puesto que no puede perderse de vista que el "mínimo vital" en casos de responsabilidad administrativa es un derecho por medio del cual se busca garantizar la subsistencia del presunto responsable durante la sustanciación del proceso administrativo al que se encuentra sujeto. Ahora, si bien es cierto que en el caso el mínimo vital del quejoso no fue respetado por parte de las autoridades responsables al momento de incoarle el procedimiento administrativo de donde emanaron los actos reclamados; también lo es, que al haberse declarado la ilegalidad de dichos actos los efectos de la protección de la Justicia de la Unión fueron con el objeto de restituirle los derechos que le correspondían acorde a la situación jurídica que tenía hasta antes de la emisión de los actos reclamados; es decir, como presunto responsable en el procedimiento administrativo de origen. Bajo esas premisas, queda demostrado que con motivo de la ejecutoria dictada en el presente sumario no se le puede realizar el pago total al aquí quejoso de los emolumentos correspondientes al tiempo en el que estuvo dado de baja de su empleo, debido a que la situación jurídica en la que se le colocó con motivo de la protección de la Justicia de la Unión no lo eximió de la investigación que debe llevarse a cabo en el procedimiento administrativo que tenga lugar, puesto que en ningún momento perdió el carácter de presunto responsable, sino que se le garantizó el respeto a su derecho al debido proceso, derecho de audiencia y el mínimo vital; de ahí, que se arribe a la conclusión que no le corresponde el pago total de su salario, así como las prestaciones ordinarias y extraordinarias ya que en ningún momento se le desvinculó de la infracción que se le atribuye. Sin que pase desapercibido que el procedimiento administrativo SSyPC/OAI/AI/047/2020 (cuyo nacimiento derivó del cumplimento de la ejecutoria de amparo) haya sido concluido, así como que el aquí quejoso haya sido reinstalado en su puesto de trabajo; sin embargo, ello no quiere decir que en esta instancia constitucional se deba analizar lo relativo al pago del total de las percepciones a las que tiene derecho el promovente con motivo de la culminación del procedimiento administrativo en comento, ya que el cambio de su situación jurídica de presunto responsable a servidor público fue una consecuencia de los alcances de la sentencia amparadora emitida en el presente sumario; además que, lo relativo al pago constituye una nueva controversia que debe ser resuelta en una instancia diversa. Por otro lado, es importante destacar que la fijación del treinta por ciento del total de las prestaciones como mínimo vital para la subsistencia de una persona que se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo como presunto responsable de alguna infracción no es una herramienta exclusiva de la institución de la suspensión del acto reclamado como aduce el quejoso, sino que dicho porcentaje fue establecido como un parámetro para fijar la subsistencia del servidor público que se halla en esa situación y que puede ser empleada incluso por la autoridad instructora. Tan es así que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 311/2015 que dio origen a las jurisprudencias de rubros: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."1, y "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES."2; concluyó, que la autoridad instructora debe de ser la encargada de garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; por lo que debe determinar de forma simultanea la cantidad para cubrir sus necesidades básicas, la cual no podrá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real, ni inferior al salario tabulado más bajo que se cobra en su institución; lo que evidencia que la fijación del treinta por ciento como mínimo vital no es facultad exclusiva de la 1 Consultable en el libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 7 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro 2013718. 2 Consultable en el libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 8 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro 2013719. suspensión del acto reclamado, sino todo lo contrario es obligación de la autoridad que inicia el procedimiento administrativo establecerla. Finalmente, en lo concerniente a la manifestación consistente en que la autoridad responsable ha realizado descuentos "ilegales" a razón de cuota de seguridad social dígasele que este órgano jurisdiccional no puede entrar al análisis de esta situación, ya que la misma no formó parte de la litis planteada en el presente sumario; aunado a que existe un diverso juicio de amparo de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, en el que se está dilucidando lo relativo a ello, según el dicho del aquí quejoso. De lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se puede concluir que se cumplieron los efectos del fallo protector; y, por ende, la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, restituyendo a la parte quejosa en el derecho violado, sin que ello implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional**. ANOTACIONES Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Notifíquese en términos de ley.
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