Elizabeth Cano Miron
Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elizabeth Cano Miron
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que precede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), en contra del auto de once de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, once de febrero de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida ********* contra actos de la Congreso de la Unión del Estado de Tabasco y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el expediente 132/2021-VII-1, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Análisis de la Improcedencia. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para una mejor precisión del acto reclamado se tiene que éste consiste en: ? La omisión de crear leyes secundarias sobre responsabilidad patrimonial del Estado de Tabasco. En ese contexto, el juicio de amparo indirecto en contra del citado acto es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Para una mejor comprensión del tema, resulta necesario mencionar que, de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el once de julio de dos mil dieciocho, Antonio Sánchez Domínguez y Basilio Sánchez Ruíz, promovieron de demanda de amparo, en la cual, señalaron como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: ".III AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es el Congreso del Estado de Tabasco. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Se reclama la omisión legislativa consistente en que a la fecha el Estado de Tabasco no cuenta con su respectiva Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco, dejando en estado de indefensión a todo aquel que sufre una afectación por parte de cualquier institución de dicha entidad federativa, a como acontece en nuestro caso, ya que manifestamos fuimos víctimas de actividades irregulares por parte de la ahora Fiscalía General del Estado de Tabasco y Dirección General de la Policía Judicial del Estado. ". Por cuestión de turno, le correspondió conocer de esa demanda de derechos fundamentales, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el cual admitió a trámite y la registró con el expediente 1110/2018. Posteriormente, el Juez de Distrito dictó sentencia el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la que concedió el amparo solicitado por la parte quejosa para los efectos siguientes: ". se otorga para que el Congreso del Estado de Tabasco: - Cumpla con la obligación contenida en la reforma en el artículo 113 Constitucional vigente hasta la reforma de veintisiete de mayo de dos mil quince (actualmente 109 último párrafo), y único transitorio del Decreto de reformas en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos; y proceda a emitir una ley que regule la Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco, lo que deberá realizar de la manera siguiente: a) Iniciar el proceso legislativo para emitir la referida ley; lo que deberá realizar en el período de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario. b) Comuniqué la anterior determinación a la parte quejosa. c) Dada la particularidad del caso (posibles actos de tortura) de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , (tutela judicial efectiva) a fin que la parte quejosa esté en aptitud de iniciar el proceso para reclamar la responsabilidad de los hechos que refiere, hasta en tanto, se promulga la ley correspondiente, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en su artículo 71, párrafo segundo y su artículo cuarto transitorio de la reforma publicada en el Periódico Oficial de quince de noviembre de dos mil tres, provea o informe, un proceso a fin de determinar la procedencia o no de su reclamo. d) Lo anterior, con independencia de que una vez que esté el marco normativo correspondiente, la parte quejosa esté en aptitud de promover lo relativo, con las adecuaciones correspondientes a su caso." Inconforme con la determinación anterior, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, en representación de la autoridad responsable Congreso del Estado de Tabasco, interpuso recurso de revisión en su contra dicha sentencia. De lo anterior, tuvo conocimiento el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, donde se admitió y se registró con el expediente 472/2018. Ahora bien, con apoyo en la Circular CAR 71/2018-IV, de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, signada por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve se envió el expediente al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, donde por auto de uno de marzo de dos mil diecinueve, su Presidente acusó recibo del asunto y lo registró con el expediente 68/2019 y; en sesión de trece de junio de dos mil diecinueve, dicho Tribunal Auxiliar dictó sentencia en la que se determinó, remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que reasumiera su competencia originaria. De igual modo, ese Alto Tribunal, en proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, y se registró con el número 428/2019; asimismo, turnó el expediente para su estudio a la y en proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, el Presidente aludido, se avocó al conocimiento. En sesión de dos de octubre de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de ese Alto Tribunal dictó resolución en la que ejerció la facultad de atracción para conocer del amparo en revisión 68/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región; con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo a las labores del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito dentro del expediente 472/2018. Consecuentemente, mediante proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió su competencia originaria para conocer del citado recurso y lo registró con el expediente 941/2019, radicándolo en la Segunda Sala de ese Alto Tribunal y el trece de mayo de dos mil veinte, se emitió sentencia la cual confirmó la resolución recurrida. Por lo que, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, una vez que recibió el testimonio de la ejecutoria del amparo en revisión 941/2019 derivado del juicio de amparo indirecto 1110/2018; con lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requirió al Congreso del Estado de Tabasco, para que diera cumplimiento a la resolución emitida en ese juicio. Luego, con lo hasta aquí reseñado se considera que tal reparación constitucional se logrará cuando el Congreso cumpla con el mandato constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente; cumplimiento que indiscutiblemente regirá para todas las personas pertenecientes al Estado de Tabasco, porque la legislación que al efecto se emita tendrá carácter general. De ahí que, en el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque si bien hasta el momento subsiste la omisión que se atribuye a dicho Congreso, ya se le ordenó cumplir con la obligación desde la entrada en vigor de la reforma constitucional de dos mil dos en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. En ese sentido, a ningún fin practico llevaría proceder al estudio correspondiente en el presente juicio de amparo, donde se reclama la misma omisión legislativa que ya se ordenó reparar al Congreso, porque en su caso resultaría en la concesión de la protección federal en iguales términos y efectos que el precedente, traducidos en constreñir a las autoridades responsables a que actuaran en los mismos términos. Lo cual irremediablemente llevaría a duplicar innecesariamente el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando ha quedado señalado que con el acatamiento de la sentencia de amparo dictada en el juicio de derechos fundamentales 1110/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, todas las personas pertenecientes al Estado de Tabasco, serán beneficiadas. Al respecto, similar criterio sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia emitida en el amparo en revisión 343/2020, respecto al tema de la omisión legislativa que se le atribuyó al Congreso de la Unión respecto de regular las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. En otro orden, en cuanto al número telefónico que proporciona la quejosa, dígasele que es improcedente autorizar realizar cualquier cita o notificación a través de ese medio, ya que de conformidad con el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, 6 y 28 ambos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que proceda realizar las notificaciones vía electrónica es necesario hacerlo a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación por parte de quien promueve la demanda. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico jimenezsantiago_5@hotmail.com, así como los números telefónicos 9931331582. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de Ley1.
- Principal
EN ESTA MISMA DATA, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA, EL ACUERDO DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LOS AUTORIZADOS DEL QUEJOSO. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C] DE LA LEY DE AMPARO Y SE LE TIENE LEGALMENTE NOTIFICADO
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