Elizabeth Cruz Zambrano
Expediente 124/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 124/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/05/2018
Partes del expediente
- Elizabeth Cruz Zambrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, devuélvanse al Juzgado Quinto Penal de Delitos No Graves de esta ciudad, los anexos que remitió, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 124/2018, promovido por Elizabeth Cruz Zambrano, contra los actos reclamados del Juez Quinto Penal de Delitos No Graves de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El nueve de marzo siguiente, una vez desahogada la prevención ordenada, se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 124/2018; se requirió a las responsables su respectivo informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; así como al representante social adscrito al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos que se reclaman. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así, del análisis integral de la demanda y de todos los elementos que constan en autos, se precisa que los actos que se reclaman son la orden de arresto por doce horas emitida el diecinueve de septiembre pasado contra la quejosa, por el Juez Quinto Penal de Delitos No Graves, en la causa 1271/2016, así como su ejecución que se atribuye al Secretario de Seguridad Pública y Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Secretaría de Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Gobierno, todos de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados del juez y secretario mencionados, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe de ley la autoridad judicial, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el director en cita al rendir su informe de ley, negó el acto que se le atribuye consistente en la ejecución de la orden de arresto reclamada; sin embargo, esa negativa se desvirtúa con la aceptación que hizo la autoridad judicial ordenadora, además, porque de acuerdo a sus facultades corresponde a esa autoridad la ejecución del acto por esta vía impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". No obstante la certeza de la orden de arresto por doce horas emitida el diecinueve de septiembre pasado, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley. De la interpretación conjunta de los citados preceptos se concluye que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley, y que en el caso en estudio, el plazo para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del día hábil siguiente al en que se notificó el acto, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Al respecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, de rubro: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Ahora bien, a efecto de sustentar porqué la presentación del escrito de demanda exhibido por la quejosa resulta extemporáneo, resulta necesario invocar la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". Con base en lo anterior, este juzgado estima que el Pleno del Máximo Tribunal del país consideró que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Por tanto, si en la especie se reclama la orden de arresto por doce horas emitida por el juez responsable el diecinueve de septiembre pasado, de la cual tuvo pleno conocimiento la parte quejosa el veinte de octubre de dos mil diecisiete, cuando se le notificó por lista el proveído de cuatro de ese mes, en que se le dejó a la vista dicha orden, emitida en cumplimiento a la ejecutoria de doce de septiembre anterior, en el juicio de amparo 650/2017, del orden de este juzgado, el cual se tiene a la vista, como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para solicitar la protección constitucional transcurrió a partir del veinticuatro de ese mes y feneció el dieciséis de noviembre siguiente, con exclusión de los días inhábiles, en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, en tanto que la demanda de amparo se presentó el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, como se aprecia del sello del reloj checador que aparece impreso en la citada demanda; en esas condiciones, se insiste, resulta claro que la acción constitucional se ejerció fuera del plazo de quince días que prevé el numeral 17 aludido. De modo que si la quejosa no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado. Lo anterior se determina así, pues como se advierte de la fracción IV, del numeral 17 invocado, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dada la naturaleza jurídica del acto impugnado -la orden de arresto impuesta como medida de apremio en el procedimiento penal 1271/2016-, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el aludido numeral 17 de la ley de la materia. Consecuentemente, respecto de la orden de arresto por doce horas emitida el diecinueve de septiembre pasado contra la quejosa por el Juez Quinto Penal de Delitos No Graves, en la causa 1271/2016, se sobresee en el juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de dicho ordenamiento. Sobreseimiento que se hace extensivo por cuanto hace al acto de ejecución reclamado del Secretario de Seguridad Pública y Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Secretaría de Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Gobierno, ambos de esta ciudad, en razón de que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución si no se combate por vicios propios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 339, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo VI, 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, fracción XIV, 63, fracción V, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Cruz Zambrano, contra la orden de arresto por doce horas emitida el diecinueve de septiembre pasado contra la quejosa por el Juez Quinto Penal de Delitos No Graves, en la causa 1271/2016, así como su ejecución que se atribuye al Secretario de Seguridad Pública y Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Secretaría de Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Gobierno, todos de esta ciudad.
- Principal
Cúmplase
- Principal
Ciudad de México, a diez de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otro lado, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad signante la documental que acompaña al oficio que se provee, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias, fórmense por separado cuatro anexos, respetando su sello, rúbricas y folio. Para dar margen a que la parte quejosa se imponga de autos, la audiencia que debería tener verificativo el dieciséis de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se difiere de manera anticipada, y se señala como nueva fecha para celebrarse, el treinta de abril del año en curso, a las doce horas con cincuenta minutos. Por la finalidad de que trata, esto es, seguridad a las partes, sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1322 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES". Por otro lado, mediante auto admisorio se reservó proveer respecto del emplazamiento de las personas señaladas en la demanda de amparo, hasta en tanto constaran en autos los informes justificados, lo que en su caso acontece. En ese contexto, no ha lugar a realizar dicho emplazamiento, toda vez que no se ajustan a alguno de los supuestos que prevé el artículo 5° de la ley reglamentaria.
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