Eliza Gabriela De La Rosa Guerrero

Expediente 228/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
228/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Eliza Gabriela De La Rosa Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte por una parte, que se notificó el proveído de dos del mes y año en curso a la quejosa, y por otra, que desiste del juicio de amparo; en consecuencia, tomando en consideración que la amparista tiene el derecho para desistir de la acción o de la instancia en cualquier momento, hasta en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoria, lo cual no ha sucedido en este controvertido, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, del rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el catorce de mayo de dos mil dieciocho a las diez horas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dos de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el primero de los comunicados y anexo de cuenta, en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe en cumplimiento a la suspensión de plano que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora, por lo que hace al restante de los comunicados y anexo, sin mayor proveído, en razón de que a la autoridad signante no le fue requerido informe respecto de la suspensión de plano decretada. Por otra parte, glósese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa, por el que desiste de la demanda que dio origen a este juicio. En ese sentido, debe puntualizarse que la inconforme tiene derecho para desistir de la acción o de la instancia en cualquier momento, hasta en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada, lo cual no ha sucedido en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que tal prerrogativa prevalece. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, del rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". Ahora bien, a fin de proveer lo conducente, tomando en consideración que la promovente se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que se constituya en dicho centro de reclusión y la requiera para que al momento de la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo desistir de la demanda, apercibida que de no hacerlo, se continuará el juicio de amparo hasta su culminación, de conformidad con el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la ley de la materia.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Eliza Gabriela De La Rosa Guerrero, contra actos del Comité Técnico del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 228/2018. En principio, en relación con los actos reclamados consistentes en: la segregación, aislamiento e incomunicación, es improcedente decretar la suspensión de oficio y de plano, puesto que la peticionaria de amparo promovió el presente juicio por propio derecho, lo que implica que se comunicó con alguien que le proporcionó dicho escrito y posteriormente se lo regresó firmado a la persona que lo presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, como se corrobora con el sello respectivo, lo que hace evidente que no está ejecutándose alguno de dichos actos. Por otra parte, la quejosa reclama el cambio de dormitorio D-112 al módulo de castigo, por lo que en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, para el efecto de que se suspenda la ejecución de dicho acto, asimismo, la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra interna, y a disposición de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad -autoridad no responsable-, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales de la inculpada y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por tanto, requiérase a la directora de dicho centro, por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo a la quejosa, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. Expuesto lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite la demanda. II. Se señala el catorce de mayo de dos mil dieciocho a las diez horas, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la autoridad responsable rinda informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede notificada de este proveído, al que deberá acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se le sancionará con multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda los actos reclamados son los siguientes: a) El cambio de dormitorio D-112 al módulo de castigo; y b) La segregación, aislamiento e incomunicación. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de la promovente de amparo que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión respecto del acto precisado en el inciso a), en virtud que fue materia de la suspensión de oficio y de plano decretada en párrafos que anteceden. Dese la intervención que corresponde al representante social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria, requiérase a las partes, para el caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. Con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a) de la ley reglamentaria, notifíquese a la quejosa este proveído y las subsecuentes determinaciones, en el interior del centro de reclusión en que se encuentra, dado que no autorizó a persona alguna para tal efecto. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano