Elizabeth Conejo García
Expediente 678/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elizabeth Conejo García
- Juzgado de Oralidad Laboral Regional en Irapuato, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por la Juez de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, con el cual da cumplimiento al proveído de trece de octubre pasado, pues remite de manera vigente los códigos QR de las audiencias preliminar y de juicio de catorce de junio y siete de julio del actual, verificadas dentro del sumario L-0523/2023-I de su índice. Al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan las documentales allegadas por la autoridad responsable. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: a) El desechamiento parcial de la demanda laboral por lo que ve a la prestación consistente en el pago de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos), por concepto de indemnización por daño moral con motivo de la violencia de la cual la parte trabajadora aduce fue víctima por parte de su jefe directo, el cual fue emitido en la audiencia preliminar de catorce de junio de dos mil veintitrés, celebrada en el expediente L-523/2023-I del índice del Juzgado de Oralidad Laboral de esta ciudad; en consecuencia, el desechamiento de la prueba pericial psicológica ofrecida para acreditar el daño moral. b) El desechamiento de la prueba confesional a cargo de Germain Mendoza Tolentino ofrecida por la accionante para acreditar el despido injustificado y las condiciones laborales de trabajo. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que los actos reclamados no son de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no son de imposible reparación. Los artículos antes invocados disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]." Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]." De la interpretación sistemática de los preceptos citados se obtiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; en cambio, en la comprensión en sentido contrario de esas normas, se deduce que la acción constitucional será improcedente cuando el acto dentro de juicio no cumpla con esta condición, es decir, se trate de un acto que no cause una afectación de imposible reparación. Esto es, conforme al marco constitucional y legal en materia de amparo, la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos dentro de juicio quedó condicionada a que éstos provoquen una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica de la persona, convirtiéndose en la característica determinante para la procedencia o improcedencia del juicio constitucional. En relación a esa cualidad de los actos dentro de juicio, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el actual régimen de amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que introdujo una definición legal en la que reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, según lo expuesto por la Corte mexicana, se estará ante un acto de imposible reparación dentro de juicio, cuando sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. Esta interpretación, sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de la Nación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De esa forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que en la Ley de Amparo se puntualizó el carácter excepcional de la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos dictados dentro de juicio y, en concordancia con ello, resolvió de forma categórica la improcedencia del juicio respecto de actos que sólo causen afectaciones adjetivas, como en los casos en los que no se impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente o se trate de afectaciones que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) ." Conforme a lo anterior, el desechamiento parcial de la demanda respecto de la prestación consistente en el pago de la compensación por daño moral reclamado por la parte trabajadora -aquí quejosa-, no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos, tutelados constitucionalmente o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, como son la vida, la libertad, la propiedad, la salud, el medio ambiente, etcétera. Es decir, el desechamiento parcial de la demanda respecto de alguna prestación, no tiene el alcance de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, en tanto que dicha lesión no reviste de la naturaleza "material" necesaria para ser considerada como un verdadero acto de imposible reparación. Es así, porque si bien el laudo que se llegue a dictar en el juicio de origen no se ocupará de lo desechado, lo cierto es que una vez dictado éste, en caso de así estimarlo, la parte aquí quejosa se encuentra facultado para interponer el juicio de amparo directo, en el que puede impugnarse, como violación procesal, el indicado derechamiento paracial, el cual, de prosperar ordenará subsanar la alegada afectación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.XVI.A. J/32 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, visible a página 1558, del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente." Mientras que el desechamiento de la prueba confesional ofrecida por la quejosa dentro del juicio natural; tampoco es susceptible de reclamación en vía de amparo indirecto, pues no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, porque, en todo caso, sólo implica la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que podrían ser reparados de obtener una resolución favorable en el juicio génesis del acto reclamado y, en caso de una resolución adversa a los intereses de la justiciable, podría combatirse en amparo directo como una violación procesal. Así, las resoluciones reclamadas no pueden considerarse actos de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, se sobresee fuera de audiencia respecto del juicio de amparo 678/2023-VII, promovido por Elizabeth Conejo García. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Comuníquese lo anterior, a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional programada para las once horas con treinta minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la Juez de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, remitió como soporte a su informe justificado los códigos QR de acceso digital a las audiencias preliminar y de juicio de catorce de junio y siete de julio del actual, respectivamente, celebradas dentro del juicio de origen. No obstante, tanto al momento de escanear los códigos QR como de ingresar los códigos y PIN proporcionados en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato aparece la siguiente información: Sin que sea óbice que la vigencia de los códigos QR feneció el doce de octubre de dos mil veintitrés; sin embargo, la consulta de dichos códigos se realizó oportunamente dentro del plazo fijado para tal efecto. Por tanto, para resolver correctamente el presente asunto, con fundamento en el artículo 79, en relación con el diverso 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la Juez de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que reciba el oficio que derive del presente proveído, remita vigentes los códigos QR para consultar las audiencias preliminar y de juicio de catorce de junio y siete de julio del actual, celebradas respectivamente dentro del juicio L-0523/2023-I de su índice, o bien, remita copia certificada de dichas actuaciones en cualquier formato digital (DVD) o (USB). Bajo apercibimiento con que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo Bajo ese contexto, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy y, en su lugar, se fijan las once horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, con el que devuelve diligenciado el despacho 801/2023-VII (orden 1059) de este índice. Por tanto, téngase emplazadas a las terceras interesadas: -"*****, Sociedad Anónima de Capital Variable". -"*****, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable." Asimismo, dese de baja la referida comunicación y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que no obra constancia de emplazamiento de las terceras interesadas "CSIS Gestión de Riesgos, Sociedad Anónima de Capital Variable" y "FEDEX de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable". Por tanto, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con treinta minutos del trece de octubre de dos mil veintitrés.-
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