Elizabeth Borja Gómez

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Elizabeth Borja Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    ista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************en representación de********************, sin que lo haya hecho.****************************************En esa medida, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.****************************************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido.****************************************Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la quejosa en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia de amparo; en esas condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 297 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)". También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes El dos de septiembre de dos mil veinte, este juzgado dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal a Verónica Gómez Gómez, para el siguiente efecto: (.) SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. Con fundamento en el artículo 77, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho que le fue vulnerado, se concede el amparo para el efecto de que el Hospital General de Irapuato, Guanajuato, realice lo siguiente: Continúe proporcionando bajo su más estricta responsabilidad a la quejosa el tratamiento de hemodiálisis para la insuficiencia renal crónica que padece, durante el tiempo que lo requiera, sin costo alguno. (.) En auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte se tuvo interpuesto el recurso de revisión contra dicha sentencia promovido por la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. En sesión de doce de marzo de dos mil veintiuno dentro del recurso de revisión administrativo 116/2020, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, resolvió: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma la sentencia pronunciada por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, el dos de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de amparo 374/2020-V promovido por Verónica Gómez Gómez, en la que se concedió el amparo por el acto y autoridad precisados en el resultado primero de esta ejecutoria." Por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno se requirió al Hospital General de Irapuato, Guanajuato, así como a su superior jerárquico Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), que informaran sobre el cumplimiento al fallo protector. En atención a dicho requerimiento, el nosocomio responsable, por conducto del instituto aludido, ha remitido diversos oficios con base en los cuales demuestra haber dado seguimiento al tratamiento de hemodiálisis para la insuficiencia renal crónica que padece la quejosa, a saber: Oficio de nueve de abril de dos mil veintiuno, registrado con el folio 2379. Oficio de ocho de junio de dos mil veintiuno, registrado con el folio 6311. Oficio de catorce de junio de dos mil veintiuno, registrado con el folio 6677. Oficio de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, registrado con el folio 9134. Oficio de nueve de agosto de dos mil veintiuno, registrado con el folio 9764. Oficio de diez de septiembre de dos mil veintiuno, registrado con el folio 11840. Oficio de seis de octubre de dos mil veintiuno, registrado con el folio 13352. Oficio de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, registrado con el folio 2659. Oficio de diez de febrero de dos mil veintidós, registrado con el folio 3035. Oficio de veintidós de febrero de dos mil veintidós, registrado con el folio 4225. Oficio de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, registrado con el folio 6095. Oficio de veintidós de abril de dos mil veintidós suscrito por el Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con sede en León, Guanajuato, registrado con el folio 8424. Oficio de tres de mayo de dos mil veintidós suscrito por el apoderado legal de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Guanajuato, registrado con el folio 8686. Con tales documentales se dio vista a la quejosa en proveído de dieciséis de los actuales, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con ellas, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento al fallo protector, teniendo en consideración únicamente lo manifestado por las responsables y con las constancias integrantes del expediente en que se actúa. Bajo ese contexto, la lectura de las constancias remitidas por la responsable permite advertir que se atendieron todos los efectos de la ejecutoria de amparo. Es así, ya que el tanto el Hospital General de Irapuato, por conducto del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, como el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con sede en León, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria, remitieron las constancias donde se advierte que, desde el momento en que se decretó la suspensión de plano en el presente expediente, a la fecha, han estado realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a dicha medida y proveer de la atención médica que requiere la quejosa para el tratamiento de sus afecciones; en particular, el suministro de hemodiálisis para tratar la insuficiencia renal crónica terminal que padece, así como las valoraciones médicas, estudios de gabinete y laboratorio que su condición física demanda. De igual manera, se observa que se realizaron las gestiones conducentes para la subrogación del servicio de hemodiálisis en el Hospital Aranda de la Parra, en León, Guanajuato (lugar más cercano a su domicilio), las cuales comenzaron el siete de julio de dos mil veinte y que al día de hoy se le siguen proporcionando. En las relatadas condiciones, se estima que el fallo protector está cumplido, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el nosocomio responsable como aquel que fue vinculado al cumplimiento de la ejecutoria, han acatado los efectos del fallo protector, sin excesos ni defectos. Cabe destacar que en caso de que las autoridades dejen de prestar la atención médica que requiere la quejosa, e inobserven los efectos de la sentencia dictada en esta instancia constitucional, tal actuación podrá actualizar la figura de repetición del acto reclamado, por lo que la quejosa tendrá expedito su derecho para denunciar dicha conducta, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. b) Terminado el proceso de depuración deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, tomando en consideración que en el expediente obran documentos que la parte quejosa ofreció en el juicio en que se actúa y considerando el estado procesal de los autos, dese vista a dicha parte para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibida de que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DELA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 31 DE3 MAYO DE 2022, QUE A LA LETRA DICE "...Vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Ramírez Montoya, en representación de Elizabeth Borja Gómez contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 763/2022-VIII. Desechamiento de la demanda de amparo. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En la especie, la parte quejosa reclama la dilación procesal en la cual ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esa ciudad, en el desahogo de la prueba pericial que ofreció en el expediente laboral 898/2021/L1/CD/IND de ese índice, pues refiere que desde el dieciocho de abril pasado, se ordenó girar oficio a efecto de que se le proporcionara un perito, sin que a la fecha tuviera verificativo ese medio de convicción. Respecto dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La disposición normativa transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el numeral en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo Ahora bien, tratándose de omisiones o dilaciones procesales en el procedimiento laboral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2ª./J 33/2019, sostuvo que por regla general el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. En ese tenor, ese Alto Tribunal determinó que se consideraría como dilaciones excesivas en el procedimiento aquellos proveídos, laudos o cualquier otra diligencia, que no hayan sido pronunciados o realizados en un término mayor de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó su plazo legal. Lo anterior, tomando en cuenta que es el periodo máximo que establece el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo abrogada para que el juicio permanezca inmóvil. En efecto, la Segunda Sala estimó que de dicho precepto se advierte que el legislador federal estableció en la ley un lapso preciso (cuarenta y cinco días naturales) para que oficiosamente se provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad. Periodo que, afirmó, evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, siendo un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. La jurisprudencia en cita es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". En el caso, la quejosa reclama la dilación procesal en la cual incurrió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para desahogar la prueba pericial en cuestión, esto, desde su ultima actuación que tuvo lugar el dieciocho de abril de dos mil veintidós, al girar un oficio para que se designara el experto condigno. En atención al criterio previamente transcrito, debe analizarse si en el particular ha transcurrido el término de cuarenta y cinco días naturales que como máximo establece la Ley Federal del Trabajo para emitir algún pronunciamiento o llevar a cabo alguna diligencia; plazo que deberá computarse a partir de que concluya el plazo legal para atender las peticiones de las partes. En primer término, es menester señalar que la Ley Federal del Trabajo no establece un plazo especial para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se pronuncien sobre la designación de un perito para alguna de las partes, por tanto, debe estarse al plazo genérico de tres días establecido en el numeral 735 del citado ordenamiento, para aquellos casos en que la ley no establezca un plazo específico para la realización de alguna actuación o el ejercicio de un derecho. Entonces, el término de cuarenta y cinco días naturales que debe computarse para afirmar que la Junta responsable incurrió en una abierta dilación procesal, se cuenta a partir del día siguiente al dieciocho de abril de dos mil veintidós (última actuación). Así, dicho plazo inició el diecinueve de abril y finaliza el dos de junio del año en curso. En tales condiciones, es inconcuso que en el caso no se actualiza una dilación procesal excesiva, pues aún no transcurre el plazo de cuarenta y cinco días naturales máximo establecido en la Ley Federal del Trabajo abrogada, por lo que no se actualice una dilación excesiva en el procedimiento que implique la vulneración de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, sino únicamente una demora procesal contra cual es improcedente el juicio de amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Gabriel Ramírez Montoya, en representación de Elizabeth Borja Gómez Domicilio procesal y autorizados...."

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