Elizabeth Chew Medina

Expediente 557/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
557/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Elizabeth Chew Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Un acuerdo. Notificación personal parte quejosa

  2. Principal

    VII.- En Toluca, Estado de México, a las once horas con cinco minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho, hora y día señalados en autos para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 557/2018-VII, promovido por Elizabeth Chew Medina, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades, en audiencia pública Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta con la demanda de amparo firmada por Elizabeth Chew Medina (fojas 2 a 5); con el auto de prevención de veinte de abril del presente año (fojas 6 a 10 vuelta), el desahogo de prevención (foja 15); el auto admisorio de veinticinco de abril del presente año (fojas 18 a 21); así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Encargado del Despacho, en ausencia y suplencia, del Encargado de la Dirección de Seguridad y Operación, dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (foja 25); Salvador Romero Dotor, en ausencia y suplencia legal, del Director de Reinserción Social del Estado de México (foja 30); Director (foja 35) y Jefe de Vigilancia (foja 36), ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Enseguida, la Secretaria certifica: que conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las partes en este asunto no hicieron manifestación alguna, en cuanto al derecho que les asiste para omitir la publicación de sus datos personales; no obsta el hecho de que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se abrogó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil dos; empero, de acuerdo al artículo transitorio segundo de la Ley en vigor, se establece que en tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia y la parte final del quinto transitorio que establece: "Los autos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se sustanciarán ante el Instituto y por los sujetos obligados hasta su total conclusión conforme a la normatividad vigente al momento de su presentación". El Juez acuerda; Por lo que hace a la certificación que antecede, téngase a las partes en este juicio por no opuestas a la publicación de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se abre el periodo probatorio, durante el cual la Secretaria hace constar: Que las partes no las ofertaron, por lo que el Juez acuerda: se concluye el periodo actual. Se da apertura al periodo de alegatos, y la Secretaria certifica: que las partes no formularon manifestación alguna, por lo que el Juez acuerda: se cierra el periodo en el que se actúa. En ese orden, sin existir diligencia pendiente de desahogo se tiene por celebrada la audiencia constitucional conforme a la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 557/2018-VII, promovido por Elizabeth Chew Medina, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho (fojas 2 a 5), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, Elizabeth Chew Medina, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades responsables que a continuación se precisan: "III Autoridades Responsables. Se señalan como autoridades responsables Ordenadoras al C. Director de reinserción social y al director de seguridad y operaciones dependientes a la dirección general. Se señalan como autoridades responsables ejecutoras al C. director del C.P.R.S "Santiaguito". y al jefe de vigilancia. Acto Reclamado. Reclamo de las autoridades señaladas como responsables el hecho de que pretendan trasladarme a otro penal distinto al que me encuentro sin existir razón judicial para justificar tan arbitraria e injustificada pretensión y no existe el riesgo de alterar el orden interno del centro." SEGUNDO. La parte quejosa argumenta en su demanda que los actos de autoridad que combate, vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14,16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veinte de abril del presente año (foja 6 a 10 vuelta), se ordenó formar expediente respectivo, se otorgó la suspensión de oficio del acto reclamado y se le previno para que realizara una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constaban y que constituían los antecedentes del acto reclamado. CUARTO. Posteriormente, por auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 18 a 21), se tuvo a la parte quejosa desahogando en tiempo y forma los requerimientos en dicha prevención y se admitió a trámite; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, 48, 52, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; máxime que los actos reclamados pretenden ejecutarse dentro de la jurisdicción en que ejerce su competencia este órgano jurisdiccional (Ciudad de Toluca). SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía constitucional consisten, esencialmente en: La orden de traslado de la quejosa a un diverso centro carcelario del que actualmente de encuentra interna a saber, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México y su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo (dos de abril de dos mil trece), así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Las autoridades Encargado del Despacho, en ausencia y suplencia, del Encargado de la Dirección de Seguridad y Operación, dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (foja 25); Salvador Romero Dotor, en ausencia y suplencia legal, del Director de Reinserción Social del Estado de México (foja 30); Director (foja 35) y Jefe de Vigilancia (foja 36), ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado; ello, sin que la peticionaria de amparo haya desvirtuado con prueba en contrario, tal negativa. En esa tesitura, al haber señalado las autoridades responsables que no existe el acto reclamado y al no haber aportado la quejosa algún medio de prueba encaminado a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo contra las autoridades y actos aquí precisados. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Atento al razonamiento vertido en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 335, Núm. 22-24, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre-diciembre de 1989, con número de registro 226555, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 73 a 76, 124, 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Chew Medina, que solicitó contra el acto y autoridades mencionadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero, ambos de esta resolución. N

  3. Principal

    VII.- Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, del que se advierte que mediante proveído de catorce de los cursantes (foja 36), se tuvieron por recibidos los informes justificados del Director y Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, sin que obre la constancia de notificación realizada a la quejosa de dichos informes; por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurran los ocho días que establece el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de la Materia para que las partes se impongan de su contenido; y, a fin de no violar las leyes del procedimiento que rigen el juicio de amparo, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las once horas con cinco minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo su desahogo.

  4. Principal

    vii.- Para conocimiento de las partes y a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signados por el Director y Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante los cuales rinden su informe justificado al presente sumario constitucional. Atento a lo anterior, hágase relación de su contenido al momento de la celebración de la audiencia constitucional y dése vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

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