Elizabeth Cambray Hernández
Expediente 907/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/08/2019
Partes del expediente
- Elizabeth Cambray Hernández
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito manifestó que transcurrió el plazo de dos días que contempla los artículos 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa ingresara al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y obtuviera la constancia de notificación vía electrónica del proveído de primero de agosto de dos mil diecinueve, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior; y, por tanto no existe documento electrónico que acredite que las mismas hayan sido consultadas. En esas condiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación a la parte quejosa del referido proveído, pues el sistema integral de expedientes electrónico (S.I.S.E.), evidencia que dicha notificación se realizó el dos de agosto del año en curso; por lo tanto, al no ingresar al sistema electrónico, se entiende hecha la referida notificación en la fecha en que el actuario asentó dicha circunstancia, esto es, el seis de agosto del presente año, para los efectos legales conducentes. Finalmente, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación, debe realizarse vía electrónica por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, así como de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cierto resulta también que en el caso particular, al tratarse de una determinación por la que se tuvo por notificada de diverso proveído, el suscrito estima pertinente ordenar la notificación de esta determinación por medio de lista de acuerdos que se publique en este Juzgado de Distrito, pues de lo contrario, se crearía una cadena interminable de notificaciones electrónicas en detrimento de una pronta impartición de justicia, contraviniendo con lo establecido en el artículo 17 Constitucional.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de doce de julio del año en curso (fojas 21 a 23), a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Por otra parte, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, por conducto de las personas autorizadas para ello; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. En la inteligencia que deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta, con la finalidad de levantar la comparecencia correspondiente a efecto de devolverle las citadas documentales.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la certificación de notificación electrónica mediante la cual el Actuario Judicial adscrito da fe que la parte quejosa no consultó la notificación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), relativa al auto de doce de julio de dos mil diecinueve, pues no la atendió dentro del plazo de dos días, que establece el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 30, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por notificada a la parte quejosa del acuerdo de referencia, en la data que el Actuario Judicial adscrito asentó en la diligencia de cuenta (diecisiete de julio de dos mil diecinueve), para los efectos legales conducentes. Ahora bien, si es cierto que la notificación de la presente determinación, debe realizarse vía electrónica por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, así como de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cierto resulta también que en el caso particular, al tratarse de una determinación por la que se tuvo por notificada de diverso proveído, el suscrito estima pertinente ordenar la notificación de esta determinación por medio de lista de acuerdos que se publique en este Juzgado de Distrito, pues de lo contrario, se crearía una cadena interminable de notificaciones electrónicas en detrimento de una pronta impartición de justicia, contraviniendo con lo establecido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que las subsecuentes notificaciones deban realizársele vía electrónica, tal como se ordenó por auto de doce de julio de dos mil diecinueve (fojas 21 a 23), siempre y cuando no se actualice similar supuesto al expuesto en la presente determinación.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Elizabeth Cambray Hernández, quien de ostenta como Secretaria General del Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México "SESSEM", contra actos del Instituto de Salud del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 907/2019. Asimismo, se precisa que la parte quejosa exhibió quince anexos, los cuales se glosan al expediente en una mica para su protección. Precisado lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente consiste en: La degradación del puesto que ostentan los trabajadores de base a través de la coacción para firmar un contrato por tiempo determinado. Hecha tal precisión, en el presente caso, lo que se actualiza es la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77 de la invocada ley, pues en el caso, el citado acto reclamado se atribuye esencialmente al Instituto de Salud del Estado de México. Sentado lo precedente, debe destacarse que en la especie, el acto que la promovente de amparo reclama deriva de las relaciones laborales que sus agremiados, tienen con el Instituto de Salud del Estado de México, en su carácter de patrón; circunstancia que evidencia que los actos que ahora reclama provienen de una relación laboral. En ese orden de ideas, resulta claro que, los referidos actos laborales, no implican una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tiene es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación entre trabajador y patrón, y por ende se entabla entre particulares. Bajo esa óptica, es evidente que dada la naturaleza del acto reclamado, con éste, únicamente se afectan derechos que corresponden a la impetrante de amparo exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación contractual que existe entre la parte quejosa (trabajador) y la autoridad señalada como responsable (patrón); pues el acto reclamado incide en las condiciones de trabajo entre ambos; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En consecuencia, es evidente que la autoridad a quien señalan ahora como autoridad responsable, actuó como patrón y la hoy quejosa como representante de los trabajadores; de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo, sino en todo caso, si la impetrante considera lesionados sus derechos con motivo de tales acciones, podrá acudir en defensa de los mismos mediante las instancias ordinarias que le permitan controvertir los actos que estime lesivos de sus derechos. De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la determinación que se combate, tiene su origen en una relación laboral En consecuencia, como la determinación atribuida a la autoridad responsable, deriva de una relación laboral y por ende, actualiza la causa de improcedencia que se estudia, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Elizabeth Cambray Hernández, quien se ostenta como Secretaria General del Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México "SESSEM", contra actos del Instituto de Salud del Estado de México; al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo. Como lo establece el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y conforme con la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que se autorizan en la demanda, pues no cuentan con registro en dicha base de datos. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa solicitó expresamente que las notificaciones, aún las de carácter personal, se le realicen de forma electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza para que la presente y subsecuentes notificaciones se realicen por el citado medio, dada la solicitud del promovente de amparo. Además, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "miguelangelcarrillo", en el citado Sistema. Con fundamento en lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo previsto en el diverso precepto 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, se hace la indicación a los Secretarios de Juzgado y Actuarios Judiciales adscritos a este Órgano de Control Constitucional, así como al Oficial Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y al Oficial de Partes que deberán de integrar debidamente el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto; ello, sin que sea necesario notificarles dicha circunstancias, toda vez son conocedores de las obligaciones que les impone la Ley de la materia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
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