Elizabeth Chew Medina

Expediente 1872/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1872/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
20/02/2017

Partes del expediente

  • Elizabeth Chew Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que el quejoso dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el treinta de enero de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    IV. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1872/2016-IV promovido por Elizabeth Chew Medina, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante oficio 84413 presentado el seis de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, la Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se pronunció en relación con la suspensión de oficio del acto reclamado y remitió los autos del juicio de amparo indirecto 1609/2016-V de su índice estadístico, por estimar carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Elizabeth Chew Medina, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: Autoridades responsables: - Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México. - Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México. -Director del Reclusorio Femenil Tepozanes, Nezahualcóyotl, Estado de México. Actos reclamados: - La orden de traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso centro de reclusión. SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciséis, este juzgado aceptó la competencia planteada, se admitió a trámite el presente asunto, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se requirió informe justificado a las autoridades responsables. CUARTO. La audiencia constitucional inició al tenor del acta precedente y culmina con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos reclamados pudieren tener ejecución en el ámbito territorial en el cual este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, reclamados a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia lo constituyen la orden de traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social denominado "Santiaguito" con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso centro de reclusión. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, se precisa que el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el Secretario General en suplencia del Presidente del Consejo Interino del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y la Directora de la Penitenciaría Femenil Nezahualcóyotl, Estado de México, al rendir informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, el cual la parte quejosa hace consistir en la orden de traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social denominado "Santiaguito" con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso centro de reclusión (fojas 34, 37 y 56), sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea alguna para desvirtuar tales negativas dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los referidos informes a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 284, en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, consultable en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En el entendido de que los criterios orientadores expuestos en la presente sentencia resultan aplicables, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, el cual dispone lo siguiente: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Chew Medina, contra el acto, las autoridades y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario Marco Antonio Maya García, quien da fe.

  3. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; once de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual remite las promociones 24534, 24588, 24743 y 24745 relativas al juicio de amparo 1609/2016-V de su índice estadístico, toda vez que el siete de diciembre de dos mil dieciséis, este juzgado aceptó la competencia planteada respecto de la demanda promovida por Elizabeth Chew Medina. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agregan el oficio y anexos de cuenta para los efectos legales procedentes y acúsese recibo de estilo. Ahora, en atención a que de las promociones remitidas por el juzgado oficiante se advierte que las responsables informan el cumplimiento dado a la suspensión de oficio decretada en autos, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecisiete. Para conocimiento de las partes y manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio suscrito por la Directora de la Penitenciaria Femenil Nezahualcóyotl, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado. Con el informe de cuenta hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.

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