Elizabeth Camacho Yañez
Expediente 1659/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1659/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2018
Partes del expediente
- Elizabeth Camacho Yañez
Actuaciones
- Principal
vii)Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo abrogada, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Jesús Gil Carrillo, mediante el cual solicita se pase a la siguiente etapa de juicio como desahogo de pruebas, en virtud de haber fenecido el término que señala la ley concedido a las partes en auto de veintiséis de octubre del año en curso. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y hágase del conocimiento del promovente que se esté a lo ordenado en auto de quince de noviembre de los cursantes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ******, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 1659/2018-V. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que los actos materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en la diligencia de seis de noviembre de dos mil diecisiete, relativa a la ejecución de la sentencia emitida en el juicio Ordinario Civil 609/2007, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en la que se requirió a la quejosa el pago de la cantidad señalada como condena, y en caso de no hacerlo, embargo de bienes suficientes de su propiedad. Ahora, es importante destacar que dichos actos reclamados, se emitieron en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio ordinario civil 609/2007del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, los cuales no pueden considerarse como la última actuación en dicha etapa de ejecución. Lo anterior se considera así porque nuestro máximo Tribunal ha establecido que el significado de la expresión "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, lo cual, no es el caso que nos ocupa, ya que las determinaciones que se combaten no cumple con esa exigencia. Subrayado lo anterior, en atención a lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda, se concluye que el acto que reclama forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que de lo que se duele medularmente, como ya se dijo, es de la diligencia de seis de noviembre de dos mil diecisiete, relativa a la ejecución de la sentencia emitida en el juicio Ordinario Civil 609/2007, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en la que se requirió a la quejosa el pago de la cantidad señalada como condena, y en caso de no hacerlo se ordena embargar bienes suficientes de su propiedad. Por lo anterior se advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 107, fracción IV, del ordenamiento citado en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo los cuales establecen: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Del artículo transcrito en segundo término se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de garantías sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, la orden de archivo definitivo del expediente. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte (demandada), y en dicho procedimiento se dictó sentencia, y el mismo se encuentra en la etapa de ejecución de la misma (capítulo de antecedentes). Asimismo, el contenido de los actos reclamados refieren: que lo es la diligencia de seis de noviembre de dos mil diecisiete, relativa a la ejecución de la sentencia emitida en el juicio Ordinario Civil 609/2007, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en la que se requirió a la quejosa el pago de la cantidad señalada como condena, y en caso de no hacerlo, embargo de bienes suficientes de su propiedad. De lo cual se sigue que los actos reclamados están encaminados al cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 609/2007, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México; por ende, al ser actuaciones realizadas en ejecución de la misma quedan regidas por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no pueden analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; se insiste, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello, o en su caso, la orden de archivo definitivo del expediente. En otras palabras, los actos que por esta vía combate la parte quejosa revisten el carácter de intermedios, pues no se advierte que se haya dictado la última resolución en dicho procedimiento; de modo tal, que las violaciones que hayan podido cometerse en esa etapa, de ser el caso, podrían plantearse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse a si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia o convenio o que establece la imposibilidad para ello. Las determinaciones efectuadas por la autoridad responsable, que reclama la ahora quejosa van encaminadas a la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, y las mismas no pueden ser consideradas la última resolución dictada en tal procedimiento, pues al efectuarse la diligencia de seis de noviembre de dos mil diecisiete, relativa a la ejecución de la sentencia emitida en el juicio Ordinario Civil 609/2007, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en la que se requirió a la quejosa el pago de la cantidad señalada como condena, y en caso de no hacerlo, embargo de bienes suficientes de su propiedad, no constituyen la última resolución con la que culmina el procedimiento de ejecución en el juicio de origen; por ende, se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. También es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/27, visible en la página 435, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Septiembre de 1995, Novena Época, sustentada por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." No pasa desapercibido que pretenda reclamar también reclame la omisión de investigar de oficio, si la citada diligencia -acto reclamado- fue legal o no, pues esta omisión debe ser estudiada cuando se combata la última resolución respectiva, caso contrario se obstaculizaría la ejecución de una sentencia. Apoya a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1515, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Décima Época, que a la letra dice: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL: La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Por otra parte, no obsta a lo anterior, que la quejosa también se duela de todos y cada uno de los actos y sentencia definitiva dictados en el juicio de origen (Ordinario Civil 609/2007, puesto que es pertinente precisar que para un juez de Distrito un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, acorde con la jurisprudencia apreciable con el número XXII J/12, en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Y, en conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece: ".Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". Por ende, al tener a la vista el juicio de amparo número 1794/2015 del propio índice, promovido por la quejosa Elizabeth Camacho Yáñez, por derecho propio, en contra de los actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México y otras autoridades, se advierten de las constancias remitidas en el mismo por la Sala responsable los antecedentes siguientes: "1) Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil siete, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares de Toluca, Estado de México, Sánchez Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus apoderados, demandó en la vía ordinaria civil de Elizabeth Camacho Yañez (foja 2 del legajo de copias certificadas del juicio ordinario civil 609/2007), las prestaciones siguientes: "A) LA ENTREGA DE VEHÍCULO, MARCA FORD TIPO FOCUS SDT, COLOR PLATA, MODELO 2005, CON NÚMERO DE SERIE BAFLT24M656396378, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LYW 2527, propiedad de mi representada, que le fuera prestado el día 23 de septiembre de 2006, como más adelante se demostrará, así como también durante la secuela procesal. B) EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), MOTIVADO POR LA DEPRECIACIÓN DEL VEHÍCULO, MARCA FORD, TIPO FOCUS SE MAN POWER, MODELO 2005, COLOR PLATA METÁLICO, CON TRANSMISIÓN MANUAL DE CINCO VELOCIDADES, SERIE NÚMERO BAFLT24M656396378; entre la fecha del DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS Y AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. Fundando lo anterior en la guía autométrica vigente en el mes de agosto de dos mil siete y la que siga aumentado hasta la recuperación del mismo. C) EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), que resulta del uso del vehículo diario, a razón de $650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), DIARIOS, a partir del día DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, HASTA EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, y los que se sigan venciendo, hasta la recuperación del vehículo. Propiedad de mi representada en base a la cotización de la empresa SECURITY CAR RENTA HELIO RENT S.A. DE C.V. de fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, donde se ve el precio para FORD IKON Y FORD. Mondeo de mayor y menor nivel respectivamente y el vehículo es el intermedio entre ambos por lo que se aplica como costo una media de valores conocidos. D) EL PAGO DE LA(S) TENENCIA(S) DEL VEHÍCULO YA REFERIDO, ya que a la fecha se desconoce si se encuentran al corriente en el pago. Así como los RECARGOS Y MULTAS en su caso. E) EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES DEL VEHÍCULO, ASÍ COMO LOS RECARGOS Y MULTAS SI FUERA NECESARIO, ya que a la fecha se desconoce si se encuentran al corriente en el pago. F) EL PAGO DEL SEGURO VEHICULAR QUE CORRESPONDA. G) EL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE EL PRESENTE JUICIO ORIGINE." 2) En proveído de trece de noviembre de dos mil siete, el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México admitió la demanda propuesta, y le asignó el ordinal 609/2007 (foja 9 del legajo de copias certificadas del juicio ordinario civil 609/2007). 3) El once de diciembre de dos mil siete, Elizabeth Camacho Yañez contestó a la entablada en su contra (foja 14 del legajo de copias certificadas del juicio ordinario civil 609/2007). 4) Se llamó como terceros a Zurich Compañía de Seguros, Sociedad Anónima y Ford Motor Company, Sociedad Anónima de Capital Variable. 5) Seguido el juicio en sus etapas correspondientes, el tres de octubre de dos mil doce, el juez del proceso emitió sentencia definitiva (foja 798 del legajo de copias certificadas del juicio ordinario civil 609/2007), en la cual determinó: "ÚNICO. Se declara improcedente la vía ordinaria civil intentada por Sánchez Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la reconvención realizada por ELIZABETH CAMACHO YÁÑEZ, en donde fueron llamados como terceros ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., FORD CREDIT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y FORD MOTOR COMPANY S.A. de C.V., dejando a salvo sus derechos para que los haga valer conforme a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." 6) Inconformes con dicha sentencia, Sánchez Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable y Elizabeth Camacho Yáñez interpusieron apelación, medio de impugnación cuyo conocimiento correspondió a la Primera Sala Regional Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, órgano jurisdiccional que lo registró como toca de apelación 689/2012, y el diecisiete de enero de dos mil trece, revocó el fallo controvertido. 7) En desacuerdo con tal determinación, dichos apelantes promovieron juicio de amparo directo, los cuales por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo presidente los radicó con los ordinales 255/2013 y 256/2013, respectivamente, y en sesión de dieciocho de junio de dos mil trece, otorgó la protección constitucional solicitada. 8) En vía de cumplimiento a esas ejecutorias, el dieciséis de agosto de dos mil trece, la Primera Sala Regional Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, emitió una determinación diversa. 9) En desacuerdo con la resolución de segunda instancia mencionada en el párrafo precedente, Sánchez Automotriz, Sóciedad Anónima de Capital Variable promovió juicio de amparo directo, el cual por razón de turno correspondió conocer de igual forma al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo presidente lo radicó con el ordinal 821/2013, y en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, otorgó la protección constitucional solicitada. 10) En vía de cumplimiento a esa ejecutoria, el ocho de mayo de dos mil catorce, la Primera Sala Regional Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitió una nueva determinación, en la cual estableció: "PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo civil número 821/2013, relacionado con el amparo directo 820/2013, promovido por SÁNCHEZ AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderada EMILIANA LETICIA ESCAMILLA VELÁZQUEZ, por auto de fecha seis de mayo de dos mil catorce, dictado en el cuaderno suplementario de amparo, se dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en la resolución emitida por esta Sala con fecha dieciséis de agosto de dos mil trece, y por lo tanto, se procedió a emitir nueva resolución, siguiendo los lineamientos indicados por la autoridad de amparo. SEGUNDO. Han sido, por una parte, fundados los agravios expresados por EMILIANA LETICIA ESCAMILLA VELÁZQUEZ apoderada legal de la empresa SÁNCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.; y por la otra, infundados los expresados por ELIZABETH CAMACHO YÁÑEZ: en consecuencia: TERCERO. Se revoca el fallo impugnado, para quedar en los términos siguientes: "PRIMERO. Ha sido procedente la VÍA ORDINARIA CIVIL, elegida para la tramitación del presente juicio. SEGUNDO. EMILIANA LETICIA ESCAMILLA VELÁZQUEZ apoderada legal de la empresa SÁNCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., acreditó su acción sobre terminación de contrato de comodato, que dedujo en contra de ELIZABETH CAMACHO YÁÑEZ, quien no probó sus excepciones y defensas; en consecuencia: TERCERO. Se declara LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO, respecto del vehículo marca Ford, tipo Focus STD, COLOR PLATA, MODELO 2005, CON NÚMERO DE SERIE BAFLT24M656396378, CON PLACA DE CIRCULACIÓN LYW2527; por lo que se condena a la demandada ELIZABETH CAMACHO YÁÑEZ, al cumplimiento de las prestaciones marcadas con los incisos A), D) y E), es decir, a la entrega de dicho vehículo a su demandante o a quien sus derechos represente, condenándosele e igual forma al pago de las tenencias del vehículo citado y verificaciones, y en su caso, multas y recargos si los hubiere, lo que deberá hacer dentro del término de OCHO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que sea ejecutable la presente resolución, con el apercibimiento que de no hacerlo se ejecutará la presente resolución por la vía de apremio; y por el contrario, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, se absuelve a la demandada ELIZABETH CAMACHO YÁÑEZ, del pago de daños y perjuicios por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.); así como el pago de la cantidad de $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.) que le fue reclamado por el uso del vehículo diario; y del pago del seguro vehicular a que se refieren las prestaciones marcadas con los incisos B), C) y F) del capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda. CUARTO. Por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución, resultó improcedente la acción reconvencional, que sobre cumplimiento de contratos de reparación dedujo ELIZABETH CAMACHO YÁÑEZ, por lo que se absuelve a la reconvenida SÁNCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., de las prestaciones que le fueron reclamadas. QUINTO. Por lo que hace a los terceros ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., FORD CREDIT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Y FORD MOTOR COMPAY, S.A. DE C.V., se declara que les para perjuicio esta resolución. SEXTO. No se hace condena en costas en Segunda Instancia. QUINTO. Comuníquese al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, sobre el cumplimiento dado a su fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.". 11) En desacuerdo con esa determinación, Sánchez Automotriz, Sóciedad Anónima de Capital Variable promovió juicio de amparo directo, el cual por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo presidente lo radicó con el ordinal 469/2014, y en sesión de catorce de agosto de dos mil catorce, negó la protección constitucional solicitada." Por tanto, de los antecedentes transcritos se desprende que la quejosa fue parte en el juicio de origen (Demandada), y contestó la demanda interpuesta en su contra, razón por la cual, estuvo en aptitud de promover en el juicio de origen, los medios de defensa que a sus intereses convinieran en el momento procesal oportuno, en contra de todos y cada uno de los actos y sentencia definitiva dictados en el mismo, no ahora como lo pretende hacer. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Elizabeth Camacho Yáñez, por derecho propio. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Se tiene por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones a las personas que designa, por así señalarlo la promovente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V) (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. (...) En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Elizabeth Camacho Yáñez, por derecho propio. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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