Elizabeth Castillo Pérez
Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberta Maldonado García
- Elizabeth Castillo Pérez
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el informe justificado de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Treinta y Dos, con residencia en Tuxpan, Veracruz; agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y atento a sus contenidos, se provee: Ahora bien, toda vez que del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que por acuerdo de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, se declaró que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan, Veracruz, es el competente, por tazón de territorio, para conocer del juicio de amparo promovido por el Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario General "Felipe Ángeles", Municipio de Tihuatlán, Veracruz, por conducto de Elizabeth Castillo Pérez, Roberta Maldonado García y Narciso Gómez Cruz, en su carácter de presidente, secretaria y tesorero de dicho comisariado ejidal. En consecuencia, remítasele el presente informe justificado con su anexo; previa copia certificada que se obtenga solo del oficio de cuenta y se glose en el sumario para debida constancia. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de juez de distrito, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial lo determine o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba titular en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2765/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 4997/21 remitido electrónicamente por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado, el auto dictado el dieciséis de agosto del año en curso, admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, residente en Tuxpan, Veracruz y éste órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo promovido por el Comisariado Ejidal del Grupo Agrario General "Felipe Ángeles", de Tihuatlán, Veracruz, por conducto de Elizabeth Castillo Pérez, Roberta Maldonado García y Narciso Gómez Cruz, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del aludido Comisariado; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngase a la Superioridad informando tal circunstancia, radicándolo con el número 8/2021 de su índice. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 9405/2021 remitido por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, el contenido del proveído de veintidós de julio del año en curso, del que se advierte que el homólogo federal acordó insistir en declinar la competencia a este Juzgado Federal y ordenó remitir los autos que integran el juicio de amparo 346/2021 de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, a efecto de que resuelva el conflicto competencial suscitado en este asunto. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, con motivo de que la Titular disfrutará de su primer período vacacional del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/1685/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Sarah Carolina Vázquez García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de julio de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 8834/2021 y anexos que lo acompañan, remitidos por la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 346/2021-III, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Comisariado Ejidal del Grupo Agrario General "Felipe Ángeles", de Tihuatlán, Veracruz, por conducto de Elizabeth Castillo Pérez, Roberta Maldonado García y Narciso Gómez Cruz, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del aludido Comisariado, en el que dicho juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, declinándola a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, correspondiendo conocer de la misma a este órgano jurisdiccional. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 335/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora bien, de la lectura de la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 346/2021, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, se advierte que el titular de dicho juzgado declinó la competencia para conocer y resolver del juicio de amparo promovido por Comisariado Ejidal del Grupo Agrario General "Felipe Ángeles", de Tihuatlán, Veracruz, por conducto de Elizabeth Castillo Pérez, Roberta Maldonado García y Narciso Gómez Cruz, a favor de este órgano jurisdiccional, por estimar que se configura la hipótesis prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; sin embargo, de manera respetuosa, la suscrita estima carecer de competencia, por las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Las bases constitucionales que regulan el juicio de amparo, establecen que éste procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, de autoridades Federales que restrinjan la soberanía de los Estados, o de autoridades de las entidades que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Señalan, además, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Lo que denota, en lo que interesa, que la competencia territorial en el juicio de amparo se fija atendiendo a la ejecución del acto reclamado. En esa línea, los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, fijan las reglas para determinar la competencia por territorio de la siguiente manera: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Las normas reproducidas retoman lo establecido en el orden fundamental, respecto a que es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde: a) El acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto no requiere de ejecución material, el del lugar donde se haya presentado la demanda. Como se ve, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, y con la totalidad de la información del expediente del juicio, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión se precisan como actos reclamados de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, sin prejuzgar y únicamente para efectos de esta resolución, los siguientes: 1. La omisión o abstención de llevar a cabo la ejecución total o integral de la sentencia emitida dentro del juicio agrario 441/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Treinta y Dos, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, consistente en la entrega de una superficie consignada en la escritura pública noventa mil cuatrocientos diez, con la que fue constituido el poblado que forma parte de los bienes del ejido general Felipe Ángeles, del municipio de Tihuatlán, Veracruz. Así, la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, estimó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, aduciendo que se actualizaba la primer regla prevista en el numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, la relativa a que la competencia de un Juez de Distrito se determina en razón de que en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior es así en virtud de que estimó que si la parte promovente reclama la omisión de ejecutar la sentencia relativa al juicio agrario 441/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Treinta y Dos, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, toda vez que no se le ha hecho entrega de la superficie de tierra a que fue condenada a entregar la parte demandada, la cual se localiza en el poblado que forma parte de los bienes del ejido general Felipe Ángeles, del municipio de Tihuatlán, Veracruz, debe conocer la demanda el órgano jurisdiccional que ejerza competencia en ese municipio, dado que es ahí el lugar dónde refiere tendrá ejecución material el acto impugnado. La suscrita respetuosamente expresa que no comparte tales consideraciones, por los siguientes motivos. De inicio, debe hacerse énfasis en la naturaleza del acto reclamado, a saber, éste es de carácter omisivo. Partiendo de lo anterior, se aduce estamos en presencia de la tercer regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, que se refiere a que cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. En el caso, es claro que la parte quejosa precisó en su escrito de demanda que se duele de la omisión o abstención de llevar a cabo la ejecución total o integral de la sentencia emitida dentro del juicio agrario 441/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Treinta y Dos, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, consistente en la entrega de una superficie consignada en la escritura pública noventa mil cuatrocientos diez, con la que fue constituido el poblado que forma parte de los bienes del ejido general Felipe Ángeles, del municipio de Tihuatlán, Veracruz. Ahora bien, la omisión de ejecutar la sentencia es un acto que no requiere de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios, en este caso, para ejecutar una sentencia, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución. Esto es, se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, los quejosos continúen resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Pensar lo contrario, implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia de este juicio es la omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables Por lo anterior, y tomando en cuenta que no se está reclamando un acto de despojo sino que se trata de la omisión de entregarle a la parte actora y vencedora en el juicio de origen, la superficie de tierra que ha quedado precisada en el párrafo anterior, es que no se acepta la competencia planteada. De lo anterior, resulta evidente que esta Juzgadora Federal no es legalmente competente por cuestión territorial para conocer de la demanda que nos ocupa, pues como se dijo el acto que se reclama es de carácter omisivo, esto es, que no requiere de una ejecución material; de ahí que si la Ley de Amparo establece que es Juez competente cuando el acto reclamado no requiere ejecución material en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, en este caso, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano. De allí que atendiendo a las tres reglas de competencia que establece el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo, ESTE JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, pues el acto reclamado como se precisó es de carácter omisivo, por lo que al no requerir ejecución material, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las principales constancias que fueron tomadas en consideración para la presente determinación, y hágase del conocimiento la misma al Juez Federal declinante vía interconexión, devolviéndosele a través de mensajería rápida, el expediente original, así como los anexos que remitió con el mismo, solicitándole atentamente se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Apoya la anterior determinación, las siguientes jurisprudencias: "Registro digital: 2017790 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.XV. J/34 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1393 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; luego, la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, así como la abstención de acatarlo, reclamados a las autoridades responsables (autoridad jurisdiccional y parte patronal en el juicio laboral), constituyen actos que no requieren de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables." "Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos - este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; por oficio digitalizado vía interconexión a la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano; y remítanse los autos originales y anexos por mensajería rápida al juzgado declinante. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
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