Eliasid de los Santos Sánchez

Expediente 346/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
346/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Eliasid de los Santos Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, el cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del expediente 206/2021-II, de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del veinticuatro de julio al siete de agosto de dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2975/2022, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (CITATORIO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada del expediente número 206/2021-II de su índice, dado el volumen de la documental de mérito y para un mejor manejo de las presentes actuaciones, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado, el cual deberá resguardarse en la secretaría de este órgano jurisdiccional debidamente identificado, respetando su entresello, folio y rúbrica. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En virtud de lo anterior, de las documentales que allego la citada autoridad responsable, se advierte que el auto que viene combatiendo la parte quejosa se notificó por lista a la parte quejosa, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en consecuencia este juzgado federal estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. [...] . Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos. En ese orden, para complementar ese numeral, debe traerse a la vista lo establecido en los diversos artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que prevén lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los numerales reproducidos, se desprende que, por regla general, el plazo al que toda persona debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado a partir de que acontezca cualquiera de las hipótesis que a continuación se enuncian: a) Desde el día siguiente al en que, al quejoso le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que, el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que, el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Debe puntualizarse que dichas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del plazo para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Ahora bien, de las copias certificadas del juicio 206/2021-II, del índice de la responsable, que adjuntó a su informe justificado, mismas que merecen valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que la parte quejosa tiene el carácter de demandada. En dicho controvertido, el hoy quejoso dio contestación a la demanda instaurada en su contra, y por ende, no desconoce las actuaciones que se emiten en aquel expediente, máxime que en el trascurso del juicio ha promovido y presentado diversos ocursos y documentos. Así, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la responsable emitió el auto que aquí se combate, en el cual, se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cuatro de mayo del año en curso, el cual fue desechado por los motivos ahí expuestos. Proveído que, como fue ordenado, fue notificado por medio de lista de acuerdos en esa misma data, tal como se advierte de la razón de notificación, del tenor siguiente: RAZÓN.- En veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos, publico este negocio en la lista de acuerdos bajo el número ochenta y ocho, para notificar a las partes la resolución anterior, surtiendo sus efectos legales la notificación, el próximo día hábil a la misma hora.- CONSTE. En ese sentido, si como se dijo en líneas que anteceden, la parte quejosa es parte dentro del juicio 206/2021-II, del índice de la responsable, en el que fue emplazado, dio contestación a la demanda, presentó promociones y recibió notificaciones, y, por ende, se sigue que ha participado en la substanciación de la controversia, de ahí que no se puede considerar que resulta ajeno a las actuaciones del juicio y menos si la resolución fue notificada a las partes por lista de acuerdos. Además de que, con independencia de su notificación por lista, al ser parte en el controvertido de origen, se encuentra obligado a revisar los autos, por lo que, no puede alegar desconocimiento de las actuaciones del juicio, pues se reitera que, al ser parte, tiene acceso en cualquier momento al expediente. Así pues, el auto que se impugna de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cuatro de mayo del año en curso, fue notificado a las partes, por medio de lista que se publicó en la misma fecha. Entonces, para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del acto reclamado se debe estar a la primera de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso, conforme a la ley del acto reclamado. La notificación surtió efectos al día siguiente hábil, como se indicó en la razón relativa, de conformidad con los artículos 85 y 92 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, esto es, el veinticinco de mayo de ese mismo año. Por tanto, el plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda, transcurrió del veintiséis de mayo de dos mil veintidós y feneció el quince de junio del año en curso, descontándose los días veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once y doce de los actuales, de acuerdo a lo establecido por los artículos 19 del ordenamiento legal citado, y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, si la demanda de amparo se presentó el diecisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, es inconcuso que su promoción fue extemporánea. Para ejemplificar mejor lo anterior, se elabora el siguiente cuadro: MAYO - JUNIO 2022 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 24 de Mayo Notificación del auto reclamado 25 Surtió Efectos 26 EMPIEZA PLAZO (1) 27 (2) 28 (inhábil) 29 (inhábil) 30 (3) 31 (4) 1 de junio (5) 2 (6) 3 (7) 4 (inhábil) 5 (inhábil) 6 (8) 7 (9) 8 (10) 9 (11) 10 (12) 11 (inhábil) 12 (inhábil) 13 (13) 14 (14) 15 (15) VENCE EL PLAZO 16 17 Presenta la demanda En esta tesitura, es incuestionable que el impetrante del amparo, no promovió el juicio de amparo dentro del término establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de combatir el citado acto reclamado; y por ende, es claro que consintió tácitamente tal acto, al haber dejado transcurrir el plazo a que se refiere el numeral en cita. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia señalada en el diverso numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Se afirma lo anterior, pues los actos reclamados no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, tampoco involucran inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas. De la misma forma, no se trata de un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, para que el amparo pueda presentarse fuera del término genérico antes señalado. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, procede SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TERCERA INTERESADA RESERVADA Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintidós e junio del año en curso, se reservó a proveer sobre el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta que estuviera en el sumario el informe justificado de la autoridad responsable, de donde se pueda advertir a quienes les asiste tal carácter, así como su domicilio a fin de emplazarlos a la presente instancia judicial; lo que como se advierte de las constancias que integran el sumario, ya aconteció. Sin embargo, no ha lugar a acordar el emplazamiento de la aludida tercera interesada, atendiendo a que con esta fecha se está sobreseyendo el presente asunto fuera de audiencia, por lo tanto, el sobreseimiento aquí decretado lejos de causarle una afectación, le beneficia, por lo que una eventual reposición del procedimiento, no le produciría algún beneficio, sino que le causaría un perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, para lograr su emplazamiento, llegando incluso a obligar a la parte quejosa a erogar gastos frente a un eventual emplazamiento por edictos, en un caso en el que el juicio de amparo es improcedente, al haberse actualizado una causa de improcedencia que obliga a sobreseer en el mismo. En efecto, ante todo debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno ha determinado en su jurisprudencia P./J. 44/96 que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su realización irregular; y que, tratándose del juicio de amparo, nada justifica que se soslaye su intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizársele que pueda ejercer todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes, en los siguientes términos: Posteriormente, el propio Pleno ha reconocido que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento, o su defectuosa realización en el juicio de amparo, no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no le reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, sea porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución que le sea adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio, se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación, tal como se explica en la tesis P.V/98, cuyo texto es el siguiente: Incluso la propia Segunda Sala en su anterior integración había venido sosteniendo ese criterio, como se desprende de la siguiente jurisprudencia: Por tanto, en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca a sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos, como acontece en el caso en que deba concederse el amparo. De ahí que, si en el caso, la acción constitucional resultó improcedente, lo que necesariamente obliga a sobreseer en el juicio, resulta ocioso emplazar a la tercera interesada, porque es evidente que dicha resolución lejos de perjudicarles, le beneficia.

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