Elizabeth Agudo Ruiz
Expediente 1077/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elizabeth Agudo Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1077/2023, promovido por ********************, en contra de la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de ejecución. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la autoridad señalada como responsable violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el precepto 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el trece de octubre del año en curso. Dicho libelo constitucional se turnó el dieciséis de octubre del año en curso al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, quien por auto de diecisiete de ese mes y año, declinó el conocimiento para conocer de aquélla a favor de este juzgado, donde quedó registrado con el progresivo 1077/2023; en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés se: i) admitió a trámite; ii) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; iii) otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y iii) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, como lo explica la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por analogía: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la intención de la quejosa es reclamar de la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de jueza de ejecución, lo siguiente: a) La omisión de cerrar el periodo probatorio; b) La omisión de señalar fecha para la audiencia en la que se resuelva el fondo del asunto y; c) La orden oficiosa de desahogar un dictamen en psicología. Todos ellos, derivados del procedimiento de ejecución *****/***/****. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de jueza de ejecución, al rendir su informe previo, negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de ordenar oficiosamente desahogar un dictamen en psicología en el procedimiento de ejecución ****/****/****, el cual deriva el proceso penal *****, debido a que en acuerdo de dieciséis de octubre del actual, la autoridad responsable le hizo del conocimiento a la agente del Ministerio Público lo siguiente: "[.] en cumplimiento a lo ordenado en auto de trece de septiembre pasado, informa que la pertinencia de las pruebas ahí ofertadas versa sobre la posible existencia o no de datos de localización de la media hermana o familiares de ***** con el fin de descartar cualquier posibilidad de que un diverso familiar pueda hacerse cargo de los menores hijos de la justiciable. En ese tenor, con lo expuesto por la fiscalía, no ha lugar a proveer de conformidad su petición (de auxilio para recabar diversos medios de prueba); pues, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 144, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que se busca en este tipo de procedimientos es "acreditar" la figura de cuidador principal, para el caso, de un hijo menor de edad, entendiéndose éste como aquélla persona que lo asiste o apoya de manera preponderante en sus cuidados básicos de higiene, vestido, alimentación, salud, educación y hasta de esparcimiento, así como que además solvente económicamente lo anterior; esto es, quien está a cargo del menor, lo cuida y se preocupa por proporcionarle el espacio y ambiente seguros para que desarrolle las actividades propias de tales necesidades; y no así, buscar una persona que anteriormente no se haya hecho cargo del mismo (menor) para que sin haber guardado una relación previa sea designado para su cuidado, como lo pretende intentar la representación social de la Federación. [.]" Siendo así, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación a la citada autoridad y acto, debido a que la parte quejosa no ofreció ni exhibió prueba alguna con la que se desvirtuara dicha negativa. Lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, agosto de 1994, correspondiente a la octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la red jurídica nacional, con registro digital 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, la tesis de jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la red jurídica nacional, con registro digital 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, materia común, novena época, del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto los actos reclamado por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de jueza de ejecución, consistente en: a) la omisión de cerrar el periodo probatorio; b) la omisión de señalar fecha para la audiencia en la que se resuelva el fondo del asunto. Se sostiene lo anterior, porque la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Ejecución, al rendir su informe justificado, negó los referidos actos reclamados; sin embargo, de acuerdo al contenido del informe de ley, se desvirtúa dicha negativa pues hace manifestaciones que se advierte la existencia aquéllos. Esto es, en acuerdo de dieciséis de octubre del actual [posterior a la presentación de la demanda de amparo] señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que se resolvería en definitiva el fondo del asunto [materia de la litis en este juicio] veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés; lo que se corrobora con las constancias que obran en el expediente *** ****/****, el cual se encuentra vinculado a este expediente, a la cual se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VIII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto de la omisión de i) cerrar el periodo probatorio y ii) señalar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que de las constancias que obran en el expediente ***/****, el cual se encuentra vinculado electrónicamente a este expediente del índice de la autoridad responsable, dictó un acuerdo el dieciséis de octubre del año en curso, en el que señaló las dieciséis horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia correspondiente en la que se resolvería en definitiva el fondo del asunto [por ende tuvo cerrado el periodo probatorio]. En la audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés -en lo concerniente- determinó lo siguiente: "[.] Razones todas por las que, al haberse colmado los requisitos previstos en la Ley, se concede a la sentenciada ******************** la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad no privativa de la libertad (vigilancia de la autoridad auxiliar sin monitoreo electrónico) en términos del artículo 144, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de proteger el sano desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos de sus hijos, especialmente de aquel menor de doce años con iniciales ********************. [.] Efectos. Se ordenó la inmediata libertad de *****, única y exclusivamente por lo que hace al presente incidente de duración de la Pena (***) ***/***, relativo a la causa penal **** del índice de este Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por la comisión del delito contra la salud, en su modalidad de transporte de cannabis sativa l. conocida comúnmente como marihuana y cannabis conocida comúnmente como hachís, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193, párrafos primero y segundo, del Código Penal Federal; sin perjuicio de que permaneciera recluida, en caso de que se le siga diverso proceso por la comisión de un ilícito distinto al aquí señalado, o por disposición expresa de otra autoridad judicial. [.]" Por ende, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, debido a que resulta evidente que las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, ha dejado de existir, puesto que al haber señalado fecha para la audiencia en la que se resuelva el fondo del asunto [veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés] tuvo por cerrado intrínsecamente el periodo probatorio. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo el trece de octubre de dos mil veintitrés, según se aprecia de la papeleta de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, señaló fecha y hora para la audiencia en la que se resuelva el fondo del asunto [veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés] en el expediente ***/*** debe concluirse que los actos reclamados cesaron en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, consultable en la red jurídica nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual cesó y por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí analizado, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo ante la cesación de los efectos de los actos reclamados a la referida autoridad responsable. IX. DECISIÓN En consecuencia, ante la cesación de los efectos del acto reclamado, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, respecto de los actos reclamados que atribuye a la autoridad señalada como responsable, por los argumentos que se esgrimen en los apartados VI y VIII de este fallo. Notifíquese."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la titular de la Delegación en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual, en atención a lo solicitado en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, informa que designó a la licenciada ********************, como defensora de la quejosa ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada defensora-por conducto de la delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública- para que dentro del término de tres días siguientes, presente escrito por el que acepte el cargo e intervenga en el juicio como defensora de la directa quejosa o en su defecto comparezca a este recinto judicial para aceptar y protestar el cargo que le fue conferido. Se invita a dicha representante para que peticione que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, mediante la utilización de la firma electrónica, ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva, de conformidad con lo previsto en los numerales 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Debido a que la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública solicita el acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, por medio del Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación -a la asesora que designa- en consecuencia, se procede a la autorización respectiva, para lo cual se hace del conocimiento a la oficial judicial "A" a fin que realice el alta del mismo con el nombre de usuario ********************. En ese sentido, debido a que en párrafo que antecede se autorizó la consulta del expediente electrónico de este asunto a la defensora pública ********************, se le da vista con las constancias que obran en aquél; lo anterior, para que haga valer lo que a su derecho convenga. Asimismo, se tiene informando que una vez que lo permitan las necesidades de servicio, la defensora pública federal designada, practicará visita carcelaria a la quejosa en el centro de internamiento en el que se encuentra. Por último, en relación al correo electrónico y número de telefónico que proporciona, se toma nota como medios de localización. Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, a través del cual, en atención al requerimiento realizado el treinta y uno de octubre del actual, informa que comisionó al analista jurídico sise, para que realice la vinculación correspondiente del expediente 1031/2023 de su índice, al diverso 1077/2023 de este órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, se comisiona a la analista jurídica adscrita a este juzgado de distrito, para que relacione la vinculación electrónica relativa en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de jueza de Ejecución; con lo anterior, dese vista a las partes. Asimismo, informa que comisionó al analista jurídico sise, para que realice la vinculación correspondiente del expediente SD ***/*** de su índice al diverso 1077/2023 del índice de este juzgado de forma permanente. En atención a lo anterior, se comisiona a la analista jurídica adscrita a este órgano jurisdiccional, para que relacione la vinculación electrónica correspondiente en el presente juicio de amparo. Por último, hace del conocimiento que quien asiste a la justiciable en el presente asunto es la Defensora Pública Federal Norma González Jiménez, de lo cual se toma nota. Notifíquese.
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