Eliseo Rodríguez Porras
Expediente 1328/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eliseo Rodríguez Porras
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1328/2022. Aspectos preliminares. De la lectura integral de la demanda se tiene como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Ocotlán de Morelos. Actos reclamados: El inicio de la carpeta de investigación 185351/FUCE/OCOTLAN/2021 y su judicialización teniendo como consecuencia la privación de su libertad. Desechamiento. Es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. En ese contexto, con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda promovida por ************, porque en relación con los actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" Al respecto, se estima pertinente dejar sentado que dentro del cúmulo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional, así como en el artículo 6º de la Ley de Amparo. De esta suerte, conforme el principio de agravio personal y directo, se hace referencia a la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada y que, sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente y consista en una afectación real, no subjetiva, cuya realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria o hipotética. Como consecuencia de lo anterior, el artículo 6º de la Ley de Amparo es aplicable a los juicios de amparo que se promuevan en todas las materias, a saber, civil, penal, administrativa y laboral, pues se reitera, su contenido atañe a un principio doctrinal que es rector del juicio constitucional. Bajo esa premisa, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama y, por consiguiente, es un presupuesto procesal para la procedencia de la acción de amparo, que ese acto reclamado cause perjuicio al quejoso. Debe entenderse por "perjuicio", para efectos del juicio de amparo, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; así, la noción de "perjuicio", presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión, dicho perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de interponerse la demanda de amparo, o que por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Como ha quedado dicho, se actualiza la causal de referencia, ya que la integración de la carpeta de investigación que reclama la parte quejosa y en su caso la judicialización no puede ser violatoria de los derechos humanos que invoca, porque no afecta de manera real y actual los derechos sustantivos de la parte promovente, presupuesto fáctico para ejercitar la acción constitucional por cuanto que, con la simple integración de una carpeta de investigación, independientemente de los motivos que la originan, no se ordena privarla de su libertad, y por ende, el juicio de amparo que contra tal acto se endereza deviene improcedente. En relación con el tema, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Asimismo, debe traerse a colación el contenido del artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el libramiento de órdenes de aprehensión, en los siguientes términos: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." De las porciones normativas invocadas se desprende que 1) compete al Ministerio Público, en representación de la sociedad, llevar a cabo la investigación de los delitos - acción persecutoria-; 2) de ser el supuesto, ejercer o no la acción penal ante los tribunales; 3) de ejercitarse la acción penal los jueces deberán radicar la averiguación previa y, en caso de advertir elementos que acrediten la comisión de la conducta delictiva imputada, podrán librar orden de aprehensión; por lo tanto, debe colegirse que dichas funciones no constituyen un derecho privado, es decir, no forman parte de las garantías de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido a las autoridades en comento. De ahí que la orden de radicación de una carpeta de investigación y, en general, la investigación de un delito incluida la consignación, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado los procedimientos correspondientes, puesto que son de orden público, a menos que derivado de su incoación se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXXXV/2004, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2004, de la Novena época, registro número 180028, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En tanto, la investigación que se efectúa no constituye un acto que cause perjuicio alguno a la esfera jurídica de la parte quejosa, pues las actuaciones realizadas para la integración de la carpeta de investigación son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, pues no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. Por tanto, debe entenderse que únicamente se trata de una serie de actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba, para en su caso, ordenar la aprehensión o comparecencia del inculpado y, posteriormente, determinar en forma precisa si se acreditan los elementos constitutivos del ilícito de que se trate, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas correspondientes. Entonces, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión o comparecencia del inculpado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de derechos del quejoso; por lo que es inconcuso que las investigación efectuadas en una averiguación previa y, en su caso, la consignación de ésta, no afectan de manera alguna los derechos fundamentales del quejoso. Ello, porque como ya se dijo la integración de una carpeta de investigación en su contra no da materia para una controversia constitucional, en virtud que, de ser así y de concederse el amparo, éste tendría por objeto obligar a las autoridades responsables a no llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, a sabiendas que puede haber datos que establezcan que se han cometido hechos que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el hoy promovente lo cometió o participó en su comisión, y además se dejaría al arbitrio de los tribunales de la Federación, la persecución de los delitos, esto es, a realizar actos que no son de su competencia, violentando con ello las disposiciones expresas del artículo 21 Constitucional. Máxime que el solo inicio de la integración de un carpeta de investigación en su contra no presupone que esta llegara a la etapa de judicialización en virtud que dentro de la secuela procesal de su integración puede llegar el caso de que el Ministerio Público investigador concluya que no existen los suficientes elementos de prueba que logren vincular al disidente como probable autor de un acto delictuoso. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos combatidos a la autoridad responsable, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por **************s, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación. Forma de notificación y autorizados del quejoso. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción III, inciso a) de la ley de materia téngase como domicilio de la parte quejosa la lista de acuerdos que se fija en este Juzgado.. Por otro lado, se tiene como su autorizada en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones así como para imponerse de los autos a la persona que indica por asi solicitarlo expresamente. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Ahora, respecto a los correos electrónicos y número telefónico que proporciona, únicamente se tomará como medio de contacto con este órgano jurisdiccional y no como vía para recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente.
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