Elizabeht Guerrero Fang

Expediente 787/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
787/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Elizabeht Guerrero Fang
  • No existe

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan, con oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales se le tiene haciendo del conocimiento de este tribunal, los actos tendientes al cumplimiento dado al fallo protector de garantías, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, dese vista con lo anterior a la parte quejosa y requiérasele para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses legales convenga respecto al cumplimiento dado por la responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como con los datos aportados por la autoridad. Notifíquese haciéndolo en forma personal a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo

  3. Principal

    S E N T E N C I A: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 787/2023-VI, promovido por Elizabeth Guerrero Fang, contra actos de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, y turnado a este Juzgado ese mismo día, Elizabeth Guerrero Fang, por su propio derecho, promovió demanda de amparo, contra actos de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en la denegatoria de justicia dentro de los autos del juicio laboral radicado bajo el expediente 2/21/1206, del índice de la autoridad responsable descrita, consistente en la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos en los artículos 885 al 890 del ordenamiento legal en cita y específicamente la substanciación del juicio en términos diversos a los establecidos por la Ley, hasta su conclusión. SEGUNDO. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno correspondiente como expediente 787/2023-VI-B; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició en los términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y artículo cuarto, fracción XVII, párrafo segundo, del Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que, el acto reclamado se atribuye a una autoridad laboral residente dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el promovente consiste en: ". . . la omisión por parte de la autoridad. de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por mi parte con fecha 24 de marzo de dos mil veintiuno, mismo que fue radicado por la autoridad señalada como responsable bajo el número 2/21/1206, muy en especial la omisión de la autoridad de fijar fecha y hora para las pruebas pendientes de perfeccionamiento o en su caso otorgar a las artes el término legal para alegatos, así como la substanciación del juicio hasta su conclusión. Toda vez que desde el 09 de junio de 2022 se desahogó la inspección y fe judicial, sin que hasta la fecha se me ha notificado fecha y hora de las pruebas pendientes por desahogar o en su caso el término legal para alegatos." (sic) El descrito acto será materia de estudio en esta resolución, sin que de autos sea advierte alguno diverso. En apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, se cita la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. La autoridad responsable, por conducto del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia de los actos materia del reclamo, que la parte quejosa hizo consistir en la denegatoria de justicia dentro de los autos del juicio laboral 2/21/1206, de su índice, relativa a la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos en los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita y específicamente la substanciación del juicio en términos diversos a los establecidos por la Ley, hasta su conclusión. Medios probatorios a los cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Por tanto, es que son ciertas las omisiones que se le atribuyen a la autoridad responsable ordenadora, Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en la localidad, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público, previamente a hacer el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, del acto motivo de este reclamo constitucional, acorde a lo establecido en el párrafo final del artículo 62, de la Ley de Amparo, es necesario realizar de oficio el estudio de las causas de improcedencia que pudieran provocar la improcedencia de este juicio de amparo, y por ende, el sobreseimiento del mismo, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie no existe causal de improcedencia alguna por analizar en el presente controvertido de amparo, por lo que, se procede a realizar el estudio de fondo de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. QUINTO. Por otro lado, se tienen por reproducidos los conceptos de violación expresados por el amparista en su ocurso de protección de Derechos Humanos, sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, de acuerdo con el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, Novena Época, que se transcribe a continuación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Es fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, supliéndose en su deficiencia la queja, por tratarse de la parte trabajadora, quien acude a solicitar el amparo, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. La parte quejosa, reclama en su concepto de violación, en esencia, que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ha denegado la administración de justicia, violando sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 Constitucional. Agregando además, que en virtud de la prohibición al gobernado, respecto de la auto tutela de sus derechos, el Estado se encuentra obligado a administrar justicia pronta, completa e imparcial, así como de manera gratuita; además de lo expuesto, la parte quejosa agrega que la dilación o demora de la responsable, de violar el precepto constitucional señalado, conculca en su perjuicio, el artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo. Puesto que, según señaló el quejoso, que el precepto aludido, señala que las juntas dictarán sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario. Asimismo, supliendo la deficiencia de la queja planteada, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión de la autoridad responsable ordenadora, de llevar a cabo la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por la ley, en el juicio laboral de origen, y que por ello, la autoridad responsable viola su derecho de acceso a la justicia, ya que según dice, la justicia demorada es justicia denegada, por lo cual, estima que si no se respeta dicho acceso a la justicia es que se vulneran sus Derechos Humanos. Ahora bien, como se dejó establecido en párrafos precedentes, el que esto resuelve, estima que, de lo expuesto por el querellante de amparo, se advierte que se ha conculcado en su perjuicio, el derecho humano consagrado en el artículo 17, de la Carta Magna, al omitir la autoridad responsable, la substanciación del juicio laboral en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Lo que se traduce en que no han respetado los términos establecidos para la tramitación del procedimiento laboral, 2/21/1206, del índice de la responsable ordenadora, promovido por la parte agraviada, lo cual retrasa indebidamente la administración de justicia y transgrede los términos establecidos en la legislación laboral invocada, violentando en su perjuicio la norma constitucional de referencia, de conformidad con las siguientes consideraciones. Así, el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, dispone: " (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." La transcripción que antecede, permite advertir con claridad, que se consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés que se les presenten. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, (establecido en el párrafo segundo), que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes; de esta manera, se puede afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto prevé a la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones, los plazos y términos legales, los cuales, son elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda. Ahora bien, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, retoma el contenido del segundo párrafo del artículo 17, Constitucional, estableciendo que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito e inmediato", y se señala que las juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Conforme a lo anterior, es fácil advertir que el legislador en este numeral, estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, entre otras, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad, el cual, en el caso particular, no se ha respetado. Así, los preceptos constitucional y legales mencionados, relativos ambos a procurar la garantía de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que las Juntas Laborales, en el caso particular, la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, no pueden ni deben retardar su función de administrar justicia, por el contrario, que es una de sus obligaciones, el impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que debe procurar resolver los asuntos a su cargo, en los términos que establece la legislación aplicable. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia L/2002, del rubro y contenido siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En ese mismo orden de ideas, los artículos 870, 873, 875, 878, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 870. Las disposiciones de este Capítulo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta Ley." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." "Artículo 875. La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de dos etapas: a) De conciliación; b) De demanda y excepciones; c) (Se deroga). La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; las que estén ausentes podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que la Junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa correspondiente." "Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: (.) VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución." "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." "Artículo 881. Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas." "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días." "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." El impetrante de derechos humanos señala bajo protesta legal de decir verdad, que ante la Junta Laboral responsable, se tramita el juicio laboral de origen, asimismo, que el acto reclamado le afecta, debido a que desde el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, demandó en la vía ordinaria laboral en contra de Conduent de México Sociedad Anónima de Capital Variable, demanda que se registró ante la responsable bajo el expediente 2/12/1206 y que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo continúa la sustanciación del juicio, sin que se haya emitido el laudo correspondiente, dados los actos omisivos en que ha incurrido la autoridad responsable, lo que estima le causa agravio Por su parte, la Junta responsable al rendir su informe justificado por conducto de su Titular, aceptó los actos materia reclamo, y de las documentales que exhibió en forma anexa a su comunicación oficial, se advierte que, efectivamente no ha vigilado la tramitación del juicio, en los términos indicados en la Ley Federal del Trabajo. Empero, de lo expuesto en los párrafos que preceden y de los antecedentes que señaló la parte quejosa en su demanda de amparo, se pone de manifiesto que se está en presencia de una violación al artículo 17 Constitucional, en razón de que no obstante que tal precepto constitucional obliga a la Junta responsable a impartir justicia en los términos que establezcan las leyes y a emitir sus determinaciones de manera pronta, completa y expedita, la autoridad responsable ha sido omisa en proveer las medidas legales necesarias y eficaces con el objeto de tramitar y resolver el juicio laboral en los plazos y términos señalados por la ley laboral. Por tanto, resulta evidente, que el lapso que ha mediado para efectuar la tramitación del juicio laboral hasta su conclusión, resulta ser excesivo y fuera del término de ley, puesto que han transcurrido más de veintinueve meses contados a partir de la fecha en la que se dio inicio al juicio natural sin haberse concluido, lo que de suyo implica, que la autoridad responsable ordenadora no ha vigilado legalmente, el desarrollo del juicio laboral natural, por lo que dicha omisión resulta ser violatoria de los derechos humanos de la parte quejosa, previstos en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, es de precisarse que la Junta responsable, no ha tramitado en los términos de ley el juicio laboral 2/12/1206, de su índice, puesto que ha sido omisa en verificar legalmente, que se cumplan dentro de los plazos establecidos en la norma laboral, se reitera la conclusión del juicio laboral natural. No pasa inadvertido para este juzgador federal lo aseverado por la junta responsable, en el sentido de que por la carga de trabajo y la falta de recursos materiales para el debido desahogo del proceso no le es posible dar celeridad al presente asunto en los plazos previstos por la ley de la materia, pues tal hecho no la exime de dar cumplimiento al imperativo constitucional de impartir justicia en los términos fijados por las leyes, justamente, porque nuestra carta magna no contempla una excepción de esa naturaleza para ajustarse al derecho de tutela jurisdiccional, de ahí que, sin duda, carece de sustento legal lo alegado al respecto en el informe con justificación rendido en este juicio. De esa forma, correspondía a la autoridad responsable demostrar la causa (no legal) que invocó en justificación a su proceder, sin que lo hubiera hecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 293, del Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Marzo de 1993, Materia(s): Común, Registro: 216991, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO QUE CONTIENE AFIRMACIONES AJENAS A LAS IMPUESTAS POR LA LEY. En el juicio de garantías corresponde al quejoso la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado y a las autoridades responsables rendir su informe con justificación exponiendo las razones o fundamentos que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de su acto o la improcedencia del juicio; por lo mismo, las demás afirmaciones que éstas hagan no pueden tener el carácter de incontrovertibles, porque si en el juicio de garantías guardan una situación jurídica de igualdad procesal respecto de las demás partes, las aseveraciones ajenas a las obligaciones que les impone la ley de la materia se hallan sujetas a prueba." Consecuentemente, al resultar violatorios de derechos humanos los actos reclamados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita la parte quejosa, Elizabeth Guerrero Fang, respecto de los actos atribuidos a la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a fin de que continúe el trámite del juicio laboral del que deriva este sumario de amparo, con la celeridad que establece la ley laboral. Para lo cual en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley Laboral, deberá ordenar desahogarse los actos procesales pendientes, respetando los términos legales para su realización, lo anterior, en el entendido de que, la autoridad laboral, tendrá la obligación de velar permanentemente, para que el procedimiento natural se desarrolle dentro de los términos y plazos previstos en la ley, y además, deberá observar invariablemente, que en las diligencias que deban desahogarse en su jurisdicción, se respeten los términos legales y, en el supuesto de que sean fuera de su residencia, tendrá constante comunicación con la autoridad o dependencia correspondiente, a fin de agilizar el trámite respectivo, hasta su conclusión. Es aplicable al caso, la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro: 2005150, página 732, que es del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74 a 79 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Elizabeth Guerrero Fang, para los efectos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe. En cumplimiento al artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, hace constar: Que la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia en razón de que se firmó electrónicamente una vez que las labores del juzgado, así lo permitieron, en su misma fecha. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos el oficio y anexos remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado y remitiendo documentales de su parte, con lo que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional, asimismo en términos del artículo 9 de la citada ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que se indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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