Eliver Jiménez Morales
Expediente 1731/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1731/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- Eliver Jiménez Morales
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos las comunicaciones de las autoridades responsables Jefe de la Unidad Jurídica y Subdirectora de Prestaciones Socioeconómicas, ambos del Instituto de Seguridad Social de los trabajadores del Estado de Chiapas, mediante el cual informa los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa y tercera interesada, con los oficios de cuenta y anexos a los mismos, por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, con los oficios de cuenta y anexos a los mismos.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la autoridad responsable Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1731/2019-XIV. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, RECLAMO: 1.- LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE TRÁMITE **** DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2019, POR EL QUE SOLICITÉ LA INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE TIERRAS DE USO COMÚN, CELEBRADO CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS". Ahora bien, en este caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fraccón XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.". Se estima así, dado que el quejoso, solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de la omisión por parte de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, en dar respuesta a la solicitud, registrada con el número **** del once de octubre de dos mil diecinueve. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en BREVE TÉRMINO al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado, tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere al dispositivo antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, ya que deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. En efecto, de la demanda que nos ocupa, a la parte quejosa, le causa agravio que la autoridad designada como responsable Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en dar respuesta a la solicitud, registrada con el número **** del once de octubre de dos mil diecinueve. Al efecto, cabe precisar que el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, señala lo siguiente: "Artículo 55. El Registro deberá garantizar en sus procedimientos registrales el principio de prelación. El procedimiento registral se inicia con la solicitud de trámite que se presente en la Oficialía de Partes y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Artículo 56. Los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. La calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral". Por lo que, se considera que a la fecha, no se advierte una "abierta dilación procesal" o su paralización total, para que la autoridad dé contestación a la petición formulada por el promovente de amparo; ya que, desde la presentación de su escrito el once de octubre de dos mil diecinueve, a la de la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, (dieciocho de diciembre del año en curso) que se provee; únicamente han transcurrido en exceso ocho días, del término que establece el artículo 56 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, para que la autoridad responsable emitiera la calificación registral, a fin de dar contestación a su escrito; en otras palabras no existe un término razonable y suficiente, en el que se advierta una abierta dilación, ni la paralización del procedimiento, de ahí que la substanciación de este juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia ya señalada. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia III.3o.T. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 37, diciembre de 2016, tomo II, materia común, con registro electrónico 2013301, visible en la página 1569, de la siguiente literalidad: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." De igual forma, resulta aplicable al particular, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen Xll, tercera parte, página 60, registro electrónico 268600, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE.- Si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae al mismo, se viola la garantía que consagra el artículo 8° constitucional. " Así como la diversa tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo Xlll, febrero de 1994, página 390, registro electrónico 213551, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8° constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. " En consecuencia, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que una vez que transcurra un término prudente, que este juzgador estima de un mes, quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no constituye cosa juzgada, por el contrario, la violación al derecho de petición sí se actualizaría cuando transcurran términos mayores sin que se obtenga una respuesta. Se dice lo anterior, en atención a que, como se precisó en este proveído, únicamente ha transcurrido en exceso ocho días del plazo que la autoridad tiene para emitir su calificación registral; sin que además, pase desapercibido para quien esto resuelve, que la responsable se encuentra gozando de su periodo vacacional; términos que el quejoso debe considerar previo a solicitar nueva mente la protección constitucional. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que índica, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Felipe V Consuelo Soto, titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con motivo de la comisión otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEADS/1080/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de adscripción, asistido de la secretaria que autoriza, Mónica Correa Chávez, quien certifica que la promoción que generó este auto y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. Nmb*
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