Elisie Ruth Martínez Arias
Expediente 591/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/07/2019
Partes del expediente
- Elisie Ruth Martínez Arias
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, Cintalapa, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se sobreseyó y negó el amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se sobreseyó y por otra parte se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se sobreseyó y negó el amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este juicio; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******** en contra de los actos reclamados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad y al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ********* contra los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad Investigación y Litigación en el Estado de Chiapas, Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chiapas y Director de la Policía Municipal de Tecpatan, Chiapas, en términos y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. Notifíquese; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Director de Seguridad Pública del Municipio de Tecpatán, Chiapas, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveídos de dieciséis y treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 74, 75, 129 y 130); en consecuencia, téngase por realizada la aclaración del informe rendido en los citados proveídos. En tal virtud, dése vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa con el informe justificado rendido, a fin de que se impongan de su contenido; asimismo, dése cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley en la materia. Por otra parte, se advierte que en proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, se reservó acordar respecto al ofrecimiento de la prueba testimonial y pericial en psicología, hasta que se encontrara integrada la Litis, en atención a ello, se acuerda: respecto a las citadas probanzas este juzgador considera necesario precisar que no pierde de vista que para estar en aptitud de ordenar el desahogo de las pruebas referidas, deben cumplir con el principio de idoneidad y pertinencia. Los anteriores medios probatorios resultan ineficaces para justificar los actos que por esta vía se reclaman. Por ello, dígasele, que no ha lugar a tener por anunciadas la prueba consistente en la testimonial a cargo de ********* ya que es tendente a acreditar que dichas personas se encontraban en el inmueble cateado; así como la prueba pericial en psicología a los menores *********** con la que pretenden advertir si existe alguna afectación psicológica causada con motivo de los hechos ocurridos en su domicilio y que generaron la presente controversia constitucional. Lo anterior, en razón que los medios de convicción propuestos no guarda relación con la litis ya fijada, por lo que debe desecharse, ya que es evidente que no son aptas para demostrar la ilegalidad del acto reclamado, esto es, carece de idoneidad y pertinencia, requisito indispensable previsto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley en la materia. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, abril de 2001, tomo XIII, página 157, con registro electrónico 189894, que a la letra dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Por tanto, si tales probanzas ofertadas no fueron ofrecidas en el juicio de origen, este juzgador no está facultado para admitirlas, pues se tiene que analizar la constitucionalidad del acto reclamado, tal como está probado ante la responsable, por así disponerlo categóricamente el numeral 75 de la Ley de Amparo; de ahí que si no se ofrecieron ante la responsable, es procedente el desechamiento de los medios de prueba ofrecidos por la parte quejosa. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, marzo de 2017, libro XL, tomo II, pagina 1396, con registro 2013966, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA. El primer párrafo del precepto indicado contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a los sujetos involucrados en el acto de autoridad, al exigir que, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se aprecie tal y como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por otra parte, su segundo párrafo prevé una excepción a esa regla general, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera, como la frase lo anuncia, "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable", lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. En consecuencia, lo dispuesto en el segundo párrafo referido no sería aplicable si el gobernado fue parte en el procedimiento de formación del acto de autoridad, como podría ser un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se entiende que las partes involucradas tienen la posibilidad procesal de probar a su favor". Por tanto, los medios de convicción ofrecidos, no tienen relación inmediata con los hechos controvertidos; por ello, no cumple con el principio de pertinencia de la prueba, el cual, si bien no se prevé en la Ley de Amparo, sí se contempla en el artículo 79 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, que resulta aplicable supletoriamente al juicio de amparo, que a la letra dice: Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes. Por lo antes expuesto, al no encontrarse demostrada la relación inmediata de la prueba con los hechos controvertidos, su desahogo resulta inoficioso, por lo que procede desechar la prueba testimonial y pericial en psicología ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de la demanda. Es aplicable a lo anterior la tesis aislada I.1o.A.14 K, sostenida por el Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1888, Libro XVI, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que señala: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia". Del mismo modo, sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis I.1o.A.12 K, Novena Época, visible en página 1112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, febrero de 2004, que dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LA, IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A ADMITIRLA. Los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de las de posiciones y de las que estén en contra de la moral y del derecho, y que con el fin de preparar su desahogo, la prueba pericial deberá ser anunciada (ofrecida) con cinco días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día de su ofrecimiento y el de la celebración de la audiencia. Sin embargo, no deben interpretarse tales preceptos en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y desahogar las pruebas ofrecidas en todos los casos sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto y, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que recibir una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia". Notifíquese personalmente.
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