Elismir Robert Díaz

Expediente 15/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
15/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Elismir Robert Díaz
  • Ismael Adrian Jordan Carbajal
  • Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos Y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el denunciante no interpuso recurso de inconformidad contra el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, por el que desechó la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese; y electrónicamente al denunciante.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. I. Estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra del proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino de Expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración, que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento original que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por ..., por su propio derecho, contra actos atribuidos a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 15/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Cuestión previa Previo a proveer lo que en derecho corresponda, debe precisarse que el procedimiento relativo a la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se encuentra regulado, en términos generales, en el artículo 210 de la Ley de Amparo. Asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del citado ordenamiento, a falta de disposición expresa se deberá aplicar en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. En estos términos, el artículo 57 del código supletorio a la materia dispone que cuando se reciban escritos notoriamente improcedentes, se desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado; en la inteligencia de que por improcedente se entiende lo que no es conforme a derecho, lo inadecuado, lo extemporáneo. Por tanto, serán recursos notoriamente improcedentes los que se presenten sin ajustarse a derecho. Por su parte, de la interpretación sistemática de los artículos 354, 355 y 588, fracción V, del ordenamiento en cita, se desprende que son improcedentes las acciones intentadas contra actos respecto de los cuales exista cosa juzgada, esto es, cuando previamente se hubieren emitido determinaciones sobre la misma causa, y estas hayan causado ejecutoria. En este sentido, el artículo 356, fracción II, del multicitado código refiere que causan ejecutoria las resoluciones que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él. Por lo cual, de una interpretación sistemática de los numerales en cita, se desprende que los Juzgadores de Distrito deben desechar de plano los escritos de denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuando esté acreditado que exista cosa juzgada; esto es, cuando exista una resolución ejecutoria respecto al mismo acto denunciado. IV. Caso concreto. Ahora bien, en el caso concreto, de la revisión integral al escrito de y anexos de cuenta, se advierte que el promovente comparece a denunciar el siguiente acto: Autoridad denunciada Acto denunciado Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) La negativa de otorgar a la parte quejosa la autorización sanitaria para el consumo lúdico de cannabis, contenida en el oficio ...de trece de mayo de dos mil veintidós, en incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, de la certificación secretarial se observa que, al realizar una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el apartado de "buscar partes por diferentes órganos", se encontró que el denunciante promovió con anterioridad una diversa denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad en contra del mismo acto, la cual fue radicada bajo el expediente ... del índice de este juzgado. Ahora bien, de una revisión al apartado de determinaciones judiciales del propio sistema, se observa que en dicho procedimiento, el doce de enero del año en curso, causó estado el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la cual se desechó de plano la denuncia promovida por .... Lo cual constituye un hecho notorio para este juzgado de distrito. En razón de lo anterior, en el caso concreto se tiene por acreditada la existencia de cosa juzgada respecto del acto denunciado por el promovente; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con los diversos 354, 355 y 588, fracción V, del mismo ordenamiento; lo procedente es desechar de plano la denuncia intentada. Corrobora lo anterior, por analogía, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011 de la Novena Época, localizable en la página 37, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 161662, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se viola la equidad procesal entre las partes, ya que al estar resuelto el litigio, éstas pudieron presentar todas las defensas y excepciones que consideraron pertinentes en el juicio previo, pues debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." IX. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. X. Autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, como autorizado en términos amplios a ..., en razón a que se encuentran inscritos en el registro correspondiente. XI. Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta y notificaciones electrónicas del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario "..." registrado ante dicho sistema. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta y notificaciones electrónicas del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificaciones electrónicas de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. XII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIV. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XI Captura de proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese electrónicamente a la parte denunciante.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. I. Oficio. Agregase a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en representación del Instituto Nacional de Migración Oficina de Representación en Querétaro, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y al efecto informa que el veintisiete de enero del año en curso, se decretó la libertad del quejoso. Contenido que se corroboró al tenor de la llamada telefónica atendida por el Jefe Jurídico y de Atención al Migrante del Instituto Nacional de Migración Oficina de Representación en Querétaro, así como de las constancias remitidas. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de las constancias que remitió la citada autoridad responsable, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado, que la quejosa hizo consistir esencialmente en: "I. ACTOS RECLAMADOS: 1. RECLAMAMOS LA INCONSTITUCIONAL REVISIÓN Y DETENCIÓN DE EL QUEJOSO EN PARTICULAR, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INSCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE ...) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES AL QUEJOSO, PARA PODER SALIR AMPARADOS BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACION. 3. RECLAMAMOS LA DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE EL QUEJOSO HA SIDO OBJETO, SIN QUE HAYA COMETIDO DELITO ALGUNO Y SIN QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE UN PROCESO, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE NO FUE LLAMADO A JUICIO, NI EMPLAZADO, Y SIN LA MENOR PROVOCACIÓN O JUSTIFICACIÓN HA SIDO PRIVADOS DE SU LIBERTAD, SIN QUE SE OBSERVEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN LE OTORGA PARA DEFENDERSE. 4. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE EL AMPARISTA A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 5. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLE A EL QUEJOSO, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE QUERÉTARO, QRO. 6. RECLAMAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR EL QUEJOSO PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD CUBANA. 7. RECLAMAMOS LA ACTUAL E INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O REPATRACIÓN ASISTIDA O ''POR RAZONES HUMANITARIAS'' AL PAÍS DE ORIGEN DE EL QUEJOSO SIN SU CONSENTIMIENTO. 8. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TAMBIÉN RECLAMAMOS EL ACTUAL E INMINENTE RIESGO DE QUE EL QUEJOSO SEA TRASLADADO A UNA ESTACIÓN MIGRATORIA DISTINTA A LA QUE SE ENCUENTRA, PRACTICA QUE REALIZAN LAS RESPONSABLES, ADSCRITAS A EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR LO TANTO, ES UN TEMOR FUNDADO, ESTE ACTO QUE SE RECLAMA. 9. ACTUALMENTE, EL AQUÍ QUEJOSO SE ENCUENTRA DETENIDO, RETENIDO, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADO, O COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR SU CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA." Lo cual, se traduce toralmente en la privación de la libertad a la que el quejoso, así como el procedimiento administrativo respectivo a efecto de verificar la situación migratoria del quejoso, la deportación y/o expulsión del quejoso del país o el traslado del mismo a diversa estación migratoria. Así, de las constancias que acompañó el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en representación del Instituto Nacional de Migración Oficina de Representación en Querétaro, se observa que veintisiete de enero del año en curso, se resolvió poner en libertad al quejoso .... En tal virtud, en el presente juicio, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto se destaca que la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Explicado lo anterior, quien resuelve estima que el juicio de amparo respecto del acto que aquí se reclama, es improcedente porque han cesado los actos que el quejoso reclamó a la autoridad migratoria y esa situación no es motivo de análisis en el presente juicio constitucional. Se explica. El cuatro de enero de dos mil veintitrés , ..., promovió demanda de amparo a favor de..., contra actos del Instituto Nacional de Migración Oficina de Representación en Querétaro, siendo que en la propia data este órgano jurisdiccional decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, para que el quejoso no fuera deportado, desterrado, repatriado, o expulsado a su país de origen, quedando el quejoso a disposición de este Juzgado en el lugar en que se encuentra, solo en lo que se refiere a su libertad personal. Ahora, a través del oficio que se provee en la propia data, se obtiene que la autoridad migratoria el veintisiete de enero del año en curso, resolvió: "Por instrucciones del Gral. Ret. ..., Titular de esta Oficina de Representación en Querétaro, del Instituto Nacional de Migración Usted C. ..., de nacionalidad cubana, siendo las 15:30 horas del día de la fecha, se resuelve que, con fundamento en el artículo 111, fracción III, de la Ley de Migración, Usted ha quedado en absoluta libertad, sin restricción alguna, por lo que se le invita a abandonar las instalaciones de la Estación Migratoria de esta Oficina de Representación en Querétaro. Se aclara que no se abrió el correspondiente Procedimiento Administrativo Migratorio." Por ende, se colige que los actos que fueron reclamados en el presente sumario, han cesado, lo que se corrobora con las constancias que al efecto fueron exhibidas dentro del presente juicio. Documentales que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Atento a lo anterior, debe decirse que han cesado los actos reclamados que imperaban al momento de la presentación de la demanda, ya que el acto reclamado, consistente esencialmente en la privación de la libertad a la que el quejoso, así como el procedimiento administrativo respectivo a efecto de verificar la situación migratoria del quejoso, la deportación y/o expulsión del quejoso del país o el traslado del mismo a diversa estación migratoria, así como los actos de incomunicación que referían sufría el quejoso, fue sustituido por la puesta en libertad del quejoso, en que se le invitó a abandonar las instalaciones de esa Estación Migratoria, y firmó de conformidad, lo que conduce a determinar que se tornan irreparablemente consumadas las violaciones que pudo haber sufrido la parte promovente del amparo, al ya no poder ser analizadas sin afectar la nueva decisión judicial, que como ya se dijo no es motivo de análisis en el presente juicio constitucional. Así pues, es claro que, en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la privación de la libertad con motivo de la detención por parte de elementos del instituto nacional de migración, desapareció, con motivo del oficio de libertad en el que se resolvió la situación migratoria del quejoso, quien desde el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, abandonó las instalaciones donde se encontraba alojado. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia V.2o. J/15, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, registro 220705, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". En esa virtud, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto aquí reclamado. Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con la misma, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Asimismo, es importante señalar, que las causas de improcedencia por las que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo I, página cuatrocientos ochenta y siete, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la tesis I.2°.C.1.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, mayo de dos mil trece, visible en la página mil setecientos setenta y uno, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." En esa virtud, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracciones XIII y XVII, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, Robustece a lo determinado, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. III. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente de manera electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

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