Eliseo Jimenez Rocha

Expediente 1255/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1255/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Eliseo Jimenez Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra del auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. IV. Devolución de tomos de pruebas y disco compacto. Finalmente, de se advierte que existen tomos de pruebas pendientes por devolver al Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, devuélvanse a la autoridad aludida, previo glose de las caratulas que se formaron para tal efecto, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, en razón de que la constancia de notificación hace las veces el mismo. Notifíquese; y, mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CITATORIO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra del auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. IV. Devolución de tomos de pruebas y disco compacto. Finalmente, de se advierte que existen tomos de pruebas pendientes por devolver al Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, devuélvanse a la autoridad aludida, previo glose de las caratulas que se formaron para tal efecto, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, en razón de que la constancia de notificación hace las veces el mismo. Notifíquese; y, mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL CITATORIO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de abril de dos mil veintidós. I. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de diecinueve de abril de la presente anualidad, remite las constancias relativas al Toca Penal de ejecución ........., formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, ahora quejoso y su defensor particular contra la determinación emitida en audiencia oral pública de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente conceder el beneficio de libertad anticipada, emitida por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución de sentencia .......... II. Estado de autos. Atento a lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias de cuenta, de los que se advierte que en el presente asunto se señaló como autoridad responsable y acto reclamado: AUTORIDAD RESPONSABLE: a) Juez de ejecución del distrito judicial de Querétaro. ACTO RECLAMADO: "TIENE TAL CARÁCTER LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN AUDIENCIA ORAL EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE LA CUAL, SE ME NIEGA EL BENEFICIO DE LIBERTAD ANTICIPADA SOLICITADO, ESTO DENTRO DE LA CARPETA ÚNICA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA ..........." Así, por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo el número ........., desechándose en los términos apuntados en el referido proveído; sin embargo, inconforme con lo anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de queja el cual en sesión de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se declaró fundado y en consecuencia el cinco de abril de la presente anualidad, se admitió la demanda de que se trata, dándose el trámite respectivo. Ahora, al rendir el informe justificado la autoridad responsable, informó que en contra de la resolución reclamada en esta instancia constitucional, la parte quejosa, el seis y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto el diecisiete de marzo de la presente anualidad en el toca penal ........, confirmando la resolución recurrida; lo que así se desprende de las constancias con las que se dio cuenta al inicio del presente proveído. III. Sobresee fuera de audiencia. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son de estudio preferente por ser de orden público, las invoquen o no las partes, según lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo, en esa virtud en el presente juicio, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En torno a la figura de la cesación de efectos, se materializan dos hipótesis distintas que pueden actualizarse, a saber: 1) Por revocación, cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 2) Por sustitución, se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que se reclamó, cuya firmeza se da por la posterior actuación que la sustituyó, es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el presente asunto, se estima que acontece la segunda hipótesis de la cesación, relativa a la sustitución del acto reclamado, porque el al constituirse el juicio de amparo en un medio de control cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales provocadas por un acto de autoridad, se advierte que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo es el de agravio, al requerirse de la existencia de éste para que sea procedente la restitución del derecho fundamental en riesgo con el acto de autoridad; de esta forma, cuando el presupuesto procesal de agravio se encuentra ausente o no está debidamente configurado, ya no se podría generar la consecuencia de que el fallo protector, que en su caso llegue a emitirse, pueda abonar en un beneficio concreto a la esfera jurídica del quejoso. En esa tesitura, es patente que de la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando ante la existencia del acto reclamado deviene un hecho posterior que lo invalida o, como acontece en la especie, lo sustituya. Apoya a lo anterior, el criterio identificado bajo la tesis I.2o.P.4 K (10a.), Décima Época, registro digital 2013461, de la Gaceta Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2546 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En el caso concreto, la parte quejosa, ........., se duele de la resolución emitida en audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente conceder el beneficio de libertad anticipada solicitado, dentro de la carpeta de ejecución de sentencia .......; sin embargo, en contra de dicha determinación, el sentenciado, ahora quejoso y su defensor particular, interpusieron recurso de apelación, el que fue resuelto el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, por el Magistrado integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de los autos del toca penal de ejecución ........., donde se confirmó el fallo recurrido. De lo anterior se advierte que la resolución del Juez de Ejecución, materia de análisis en la presente instancia, se constituyó en un acto no definitivo, pues requirió de su confirmación a través de la decisión emitida por el tribunal de alzada, siendo ésta última la que genera agravio actual al solicitante del amparo. Bajo esas condiciones, se aprecia que el aquí acto reclamado fue sustituido por la resolución emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con lo cual aquél dejó de producir la afectación a la esfera de derechos de la quejosa, pues en su lugar prevalece la resolución que validó la decisión adoptada en la primera instancia, lo que genera la improcedencia del amparo en contra de este último acto al dejar de tener vigencia; por tal motivo se torna improcedente el juicio de amparo en contra de la resolución emitida en audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno relativa al beneficio de libertad anticipada solicitado en la carpeta única de ejecución ..........., con ello se podrá afectar de forma indirecta la decisión adoptada al resolver el recurso de queja, sin que existiera previamente un escrutinio sobre las razones adoptadas por el tribunal de alzada para confirmar la determinación del Jue de Ejecución. Apoya a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), consultable con el registro digital 2013315, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1702, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Por ende, si el acto reclamado en esta instancia constitucional es uno que carece de la calidad de definitivo y, por ello mismo, fue substituido por la decisión adoptada por el tribunal de alzada en la vía ordinaria al realizar éste un escrutinio sobre el acto reclamado e, incluso, validarlo, con ello se surte la imposibilidad del suscrito para analizar el fondo del tema propuesto en la demanda de amparo, pues en el presente sumario no se invocó como acto reclamado la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se impone en términos del diverso 63, fracción VI del mismo ordenamiento, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con ésta, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Robustece a lo determinado, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, tampoco el sentido de lo anteriormente determinado, implica detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de éstos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". IV. Se deja sin efectos fecha audiencia constitucional. En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional dentro del presente juicio, la cual estaba fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, y en su lugar de reclusión.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de abril de dos mil veintidós. I. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de diecinueve de abril de la presente anualidad, remite las constancias relativas al Toca Penal de ejecución ........., formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, ahora quejoso y su defensor particular contra la determinación emitida en audiencia oral pública de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente conceder el beneficio de libertad anticipada, emitida por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en la carpeta única de ejecución de sentencia .......... II. Estado de autos. Atento a lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias de cuenta, de los que se advierte que en el presente asunto se señaló como autoridad responsable y acto reclamado: AUTORIDAD RESPONSABLE: a) Juez de ejecución del distrito judicial de Querétaro. ACTO RECLAMADO: "TIENE TAL CARÁCTER LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN AUDIENCIA ORAL EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE LA CUAL, SE ME NIEGA EL BENEFICIO DE LIBERTAD ANTICIPADA SOLICITADO, ESTO DENTRO DE LA CARPETA ÚNICA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA ..........." Así, por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo el número ........., desechándose en los términos apuntados en el referido proveído; sin embargo, inconforme con lo anterior, la parte quejosa, interpuso recurso de queja el cual en sesión de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se declaró fundado y en consecuencia el cinco de abril de la presente anualidad, se admitió la demanda de que se trata, dándose el trámite respectivo. Ahora, al rendir el informe justificado la autoridad responsable, informó que en contra de la resolución reclamada en esta instancia constitucional, la parte quejosa, el seis y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto el diecisiete de marzo de la presente anualidad en el toca penal ........, confirmando la resolución recurrida; lo que así se desprende de las constancias con las que se dio cuenta al inicio del presente proveído. III. Sobresee fuera de audiencia. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son de estudio preferente por ser de orden público, las invoquen o no las partes, según lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo, en esa virtud en el presente juicio, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En torno a la figura de la cesación de efectos, se materializan dos hipótesis distintas que pueden actualizarse, a saber: 1) Por revocación, cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 2) Por sustitución, se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que se reclamó, cuya firmeza se da por la posterior actuación que la sustituyó, es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el presente asunto, se estima que acontece la segunda hipótesis de la cesación, relativa a la sustitución del acto reclamado, porque el al constituirse el juicio de amparo en un medio de control cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales provocadas por un acto de autoridad, se advierte que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo es el de agravio, al requerirse de la existencia de éste para que sea procedente la restitución del derecho fundamental en riesgo con el acto de autoridad; de esta forma, cuando el presupuesto procesal de agravio se encuentra ausente o no está debidamente configurado, ya no se podría generar la consecuencia de que el fallo protector, que en su caso llegue a emitirse, pueda abonar en un beneficio concreto a la esfera jurídica del quejoso. En esa tesitura, es patente que de la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando ante la existencia del acto reclamado deviene un hecho posterior que lo invalida o, como acontece en la especie, lo sustituya. Apoya a lo anterior, el criterio identificado bajo la tesis I.2o.P.4 K (10a.), Décima Época, registro digital 2013461, de la Gaceta Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2546 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En el caso concreto, la parte quejosa, ........., se duele de la resolución emitida en audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente conceder el beneficio de libertad anticipada solicitado, dentro de la carpeta de ejecución de sentencia .......; sin embargo, en contra de dicha determinación, el sentenciado, ahora quejoso y su defensor particular, interpusieron recurso de apelación, el que fue resuelto el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, por el Magistrado integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de los autos del toca penal de ejecución ........., donde se confirmó el fallo recurrido. De lo anterior se advierte que la resolución del Juez de Ejecución, materia de análisis en la presente instancia, se constituyó en un acto no definitivo, pues requirió de su confirmación a través de la decisión emitida por el tribunal de alzada, siendo ésta última la que genera agravio actual al solicitante del amparo. Bajo esas condiciones, se aprecia que el aquí acto reclamado fue sustituido por la resolución emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con lo cual aquél dejó de producir la afectación a la esfera de derechos de la quejosa, pues en su lugar prevalece la resolución que validó la decisión adoptada en la primera instancia, lo que genera la improcedencia del amparo en contra de este último acto al dejar de tener vigencia; por tal motivo se torna improcedente el juicio de amparo en contra de la resolución emitida en audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno relativa al beneficio de libertad anticipada solicitado en la carpeta única de ejecución ..........., con ello se podrá afectar de forma indirecta la decisión adoptada al resolver el recurso de queja, sin que existiera previamente un escrutinio sobre las razones adoptadas por el tribunal de alzada para confirmar la determinación del Jue de Ejecución. Apoya a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), consultable con el registro digital 2013315, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1702, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Por ende, si el acto reclamado en esta instancia constitucional es uno que carece de la calidad de definitivo y, por ello mismo, fue substituido por la decisión adoptada por el tribunal de alzada en la vía ordinaria al realizar éste un escrutinio sobre el acto reclamado e, incluso, validarlo, con ello se surte la imposibilidad del suscrito para analizar el fondo del tema propuesto en la demanda de amparo, pues en el presente sumario no se invocó como acto reclamado la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se impone en términos del diverso 63, fracción VI del mismo ordenamiento, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Cabe resaltar, que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con ésta, en términos de lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. Por tanto, este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los peticionarios no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos, motivo por el cual, se reitera, se estima que esa obligación no corresponde a los Juzgados de Distrito en el amparo indirecto en primera instancia. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 51/2014 (10ª.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el libro 12, noviembre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Robustece a lo determinado, la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, tampoco el sentido de lo anteriormente determinado, implica detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de éstos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". IV. Se deja sin efectos fecha audiencia constitucional. En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional dentro del presente juicio, la cual estaba fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, y en su lugar de reclusión.

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