Eliseo Guzmán Guzmán

Expediente 255/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
255/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Eliseo Guzmán Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia y archivo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo, es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyanse el juicio principal, dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, realice las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Insértese este acuerdo en el cuaderno original. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensiones 1307 o 1308, (dentro de un horario de trece a dieciocho horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 255/2021-I, promovido por Eliseo Guzmán Guzmán; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado en esa misma data a este órgano jurisdiccional, Eliseo Guzmán Guzmán, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y acto siguientes: ". III.- AUTORIDADES RESPONSABLES Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (.). La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos (.). La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos (.). Subdelegado de Prestaciones Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por su siglas ISSSTE en el Estado de Tlaxcala (.). V.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. DEL C. PRESIDENTE CONSTITUICONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2016; Y DE MANERA PARTICULAR EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III DE DICHO DECRETO, aplicada tácitamente al quejoso. DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: LA APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: LA APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Del Subdelegado de Prestaciones Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 1.- La EMISIÓN del acuerdo SP/DPSH-430/2021 de fecha 05 de marzo de 2021, con motivo del primer acto concreto de aplicación, resultado de inconformidad del suscrito quejoso mediante el escrito de fecha 28 de septiembre de 2020, dirigido al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higienes en la Delegación del Estado de Tlaxcala, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el suscrito en mi calidad de jubilado y pensionado por viudez. 2.- La restricción del otorgamiento mi pensión por jubilación, en los mismos términos en los que fue concedida, afectando mi esfera jurídica, soslayando y desconociendo las aportaciones realizadas al fondo de pensiones, realizadas de forma ininterrumpida cotizadas en las dependencias al régimen de Ley del ISSSTE, en razón de que, se advierte que los peticionarios de amparo accedieron a los beneficios pensionarios cuando aún estaba vigente la Ley del citado instituto publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, documentales a las que solicito previamente se les conceda valor probatorio pleno. 3.-Los pagos que me corresponde a mi beneficio pensionario conforme a los incrementos que sufre el salario el salario mínimo, ya que la responsable pretende equiparar la Unidad de Medida y Actualización con el salario mínimo por lo que disminuye el monto que nos debe pagar, bajo el argumento de que nos ajustan nuestra pensión de jubilación con base a la Unidad de Medida de Actualización (UMA) el cual es de $86.34 pesos para el ejercicio 2020 siendo que en dicho ejercicio el salario mínimo general es de $123.21 pesos, por lo que claramente existe una disminución en nuestro pago de pensión por jubilación que en derecho nos corresponde, aclarando si es bien cierto la responsable manifiesta que nuestras pensiones, no están afectadas porque no existe la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización al señalar que no rebasan las diez UMAS (Unidad de Medida y Actualización) lo cierto es que dicha situación fue la que originó la presente Litis, ya que al observar el quejoso que los incrementos en proporción a los incrementos que se otorgaron a las pensiones son con base a las Unidades de Medida y Actualización y no en salarios mínimos, existe una afectación a nuestra esfera jurídica de derechos, ya que como lo alude la responsable nuestras pensiones fueron concedidas con sustento en el artículo 64, el cual determina que para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos de esta ley, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfruta en el último año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador o de su fallecimiento, siendo entonces que el quejoso coticé en salarios mínimos y mi pensión fue pagada de origen en dicha proporción. Por lo expuesto la EMISIÓN de la resolución emitida por el oficio SP/DPSH-430/2021 de fecha 05 de marzo de 2021, así como la AJUSTE Y DISMINUCIÓN efectuado en perjuicio del monto de mi pensión por, que me fue asignada con el número de pensión: 1477602 afecta mi esfera jurídica y mi derecho adquirido, afectando el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente y trasgrediendo el principio de progresividad de los Derechos Humanos, ya que el hecho que la responsable incremente con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC, este incremento es referente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sin que pase desapercibido que si también es cierto el INPC era referente al salario mínimo este dejó de serlo al momento de la desindexación de este, para que la economía familiar creciera y no se disminuye el poder adquisitivo.". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 123 Aparatado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno (previa prevención) este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de mérito, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito Mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que se trata de un juicio de amparo de naturaleza administrativa, en el que se reclama un ordenamiento federal con motivo de su primer acto de aplicación, cuya ejecución se lleva a cabo en la misma en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias integrantes del presente juicio de amparo y del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: El decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de dos mil dieciséis; y de manera particular el artículo 2, fracción III, de dicho decreto. De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: La aprobación y expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. De la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: La aprobación y expedición de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tlaxcala: La emisión del acuerdo contenido en el oficio SP/DPSH-430/2021, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, con motivo del primer acto concreto de aplicación, esto es, como precepto heteroaplicativo. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, consistentes en la aprobación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización; pues así lo reconocieron dichas autoridades al rendir sus informes justificados (fojas 74 a 75 y 77 a 80); por tanto, se tienen como ciertos sin prueba en contrario. El Presidente de la República; por conducto del Director General de Amparo contra Leyes adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que atañe a su intervención efectuada dentro del proceso legislativo de la norma tildada de inconstitucional (artículo 2, fracción III, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización), aceptó su existencia, pues así lo reconoció dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 186 a 217); por tanto, se tiene como cierto sin prueba en contrario. Aunado a que respecto de los actos pertenecientes al proceso de creación del ordenamiento legal impugnado, esa certeza les es implícita atendiendo al principio de derecho que prevé que las leyes no son objeto de prueba, plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". Asimismo, apoya lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis visible en la página 337, del Informe de Labores rendido por el presidente del aludido Alto Tribunal al finalizar el año de mil novecientos setenta y cuatro, que al respecto menciona lo siguiente: "LEYES NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo sin necesidad de que se le ofrezca como prueba el decreto que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarlo en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba." Por otra parte, también es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tlaxcala, consistente en la emisión del acuerdo contenido en el oficio SP/DPSH-430/2021, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, con motivo del primer acto concreto de aplicación, esto es, como precepto heteroaplicativo. Lo anterior, pues si bien al rendir su informe con justificación (fojas 82 a 88), negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye; no obstante, de sus propias manifestaciones se evidencia la certeza respecto del acto señalado con antelación, de ahí que la negativa se encuentre desvirtuada, por lo cual, se tiene por cierto el acto precisado. A lo anterior es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". De igual forma, se cita la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Asimismo, lo anterior se corrobora con las documentales que anexo la parte quejosa a su demanda de amparo (fojas 40 a 43), del que se advierte la existencia de dicho acto, constancias que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso concreto, el oficio SP/DPSH-2576/2018, que constituye el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, se notificó a la parte quejosa el doce de marzo dos mil veintiuno (fojas 13 y 165), por lo que dicha notificación surtió efectos el mismo día, por tanto el plazo de quince días transcurrió del dieciséis de marzo al ocho de abril de dos mil veintiuno, previo descuento de los sábados y domingos por ser días inhábiles por disposición expresa del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los días treinta y uno de marzo, uno y dos de abril de dos mil veintiuno, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: MARZO 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 8 9 10 Día 1 11 Día 2 12 Día 3 Notificación del acto reclamado 13 Día inhábil 14 Día inhábil 15 Día Inhábil 16 Día 1 17 Día 2 18 Día 3 19 Día 4 20 Día inhábil 21 Día inhábil 22 Día 5 23 Día 6 24 Día 7 25 Día 8 26 Día 9 27 Día inhábil 28 Día inhábil 29 Día 10 30 Día 11 31 Día Inhábil ABRIL 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día Inhábil 2 Día Inhábil 3 Día inhábil 4 Día inhábil 5 Día 12 6 Día 13 7 Día 14 8 Día 15 Presentó demanda 9 10 11 En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el ocho de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, según se advierte de la papeleta respectiva, siendo remitida el mismo día a este juzgado, por cuestión de turno. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la Jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". l. Causal de improcedencia, principio de definitividad. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo contenido en el oficio SP/DPSH-430/2021, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, atribuido al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tlaxcala, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte accionante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que a través de dicho medio ordinario de impugnación se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto combatido en cita. En relación con ello, conviene precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.].". Del citado artículo se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquéllas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Así las cosas, el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.].". En ese contexto, este juzgado estima que el acto reclamado consistente en la emisión del acuerdo contenido en el oficio SP/DPSH-430/2021, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del juicio de nulidad en términos del citado artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que el ordenamiento en estudio, en su artículo 3, precisa las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre los cuales, establece como resoluciones definitivas aquéllas que: 1) no admiten recurso administrativo en su contra y 2) admiten recurso administrativo pero su interposición es opcional. Además, en el supuesto normativo expresado en su fracción VII señala que el juicio contencioso administrativo federal procede contra resoluciones o actos dictados en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En esas condiciones, si se toma en consideración que los actos reclamados se hacen consistir en la actualización en Unidad de Medida de Actualización, de la pensión otorgada a la parte quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta claro que el juicio de nulidad es procedente en contra de dicha determinación, pues se trata de una resolución emitida por una autoridad de la administración pública federal en materia de pensiones civiles. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 111/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 326, Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." También, resulta aplicable la Jurisprudencia número XX.1o. J/67, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Página 1724, Libro XXV, Mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SUS PENSIONADOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y NO A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE RECLAME EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES JUBILATORIAS Y EL PAGO DE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES A DICHO AUMENTO POR TRATARSE DE UNA RELACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). Del análisis lógico y sistemático de los artículos 1o., fracción I, 3o., fracción V, 4o., 48, 51, párrafos antepenúltimo y último, 60, 73, 74, 150, fracciones II y VI y 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, y 1o., 2o., fracción II, 5o., 6o., 23 y 25 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del propio instituto, se advierte que al citado organismo por sí o por medio de los diversos órganos que lo integran y que jerárquicamente dependen de él, compete resolver las solicitudes planteadas respecto de las pensiones que otorga, lo cual denota que la situación que éste guarda con los pensionados es de supra a subordinación, porque constituye una relación de carácter administrativo y no laboral, con independencia de que las pensiones tengan como fuente una relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia u organismo en los cuales laboró. En este sentido, en términos de la fracción VI del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que esencialmente le atribuye competencia a ese órgano para conocer y resolver los asuntos que sean de naturaleza administrativa, como las resoluciones emitidas en materia de pensiones civiles con cargo al referido instituto, resulta claro que las determinaciones relacionadas con las solicitudes de incremento de pensiones jubilatorias y el pago de diferencias correspondientes a dicho aumento, planteadas en términos del artículo 57 del ordenamiento citado en primer término, deben ser impugnadas a través del juicio contencioso administrativo y no ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque las pensiones las otorga el aludido instituto con cargo a su presupuesto, de acuerdo con los artículos 178, 181, 182 y 184 de la legislación que lo rige; sin que obste a lo anterior que el pensionado no precise en la demanda la existencia de una resolución definitiva, ni haga referencia a que existe alguna solicitud que pudiera configurar una negativa ficta, porque ello en modo alguno constriñe al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a soslayar la observancia de las normas contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para emitir la determinación que corresponda, porque para fijar la competencia material de un órgano jurisdiccional no debe estarse a la forma en que se ejercitó la acción, sino a la sustancia de la cuestión sometida a la litis pues, en todo caso, ello únicamente debe considerarse para establecer la procedencia o improcedencia del propio juicio, en términos de la fracción XI del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.". Al respecto, tal como se refirió en párrafos que anteceden, al estar en presencia de actos de naturaleza positivos, es dable concluir que la actualización de la pensión por jubilación, se encuentra comprendida en la hipótesis prevista en el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en razón de que, como se expuso, se trata de un acto que se estima irregular en relación con el otorgamiento de pensiones, y por tanto, la parte quejosa debió impugnarlo a través del juicio de nulidad a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En el entendido que no se surte la diversa excepción prevista en la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que se analiza, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, puesto que atendiendo a la naturaleza de los actos que aquí se combaten, resulta evidente que se emitieron atendiendo al contenido a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Estatuto Orgánico de dicho Instituto y al Reglamento de las Delegaciones del referido Instituto. De ese modo, cabe precisar que la excepción al principio definitividad que se estudia, atiende a que debe otorgarse certeza jurídica a los gobernados respecto a que tengan conocimiento real del fundamento de los actos de autoridad, y como consecuencia, del medio de impugnación procedente para su defensa, lo que en el presente caso se encuentra colmado, en tanto que desde que se concede una pensión a los derechohabientes del sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, se contempla lo establecido en el precepto citado en el párrafo que antecede, como incluso se corrobora del contenido del escrito inicial de demanda, por lo que en caso de inconformidad con su concesión, negación, suspensión, revocación, modificación o reducción, es dable agotar los medios de defensa ordinarios, como en el caso acontece con el juicio contencioso administrativo federal, en el cual se debe cumplir con los mandatos constitucionales en materia de impartición de justicia y protección de derechos fundamentales. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Además, tampoco se hacen valer exclusivamente violaciones directas a la Carta Magna, dado a que es necesario destacar que el tópico atinente a que a la quejosa le corresponde una actualización a su pensión por jubilación, constituye un tema de legalidad, ya que el Juzgador deberá confrontar los documentos referentes a la concesión de pensión, con la legislación aplicable, a saber, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su Estatuto Orgánico, a efecto de verificar si la pensión de que goza el promovente se encuentra otorgada correctamente; es decir, se trata de verificar la aplicación de leyes en un acto concreto de autoridad. Bajo tales premisas, se tiene que si en el concepto de violación que se propuso en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señala que la autoridad responsable dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se abstuvo de otorgarle una actualización en salarios mínimos a su pensión por jubilación que percibe; es inconcuso que al analizar la legalidad del acto reclamado en la demanda de amparo, únicamente se verificará cuáles son los conceptos que dispone la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado y demás ordenamientos secundarios, que deben ser tomados en consideración a fin de determinar si el beneficio pensionario que le fue otorgado se encuentra correctamente actualizado, sin que ello implique confrontar el acto reclamado directamente con la Constitución. En apoyo, sirve citar la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". En ese contexto, se precisa que a la parte quejosa, tampoco le asiste el carácter de tercero extraño, pues tal como lo manifestó en su demanda, ésta tiene conocimiento pleno del contenido del acto reclamado. Es aplicable al caso, el criterio expuesto en la tesis VII.3o.P.T.32 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la Página 33441, Tomo XXXIII, del mes de Enero de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro a continuación se trascribe: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001)". Por otra parte, no pasa inadvertido que, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XlV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el recurso o medio de defensa legal es optativo; sin embargo, en el presente caso, no tiene aplicación tal precepto, en virtud de que el oficio SP/DPSH-430/2021, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, no se advierte que se haya aplicado la norma general impugnada, es decir, el artículo 2, fracción III, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Por último, cabe precisar que no se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Al respecto, se cita la Tesis: P./J. 11/2018, visible en la página 8, del tomo I, correspondiente al mes de junio de dos mil dieciocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Atento a lo anterior, se considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo con relación al acto reclamado antes destacado, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Similar criterio sostuvo este Juzgado de Distrito al resolver los juicios de amparo: a) 1161/2018 y 1162/2018, determinaciones que fueron confirmadas por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante ejecutorias de dos de diciembre de dos mil diecinueve y dieciséis de enero de dos mil veinte, en los cuadernos auxiliares 911/2018 y 1003/2019, derivados de los cuadernos de amparo en revisión 239/2019 y 236/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. b) 1163/2018 y 1164/2018, determinaciones confirmadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito mediante ejecutorias de doce de noviembre de dos mil veinte y veintitrés de julio de dos mil veinte, en los cuadernos de amparo en revisión 15/2020 y 258/2019, de su índice. II. Causal de improcedencia respecto a la Ley reclamada. Por otra parte, en el caso particular, este Juzgado de Distrito considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la emisión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se expide la ley para determinar el valor de la unidad medida y actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de manera particular el artículo 2, fracción III de dicho decreto; mismos que atribuyó a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República; reclamado con motivo de su primer acto de aplicación. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional puede promoverlo, únicamente, la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. Ahora, el Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) El acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su aplicación, se cita la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, página 1854, cuyo contenido es: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por su parte, para que exista un interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Las consideraciones precedentes se contienen en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, página 60, del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De la transcripción precedente se obtiene que para la procedencia del juicio amparo es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y ese interés se vea afectado. En el caso particular, sólo se analizará el interés jurídico, pues al presentar la demanda de amparo, la quejosa no alegó la titularidad de un interés legítimo para accionar la vía constitucional. Ahora bien, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. Por lo anterior, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. No está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones. Sobre el particular, se cita por su aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 225, del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En ese contexto, debe decirse que hay actos de autoridad de carácter general, abstracto e impersonal que crean hipótesis o supuestos jurídicos en los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situación ya de hecho o de derecho. Dichos actos son hipótesis en las que las condiciones en que se encuentre el gobernado pueden o no ajustarse exactamente. Puede suceder, en consecuencia, que por el solo hecho de que una norma de conducta entre en vigor (sea ley, reglamento o tratado internacional) agravie o perjudique a alguien por actualizar para éste determinadas obligaciones, de manera que su situación encaje exactamente en la hipótesis prevista abstractamente en dicha norma. Las normas de este tipo son las llamadas autoaplicativas y el afectado con ellas está en aptitud, desde luego, de impugnarlas de inmediato; pero, por el contrario, puede acontecer que se trate de normas que delinean o estructuran simples abstracciones, hipótesis o supuestos; a este tipo de normas se les conoce como heteroaplicativas. Ahora bien, para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización condicionada o incondicionada de los efectos o supuestos normativos contenidos en ellas. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por su aplicación, se cita la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia Constitucional-Común, página 5, cuyo contenido es: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Entonces, para impugnar a través del juicio de amparo una norma de carácter general, implica necesariamente la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados. En la primera posibilidad, quien alega que la sola entrada en vigor de la ley afecta su esfera jurídica, tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de que efectivamente la mera vigencia de la ley le causa perjuicio. En cambio, en el segundo supuesto, el promovente del juicio tiene la carga de acreditar, también de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de la ley impugnada y, además, que esa aplicación le cause perjuicio, porque, como se dijo, esto último constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa. Al respecto es importante destacar que si de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo sólo puede promoverlo la parte "a quien afecte la norma general" o cualquier otro acto de autoridad, resulta obvio que sea improcedente el juicio que se intente contra actos de tal naturaleza si la expedición o realización de ellos no causa, por sí sola, perjuicio alguno al promovente. En ese contexto, es posible deducir que el daño o perjuicio que se impugna, debe producirse por una autoridad, y que consista en la violación de un derecho fundamental ya sea por leyes o actos emitidos por aquélla, cuya apreciación sea de manera real, objetiva. Ahora bien, tratándose del juicio de amparo indirecto o biinstancial, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, este medio extraordinario de defensa procede contra leyes u ordenamientos generales que por su sola vigencia, o con motivo del primer acto de aplicación, causen un agravio al quejoso. Entonces, el presupuesto que permite analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, es que, efectivamente, haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica positiva o negativamente, ya sea por su sola vigencia o se le aplique de manera escrita o de hecho y altere su ámbito de acción; de modo que la interpretación en sentido contrario de la disposición en consulta permite concluir que el juicio de amparo es improcedente en contra de una norma que por su sola vigencia o con motivo de un acto concreto de aplicación, no causa perjuicio al particular. En conclusión, si la existencia del perjuicio mismo es el presupuesto que exige la procedencia del amparo en contra de un acto de autoridad, entonces ese perjuicio debe ser objetivo y actual al momento de la presentación de la demanda; por tanto, para que la constitucionalidad de una norma legal pueda ser analizada en el juicio de amparo, ésta debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real y concreta. Con base en estas precisiones, es posible afirmar que la procedencia de la acción constitucional en contra de una ley, sea de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, requiere como presupuesto la existencia de un agravio personal y directo, pues no basta la inminencia de esa afectación para que el amparo sea procedente, ya que esa inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, sino que sólo genera la presunción de que podría realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. En ese orden de ideas, debe puntualizarse que la quejosa reclamó la emisión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se expide la ley para determinar el valor de la unidad medida y actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de manera particular el artículo 2, fracción III de dicho decreto; mismo que atribuyó a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República; reclamado con motivo de su primer acto de aplicación, el cual se hizo consistir en el oficio SP/DPSH-430/2021, de cinco de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, del examen integral del oficio de mérito, es dable concluir que se emitió en respuesta a una petición expresa del peticionario del amparo, en la cual solicitó se le explicara en forma descriptiva y de manera fundada y motivada, la razón por la cual la pensión de la que disfruta se le está cubriendo con base en la unidad de medida y actualización y no en Salarios mínimos. Así, en el oficio de cuenta se le explica que para efectos de la determinación de la cuota diaria que sirve de sustento para los cálculos correspondientes, se tomó en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidos de conformidad con el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado. En consecuencia, se reitera, no se acredita la aplicación del Decreto por el que se expide la ley para determinar el valor de la unidad medida y actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Por lo anterior, se concluye que las pruebas aportadas en el presente juicio no justifican la existencia del acto de aplicación de la norma general reclamada. Luego, si como se dijo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XII del artículo 61 de dicho ordenamiento, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la acreditación fehaciente del interés jurídico, el que tratándose de amparo contra normas generales requiere comprobar la afectación que causa la norma, lo cual no ocurre en el caso, pues la parte quejosa no ofreció prueba fehaciente de la aplicación en su perjuicio de la norma reclamada; por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento, en relación con la fracción XII del artículo 61 en comento. Por su aplicación, se cita la jurisprudencia 1a./J. 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, Materia Común, página 103, de rubro y texto siguientes: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia 2a./J. 76/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, página 374, de contenido siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio". Y, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, página 382, cuyo rubro y texto son: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio". En consecuencia, como lo dispone la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido contra la emisión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se expide la ley para determinar el valor de la unidad medida y actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de manera particular el artículo 2, fracción III de dicho decreto; mismos que atribuyó a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente de la República; reclamado con motivo de su primer acto de aplicación. Derivado de lo anterior, al haberse decretado el sobreseimiento por la actualización de la causa de improcedencia invocada, el suscrito se encuentra imposibilitado para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada, respecto de la inconsticuionalidad de los artículos analizados en el presente considerando. En esta tesitura, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio de amparo, deviene imposible analizar la inconstitucionalidad planteada de los actos reclamados; de conformidad con la tesis II.2o.183 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, Febrero de 1994, Octava Época, página 420, con el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Asimismo, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 255/2021-I, promovido por Eliseo Guzmán Guzmán, contra los actos y autoridades responsables en términos del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/1620/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", el día de hoy, nueve de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado, quien actúa asistida del licenciado Olga Viviana López González, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Director General de Amparos contra Leyes, en representación del Presidente de la República; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de referencia, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que indica; y por lo que hace al domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones, dígase que en términos del artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, éstas se harán en el domicilio de su oficina principal. Diferimiento audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, la audiencia constitucional que está señalada para este día SE DIFIERE para las TRECE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Agréguese únicamente. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, con sede en la Ciudad de México; a través del cual, informa que la representación de la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, toda vez que en proveído de nueve de los corrientes se acordó su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sergio Alberto Avendaño Martínez, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

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