Eliseo Domínguez Rodríguez

Expediente 967/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
967/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Eliseo Domínguez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de ********************, en el que desechó la demanda de amparo promovida por********************; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Eliseo Domínguez Rodríguez, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 967/2021-III. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consistente en: El auto de uno de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 471/2018, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio, por el que se requiere al quejoso la entrega del bien inmueble denominado "La fracción Tercera", del predio identificado como predio urbano de construcción, ubicado frente al parque Emilio Sánchez Piedras, número cinco, de la población de San Pablo Apetatitlán, Municipio de Antonio Carvajal, Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, con motivo de la sentencia dictada en dicho expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa a su costa. La omisión de la juez de ordenar que el acuerdo de ocho de julio de dos mil diecinueve, se notificara de manera personal al suscrito, pues se trata de una notificación de las contempladas en el tópico 96 bis, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, al tratarse de un requerimiento. En ese sentido, respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". El segundo de los numerales reproducidos establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos ocurridos fuera de juicio o después de concluido; este último supuesto contiene dos reglas especiales, a saber: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procede el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; la cual debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. b) Cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de remate, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la resolución definitiva en que se ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados. Para efectos de este fallo, cobra relevancia la primera regla enunciada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, estableció que la finalidad de la regla de que el amparo sólo procede contra la "última resolución" dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia (o de remate), en el cual pueden impugnarse las violaciones que pudieran cometerse durante ese procedimiento que dejaren sin defensa al quejoso, tuvo por objeto evitar el entorpecimiento y retardo en el cumplimiento de las sentencias, así como el abuso del juicio de amparo, permitiendo que los fallos dictados se cumplimenten, en acatamiento al derecho fundamental de acceso a la justicia, contenido en el precepto 17 de la Constitución Federal. Así, una vez materializada la ejecución puede entonces ejercerse la acción constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001 - aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley de amparo vigente-, publicada en la actualización 2001 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 7, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Además, debe tenerse presente que el Pleno del Alto Tribunal, en la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010 (criterio aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley vigente), estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, instituye, en principio, una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; asimismo, que la fracción IV (actualmente V) del mismo precepto establece que el amparo procederá contra actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Agregó, que la amplitud de la norma contenida en la citada fracción da pauta para interpretar la fracción III y no a la inversa, de modo tal que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV (actualmente V), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo que deberá apreciarse en cada caso, atendiendo a la naturaleza y efectos de los actos reclamados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/96 -aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley de amparo vigente-, determinó cuál es la "última resolución" que se dicta en el procedimiento de ejecución de sentencia (de un juicio de arrendamiento inmobiliario) en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, bajo las consideraciones que se invocan en vía de argumento de autoridad y se sintetizan a continuación: ( La regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la ley de la materia, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. ( Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización impidiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones que, por el contrario, lo retardarían, como es el caso de las que apercibe al condenado para que dé cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva, apercibido de hacerlo forzosamente, o bien, la que ante el incumplimiento ordena la ejecución material de tal apercibimiento. ( La etapa de ejecución de sentencia obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; por ello, en el caso, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndolo de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo. ( Sin embargo, ninguno de tales proveídos resulta ser el último dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de primera instancia de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. ( Por tal motivo, -concluyó la Corte- la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio del arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese orden de ideas, sólo en contra de la determinación que se dicte -reconociendo o declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia-, procederá el juicio de amparo indirecto. De esta manera, -agregó la Sala- no únicamente se impide la promoción de demandas de amparo contra cualquier determinación, sino también se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo. Este criterio es aplicable por identidad de razón al caso concreto, pues el juicio del que deriva el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, aunado a que lo concluido por el Máximo Tribunal del País es aplicable en exclusiva al orden civil. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en el auto de uno de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 471/2018, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio, por el que se requiere al quejoso la entrega del bien inmueble denominado "La fracción Tercera", del predio identificado como predio urbano de construcción, ubicado frente al parque Emilio Sánchez Piedras, número cinco, de la población de San Pablo Apetatitlán, Municipio de Antonio Carvajal, Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Tlaxcala, con motivo de la sentencia dictada en dicho expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa a su costa. De modo que, con base en lo establecido por la Primera Sala del Máximo Tribunal, es inconcuso que dicho acuerdo no es el último dictado en el procedimiento de ejecución, ya que el acuerdo reclamado tiene por efecto continuar con el procedimiento de ejecución, comisionar al actuario judicial para que haga la entrega material y, en caso de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa. En esta tesitura, si aún no existe pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional que apruebe o reconozca el cumplimiento total de dicha resolución definitiva, o bien, declare la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, menos aún, ordena el archivo definitivo del expediente, es inconcuso que, en esta etapa, el juicio de amparo es improcedente. Por tanto, es evidente que dicha determinación no constituye una resolución definitiva en el procedimiento de origen, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del precepto 107 de la ley de la materia, pues no ha concluido esa etapa procesal, circunstancia que hace improcedente el juicio de amparo. No se desconoce que, como excepción a esa regla general, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 32/2010, estableció que en el periodo de ejecución de sentencia existen dos tipos de actos: los que gozan de autonomía con relación a la ejecución y los emitidos en ejecución de sentencia. Los primeros no tienen como finalidad directa e inmediata la ejecución del fallo, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata; mientras que, en los segundos, procede el amparo indirecto, por regla general, contra la última resolución del procedimiento. Consideraciones que sustentan la tesis 1a./J. 19/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, de Mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Además, no debe perderse de vista que en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el juicio que se promueva contra la "última resolución", podrán reclamarse todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo, que estimen los dejaron indefensos y, en consecuencia, trascendieron al resultado del fallo. Como apoyo de esta determinación, debe precisarse que todo procedimiento judicial, por su propia naturaleza, requiere la realización de diversos actos procesales que pueden causar molestias a las partes, las cuales se encuentran obligadas a soportarlas toda vez que tales procedimientos son los medios que la Constitución General de la Republica establece a favor de los particulares para que exijan justicia y hagan valer sus derechos. Máxime que los actos reclamados, de acuerdo a los antecedentes que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta y a sus conceptos de violación, no vulneran derechos sustantivos puesto que el quejoso fue parte del juicio de origen y los mismos no pueden considerarse ajenos a la cosa juzgada, debido a que fue emitido precisamente para ejecutar la sentencia, donde fue oído y vencido a juicio. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante ejecutoria pronunciada el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 109/2019, derivado del juicio de amparo 1073/2018, del índice de este Juzgado de Distrito. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. b) Definitividad Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de notificar personalmente el acuerdo de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 475/2018, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura pública, este órgano de control constitucional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, con excepción hecha de los terceros extraños al juicio y los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, de los cuales no se surte ninguno en este caso. Asimismo, tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, no se actualizan las excepciones que contempla dicho numeral para agotar tal principio, ya que por una parte, ninguno de los actos reclamados encuadra en las hipótesis previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que quedaron precisadas con antelación, y por otro lado, del escrito de cuenta, se advierte que el promovente es parte dentro del expediente de origen y si bien, se duele de la omisión de notificar personalmente el acuerdo de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 475/2018, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura pública; sin embargo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló en su demanda que nos ocupa, a los que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señaló que la notificación no le fue efectuada de manera personal, a pesar de que contenía un requerimiento. En ese sentido, como ya se indicó con anterioridad, en el presente asunto se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que si el quejoso estima que la notificación del acuerdo de ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 475/2018, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura pública, fue incorrecta, se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario tendente a revocar el acto lesivo. Máxime que tiene la calidad de parte en ese asunto. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, el cual dispone: ".Artículo 109.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente; II.- Son aplicables a este incidente, lo dispuesto por la fracciones II a V del artículo 41. III.- Si se declara nulo lo actuado, se declarará también que el principal no se encuentra en estado de dictar sentencia; IV.- De igual manera se procederá en caso de omisión o falsedad de las notificaciones; V.- El secretario que hubiere hecho mal u omitido la notificación será civil y penalmente responsable, independientemente de la sanción disciplinaria que le imponga el Juez o Tribunal; VI.- La sentencia que decida el incidente de nulidad de notificaciones no es recurrible cuando sea dictada por el Tribunal Superior; VII.- Contra la sentencia que decida, en primera instancia, sobre la nulidad de notificaciones procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida también la cuestión principal en una sola sentencia; ésta es apelable y el recurso versará sobre ambas cuestiones." Como se advierte del numeral en cita, el incidente de nulidad de notificaciones procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, o en su defecto, ordenarla cuando no se haya realizado. De lo anterior, se concluye que, el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa; es decir, tiene por objeto anular las actuaciones que agravian los intereses del quejoso, se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala y tiene determinado un procedimiento para su resolución, a fin de que la autoridad responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley o aquellas otras que se hubiesen omitido. Por tanto, al no haber promovido el incidente de nulidad en contra de la notificación del acuerdo ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 475/2018, relativo al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura pública, es obvio que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, lo que actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable la tesis aislada II.2o.1 K (10a.), visible en la página 2223, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES Y NO EL RECURSO DE QUEJA, EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE PRACTICARLAS (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). En términos del artículo 68 de la Ley de Amparo, en el incidente de nulidad de notificaciones puede verificarse si éstas se realizaron conforme a la ley; sin embargo, esa disposición no prevé el supuesto en que las partes controviertan la omisión de practicarlas. Ante esta circunstancia, debe recurrirse al artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella legislación, el cual establece la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones cuando se omita realizar una notificación o se hiciere en forma distinta a la indicada en el propio código. Así, de una interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que el incidente de nulidad de notificaciones inicialmente señalado, constituye el medio de defensa idóneo para impugnar la omisión de practicar una notificación en el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la ley de la materia es improcedente para esa finalidad, ya que su materia se ciñe al análisis de la legalidad de las resoluciones dictadas por el Juez de amparo respecto de las cuales, no proceda el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, no así en determinar si, efectivamente, existió la omisión de practicar una notificación, aunado a que el efecto de la ejecutoria que eventualmente se llegara a dictar, no podría tener el alcance de ordenar al juzgador de amparo que subsane su falta. Así también resulta aplicable la tesis aislada VI.2o.C. J/309, visible en la página 1775, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, novena época, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 26/2005 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, página 430, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo respecto del acto precisado.  Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, esto es, el ubicado en avenida dieciséis de septiembre número ochocientos nueve, interior cinco, colonia Centro de Apizaco, Tlaxcala, entre las calles calle Morales y avenida Libertad. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Pérez Coyotzi, toda vez que cuente con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Señala correo electrónico Por otra parte, se tiene por señalado el correo electrónico que indica en su demanda de garantías, el cual se tiene por señalado únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.  Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Transparencia Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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