Elisabet Julieta Cardenas Ramos

Expediente 852/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
852/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Elisabet Julieta Cardenas Ramos
  • Instituto Nacional de Migracion en Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de quince de julio de dos mil veintidós, el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, en términos del artículo 214 de la ley de la materia, previa revisión por la Secretaria de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la que consta que mediante auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio remitido por el la Representante local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, por medio del cual informó que concedió a la quejosa Elisabeth Julieta Cárdenas Ramos la salida provisional de la estación migratoria y, con motivo de ello, abandonó las instalaciones de la estación migratoria, esto es, fue puesta en libertad. Ahora, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclama esencialmente por esta vía constitucional la detención prolongada, privación de la libertad, incomunicación y falta de asesoría jurídica, fuera de procedimiento dentro de la estación migratoria en esta ciudad. Atento a lo anterior, de lo informado por la autoridad la Representante local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, se considera que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De la lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del informe y el anexo que remitió la autoridad la Representante local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, consistente en copia certificada de la resolución de doce de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se le autorizó a la quejosa la salida de la estación migratoria, para continuar con el procedimiento administrativo en libertad, con obligaciones establecidas para tal efecto y, con motivo de ello, abandonó las instalaciones de la estación migratoria, esto es, fue puesto en libertad. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -diez de junio de dos mil veintidós-, la autoridad responsable aun no ponía en libertad a la quejosa, tal afectación a la esfera jurídica de la gobernada cesó una vez que dicha responsable dictó la resolución de doce de junio de dos mil veintidós, por medio del cual le autorizó al a la quejosa la salida provisional de la estación migratoria para continuar con el procedimiento administrativo en libertad y, con motivo de ello, abandonó las instalaciones de la estación migratoria. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable emitió una determinación para poner en libertad a la parte quejosa. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2a./J. 59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación de los actos reclamados, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con veinticuatro minutos del día de hoy. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veinte de junio de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el informe justificado que rinde Fiscal Regional Mexicali de la Fiscalía General del Estado de Baja California; con el mismo dese vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de éste en la audiencia constitucional. Finalmente, se le tiene manifestando que la denominación correcta lo es como rinde el informe, no así como fue señalado por la parte quejosa en la demanda de amparo; por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A para que realice la actualización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio del Fiscal Regional Mexicali de la Fiscalía General del Estado de Baja California, mediante el cual informa sobre el acatamiento a la suspensión de plano e informa que en los registros a su disposición no se localizó antecedente alguno relacionado con la parte quejosa; con lo anterior dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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