Elida Rivera Chavez
Expediente 544/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Elida Rivera Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General.
- Principal
Mexicali, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, en específico de la constancia remitida por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, consistente en transcripción autorizada del auto dictado el quince de mayo del presente año en el juicio laboral ********************, a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que durante la tramitación del presente juicio constitucional, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el acuerdo en el que se provea sobre la admisión, desechamiento y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ********************. Luego, de la documental aludida se desprende que el quince de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable se pronunció sobre las pruebas anunciadas en la audiencia de ofrecimiento de pruebas y ordenó el desahogo de aquellas que fueron admitidas. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia, pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -dos de mayo de dos mil veintitrés-, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, aún no emitía la determinación cuya omisión de dictado se reclama, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que el quince de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó respecto de la admisión, desechamiento y desahogo de pruebas en el juicio ********************; por tanto, se tiene que dejó de prevalecer la actitud de abstención y por consecuencia, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio que remite el Secretario General del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual exhibe las constancias requeridas el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, las que se tienen como pruebas documentales y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la referida constancia, a fin de que se impongan de su contenido.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Alejandra González Hernández, apoderada legal de la quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo.
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