Elisa Zúñiga Rodríguez
Expediente 1192/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1192/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Elisa Zúñiga Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda amparo promovida por Elisa Zúñiga Rodríguez, contra actos de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas: regístrese en el libro de gobierno con el número 1192/2023-VIII. Se procede a analizar la demanda de amparo de cuenta y, enseguida, es pertinente citar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló en los rubros de autoridad responsable, acto reclamado y antecedentes, los siguientes: Autoridad responsable: Ciudad Victoria, Tamaulipas ".H. Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas." Acto reclamado: "La sentencia de fecha 12 de octubre de 2023, dictada dentro del Toca 385/2023 que substancia el recurso de apelación interpuesta contra la sentencia del C. Juez Segundo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas de fecha 15 de junio de 2023 dictada en los autos del expediente 094/2021." Antecedentes: ".3.- En .fecha 12 de octubre de 2023, el tribunal de alzada resolvió la apelación con los siguientes puntos. PRIMERO: Conforme a la causa de pedir, resultó fundada por una parte los agravios expresados por la actora apelante en contra de la sentencia de quince (15) de junio de 2023 (dos mil veintitrés), dictada por el C. Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Matamoros, Tamaulipas; dentro del expediente 94/2021; y de estudio innecesario el resto de motivos de inconformidad, en consecuencia: SEGUNDO: Se revoca la sentencia apelada a que se refiere el resolutivo anterior: TERCERO: Se ordena la reposición del procedimiento de primera instancia, para el efecto hasta el acuerdo de uno (01) de junio de dos mil veintiuno (2021) y el diverso proveído de seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en que se tuvo al perito nombrado por la actora y al designado en rebeldía de la demandada, respectivamente, rindiendo sus dictámenes periciales, para el efecto de que, sobre el dictamen presentado por el perito de la actora, se determine que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado por el perito, toda vez que con su dictamen no se da respuesta a los puntos sobre los que debe versar la prueba pericial para la cual fue designado, precisándole que los puntos que habrá de resolver son los propuestos por la actora en el escrito de ofrecimiento de pruebas respectivo, detallando los mismos y, en lo concerniente al perito nombrado en rebeldía de la demandada, se le prevenga para que indique si el bien sobre el que dictaminó es identificado con el número 49, lote 20, de la manzana 03, del fraccionamiento Fuentes Industriales; y de ser el caso, el A quo amplíe el cuestionario en la probanza de peritos de que se trata; asimismo, para que se conmine a los peritos que de existir algún impedimento para dictaminar sobre dicha materia, lo hagan del conocimiento del tribunal, para que se tomen las medidas correspondientes; de igual manera, de resultar discrepantes las opiniones de los expertos, celebre la junta de peritos y en su caso, nombre perito tercero en discordia, hecho lo cual, continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales hasta la resolución de la controversia suscitada entre las partes. En el entendido de que el resultado de los diversos medios de prueba aportados al juicio, quedará subsistente tomando en cuentan su naturaleza y la dificultad para obtener su nuevo desarrollo." Del numeral 113 de la Ley de Amparo, se desprende la obligación del tribunal de estudiar la demanda de garantías y en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Al respecto, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y, lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, a la autoridad responsable denominada Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la quejosa le reprocha la resolución de apelación de doce de octubre de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca 385/2023, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio 94/2021 [en el que la aquí agraviada figura como parte demandada], del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; en la que se ordenó revocar la sentencia de primer grado -de quince de junio del año en curso- y reponer el procedimiento de primera instancia, para el efecto de dejar insubsistentes los proveídos de uno de junio y seis de agosto de dos mil veintiuno, en los que se tuvo al perito nombrado por la actora y al designado en rebeldía de la demandada, respectivamente, rindiendo sus dictámenes periciales en materia de topografía y agrimensura; con la finalidad de que dicho expertos emitan de nueva cuenta sus respectivas opiniones técnicas, conforme a los puntos detallados por el tribunal de alzada, para la continuación del asunto de origen por los demás trámites legales hasta su resolución; haciendo mención que los diversos medios de convicción aportados al juicio natural quedarían subsistentes, tomando en cuenta su naturaleza y la dificultad para obtener su nuevo desarrollo. Por lo tanto, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia que conforme al artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda. Ahora, los dispositivos en que se funda la causal de improcedencia anunciada, en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De dichos preceptos se infiere que el amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquéllos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación a lo anterior, es necesario precisar que actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, en la tesis jurisprudencial P./J.37/2014 (10ª.), visible en la página 39, del Libro 7, Tomo I, del mes de junio de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicado el seis del referido mes y año, de rubro: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)"; el Pleno del Alto Tribunal sostuvo que los actos, para ser calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, que de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Precisiones las anteriores, que fueron sustancialmente reiteradas en la jurisprudencia P./J.1/2016 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del país, con número de registro digital 2011428, consultable en la página 15, del Tomo I, del Libro 29, abril de dos mil dieciséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualizan ninguna de las anteriores condiciones establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que nos encontramos ante un acto de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de la impetrante, al grado que se le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo expuesto, porque sobre el acto que aquí se reclama imperan las siguientes características: 1. Tiene sus orígenes o aconteció dentro de un juicio en el que la parte quejosa tiene la calidad de demandada. 2. Sólo tiene como objeto reponer el procedimiento del juicio natural para que el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 94/2021, para que se determine que no ha lugar a tener por rendidos los dictámenes de los peritos de la actora y del designado en rebeldía de la demandada, a fin de que emitan nuevamente sus experticias en topografía y agrimensura al tenor de las precisiones que destacó el tribunal de alzada y se continúe el trámite del asunto de origen hasta su culminación; haciendo mención que los diversos medios de convicción aportados a juicio natural quedarían subsistentes, tomando en cuenta su naturaleza y la dificultad para obtener su nuevo desarrollo. Lo anterior denota que aquellas actuaciones procesales distintas al desahogo de la prueba pericial en topografía y agrimensura en comento, no quedaron insubsistentes a razón de la orden de reposición contenida en el fallo materia del acto reclamado; por lo que en ese estado de cosas, no se actualizan las hipótesis contenidas en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.106/2004, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 179548, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, del mes de enero de dos mil cinco, página 199, Novena Época, Materia Civil, cuyo rubro es: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." Aunado a que el contenido de dicha jurisprudencia 1a./J.106/2004, ya no deviene aplicable en el caso, pues fue pronunciada bajo la abrogada Ley de Amparo, cuya excepción para la procedencia del amparo indirecto -afectaciones de derechos adjetivos en grado predominante o superior-, no fue prevista por el legislador en la ley vigente. En efecto, a la luz de las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo, para considerar que los actos reclamados son de imposible reparación, ya no es suficiente con que afecten derechos adjetivos en un grado predominante o superior, sino que, tal afectación necesariamente debe recaer sobre derechos sustantivos, pero además, debe verificarse de manera material, al grado que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Es así, pues como ya se expuso con antelación, conforme a la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, los actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, donde sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, aun cuando ésta pudiera repercutir en un grado predominante o superior. También, debe decirse que la abstención de la Sala Colegiada responsable, de dictar sentencia de fondo para ordenar la reposición del procedimiento se vincula con una cuestión procesal, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento de fondo que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues ésta sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se perfeccione el desahogo de una prueba pericial, lo que en todo caso produce efectos de carácter adjetivo; por lo tanto, es un acto que no es de imposible reparación. Apoya lo anterior, la tesis (X Región)4o.2C (10a.), sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con número de registro digital 2015272 y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Libro 47, Tomo IV, página 2488, octubre de dos mil diecisiete, de la Décima Época, Materia Común, de rubro y contenido siguientes: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo". Asimismo, el hecho de que no se resuelva el fondo del recurso con motivo de tal decisión, no implica que se le impida a quien obtuvo en primera instancia el ejercicio de un derecho en forma presente; en todo caso, eventualmente se dictará la sentencia que en derecho proceda, que podría ser favorable a la parte demandada, aquí quejosa. Tampoco se transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna, pues la sola reposición del procedimiento de origen no importa la transgresión del derecho sustantivo a la pronta impartición de justicia que tutela el invocado precepto constitucional; dado que el simple transcurso del tiempo en el que tenga que resolverse el juicio natural con motivo de la aludida reposición, no constituye una circunstancia que importe los derechos de fondo discutidos en el juicio de origen, además de que el procedimiento referido no está legalmente limitado a determinado período como para considerar que, en el caso de que el mismo fuere rebasado, no pudiera ser reparable el tiempo que de dicho lapso se excediera; todo lo cual conlleva a colegir que ni el procedimiento judicial de origen en sí mismo considerado, ni la reposición decretada en él, pueden considerarse como actos de imposible reparación. Además, el acto reclamado no implica que el juez de primer grado o el tribunal de alzada dejen de resolver una controversia sometida a su potestad, pues el efecto inmediato de la decisión que se pretende combatir en amparo indirecto, es desahogar la prueba pericial ofrecida por una de las partes, conforme a los puntos destacados por el tribunal de apelación; lo que no ordena ni impide dejar de resolver el asunto sino, en su caso, hacerlo con la integración debida dentro del expediente de origen. Bajo esa línea de estudio, es evidente que en la demanda de garantías analizada, no se actualizan las condiciones establecidas por el legislador, para considerar que nos encontramos ante un acto de imposible reparación, pues aun para el caso de que pudiera estimarse que afecta derechos sustantivos, no menos lo es, que esa afectación no se actualiza en forma material, pues no se advierte que con su emisión se impida a la agraviada, el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Así las cosas, queda claro que en términos de lo sostenido por el más Alto Tribunal del País, funcionando en Pleno, en las tesis de jurisprudencia P./J.37/2014 (10ª.) y P./J.1/2016 (10a.), el criterio reflejado en la diversa 1a./J.106/2004, ya no conduce necesariamente a estimar procedente el juicio de amparo contra actos como el que ahora nos ocupa. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia IV.2o.C.J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro digital 2006338 y visible en el Libro 6, Tomo III, página 1539, mayo de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que reza: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por todo lo antes expuesto, se concluye que en el caso no se actualizan los supuestos establecidos por el Alto Tribunal, para considerar al acto aquí reclamado como de imposible reparación; pues no afecta de manera directa, inmediata, actual y material alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país. Esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales de la persona, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreversible la violación de derecho alguno y, menos todavía, tal afectación se da de manera material, a grado tal que le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En la inteligencia que el criterio expuesto en este fallo, fue extraído de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el seis de diciembre siguiente, al resolver el amparo en revisión 311/2017, de su índice. Por lo antes expuesto y, como se adelantó, al actualizarse la causal descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Elisa Zúñiga Rodríguez, conforme al artículo 113 de la misma legislación. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos del ordinal 12 de la Ley de la materia, al licenciado Efraín Martínez Félix, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el aludido en el ocurso de cuenta. Como se solicita, con apoyo en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos de Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se autoriza al profesionista descrito en el párrafo que antecede, para que tenga acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario que describe en el escrito de mérito. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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