Elio Hernández Rivera
Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2021
Partes del expediente
- Elio Hernández Rivera
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diez de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 1556 signado por el Juez Provisional Menor Mixto de Ocampo, Guanajuato, a través del cual remite la misiva A/12039-1 de nuestro índice, a través del cual se le acusó recibo de su diverso oficio 209, y una cédula de notificación al quejoso Elio Hernández Rivera, del proveído de veintitrés de marzo del año en curso, dictado dentro de este asunto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, únicamente agréguese a sus autos para que obre como corresponda, pues la misiva en comento se giró para que tuviera conocimiento de que la demanda de garantías que envió había sido recibida y atendida en este Juzgado de Amparo (como acuse de recibo), no para que notificara al quejoso el auto de veintitrés de marzo del año actual, pues esa encomienda se ordenó mediante exhorto 86/2021 (orden 111/2021), la cual fue atendida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede en León, Guanajuato, y diligenciado en los términos precisados en proveído de veintitrés de abril del año en curso. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 5427 signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guanajuato, con asiento en León, a través del cual devuelve diligenciado nuestro exhorto 130/2021 (orden 174/2021), pues notificó al quejoso Elio Hernández Rivera, el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; dése de baja de la estadística de este Juzgado de Distrito la comunicación oficial que se recibe. Ahora bien, vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Elio Hernández Rivera; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 181 signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en León, a través del cual devuelve diligenciado nuestro exhorto 86/2021 (orden 111/2021), ya que notificó al quejoso Elio Hernández Rivera, el auto de veintitrés de marzo del año actual; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; dése de baja de la estadística de este Juzgado de Distrito la comunicación oficial recibida. Ahora bien, téngase al quejoso dando cumplimiento con la prevención realizada en auto de veintitrés de marzo del año en curso, manifestando lo siguiente: bajo protesta de decir verdad aclaro que el acto deseo reclamar es el proveído de 8 de enero de 2020, emitido dentro de la causa penal 110/89/VIII. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues del escrito inicial de demanda se advierte la improcedencia de la misma. Pues bien, se advierte que el agraviado señala como acto reclamado el acuerdo emitido por la autoridad que señala como responsable, el ocho de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 110/89-VIII, en donde se le negó su solicitud de prescripción de multa argumentando que se solicitaría a Hacienda en esta ciudad, el estado que guardaba dicha sanción pecuniaria. Juicio en el que es parte, pues así se desprende del contenido de la demanda de garantías que nos ocupa. Por tanto, con fundamento en lo establecido por los artículos 61, fracción XXVIII, y 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desecharla por ser improcedente de manera notoria, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Para definir lo anterior, resulta necesario citar el texto del numeral 61, fracción XXVIII, de la legislación de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." ." Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, para que en el presente caso pudiera estimarse cumplido el principio de definitividad que regula el juicio de garantías, la parte quejosa antes de acudir al amparo, debió promover el recurso de apelación que al efecto establece la fracción VII del artículo 367, del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual prevé: "Artículo 367.- Son apelables en el efecto devolutivo: [.] VII.- Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial, el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica;" En efecto, conforme al numeral transcrito, si el quejoso considera que la determinación emitida por la autoridad que señala como responsable, el ocho de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 110/89-VIII, en donde se le negó su solicitud de prescripción de multa argumentando que se solicitaría a Hacienda en esta ciudad, el estado que guardaba dicha sanción pecuniaria, estaba en aptitud de promover el recurso de apelación que al efecto establece la fracción VII del artículo 367, del Código Federal de Procedimientos Penales, antes de acudir a esta instancia constitucional. Asimismo, es indiscutible que, de resultar fundado el medio de impugnación de que se trata, la consecuencia jurídica sería la revocación de dicha resolución. Por ello, se insiste, el acto medular que la parte quejosa tilda de inconstitucional, debió ser impugnado a través del recurso de apelación, tal como lo prevé el dispositivo legal trascrito, pues se encuentra contemplado en la codificación procedimental penal, que rige la causa penal de donde emana el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que, debe destacarse que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías y que se encuentran consignados en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de definitividad, el cual consiste en que, para ser procedente éste, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca. En apoyo a lo anterior, y por no resultar contraria a la actual Ley de Amparo, se cita la jurisprudencia J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia J/37, publicada en la página 902 del Tomo XV de mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni la parte quejosa tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen; ni el acto reclamado no se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. Corolario a lo antes expuesto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXVIII, de la Ley de Amparo en vigor; por tanto, lo conducente es desechar de plano la demanda de garantías que nos ocupa, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de leyes. Pero además, es preciso hacer hincapié que dentro la causa penal 110/89-VIII, donde se emitió la determinación que se reclama, como ya se dijo, el ahora peticionario del amparo figura como parte; por ende, tiene la obligación, de vigilar su debida prosecución, para estar en posibilidades de impugnar cualquier actuación o resolución que a su juicio se aparte de los lineamientos establecidos en la propia ley de la materia, haciendo uso de los medios ordinarios de defensa que tienen a su alcance para ello. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia número VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." No resultó un obstáculo para lo anterior, que del escrito de demanda de garantías que nos ocupa, se advierta que el aquí quejoso sí intentó interponer el recurso de apelación en contra del auto aquí combatido; de igual forma, que dicho medio de impugnación le fue desechado de plano al haber resultado extemporáneo; sin embargo, ello nada cambia el sentido de esa determinación, puesto que, como se dijo, el auto aquí combatido no puede ser analizado a través del juicio de amparo, puesto que para ello, el peticionario del amparo tuvo que haber cumplido con el principio de definitividad; esto es, con la interposición en tiempo del recurso de apelación que para tal efecto establece el artículo 367, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Penales. Sin que sea posible analizar lo concerniente al desechamiento del medio de impugnación de referencia, en virtud de que no fue señalado como acto reclamado dentro de este juicio constitucional que nos ocupa, pues el quejoso, a manera de aclaración de demanda, fue categórico al afirmar que el acto reclamado con su escrito inicial era el proveído de ocho de enero de dos mil veinte, emitido dentro de la causa penal 110/89-VIII, del índice de la autoridad responsable y no el acuerdo que negó admitir a trámite el recurso de apelación que hizo valer en contra del primero de los citados. En atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Finalmente, toda vez que el agraviado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Sonora", en Ocampo, Guanajuato, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con asentamiento en León, para que en auxilio de las labores de este tribunal, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro de reclusión y previa localización, notifique personalmente el presente acuerdo al promovente Elio Hernández Rivera. De igual manera, se faculta al juez exhortado para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la notificación ordenada y así conseguir el objeto para el que se libra el exhorto de mérito; hecho que sea lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese personalmente vía exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.
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