Elisa María Olguin Abranyi
Expediente 2630/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2630/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elisa María Olguin Abranyi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de mayo de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de catorce de abril de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegaron la autoridad responsable Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia del Tesorero General del Estado de Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el diez de febrero de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ELISA MARÍA OLGUÍN ABRANYI, contra el contenido del artículo 77, fracción II, de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto al cobro de $33,000.00 (treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), en aplicación de la citada norma legal y que reclamó a las autoridades, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretaria de Ingresos de dicha Secretaría. Por auto dictado el tres de marzo de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia del Tesorero General del Estado de Morelos, por oficio acordado el nueve de abril de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0045666, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $32,916.94 (treinta y dos mil novecientos dieciséis pesos 94/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios de Registrales y Catastrales del Estado. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente, de la autoridad responsable, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el título de crédito por dicho concepto, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1455 con número de registro 178468. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito por licencia de carácter oficial del Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el siete de abril de dos mil quince, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe. Jfcc
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de abril de dos mil quince. Agréguese el oficio signado por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia certificada del cheque 0045666, fechado el veinticuatro de marzo de dos mil quince, por la cantidad de $32,916.94 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 94/100 M.N.); el que se ordena únicamente agregar a los presentes autos para que obre como corresponda, toda vez que el seis de abril del año en curso, se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito por licencia de carácter oficial del Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el siete de abril de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. Jfcc
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de HUMBERTO HUGO VELÁZQUEZ MARMOLEJO, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le requiera a las autoridades responsables del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a efecto de que den cumplimiento a la sentencia de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Atento a su contenido, indíquese al promoverte que se esté a lo acordado en los siguientes párrafos. Visto el estado de los autos de los que se advierte que la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no ha dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. III. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al LILIANA GARCÍA ORTEGA, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: ".contra el contenido de los artículos 77, fracciones II y IV, y 78 que disponen el cobro por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto al cobro de la cantidad de $15,841.00 (quince mil ochocientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional) y de $3,422.00 (tres mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, que fue en aplicación de las normas legales en cita y que reclamó a las autoridades, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretaria de Ingresos de dicha Secretaría, en términos de lo precisado en el considerando octavo de esta sentencia; así como contra el contenido del artículo 94 bis, que prevé el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y 123, que determina el impuesto adicional municipal, todos de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y sus actos de aplicación, traducidos en el cobro de los citados impuestos por las cantidades de $21,120.00 (veintiún mil ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) y $5,280.00 (cinco mil doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se reclamó a las autoridades Ayuntamiento y Tesorero del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, en términos de lo precisado en los considerandos noveno y décimo de esta sentencia." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (CARLOS MARTÍNEZ VARELA) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, IGNACIO CASPETA HERNÁNDEZ y Regidores FELIPE DE SANTA CRUZ GÓMEZ, STEPHANY BECERRIL GÓMEZ, GUILLERMO CRUZ COY, ALEJANDRA ORIHUELA FIGUEROA, LUCIA MARCIA BORUNDA MUÑOZ ALEJO RODRÍGUEZ ROSAS Y VALENTÍN MARTÍNEZ GALARCE), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que da fe.
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