Elisa Chavez Bastida

Expediente 1638/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1638/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • Elisa Chavez Bastida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1638/2018-III-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1638/2018-III-B, promovido por ELISA CHÁVEZ BASTIDA, por conducto de su apoderado legal Miguel Ángel López Lugo; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este juzgado, ELISA CHÁVEZ BASTIDA, por conducto de su apoderado legal Miguel Ángel López Lugo, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (fojas 3 a 6). SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento de prevención, por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercera interesada, así precisada en el acuerdo respectivo. (fojas 19 a 21) Seguida la secuela del juicio tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así el acto reclamado consiste en: La omisión del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 01/665/14. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consistente en la inejecución del laudo de veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 01/665/14. Lo anterior se considera así, no obstante que al rendir su informe justificado la responsable haya aceptado la existencia del acto reclamado (fojas 34 y 35), pues de las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada del expediente laboral 01/665/14 a partir del laudo, se evidencia lo contrario, tal y como se expondrá con posterioridad. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Ahora bien, es preciso citar que lo que el quejoso reclama al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, es la inejecución del laudo emitido el veintidós de junio de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 01/665/14; en el entendido que combate dicha omisión de forma genérica, pues no señaló en especificó acto u omisión en concreto; ya que se limitó a referir genéricamente la inejecución de dicha determinación. En ese sentido, de las constancias que obran en el presente juicio de garantías, se advierte lo siguiente: El veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictó laudo dentro del expediente laboral 01/665/14, en el que condenó a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos, al pago de diversas prestaciones. Sentencias dictadas el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de los juicios de amparo directo 753/2017 y 778/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito; resoluciones en las cuales se determinó negar el amparo y protección de la justicia a Elisa Chávez Bastida y Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos, respectivamente. Proveído de once de diciembre de dos mil diecisiete en el que se acuerda lo conducente a los oficios 1903 y 1905 provenientes Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante las que fueron remitidas las ejecutorias de amparo citadas, teniendo el laudo de veintidós de junio de dos mil diecisiete como cosa juzgada. En las apuntadas circunstancias, se advierte que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no ha dictado acuerdos dentro del juicio laboral de origen, decretando y haciendo efectivos apercibimientos tendentes a la ejecución o cumplimiento del laudo definitivo; sin embargo, cabe destacar que de las constancias que obran agregadas en el expediente de origen y de las que tuvo oportunidad de imponerse la quejosa, no se advierte diversa promoción de la parte actora que de impulso a la ejecución del laudo. Ahora bien, en el caso en particular se advierte que el quejoso no reclama en el presente juicio de amparo un acto u omisión en concreto a la autoridad responsable, sino que de manera genérica reclama la inejecución del laudo emitido en el expediente de origen, lo que se puede traducir en la falta u omisión de ejecutar el laudo burocrático emitido en el expediente 01/665/14, y que torna improcedente el juicio de amparo. Debe recordarse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que regula la ejecución de los laudos, y de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de conformidad con su artículo 11, dispone lo siguiente: "Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." En ese contexto, debe decirse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo resultado favorable, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, de lo que se colige que el impulso de la ejecución no corresponde al presidente ejecutor sino a la parte actora, pues como se advierte es necesaria su intervención en la ejecución del laudo. Es aplicable la tesis de la Décima Época, de registro 2002144, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1860, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor." También sustenta lo anterior la Jurisprudencia de número de registro: 2010031, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia Laboral, página: 845, del siguiente rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional." En razón de lo antes expuesto, no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que, de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, a la ejecución de un laudo, de conformidad con lo previsto por el artículo 151 de la Ley Burocrática Federal, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo dispone su artículo 11, pues como ya se dijo, ese impulso precisamente corresponde al ejecutante y no al presidente ejecutor, dada la necesaria intervención del actor, por lo tanto, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica de ejecutar el laudo que se atribuye al Tribunal responsable. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. En ese contexto, se concluye que como en el caso se reclama de forma genérica, la inejecución del laudo por parte de la autoridad responsable, el presente juicio es improcedente, en términos la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición e impulso del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. No es óbice a lo anterior, que de las actuaciones que conforman el juicio burocrático de origen, se advierta que posterior al once de diciembre de dos mil diecisiete, esto es, el veinte de agosto del dos mil dieciocho, el apoderado legal de la aquí quejosa presentó ocurso mediante el cual solicitó copia certificada del auto con el que se le reconoció tal carácter y designó diversos apoderados. Sin embargo, esta última actuación no se estima idónea para solicitar la ejecución del laudo de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en el que se condenó a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos, al pago de diversas prestaciones laborales, a favor de la aquí quejosa ELISA CHÁVEZ BASTIDA, pues no debe soslayarse que de conformidad a los preceptos legales transcritos en los párrafos que anteceden, esto debe solicitarse a la autoridad de manera expresa para impulsar el procedimiento de ejecución del laudo o convenio respectivo, así como los requerimientos necesarios para su logro; sin ser suficiente cualquier promoción, pues estimar lo contrario desnaturaliza la etapa ejecutiva del laudo imponiéndole una obligación que no le corresponde al tribunal laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, por los principios jurídicos que en ella rigen, la tesis 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, página 2772, de rubro y contenido siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." También es aplicable la tesis de la Décima Época, de número de registró 2010025, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, página: 844, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Finalmente, da sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2000011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página: 2771, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En esas condiciones, al actualizarse la causal prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo se debe de sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por ELISA CHÁVEZ BASTIDA, respecto del acto y por la autoridad identificada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 01/665/14, a partir del laudo; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE DIECIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/4748/2018 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, quien actúa ante el Secretario Paulo Yair García Meza que da fe.

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