Eliobeth Cruz Camacho

Expediente 1439/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1439/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Eliobeth Cruz Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista; la certificación anterior de la que se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se tuvo por desechada la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Sin que sea el caso proveer al respecto, toda vez que no se advierten documentos que sea necesaria su devolución.

  2. Principal

    Vista; la diligencia de ratificación de firma que antecede, del escrito de doce de noviembre del año en curso, signado por el quejoso +++mediante el cual, desahoga el requerimiento efectuado en proveído de once de noviembre de la presente anualidad. Al efecto, se acuerda: CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios presentados el siete y doce de noviembre de la anualidad en curso, se desprende que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo siguiente: LA OMISIÓN DE DICTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES Y NECESARIAS PARA LOGRAR EL INMEDIATO PAGO DE LAS PRESTACIONES CONDENADAS EN EL LAUDO DE FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE J/O/219/2011. En razón de lo anterior, se estima que en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que las actuaciones relativas a la ejecución forzosa del laudo están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al órgano ejecutor. El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que el segundo numeral, prevé el sobreseimiento en el juicio cuando el acto sea inexistente. El juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Partiendo de ello y considerando principalmente el hecho de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y, aunado lo anterior, la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, se llega a la conclusión que el juicio que ahora se intenta es improcedente. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que en esa etapa -ejecución- el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945, de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Por esas razones, el juicio de amparo resulta improcedente, al resultar los actos precisados por el quejoso futuros y de realización incierta, ya que no puede constreñirse a las autoridades responsables para que de manera genérica, en una eventual concesión de amparo, ordenen proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, la omisión genérica que se atribuye al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas correspondiente, consistente en no proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, no es susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo, toda vez que en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, resulta improcedente, ya que se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye al Tribunal responsable, al requerir el impulso e intervención del ejecutante que pudieran no llegar a materializarse. Tienen aplicación a lo anterior, las jurisprudencias que dice: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. En ese sentido, a nada práctico conduciría dar trámite a la demanda, pues la improcedencia atiende a la naturaleza misma del acto reclamado por el impetrante, el cual no puede modificarse ni a título de suplencia de la queja, pues es el propio promovente quien precisó la materia de su reclamo, sabedor de que existe jurisprudencia obligatoria conforme a la cual, el amparo es improcedente contra la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, esto es, contra la falta de tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la ejecución del laudo de once de julio de dos mil doce, dentro del expediente J/O/2019/11. Máxime que, atendiendo al principio de instancia de parte, el trabajador puede sugerir diversas acciones para que la Junta responsable logre el cumplimiento del laudo dictado en el expediente J/O/2019/11, como por ejemplo, dar intervención al Ministerio Público, solicitar orden de arresto, modificación al presupuesto, etcétera. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Al ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamientos; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por no contrariar las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del presente año, es aplicable la jurisprudencia del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sostiene: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de amparo y en la estadística del juzgado.

  3. Principal

    Visto; el escrito de cuenta, suscrito por +++, parte quejosa en el presente juicio, por medio del cual desahoga el requerimiento efectuado en proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve. Al efecto, se acuerda: A efecto de acordar lo que a derecho corresponda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase al promovente antes mencionado, para que ratifique el escrito presentado, toda vez que se advierte a simple vista diferencia entre la firma que calza dicho escrito y la que se encuentra plasmada en el diverso inicial de demanda recibido en éste Juzgado de Distrito el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mismo que obra en autos; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho ocurso. Sirve de apoyo por analogía la siguiente tesis: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN AMPARO.- Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado." En el entendido de que si el aludido quejoso ratifica el escrito de mérito, y se aprecia una diferencia notoria entre la firma que calza la demanda, la ratificada y la plasmada en la diligencia de ratificación, el suscrito Juzgador, ordenará oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad. Es aplicable a lo anterior la siguiente Jurisprudencia: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Con la salvedad que si con motivo del resultado de la prueba pericial, se llegare a demostrar que la firma de la demanda o de la aclaración resultaren falsas, se dará vista al Ministerio Público, para que se investigue el delito de falsedad de declaraciones judiciales.

  4. Principal

    Visto; el escrito de cuenta, suscrito por +++, en su carácter de quejoso en el presente juicio, por medio del cual pretende desahogar la prevención efectuada en proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Al efecto, se acuerda: Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de cuenta, se advierte que el quejoso menciona que ha presentado diversos escritos fechados el ocho de marzo de dos mil quince, nueve de mayo de dos mil diecisiete, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho y tres de junio de dos mil diecinueve, en los que ha solicitado requerir a la parte demanda el cumplimiento de laudo dictado en el juicio de origen; en consecuencia requiérase al promovente para que diga si dichas promociones ya fueron acordadas por la autoridad responsable y en qué sentido fueron proveídas. Dígase a la parte quejosa que continua transcurriendo el término y apercibimiento decretados en auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.

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