Elio Sánchez Antonio

Expediente 1184/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1184/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Elio Sánchez Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, ARCHIVESE EL PRESENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto, el escrito de cuenta signado por Martha Patricia Esponda Cáceres, apoderada legal de Elio Sánchez Antonio, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Al efecto, se acuerda: CAUSA DE IMPROCEDENCIA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La omisión de la autoridad responsable de acordar procedente el escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual solicito se le requiera a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Mapastepec, Chiapas, y esta a su vez al Congreso del Estado; a efecto de que otorgue una partida presupuestal y se realice el pago a que fue condenada en el laudo dictado dentro del expediente 289/A/2008. En el contexto anterior, oficiosamente, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVlII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Correlativo a lo anterior, el artículo 6°, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de dicho ordenamiento legal, que a su vez, prevé que tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el diverso 1°, de la citada Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, del artículo 6°, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103, y 107, constitucionales, se advierte que sólo a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, es quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. Por consiguiente, es evidente que cuando esa afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto señalado como ilegal, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, puesto que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En ese sentido, es importante precisar que por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En el caso particular, el peticionario de amparo señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de acordar procedente el escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual solicito se le requiera a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Mapastepec, Chiapas, y esta a su vez al Congreso del Estado, a efecto de que otorgue una partida presupuestal y se realice el pago a que fue condenada en el laudo dictado dentro del expediente 289/A/2008. No obstante, de ninguna manera puede concluirse que esto le ocasione un perjuicio en su esfera jurídica, tampoco que le produzca una afectación material a sus derechos sustantivos, toda vez que del análisis de los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que la autoridad señalada como responsable, mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se pronunció en torno a la pretensión del quejoso, elevada a su potestad jurisdiccional por escrito de siete de agosto de ese mismo año, y al efecto, comisionó al actuario de su adscripción para que acompañado de Elio Sánchez Antonio, aquí quejoso, se constituyeran al domicilio de la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Mapastepec, Chiapas, para requerirle el pago de $446,940.00 (cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta pesos moneda nacional), así como a la reinstalación en el puesto que venía desempeñando en el aludido Ayuntamiento; por tanto, se estima que el acto reclamado en esta vía, no le causa un agravio personal y directo que lesione sus derechos fundamentales. Se arriba a esa conclusión porque es evidente que la omisión que insiste en reclamar no obstante las prevenciones de este tribunal; no le genera perjuicio alguno, toda vez que la responsable ha emitido, en uno u otro sentido, un acto jurídico, lo cual revela que la omisión no existe y éste, sin prejuzgar, en todo caso pudiere ser el acto concreto de aplicación que le causa afectación; sin embargo, se insiste en que el quejoso, soslayando las prevenciones de este tribunal de amparo, ha dejado de manifiesto, sin lugar a duda, que el acto que reclama, lo es la pretendida omisión. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. APERCIBIMIENTO. Se hace del conocimiento al quejoso y de sus abogados autorizados, que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan en lo subsecuente será confrontada con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirma hechos falsos u omite los que le consten en relación con el acto reclamado, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" Lo anterior, porque no pasa desapercibido para este juzgador, el hecho de que el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifestó que se hizo sabedor del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Segunda Sala del Tribunal Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente laboral 289/A/2008, el veinticuatro de septiembre siguiente, lo cual se contrapone con las imágenes del acuerdo insertas en su propia demanda, de las que se advierte que el citado auto fue notificado por estrados el treinta de agosto del presente año; máxime, que en esa misma fecha promovió este juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Silvino Arturo López Hernández, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante Ricardo Enoch Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto, el escrito de cuenta signado por ***, apoderada legal de ***, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Al efecto, se acuerda: CAUSA DE IMPROCEDENCIA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La omisión de la autoridad responsable de acordar procedente el escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual solicito se le requiera a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Mapastepec, Chiapas, y esta a su vez al Congreso del Estado; a efecto de que otorgue una partida presupuestal y se realice el pago a que fue condenada en el laudo dictado dentro del expediente 289/A/2008. En el contexto anterior, oficiosamente, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVlII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Correlativo a lo anterior, el artículo 6°, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de dicho ordenamiento legal, que a su vez, prevé que tiene carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el diverso 1°, de la citada Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, del artículo 6°, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103, y 107, constitucionales, se advierte que sólo a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, es quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. Por consiguiente, es evidente que cuando esa afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto señalado como ilegal, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, puesto que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En ese sentido, es importante precisar que por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En el caso particular, el peticionario de amparo señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de acordar procedente el escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual solicito se le requiera a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Mapastepec, Chiapas, y esta a su vez al Congreso del Estado, a efecto de que otorgue una partida presupuestal y se realice el pago a que fue condenada en el laudo dictado dentro del expediente 289/A/2008. No obstante, de ninguna manera puede concluirse que esto le ocasione un perjuicio en su esfera jurídica, tampoco que le produzca una afectación material a sus derechos sustantivos, toda vez que del análisis de los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que la autoridad señalada como responsable, mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se pronunció en torno a la pretensión del quejoso, elevada a su potestad jurisdiccional por escrito de siete de agosto de ese mismo año, y al efecto, comisionó al actuario de su adscripción para que acompañado de Elio Sánchez Antonio, aquí quejoso, se constituyeran al domicilio de la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Mapastepec, Chiapas, para requerirle el pago de $446,940.00 (cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta pesos moneda nacional), así como a la reinstalación en el puesto que venía desempeñando en el aludido Ayuntamiento; por tanto, se estima que el acto reclamado en esta vía, no le causa un agravio personal y directo que lesione sus derechos fundamentales. Se arriba a esa conclusión porque es evidente que la omisión que insiste en reclamar no obstante las prevenciones de este tribunal; no le genera perjuicio alguno, toda vez que la responsable ha emitido, en uno u otro sentido, un acto jurídico, lo cual revela que la omisión no existe y éste, sin prejuzgar, en todo caso pudiere ser el acto concreto de aplicación que le causa afectación; sin embargo, se insiste en que el quejoso, soslayando las prevenciones de este tribunal de amparo, ha dejado de manifiesto, sin lugar a duda, que el acto que reclama, lo es la pretendida omisión. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. DESECHAMIENTO DE DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. APERCIBIMIENTO. Se hace del conocimiento al quejoso y de sus abogados autorizados, que la información que se desprenda de las manifestaciones que viertan en lo subsecuente será confrontada con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos; de ahí, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirma hechos falsos u omite los que le consten en relación con el acto reclamado, y no se ubican en los casos de excepción previstos en la ley, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos, conforme al artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" Lo anterior, porque no pasa desapercibido para este juzgador, el hecho de que el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifestó que se hizo sabedor del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Segunda Sala del Tribunal Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente laboral 289/A/2008, el veinticuatro de septiembre siguiente, lo cual se contrapone con las imágenes del acuerdo insertas en su propia demanda, de las que se advierte que el citado auto fue notificado por estrados el treinta de agosto del presente año; máxime, que en esa misma fecha promovió este juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Visto; el escrito de cuenta suscrito por Martha Patricia Esponda Cáceres, apoderada legal de ***, por medio del cual pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, en el que se requirió a la citada promovente, para que por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclarara lo siguiente: "Primero. Acto reclamado. Señale de manera clara, precisa y congruente el acto reclamado que inmediatamente le causa perjuicio, en razón de que del contenido de su demanda se advierte, en el capítulo respectivo, que se duele de: la omisión de acordar procedente el escrito presentado ante la autoridad responsable el siete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó se requiriera a la parte demandada el cumplimiento al laudo dictado dentro del expediente laboral 289/A/2008, y por otra parte, en el diverso de antecedentes, se advierte que dicho escrito fue proveído el veintitrés de agosto de este año; por tanto, resultan manifestaciones que tornan obscuro e impreciso el acto reclamado." "SEGUNDO. Conocimiento del acto. Tomando en consideración el requerimiento anterior, precise la fecha exacta en que tuvo conocimiento, le fue notificado o se hizo sabedor del acuerdo que alude en sus antecedentes, hecho lo cual deberá ser congruente con la manifestación en torno a una supuesta omisión absoluta." Al efecto, se acuerda: Ahora bien, del estudio integral del ocurso de cuenta, se advierte que no se da cumplimiento al requerimiento formulado, puesto que insiste en señalar de manera genérica como acto reclamado la negativa de la responsable en dictar todas las medidas necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, sin precisar el acto de aplicación que inmediatamente le causa perjuicio; por tanto, resultan ser manifestaciones que tornan obscuro e impreciso el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica; esto es, concreto e inminente y no basado en suposiciones inciertas, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por lo que al contexto de sus aseveraciones torna impreciso el acto en concreto que reclama. Así se advierte de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Y aplicable el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. Asimismo, se advierte que omitió desahogar el segundo punto, esto es, precisar la fecha exacta en la que tuvo conocimiento, le fue notificado, o se hizo sabedor del acuerdo que alude en sus antecedentes, hecho lo cual deberá ser congruente con la manifestación en torno a una supuesta omisión absoluta. En consecuencia, mediante notificación personal que se realice en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, hágase saber al promovente que no se tiene por desahogada la prevención señalada, por lo que continúa transcurriendo el término y el apercibimiento ahí decretado. En la inteligencia que deberá anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para emplazar a juicio a las partes.

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