Eliel Salazar Zamudio
Expediente 1272/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1272/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eliel Salazar Zamudio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IX-1272/2023, promovido por Eliel Salazar Zamudio, por conducto de su apoderada Patricia Martínez Albor, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería igual. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; y, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, anexó como complemento a su informe justificado copias certificadas relativas del juicio laboral 3C-1633/2019 de su índice, con el cual se ordenó formar un tomo de pruebas por separado; medios de convicción que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 903/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IX-1272/2023, promovido por Eliel Salazar Zamudio, por conducto de su apoderada Patricia Martínez Albor, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito depositado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día, por razón de turno a este Juzgado Federal, Eliel Salazar Zamudio, por conducto de su apoderada Patricia Martínez Albor, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que señaló en su escrito de demanda y el acto que precisó en su libelo constitucional. Actos que la parte quejosa consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número de expediente IX-1272/2023, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos del acta que antecede, previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de continuar con el procedimiento laboral en todas y cada una de sus etapas, esto es, admitir y tener por desahogadas las pruebas, dada su naturaleza, conceder a las partes término para formular alegatos y elaborar e laudo dentro del juicio laboral 3C-1633/2019. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que expresamente aceptó la existencia de lo reclamado, consistente en la omisión de emitir laudo dentro del juicio laboral 3C-1633/2019. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, el Presidente de la Junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 3C-1633/2019, con el cual se ordenó formar un tomo de pruebas por separado. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, los que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado. Previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga tal demanda, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de las autoridades responsables siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Resulta correcta la apreciación de la parte peticionaria del amparo, pues efectivamente la actitud omisa de la Junta responsable, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente: De la exégesis de los preceptos constitucionales transcritos, se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. A su vez, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 883, 884, 885, 886, 887, 889 y 890 señalan lo siguiente: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." Ahora, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se advierte que es cierta la omisión reclamada a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mientras que de las documentales ya valoradas y adjuntas al informe justificado, se observa que en el juicio laboral 3C-1633/2019 se encuentra pendiente de emitir el auto que declare expresamente cerrada la instrucción, elaborar el proyecto de laudo y dictarlo, . Lo anterior porque se deprende que mediante auto de diez de julio de dos mil veintitrés, la junta responsable señaló las once horas del catorce de septiembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo una plática conciliatoria entre las partes, en atención al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, José Valencia Mojica, apoderado de Nacional Monte de Piedad, I.A.P., por medio del cual lo solicitó; sin embargo, de constancias no se advierte si se llevó o no a cabo. De ahí que, no se tenga certeza de la celebración de la audiencia de conciliación en comento; y, que en el supuesto de que las partes no hayan llegado a un acuerdo conciliatorio, tampoco se advierta de autos que la junta responsable haya cerrado instrucción, y emitido el laudo correspondiente como lo ordena el artículo 885, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación a lo anterior el criterio de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 171565 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: VIII.3o. J/23 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1525 Tipo: Jurisprudencia VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, DEL AUXILIAR Y DEL SECRETARIO CORRESPONDIENTE DE FIRMAR EL AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y ORDENA ELABORAR EL PROYECTO DE LAUDO RESPECTIVO, LO QUE ORIGINA LA CONCESIÓN DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN LO HAYA PROMOVIDO. Los artículos 839 y 885 de la Ley Federal del Trabajo disponen, respectivamente, que las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por sus integrantes y por el secretario, el mismo día en que las voten; y que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. De ahí que si de las constancias de autos se advierte que el proveído que declara cerrada la instrucción y ordena elaborar el proyecto de laudo respectivo no se encuentra firmado por el presidente de la Junta, por el auxiliar, ni por el secretario correspondiente que da fe, ello se traduce en la inexistencia legal del cierre de la instrucción y, por ende, de la orden para elaborar el proyecto de resolución relativo. Por tanto, el laudo así emitido adolece de un vicio formal y, por consiguiente, de legalidad en sus efectos, al incumplirse con lo establecido en los indicados preceptos legales, lo cual constituye una violación a las leyes del procedimiento laboral que origina la concesión del amparo, independientemente de quién lo haya promovido". En ese contexto, es evidente que la Junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues si en el expediente natural por la responsable no ha verificado la plática conciliatoria que fue fijada mediante auto de diez de julio de dos mil veintitrés, a las once horas del catorce de septiembre de este año; en ese tenor se puede observar que media una fecha remota y lejana de su fijación. A más que de las constancias que remitió la autoridad responsable al momento de rendir su informe de ley (treinta de octubre de dos mil veintitrés), no se advierte si pudo o no verificarse la patica conciliatoria entre las partes. Así pues, en caso de que las partes hubieran llegado a un convenio, a la fecha de haber rendido el informe justificado la responsable, esa circunstancia se pudo haber advertido; o, en caso contrario; al igual lo se pudo tampoco advertir que no se pudo verificar dicha diligencia. Por otra parte, en caso de que no hubieran llegado las partes a ningún acuerdo, evidentemente la junta debió proseguir la secuela procesal del juicio natural; pues de las constancias allegadas, tampoco se advierta que haya cerrado expresamente la instrucción. Bajo esas hipótesis, a la fecha en que la responsable rindió el informe justificado, en el supuesto de haberse celebrado la plática conciliadora, ésta debería obrar en autos, lo cual no es así; y, en caso de no haber llegado a un acuerdo, entonces la autoridad responsable ya debió haber dictado el auto de cierre de instrucción y haber elaborado el laudo correspondiente, lo que trae como consecuencia una violación a la garantía establecida en el numeral 17 constitucional, pues los términos utilizados por la autoridad responsable para ir desarrollando el procedimiento exceden de los establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 32/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Tesis: P./J. 32/92 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 205635 Pleno Número 57, Septiembre de 1992 Página 18 Jurisprudencia (Común) TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." Pues bien, como ya se indicó, el artículo 17 constitucional consagra la garantía de seguridad jurídica de acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, esto es, dentro de los términos y plazos que fijen las leyes secundarias. En congruencia con dicha garantía, los preceptos legales secundarios transcritos, establecen que dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibida la demanda, la Junta deberá proveer sobre ella y señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda; así como, al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes, que concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos, de oficio se declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de laudo. Sin que obste a lo anterior que la junta responsable pueda justificar el retardo del trámite del juicio laboral en la cantidad excesiva de trabajo con que cuenta, toda vez que en este sumario constitucional no obra probanza alguna con la cual se corrobore tal circunstancia, por lo que el aspecto señalado no justificaría el retardo en la impartición de justicia detectado. Más aún, este órgano jurisdiccional federal como garante de la Constitución debe vigilar el irrestricto acatamiento a los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna y, por su parte, las autoridades laborales deben proveer lo necesario a fin de tramitar y concluir el juicio dentro de los plazos y términos que establecen los cuerpos normativos a los que debe sujetarse, debiendo en su momento dictar laudo que resuelva la cuestión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que literalmente establece: "Tesis: IV.3º. T. J/57 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 177266 Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito Tomo XXII, Septiembre de 2005 Página 1283 Jurisprudencia (Laboral) JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional.". En ese sentido, vistas las constancias remitidas por la junta responsable, se advierte que en auto de diez de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable fijó las once horas del catorce de septiembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la plática conciliatoria, tendiente a solucionar el juicio, solicitada por la parte demandada, sin que a la fecha en que la autoridad responsable rindiera el informe justificado (treinta de octubre de dos mil veintitrés), se advierta que obre constancia de su celebración; por lo que dicha circunstancia evidencia que la autoridad responsable no ha desarrollado el procedimiento del juicio laboral dentro de los términos que marca la ley. Lo anterior, porque en el supuesto de que las partes hubieran llegado a un convenio, entonces la junta debió realizar las actuaciones pertinentes para elevarlo a cosa juzgada; y, en caso contrario, en el supuesto de que las partes no hubieran llegado a un acuerdo, entonces la junta debió de cerrar la instrucción y dictado el laudo respectivo; circunstancias que no pueden advertirse a la fecha en que rindió el informe justificado la Presidenta de la Junta responsable; y, dadas las fechas en mención, es evidente que ninguna de las actuaciones del A quo, excede de los plazos contemplados en la legislación laboral para que en caso de que las partes hayan llegado a un acuerdo, lo elevaran a categoría de cosa juzgada; o en su defecto, emitiera el auto que declare cerrada la instrucción, elabore el proyecto de laudo y lo dicte, lo cual resulta violatorio de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. En consecuencia, lo procedente es otorgar a la quejosa Eliel Salazar Zamudio, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se celebró la plática conciliatoria programada a las once horas del catorce de septiembre de dos mil veintitrés, y las partes hayan llegado a un acuerdo, entonces, a la brevedad la junta responsable eleve dicho acuerdo a la categoría de cosa juzgada; o, En caso de que no se haya celebrado la plática conciliatoria, o que se haya celebrado, pero las partes no hayan llegado a ningún acuerdo, entonces inmediatamente emita el auto que declare expresamente cerrada la instrucción, elabore el proyecto de laudo y lo emita dentro del juicio laboral 3C-1633/2019 de su índice. Cobra aplicación el criterio de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Finalmente, no se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eliel Salazar Zamudio, en contra de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con base a las razones y para los efectos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol
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Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Informa trámites. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Presidente Municipal, Director y Subdirector ambos de Urbanismo y Obras Públicas, todos de La Piedad, Michoacán, a través del cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés informa que ante la fe del Notario Público número 75, Licenciado Miguel Ángel Vázquez Herrera, con ejercicio y residencia en La Piedad, Michoacán, notificó a la parte quejosa el oficio de treinta de mayo de dos mil veintitrés Vista a la parte quejosa En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.oms
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ALEJANDRO TZINTZUN CALDERON, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos de los que se obtiene que mediante acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, se recibió en este juzgado el oficio 1367 mediante el cual la autoridad responsable Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento de la sentencia de amparo, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de septiembre, que dictó dentro del toca de apelación I-157/2023. Además, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a su análisis con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ANTECEDENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO En sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a la quejosa María Estela Mexicano González, por propio derecho y en representación de su hija menor de edad de iniciales A.T.M., contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Por auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio 1367 recibido en este juzgado el veinticinco de septiembre, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento de la sentencia de amparo, remitió copia certificada de la resolución de esa fecha, que dictó dentro del toca de apelación I-157/2023. Con dichas constancias se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; siendo únicamente la parte quejosa la que desahogo la vista en términos del escrito con el cual se dio cuenta párrafos precedentes y respecto del cual se proveerá lo conducente más adelante. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente cuadro los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Estela Mexicano González, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.T.M., para el efecto de que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: 1. Deje insubsistente la resolución de uno de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación I-157/2023. 2. En su lugar, dicte otra en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto por María Estela Mexicano González, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.T.M., contra la interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia, derivado del diverso 680/2011, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar que sobre pago de alimentos provisionales promovió la apelante. Asimismo, atendiendo al principio de congruencia externa y exhaustividad, reitere lo que no fue motivo de análisis en la presente instancia constitucional, y de manera fundada y motivada, dé contestación a los restantes agravios formulados por la parte recurrente. En específico, el destacado en la presente ejecutoria, relativo a que el Juez Primero de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el referido incidente; de ser así, precise si también de dicho periodo se debe o no reponer para requerir alguna prueba para su cuantificación. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, porque su constitucionalidad se hizo depender del acto de la ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. El Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dictó resolución de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del toca de apelación I-157/2023, en la que determinó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de uno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca I-157/2023, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, contra la interlocutoria de veintidós de marzo de la presente anualidad, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, que resolvió el incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia interpuesto por Alejandro Tzintzún Calderón. Incidente que derivó de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 608/2011, sobre pago de alimentos provisionales. 2. Abordó el estudio de los agravios expuestos por la actora y recurrente, y les dio respuesta; a) Al agravio en el que la actora y recurrente argumentó que fue ilegal la determinación del juez de determinar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas únicamente del periodo de mayo de dos mil diecisiete a febrero de dos mil veinte; el magistrado responsable dio contestación de la siguiente forma: "En la resolución apelada el juez -en lo que aquí interesa señaló: "Tampoco es de soslayar que posterior a los abonos o pagos parciales realizados por el obligado alimentista que aquí se tomaron en cuenta, y que el último de ellos fue el verificado en enero de 2020 dos mil veinte, ha venido realizando otros pagos parciales; más sin embargo, éstos no se toman en consideración para los efectos de la presente resolución, en atención a que no corresponden al periodo que se solicitó cuantificar y que constituyo la materia de la litis que nos ocupa." Lo que a criterio de este tribunal de alzada resulta ilegal. Si bien para precisar la litis en un incidente de liquidación hay que atender al debate que se forme entre las partes y, en su caso, a las pruebas aportadas en el procedimiento incidental, y que en el particular, Alejandro Tzintzún Calderón por su propio derecho, mediante escrito del 31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil veinte, compareció a promover incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia a efecto de que se determinará la cantidad que, por concepto de alimentos provisionales, adeudada en favor de su descendiente respecto del periodo de mayo del 2017 dos mil diecisiete a febrero del 2020 dos mil veinte. También lo es, que en los procesos judiciales que tiene por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos, son de tipo inquisitorio, pues las cuestiones familiares se consideran de orden público; por lo tanto, el órgano judicial debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores, recabar pruebas, dictar las medidas conducentes a la protección efectiva de sus derechos como resolver incluso sobre cuestiones no pedidas, caracteres que, sin duda, refuerzan la naturaleza de orden público de dicha institución; de lo contrario, se incumpliría con la obligación impuesta en los artículos 4º sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, así como las normas sustantivas y procesales que atribuyen el carácter público e interés social a los procesos de alimentos que involucren menores. De ahí que no pueda sostenerse que el juez estaba impedido para ocuparse de las pensiones alimenticias posteriores a febrero del 2020 dos mil veinte y hasta el dictado de la resolución por no ser materia de la litis, porque con ello -se repite- está incumpliendo con la obligación de actuar oficiosamente para asegurar y preservar el bienestar de la menor Alexa Tzintzún Mexicano, más aún cuando en el particular transcurrieron más de 3 tres años entre la fecha en que se presentó el incidente -31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil veinte- y el dictado de la sentencia -22 veintidós de marzo del 2023 dos mil veintitrés. [.] Al no haberlo considerado así el juez y para resarcir las violaciones cometidas en detrimento del infante Alexa Tzintzún Mexicano, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria combatida del 22 veintidós de marzo del 2023 dos mil veintitrés, con la finalidad de que, antes de la emisión de un nuevo fallo que dirima el fondo del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia planteado, como legalmente corresponda, de oficio y de estimarlo procedente, proceda a recabar pruebas para efecto de determinar el momento de las pensiones alimenticias adeudadas de mayo del 2017 dos mil diecisiete hasta la fecha en que emita la resolución correspondiente. Hecho lo anterior, en el nuevo fallo que resuelva el incidente, el sentenciador de origen deberá pronunciarse con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho, respecto de la procedencia o no del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia que promovió Alejandro Tzintzún Calderón, por su propio derecho frente a María Estela Mexicano González, en cuanto representante legal de la menor Alexa Tzintzún Mexicano. b) Dio contestación al agravio en el que la recurrente adujo que el juez de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria de liquidación y/o ejecución de sentencia; en los siguientes términos: "Alegaciones que no ameritan prosperar. Si bien es verdad que en la resolución final del 23 veintitrés de noviembre de 2011, se decretaron alimentos provisionales a favor de Alexa Tzintzún Mexicano, por la cantidad de 45 cuarenta y cinco días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica "C" a la que pertenece Michoacán, que de manera mensual ascendía a un total de $2,551.50 dos mil quinientos cincuenta y un pesos con cincuenta centavos; pensión que debería computarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de alimentos, esto es, del 13 trece de julio del 2011 dos mil once, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 961 del Código Familiar. Pero también lo es que, el 4 cuatro de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, la licenciada Leticia Sánchez Domínguez, Actuaria del Juzgado Quinto de lo Familiar de este Distrito Judicial, en cumplimiento a los proveídos del 13 trece de abril del 2011 dos mil once, 6 seis de octubre del 2014 dos mil catorce, 28 de junio de 2016 dos mil dieciséis, 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete y 31 treinta y uno de agosto del 2017 dos mil diecisiete, dictados dentro de los autos del expediente número 680/2011, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Familiar, trabó embargo sobre bienes propiedad del deudor alimentista Alejandro Tzintzún Calderón -respecto de la parte que le corresponde- hasta en tanto y cuanto basten para garantizar la suma de $204,524.08 doscientos cuatro mil quinientos veinticuatro pesos con ocho centavos, correspondientes precisamente a las pensiones adeudadas y no pagadas por aquél comprendidas del 13 trece de julio del 2011 dos mil once hasta abril del 2017 dos mil diecisiete. En tales condiciones, si las pensiones alimenticias que pretende la apelante sean tomadas en consideración en la presente incidencia que refiere en su escrito de contestación del 18 dieciocho de febrero del 2020 dos mil veinte, ya fueron materia de resoluciones diversas, a saber en los proveídos del 13 trece de abril del 2011 dos mil once, 6 seis de octubre del 2014 dos mil catorce, 28 de junio de 2016 dos mil dieciséis, 24 veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete y 31 treinta y uno de agosto del 2017 dos mil diecisiete, lo que incluso así se puso de manifiesto en la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo del 4 cuatro de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, es palmario que no pueden de nueva cuenta ser materia del incidente de liquidación y/o ejecución de sentencia que presentó Alejandro Tzintzún Calderón el 31 treinta y uno de enero del 2020 dos mil veinte, sencillamente porque -se remite- el numerario correspondiente a las pensiones alimenticias del 13 trece de julio del 2011 dos mil once a abril del 2017 dos mil diecisiete ya forman parte de las cuantificaciones presentadas y resueltas en aquellos proveídos y garantizadas con el embargo trabado en bienes propiedad del deudor alimentista. Luego, sus argumentos en torno a que: El juez no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas con la finalidad de acreditar que el incidentista no ha cubierto el adeudo que mantiene para con su menor hija, respecto del periodo solicitado en su escrito de contestación al incidente y lo establecido en la sentencia firme del 23 veintitrés de noviembre de 2011 dos mil once -del 13 trece de julio del 2011 al dictado de la sentencia. Son infundadas. Habida cuenta que los incidente de liquidación tiene como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no se pudieron cuantificar en el fallo. Por tanto no es a través de la presente incidencia donde habrá de dilucidarse y resolverse sobre el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias ya cuantificadas y adeudadas por el deudor alimentista desde el 13 trece de julio del 2011 dos mil once, pues para ello habrá de observarse el procedimiento previsto por el Título Décimo, Capítulo IV -Ejecución de Sentencias-, Sección Primera -Ejecución de las Sentencias dictadas por las Salas del Tribunal y por los jueces del Estado- del Código Familiar." SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Del análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. SE ATIENDEN MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, en atención al escrito de cuenta, que suscribe la quejosa María Estela Mexicano González, mediante el cual solicita lo siguiente: ". solicito se tenga por incumplido a la autoridad responsable con la sentencia que fue emitida por este H. Tribunal Federal, a razón de que incurrió, por una parte en defecto y por otra en exceso, al no haber ceñido su veredicto en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, al tenor de las argumentaciones y razonamientos esgrimido por la suscrita y cuyos efectos quedaron precisados en el presente". Solicitud que hace, medularmente, con base en las siguientes razones: "7. Aunado a lo anterior, en lo ordenado por este Órgano de Control Federal en donde ordena: .lo específico, el destacado en la presente ejecutoria, relativo a que el Juez Primero de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el referido incidente. Lo que no realiza la autoridad responsable, ya que contrario a lo instruido por este Juzgado Federal, la Responsable, tratando de simular lo ordenado en la sentencia de amparo, tiene el atrevimiento de desacatar y desobedecer lo que le fue ordenado en modo alguno deja al arbitrio y/o en plenitud de jurisdicción o competencia a la Responsable en dictar una nueva sentencia, más bien marca las directrices que debe seguir para dictar una nueva sentencia; en el caso concreto lo es: ".el Juez Primero de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el referido incidente." lo que en la especie y en el caso concreto NO REALIZÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Al respecto debe decirse a la promovente que no le asiste razón en sus argumentos, toda vez que al observar la parte considerativa de la sentencia, en particular el apartado denominado "III. Caso concreto y decisión", en lo conducente, se determinó: "Consideraciones que se encuentran parcialmente ajustadas a derecho, debido a que la autoridad responsable inobservó a cabalidad los principios de congruencia y exhaustividad que las sentencias deben de contener, ya que con independencia de que repuso el procedimiento, omitió analizar todos los argumentos vertidos por la aquí quejosa en su recurso de apelación, en tanto que estos podían tener impacto en los alcances de la reposición ordenada. En específico, el que a criterio de este órgano jurisdiccional también le causa beneficio a la menor quejosa, y que es el relativo a que el Juez de primera instancia debió considerar y decretar el monto de las pensiones alimenticias adeudadas a partir del trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución en el incidente respectivo. Ello porque aunque suplió la deficiencia de los argumentos planteados por la apelante, y sostuvo que el Juez recurrido no debió limitarse a analizar el pago de las pensiones alimenticias adeudadas comprendidas de mayo de dos mil diecisiete a febrero de dos mil veinte, sino también las posteriores a ese periodo hasta el dictado de la interlocutoria y, por ello, repuso el procedimiento para que, en caso de considerarlo necesario, requiriera las pruebas respecto a dicho periodo, es claro que no atendió lo solicitado por la parte apelante, aquí quejosa, en el sentido de que la resolución incidental también debió comprender las pensiones mensuales alimenticias adeudadas anteriores a mayo de dos mil diecisiete. Lo anterior porque de conformidad al interés superior del menor y en congruencia con lo solicitado, debió hacer pronunciamiento en el sentido de si era dable o no establecer el monto de las pensiones alimenticias desde el trece de junio de dos mil once hasta la fecha de la emisión de la sentencia o, en su caso, si era o no conducente que las pruebas cuyo desahogó ordenó, abarcaran dicho periodo, virtud de la reposición. Lo que se sostiene debido a que, contrario a lo indicado por la autoridad responsable en la resolución impugnada, sí resultaba necesario el análisis dicho de motivo de agravio, ya que de ser procedente resultaría en un beneficio para la menor quejosa en atención a su interés superior, dado que preservaría el derecho de percibir alimentos que tiene desde el momento en que los necesite y no le han sido otorgados, lo que afirmó acontece desde el trece de junio de dos mil once. Por lo que, se reitera, al no haber atendido dicho agravio, la responsable faltó a los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución debe contener, así como lo establecido en el numeral 1047 del Código Familiar del Estado de Michoacán." De la anterior transcripción se aprecia, que este órgano de control constitucional consideró que el magistrado responsable, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, debió hacer pronunciamiento, con libertad de jurisdicción, en el sentido de si era dable o no establecer el monto de las pensiones alimenticias desde el trece de junio de dos mil once hasta el dictado de la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación. Mas no como incorrectamente lo interpreta la promovente, en el sentido de que el monto de las pensiones alimenticias debió determinarse a partir del trece de junio de dos mil once y hasta el dictado de la interlocutoria que resolviera el incidente de liquidación. Motivo por el cual no es dable sostener que el magistrado responsable haya incurrido en exceso y defecto en el cumplimiento de la sentencia. No obstante, debe decirse que la quejosa, de estimarlo procedente, tiene expedito su derecho para impugnar la presente determinación. Orienta a lo anterior, las siguientes jurisprudencias: "Registro digital: 168905 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 115/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222 Tipo: Jurisprudencia "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." "Época: Novena Época Registro: 200787 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 20/95 Página: 177 "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Y LA RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCION, DICTA LA NUEVA RESOLUCION EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON DIFERENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción a la responsable, se concedió el amparo por indebida fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad que se promueva dentro del incidente de repetición del acto reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria." SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la ley en la materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes relativas al presente proveído y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar este acuerdo. JUICIO SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que de conformidad con lo que señala el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es conservable. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 19, fracción II, inciso a), del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, secretario que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, a diez de octubre de dos mil veintitrés. SE PRESCRIBEN BILLETES DE DEPÓSITO A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se desprende que el término de dos años de que disponía el quejoso JOSÉ ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ, para que compareciera, ante este juzgado a recoger los billetes de depósito números N-857950 y N-858014, valiosos cada uno, por la cantidad de cinco mil pesos, moneda nacional, mismos que se dejaron a su disposición en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, comenzó a correr, el día siete de octubre de dos mil veintiuno y feneció el siete de octubre de dos mil veintitrés, ya que la notificación por lista de dicho auto, practicada el cinco de octubre de dos mil veintiuno, surtió efectos el seis de ese mismo mes y año, por lo tanto, a la fecha ha transcurrido, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declara que los citados documentos bancarios han prescrito a favor del Erario Federal, por tanto, efectúense las ordenes de transferencia correspondientes a la Tesorería de la Federación en la Ciudad de México; en el concepto de que la citada autoridad deberá informar a este juzgado dentro de los diez días siguientes a partir de su recibo, el destino que les haya dado a los billetes de depósito aludidos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se impondrá en su contra alguno de los medios de apremio establecidos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.RGL
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