Elias Ibarra Torres
Expediente 410/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elias Ibarra Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b),del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en el que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. ORIGINAL DEL INCIDENTE Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. DUPLICADO DEL INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. DE CONSTANCIAS Hágase devolución del tomo de prueba que la autoridad responsable ordenadora adjuntó a su informe, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ADRIÁN MEDINA GARCÍA, APODERADO DE LA MORAL PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V., LA SIGUIENTE RESOLUCION: Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 410/2022-IV, promovido por Elías Ibarra Torres, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad; y... Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Elías Ibarra Torres, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 410/2022-IV, promovido por Elías Ibarra Torres, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el dieciocho de ese mes y año; Elías Ibarra Torres, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad, que hizo consistir en: "IV. ACTO QUE SE RECLAMA: El acto que reclamo de la autoridad responsable es el auto de data quince de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Pleno del Tribunal mencionado, dentro del juicio administrativo número J.A.-893/2016-III, promovido por la persona moral denominada PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. en contra de Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud en el Estado.." En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, la admitió a trámite;1 se formó el expediente y lo registró bajo el número IV- 410/2022; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior porque la parte quejosa reclama actos atribuidos a autoridades administrativas con 1 Fojas 33 y 37 del cuaderno del juicio de amparo residencia y que tendrán ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto de quince de marzo de dos mil veintidós, emitida dentro de los autos que integran el juicio Administrativo JA-0893/2016-III, por la cual el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán le impuso a Elías Ibarra Torres, como persona física que funge como Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, una multa correspondiente a mil unidades de medida y actualización, equivalentes a $96,220.00 (noventa y seis mil doscientos veinte pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, tal existencia se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio administrativo número JA-893/2016- III, promovido por Productos Hospitalarios, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, puesto que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, lo que se corrobora con la constancia que obra a foja 452 del cuaderno de pruebas remitido por la responsable; notificación que surtió efectos al día hábil siguiente, como lo dispone el artículo 219 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (veintinueve de marzo de dos mil veintidós); por tanto, el término para la promoción del juicio de amparo inició el treinta de ese mes y año y concluyó el veintidós de abril del año en cita, sin incluir los días relativos a sábados y domingos, por ser inhábiles, ni los días considerados no laborables para éste juzgado federal (semana santa). Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el doce de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, lo que procede es entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se tramitó el juicio JA-893/2016- III, donde se demandó al Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y otros. 2. Una vez seguido el trámite de ley, el seis de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción de nulidad ejercitada por el actor y se condenó a la autoridad demandada Secretaría de Salud en Michoacán y/o Directora General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, a cubrir en favor de la parte actora diversas cantidades. LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.56.b2 04/08/23 16:54:35 3. Por auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, de este circuito, informando que se sobreseyó dentro del juicio de amparo directo 1049/2017, por lo que se declaró ejecutoriada la sentencia. 4. Por auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se determinó que correspondía a la Secretaría de Salud en Michoacán, solicitar la modificación presupuestaria y generar los recursos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia, determinando requerir al Gobernador del Estado en cuanto superior jerárquico, a efecto de hacerle saber la desobediencia de la requerida. También declaró el cumplimiento defectuoso, y requirió a la reo cumpliera el fallo, apercibida de imponerle una multa en caso de no acatarlo. 5. En auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, ante el incumplimiento de la Secretaría de Salud en Michoacán, se le impuso una multa de $20,150.00 (veinte mil ciento cincuenta pesos). 6. Por auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, se admitió recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia. 7. En resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se declararon infundados los agravios expuestos en la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia; no obstante lo anterior, se ordenó continuar de manera inmediata con el procedimiento de ejecución de sentencia. 8. Por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, impuso una multa de $96,220.00 (noventa y seis mil doscientos veinte pesos), a Elías Ibarra Torres, en su cargo de Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados en un aspecto en inoperantes en otro, los conceptos de violación que plantea el quejoso, por las razones que a continuación se exponen: El quejoso sostiene en su primer concepto de violación que el acto reclamado vulnera su derecho fundamental consagrado en el artículo 22 Constitucional, porque la multa impuesta es excesiva y desproporcionada a sus posibilidades económicas, va más allá de lo lícito y razonable, y además, se debe tomar en consideración que una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Agrega que para que una multa no sea considerada contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia , en su caso, de este en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda. Sin embargo, señala que el acto reclamado resulta violatorio, al incurrir en él falta de congruencia interna, exhaustividad y falta de fundamentación y motivación. En el segundo concepto de violación, expone que el acto reclamado carece de congruencia interna en cuanto a la fijación concreta de la multa, al concluir la autoridad en los términos que lo hizo. En el tercer concepto de violación afirma que el acto reclamado carece de fundamentación para fijar el monto de la multa, porque el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado fundó su acto en el artículo 285, fracción I, el cual establece que se fijará multa entre cien y quinientas veces el valor diario de medida de actualización. Sostiene que para la fijación de cualquier medio de apremio de naturaleza pecuniaria, la autoridad debe tomar en consideración la selección adecuada de la norma que faculta expresamente, la cita de dicha norma, el análisis de proporcionalidad y razonabilidad conducente, y la fijación eficiente del quantum, el cual tiene dos objetivos: a) proporcionar certidumbre de que las bases de cálculo de la multa corresponden con la norma facultativa, y b) proporcionar bases aritméticas mínimas que permitan a la persona sancionada corroborar que las operaciones intelectuales fueron desarrolladas correctamente. Sin embargo, señala que el auto dictado por el Pleno se limita a citar el artículo 283 del código de la materia como justificación normativa del medio de apremio que le fue impuesto. Pero que el artículo 285, fracción I, establece una multa que se fijará de entre cien a quinientas veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, lo cual no corresponde al caso que nos ocupa. Que la supuesta norma habilitante, en realidad no habilita una sanción de tal monto; la norma habilitante que sirvió de fundamento legal de la multa impuesta no justifica el monto que se fijó, y el auto no plantea aritméticamente las operaciones intelectuales para arribar a dicho resultado pecuniario, no permite un camino accesible para rectificar el procedimiento de individualización. Además, el acto reclamado no cumple con los parámetros validos mínimos para la individualización de una sanción, porque no contiene dato objetivo y concreto sobre el salario de la quejosa, porque se limita a concluir que al ser Secretario de Estado se le puede sancionar con el monto determinado por tener solvencia económica. En el cuarto concepto de violación señala que el quejoso en su calidad de director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán y/o Secretaría de Salud Michoacán, ha realizado la gestión de diversos recursos económicos para cumplir con los pagos de diversas sentencias en distintos juicios que arrojan un total de $74,899,088.04 (setenta y cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil ochenta y ocho pesos 04/100M.N.), los cuales han sido pagados de enero de dos mil veinte a marzo del año dos mil veinte. De igual forma, durante los meses de diciembre de dos mil veintiuno, enero, febrero y marzo de dos mil veintidós, la institución Gubernamental del Estado a la que pertenece, ha estado realizando el pago de diversos controvertidos en que es parte demandada, y que arrojan un total de $62,255,000.00 (sesenta y dos millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), por conceptos de pago de sentencias. Que lo anterior no tiene por objeto eximirse del cumplimiento de la sentencia, sino a evidenciar que era improcedente la imposición de la sanción personal por incumplimiento, porque se debe tomar en consideración que el cumplimiento cabal de la sentencia requiere del actuar escalonado de dependencias diversas no vinculadas por cuestiones atinentes a jerarquía, es decir, independientes entre estas; la dependencia o entidad demandada enfrenta condenas simultaneas en procesos legales diversos, habiendo incluso pagado ya otras condenas pecuniarias dictadas en forma simultanea; y no obstante las gestionas para la obtención de recursos, su representada adolece de insuficiencia de recursos económicos para cumplir con la sentencia. No obstante que lo anterior es del conocimiento de la responsable, ello no fue tomado en consideración, pues de haber sido así, debió de concluir que no se actuó en desacato, sino en vías de cumplimiento. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados e inoperantes. Para concluir en esos términos, previamente cabe señalar que las medidas de apremio son facultades coactivas otorgadas a la autoridad materialmente jurisdiccional para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales al dictarse dentro o fuera de un procedimiento judicial, pueden afectar tanto a las partes en el mismo, como a terceros; y su imposición ocurre cuando el obligado presenta una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento sancionador respectivo. Por ello, desde el momento en que se hace ese requerimiento previo, es cuando el afectado se encuentra en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado o bien manifestar los impedimentos, en su caso, tuviere para acatar la orden relativa, contando así con la oportunidad de ser oído en relación con la sanción con la cual se le apercibe, para evitar el incumplimiento de lo requerido. Así, las medidas de apremio constituyen los instrumentos jurídicos mediante los cuales el órgano jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones, las cuales pueden consistir en amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública, cateo y arresto administrativo, entre otras. La imposición de este tipo de medidas surge de la necesidad de contar con alguna herramienta para que los titulares de los órganos jurisdiccionales estén en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con el cual aquéllos se encuentran investidos. Ello además es acorde con el derecho fundamental de acceso completo y efectivo a la jurisdicción, en lo tocante al establecimiento legal de mecanismos que garantice, la plena ejecución de los fallos firmes, aspecto previsto en el séptimo párrafo del artículo 17 constitucional. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una de las partes incumple injustificadamente con uno de los mandatos emitido por el juzgador, lo conducente será se ordene la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la determinación judicial de que se trate. Lo anterior, previo apercibimiento realizado a la parte requerida, lo cual consiste en una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, especificándose la consecuencia por hacer o dejar de hacer algo, que debe cumplirse, concretándose en una advertencia respecto de la sanción a aplicarse para el caso de incumplimiento. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los requisitos que debe reunir una medida de apremio para que sea legal su aplicación, a saber: a) Exista determinación por parte de un órgano jurisdiccional. b) Aquella deba ser cumplida por las partes o por alguna de las involucradas en el litigio. c) La misma se encuentre fundada y motivada. d) El apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplicará una medida de apremio precisa y concreta. e) La notificación oportuna y personal al obligado. f) Además de tales requisitos de procedencia, para la determinación del monto aplicado con sanción económica que, de ser el caso se hubiera impuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que deben atenderse a elementos objetivos y subjetivos tales como la gravedad de la conducta, reincidencias, las consecuencias de la conducta, entre otros. Aspecto que se relaciona a la motivación que deberá traer la resolución relativa para cumplir con los principios de legalidad y proporcionalidad de la sanción. Ello salvo que se imponga la sanción mínima prevista en la ley. Los anteriores requisitos se encuentran contenidos en las jurisprudencias que dicen: Registro digital: 189438 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 20/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 122 Tipo: Jurisprudencia "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". Registro digital: 192796 Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 127/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 219 Tipo: Jurisprudencia MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. Así, los conceptos de violación se analizaran de forma conjunta, al encontrar íntima relación. En ese sentido, no asiste razón al quejoso al afirmar que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, en cuanto a la procedencia de la sanción y falta de valoración de los elementos objetivos y subjetivos para su imposición. Respecto al requisito de fundar y motivar, conviene decir que los artículos 14 y 16 constitucionales, son del tenor literal siguiente: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, los cuales consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, es propio decir que los actos de autoridad deben emitirse en los términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios, los cuales garantizan al gobernado tener la certeza de que los mismos se realizan conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones, esto es, el acto reclamado debe cumplir los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. Ahora bien, la fundamentación del acto de autoridad significa que en éste se debe precisar cuáles son los preceptos legales aplicables al caso concreto; la motivación, implica expresamente los razonamientos lógico-jurídicos con los cuales se permite concluir que el precepto legal citado en el acto resulta aplicable al hecho planteado. Por ello, para tener por satisfechos en un acto de autoridad los requisitos de fundamentación y motivación, es necesario lo siguiente: a) La existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera clara, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta dispuesta en la ley, es decir, ajustándose cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia acreditada de las circunstancias de hecho con las cuales se permita concluir con claridad sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de motivación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Registro digital: 238212 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143 Tipo: Jurisprudencia "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En conclusión, una autoridad cumple con los imperativos legales contemplados en los aludidos preceptos constitucionales, cuando en sus determinaciones, cite los preceptos legales en los cuales se apoyó y además, exprese los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de, el asunto concreto encuadra en los supuestos de la norma invocada. En ese tenor, la exigencia de fundar en ley y motivar con base en los hechos, constituyen la verdad histórica, y tiene como propósito el gobernado conozca la determinación escrita donde la autoridad emisora del acto de molestia, precise la ley en la cual se apoya y las razones que llevaron a considerar actualizado en su proceder el supuesto normativo, para encontrase en aptitud de atacarlo si considera esos fundamentos fueron incorrectos o la motivación no fue acorde con la realidad de los acontecimientos. En ese sentido, contrario a lo que sostiene el quejoso, el fallo combatido no adolece de falta de fundamentación y motivación, pues basta la lectura de aquella determinación para advertir que la responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En efecto, la responsable en primer término procedió a realizar una síntesis de antecedentes que precedieron la emisión del acto reclamado, ponderó la fecha de emisión de la sentencia, estableció su competencia y concluyó emitiendo las razones jurídicas que le permitían concluir en los términos que lo hizo. Al efecto, también estimó acreditada la conducta siguiente: "A) No acreditó ante este Tribunal haber realizado el trámite de una adecuación presupuestal y/o partida presupuestal suficiente para cubrir el pago de la sentencia dictada en autos, y así acatar la sentencia, con lo que queda evidenciado que no se encuentra cumplido el requerimiento formulado, por lo que con su actuar dilata el cumplimiento de la sentencia, por ello mediante este acto evasivo, lo que pretende es no cumplir con lo mandatado por este Tribunal. B) De igual forma, para determinar la procedencia y cuantificación de la sanción graduada entre la mínima y la media, mas incluso de al primero, la responsable tomó en consideración la imputabilidad del quejoso, su participación, la gravedad de la falta, el grado de la responsabilidad (donde estimó que no había reincidencia, dolo o un grado de retraso para cumplir el fallo más prolongado), y C) Finalmente, concluyó procedente aplicar al quejoso una sanción equivalente a 1,000 UMAS, traducidos en $96,220.00 (Noventa y seis mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.). Además, contra lo estimado por el quejoso, la responsable sí adujo las operaciones que realizó, para fijar el monto de la sanción, en concreto, que: ". que cien es la mínima y que cinco mil es la máxima, y como la infracción cometida se sitúa corresponde a la mínima y siendo y siendo que la mínima resulta en 1000 mil unidades, en la cantidad de $96,220.00 (noventa y seis mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), que se obtiene de multiplicar la unidad de medida y actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de enero de dos mil veintidós, fijada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año dos mil veintidós, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), luego de haber ponderado objetivamente los aspectos atinentes del incumplimiento realizado por ELÍAS IBARRA TORRES, por ostentar el cargo de DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN." De ahí que son infundados los argumentos relativos. De igual forma, tales consideraciones llevan a estimar que no asiste razón a la parte quejosa al afirmar que el acto reclamado carece del requisito de congruencia que debe regir en toda resolución, por lo que dicho concepto de violación es infundado; pero para concluir en esos términos, se estima necesario precisar lo siguiente: El artículo 17 de la Constitución Federal señala: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El artículo constitucional establece de forma explícita el principio de exhaustividad, así como imbíbito el de congruencia, éste último atendiendo a sus dos concepciones interna y externa, la primera, atinente a que los actos de autoridad deben ser congruentes consigo mismos, es decir no contener consideraciones contradictorias; y la segunda, relativa a que el acto debe ser congruente con las constancias y con las pretensiones que se persigan con el mismo; además de que la exhaustividad consiste en que se debe resolver sobre todos y cada uno de los puntos planteados. En ese entorno, del análisis del acto combatido, se aprecia que cumple con el principio de exhaustividad y congruencia, que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se advierte que la resolución combatida contenga consideraciones contradictorias; además de ser congruente con las constancias que dieron origen al acto reclamado, y resolver las pretensiones planteadas. En efecto, para concluir en los términos que lo hizo, la autoridad responsable tomó en consideración que a la fecha de emisión del acuerdo, habían transcurrido dos años, desde que la responsable realizó un pago parcial por la cantidad de $10,000.080.00 (diez millones ochenta pesos 00/100); lo anterior tomando en cuenta que en sentencia de seis de octubre de dos mil diecisiete, se condenó a las autoridades demandadas Secretaría de Salud de Michoacán y/o Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, a pagar a la actora, un total de $24,190.843.39 (veinticuatro millones ciento noventa mil ochocientos cuarenta y tres mil pesos 39/100). Por lo tanto, a la fecha del acuerdo, se adeudaba la suma de $14,190,763.39 (catorce millones ciento noventa mil setecientos sesenta y tres pesos 39/100); de ahí que consideró que las manifestaciones expuestas por la quejosa no importa pagos en otros juicios por que no relacionaron con juicio y pasaron dos años en el sentido de que ya se había realizado un pago parcial, sólo se tomaban como una evasiva, más no como una acción en vías de cumplimiento, y con relación a los pagos realizados en diversos juicios administrativos, no podían tomarse en consideración porque no tenían relación con el juicio, por lo que tampoco lo eximían para realizar acciones efectivas, puesto que las acciones que informaba databan desde hacía dos años, por lo que era necesaria la realización de acciones recientes y concretas. Lo que consideró así, porque el primer requerimiento del cumplimiento de la sentencia fue realizado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, desde que había causado ejecutoria la sentencia, siendo que el pago de $10,000,080.00 (diez millones ochenta pesos 00/100), se había realizado el veintisiete de marzo de dos mil veinte; ello aunado a que el cinco de junio de dos mil diecinueve, se impuso a la Directora General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en el Estado de Michoacán,, una multa de tres mil veces la unidad de medida y actualización equivalente a $253,470.00 (doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 MN), girando vistas al Ministerio Público y Contraloría u Órgano Interno de control de la Secretaría de Salud de Michoacán, para el inicio de los procedimientos administrativos de responsabilidad correspondientes. De igual forma, expuso que el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se impuso al director del Organismo en cita diversa multa de tres mil quinientas veces la unidad de medida y actualización, equivalente a $304,800.00 (trescientos cuatro mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). Expuso que en los artículos 281 al 286 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el legislador estableció el margen en que deben acatarse los fallos del Tribunal, específicamente el artículo 282, prevé como término para cumplir con la sentencia el plazo de quince días siguientes en que se haya hecho el requerimiento de pago. Que en el caso concreto, ante los requerimientos previos realizados a la responsable, en específico el realizado el veinte de enero de dos mil veintidós, y acorde a lo establecido en el artículo 280 el Código de la materia, la fecha límite de pago de la sentencia vencía el treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve; de ahí que las autoridades allá demandadas habían incumplido con el pago requerido. En esos términos, acorde a lo establecido por la responsable, cuando en un procedimiento administrativo, se emita una sentencia ejecutoriada favorable a un particular, el Tribunal la notificará sin demora alguna para su debido cumplimiento, previniendo para que informen sobre el cumplimiento realizado a la sentencia respectiva y, en su caso, requerir a la autoridad para su debido acatamiento. Asimismo, en caso de que la autoridad no cumpliere con el fallo, el tribunal hará uso de los medios de apremio previstos en la legislación aplicable, tales como apercibimiento y multa, entre otras. De ahí que la responsable fue consistente en la forma en que utilizó las medidas de apremio, ya que previamente a proceder a una más gravosa, comenzó por la mínima - consistente en el apercibimiento- y, ante la actitud contumaz del quejoso, aumentó su gravedad - apercibimiento de multa- ; postura que se comparte con el tribunal responsable. Igualmente, los requerimientos formulados le fueron notificados, sin que en el caso concreto, la parte quejosa haya combatido la ilegalidad de esas notificaciones, por lo que gozan de la presunción de certeza de que se practicaron conforme a derecho. De ahí que se estime que el auto combatido, esté debidamente fundado, motivado y es consiente, ya que se ajustó a los parámetros constitucionales el actuar de la autoridad responsable. Esto, en razón de que al ser omiso en distintas ocasiones el quejoso con lo requerido por la responsable, era válido hacer efectivo lo decretado en el juicio de origen, consistente en que, de no acatar la sentencia ejecutoriada se haría acreedor a una multa. Lo que se encuentra ajustada al marco constitucional, puesto que se expusieron las razones por las cuales era válida su imposición -omisión de atender los requerimientos- y se expuso su fundamento legal. Por otra parte, también resulta infundado el concepto de violación en el cual la quejosa refiere que la multa impuesta resulta excesiva y violatoria del artículo 22 Constitucional. Es así porque en el precepto en que se basó la autoridad para imponerla como ya se vio, se estableció un parámetro para poder graduar la gravedad y circunstancias de imposición, así como su individualización; por lo que en tal aspecto no puede considerarse excesiva, de conformidad con la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que dice: Registro digital: 200347 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 9/95 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Julio de 1995, página 5 Tipo: Jurisprudencia "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda". Por otro lado, contra lo afirmado por la parte quejosa, el monto de la sanción se sustentó en lo previsto en el artículo 283, primer párrafo, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán que a la letra dice: ". Artículo 283. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la autoridad no cumple con la sentencia o su cumplimiento es excesivo o defectuoso; o, 76 habiéndola cumplido, en cualquier tiempo repite el acto declarado inválido o nulo; o bien, no rinde el informe que corresponda, se le aplicará una multa de cien a cinco mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Independientemente de esta sanción, se comunicará al superior jerárquico de la autoridad de que se trate, la actitud de desobediencia, a fin de que lo conmine al cumplimiento de la resolución." Artículo en cual expresamente se prevé una sanción con máximo del incumplimiento de la sentencia de entre cien y cinco mil veces la UMA; cuando en el caso se impuso una multa de 1,000 veces dicha unidad. Lo que no se sustentó en el diverso 285-I de dicho ordenamiento que se prevé un supuesto diverso al indicado. De ahí que sea infundado el concepto de violación tercero. Por su parte, respecto al concepto de violación relativo a que el acto reclamado no cumple con los parámetros validos mínimos para la individualización de una sanción, porque no contiene dato objetivo y concreto sobre el salario de la quejosa, porque se limita a concluir que al ser Secretario de Estado se le puede sancionar con el monto determinado por tener solvencia económica, resulta infundado. Lo anterior es así porque como se precisó, la autoridad responsable sí tomó en cuenta los factores objetivos y subjetivos conducentes para fijar la sanción, incluso, determinó que la gravedad de la falta se situaba entre la mínima y la media, más inclinada hacia la mínima, por no cumplir con el requerimiento realizado el veinte de enero de dos mil veintidós, por lo tanto aplicó la sanción correspondiente y concluyó que acorde a lo establecido en el artículo 283, primer párrafo, del Código de Justicia Administrativa del Estado, y el grado en que se ubicó la gravedad, la multa a imponer ascendía a 1000 mil veces de la unidad de medida y actualización. De ahí que sea infundado el motivo de disenso. En otro tenor de la precisión relacionada anteriormente se aprecia que la responsable sí tomó en cuenta para resolver lo relativo a que la reo adujo sobre que realizó pagos en diversos juicios administrativos lo que desestimó al considerar que: a)No tenían relación con el juicio natural; b) Ello no eximia de realizar acciones efectivas; y, c) Las acciones que la enjuiciada informó tenían dos años, por lo que era menester realizar acciones recientes y concretas. Por otro lado, es inoperante el resto al concepto de violación cuarto, porque en este no combate tales consideraciones precisadas en los incisos a), b) y c), para desestimar el argumento relativo. Luego, al no ser procedente suplir la deficiencia de la queja, al no darse algún supuesto de los previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se declara inoperante tal aspecto. Apoya lo expuesto la tesis que dice: Registro digital: 240779 Instancia: Tercera Sala Novena Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Volumen 139-144, Cuarta Parte, página 26 Tipo: Aislada "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya". Así las cosas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no reclamarse por vicios propios. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Elías Ibarra Torres, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 410/2022 promovido por Elías Ibarra Torres contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. En este acto se da cuenta con el pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación, registrado con el folio 9305. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. En relación al pedimento de cuenta, se tiene a la representante social de la federación formulando alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo y sin perjuicio de hacer relación de ellos en la etapa correspondiente de esta audiencia. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa y autoridad responsable aportaron prueba documental, la cual se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, quedando en la secretaría de este juzgado en tomo de prueba por separado, la exhibida por la responsable. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado en su pedimento de cuenta. EL JUEZ: Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Elia Morales Amador1097/2021
- Elia Morales Amador1013/2023
- Elías Fidel Villaseñor Cortés400/2018
- Elias García García282/2019
- Elias González Ruelas1344/2023
- Elias Ibarra Torres99/2023
- Elias Ibarra Torres1235/2023
- Elias Ibarra Torres409/2022
- Elias Ibarra Torres (Servicios de Salud en Michoacán)181/2023
- Elias Marín Gutiérrez1066/2023
- Elidia León Flores1182/2023
- Eliel Salazar Zamudio1272/2023