Eliec del Carmen Camaño Gómez

Expediente 2801/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2801/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Eliec del Carmen Camaño Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la parte promovente en auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara si era su deseo continuar con la tramitación de la demanda de amparo que promovió en favor del directo quejoso Eliec del Carmen Camaño Gómez, sin que haya hecho manifestación al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo y se dejan sin efectos las providencias decretadas en autos; declarando la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando las constancias y actuaciones más relevantes. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes, en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto del contenido del auto que se adjuntó al oficio 1385/2022, remitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual se informó el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya hecho manifestación alguna al respecto, no obstante de estar debidamente notificadas. En consecuencia, este juzgado de distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el artículo 214, de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. CUMPLIMIENTO Dicho lo anterior, el treinta de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Weatherford de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio 65/4/2021, a partir del emplazamiento de la persona moral aquí quejosa llevado a cabo el doce de marzo de dos mil veintiuno. Ordene realizar el emplazamiento de la demandada con su denominación correcta Weatherford de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, tomando en consideración que la ahora quejosa, señaló bajo protesta de decir verdad, en su ampliación a la demanda que su domicilio correcto y completo es el ubicado en "Carretera Monterrey Reynosa Km 20+ 100 Interior 9 y 10, Granjas Económicas del Norte, Reynosa, Tamaulipas, México C.P.88730.", para evitar dilaciones en el juicio de origen.". Después, el veintiséis de septiembre del año en curso, la sentencia pronunciada causó ejecutoria, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Luego, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se recibió en este juzgado de distrito, el oficio 1385/2022, enviado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, mediante el cual remitió el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral de origen 65/4/2021, con el cual se dio vista a las partes a efecto de que manifestaran su conformidad, o no, con el cumplimiento respectivo, sin que a la fecha en que se actúa hayan manifestado algo al respecto. Ahora, de dicha documental se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen, a partir del emplazamiento que se le practicó a la demandada Weatherford de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, aquí quejosa, y ordenó de nueva cuenta su llamamiento a juicio, tomando en consideración la denominación correcta de dicha empresa, y el domicilio proporcionado en por la quejosa en su ampliación de demanda. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". SE ORDENA GLOSAR CUADERNO DE ANTECEDENTES En otro orden de ideas, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de enero del año en curso, se ordenó formar cuaderno de antecedentes con motivo del recurso de queja 14/2022 interpuesto por la parte tercera interesada, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, quien mediante resolución de cuatro de mayo del año en curso, declaró infundado el citado medio de impugnación. En esas condiciones, dado que ya no existe trámite pendiente por desahogar en cuanto hace al citado recurso, se ordena glosar el aludido cuaderno a los autos a partir de las actuaciones posteriores a su formación, a efecto de evitar duplicidad de constancias; lo anterior para los efectos legales conducentes. ARCHIVO DEFINITIVO Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. VALORACIÓN Así, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo acuerdo. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Tanto el expediente principal como el original del cuaderno incidental deberán conservarse por un término de tres años, concluido ese plazo posteriores al archivo, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar los expedientes, conservando las constancias y actuaciones más relevantes. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. DEVOLUCIÓN DE BILLETE En otro orden de ideas, del estado que guardan los autos del incidente de suspensión que deriva del asunto que nos ocupa, se desprende que mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a Gustavo Castro Olvera, apoderado legal de la quejosa, exhibiendo el billete de depósito N096903, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida por reslución interlocutoria de dos de diciembre de ese mismo año. Ahora bien, dado que la resolución de amparo se encuentra debidamente cumplida, es inconcuso que resulta innecesaria la retención del mencionado billete de depósito; por consiguiente, dígasele a la parte quejosa que el citado certificado se encuentra a su disposición para su devolución y endoso; en la inteligencia que de no recogerlo dentro del plazo de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, se hará efectivo a favor del Fisco Federal; lo anterior, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, publicada en el Diario oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil quince. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad que se tendrá para celebrar la audiencia constitucional señalada para el treinta y uno de octubre próximo, dentro del juicio de amparo en que se actúa, en virtud que de conformidad con la Circular 5/2022, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó como día no laborable el lunes treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Por tal motivo, se deja sin efectos la fecha señalada para el treinta y uno de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario que autoriza y da fe.

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